Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75208
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la excepción deducida por la parte demandada y declarar la extemporaneidad de la pretensión de inconstitucionalidad de las leyes 11.761 y 13.364 (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 345 inc. 1 y 684, CPCC).
II. Dejar establecido que el proceso deberá continuar respecto del embate tempestivamente dirigido a cuestionar la validez constitucional de la ley 15.008.
Con costas a la vencida (art. 68, CPCC).
I.75.208 “EIZAGA HUGO Y OTROS C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEYES 11.761, 13.364 Y 15.008”
I. Hugo Eizaga, Juan Carlos Pan y Rosa Lucía Morano, por intermedio de su apoderada, promovieron en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial, una acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad parcial de las leyes 11.761 (B.O. de fecha 6-II-1996), 13.364 (B.O. de fecha 5-IX-2005) y 15.008 (B.O. 16-I-2018).
Expresan que las dos primeras de las normas cuestionadas provocaron un grave menoscabo a su derecho de propiedad, evidenciado en un perjuicio patrimonial que padecieron durante más de trece años. Fundamentan su reclamo en la doctrina de este Tribunal emanada del precedente I. 1904, "Martín", sent. de 8-III-2006.
Con relación a la ley 15.008 sustentan su agravio en la alteración del régimen de movilidad vigente anteriormente, por considerar que ello vulnera normas de rango constitucional (cfr. arts. 11, 31, 36, 39 inc. 3, 40 y 50, Const. prov.; 14, bis, 16, 17, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.), provocándoles un perjuicio económico en su condición de beneficiarios.
Con carácter accesorio, solicitan el pago de las diferencias de haberes entre lo efectivamente percibido por aplicación de las normas impugnadas y aquello que debió haberles sido abonado de acuerdo a la ley vigente en la oportunidad en que adquirieron el beneficio.
II. El Asesor General de Gobierno, opone como excepción previa la extemporaneidad de la acción de inconstitucionalidad respecto del embate relativo a las leyes 11.761 y 13.364.
Solicita se aplique la doctrina sentada por el Tribunal en la causa I. 72.366, "Poy". Argumenta su planteo en la naturaleza patrimonial del objeto de la demanda y señala que las leyes 11.761 y 13.364 comenzaron su vigencia -y, con ello, los perjuicios que derivados de su aplicación los actores dicen padecer- hace muchísimos años (v. fs. 45/58).
III. A su turno, la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, al contestar el traslado que se le confiriera, solicita al Tribunal se expida acerca de la temporaneidad del ejercicio de la presente acción, ello en orden al plazo de caducidad establecido por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina sentada en el precedente I. 72.366, "Poy".
IV. El art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial establece un plazo de treinta días para la promoción de la demanda originaria de inconstitucionalidad, cuando ésta posea un contenido patrimonial.
En particular, respecto de las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos de los beneficios previsionales en curso -situación en la que se encuentran los actores, según resulta del ap. VII, obrante a fs. 31/32- esta Corte, por mayoría, ha establecido un criterio que procura armonizar de modo razonable el régimen de su instancia originaria para que los particulares acudan con impugnaciones constitucionales en forma directa, en principio, dentro de un plazo determinado y la posibilidad expresamente reconocida de articular planteos de esa índole en el marco de las acciones contencioso administrativas ante los jueces de grado (art. 3, ley 12.008); ajustando la antigua comprensión del art. 685 del código ritual que reputaba no patrimoniales a la totalidad de los reclamos de la materia previsional (doctr. causa I. 72.366, "Poy", resol. de 25-X-2017).
Con ello se respeta el sentido y la finalidad previstos por el Constituyente para esta singular vía judicial (cfr. art. 161, inc. 3 Const. prov.) de acuerdo a los específicos contornos que le ha dado el legislador (cfr. arts. 683 y sgts.).
En esa línea ha transitado la jurisprudencia del Tribunal luego de la entrada en vigencia de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, deslindando aquellos casos previsionales en los que el objeto de la pretensión evidenciaba un contenido patrimonial (doctr. causas I. 2219, “Serrano González”, sent. de 3-IV-2008; I. 1995, “Sabatini”, sent. de 5-XI-2008; I. 70.883, “D’Argenio”, res. de 19-V-2010; I. 3135, “Salvatierra”, sent. de 7-VII-2010) de aquellos otros en los que la controversia involucraba, esencialmente, el derecho al acceso a un beneficio de la seguridad social (doctr. causas I. 2110, “Iriarte Madoz”, sent. de 6-X-2004 e I. 2175, “Torregrosa Lastra”, sent. de 15-XII-2010, entre otras); rechazándose por extemporánea la pretensión cuando se hallaba en juego un reclamo de índole económico, centrado en el aspecto patrimonial de la prestación previsional o el cumplimiento de ciertos recaudos pecuniarios.
En la resolución de la citada causa I. 72.366 "Poy", se anticipó que la aplicación del criterio referido regiría -en lo pertinente- para todas las demandas iniciadas con posterioridad a la fecha de ese decisorio, ello es, a partir del 25-X-2017.
Corresponde, entonces, analizar la tempestividad de la pretensión constitucional aquí deducida a la luz de los lineamientos expuestos.
V. Los actores en su demanda, introducen una justificación que a su juicio desplazaría la aplicación del plazo previsto en el art. 684 del código ritual, al destacar a fs. 21 vta. que "... el plazo establecido por el art. 684 del CPCC para promover la acción de inconstitucionalidad no rige en el caso de que se ataquen normas que regulen el derecho al goce de un beneficio jubilatorio, por la naturaleza de la cuestión que forma parte del derecho de la seguridad social e integra el plexo de los derechos de la personalidad, encontrándose tal situación incluida en la excepción prevista por el artículo 685 de la ley ritual".
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, es claro que el objeto de la demanda evidencia un claro contenido económico, circunstancia que justifica la aplicación de las reglas que se desprenden de la citada causa "Poy", en la que claramente se deslindaron los elementos que diferencian, dentro de las acciones originarias vinculadas a la materia previsional, los casos que se encuentran sujetos al plazo de caducidad de los que no.
En varios acápites del escrito bajo análisis se advierte la naturaleza patrimonial del reclamo, centrado, precisamente, en la merma económica que la aplicación de las leyes cuestionadas habría causado en los haberes previsionales de los actores. A la vez, la alusión acerca del tiempo transcurrido desde la primera de las reformas legislativas al régimen de la Caja en el que el menoscabo se habría profundizado por medio de las siguientes normas -hecho que ha sido puesto de relieve en el escrito de inicio-, no hace sino más que demostrar la falta de tempestividad de un planteo como el de la especie (cfr. causa I. 72.366 cit).
Es que teniendo en cuenta que las leyes 11.761 y 13.364 impugnadas en el proceso, iniciaron su vigencia en diciembre de 1995 y noviembre de 2008, respectivamente, mientras que la acción que diera curso a estas actuaciones fue promovida el día 16 de marzo de 2018 (v. sello de cargo a fs. 40 vta.); esto es, a más de veinte años de dictada la primera y a más de diez de la fecha en que la segunda recobrara operatividad, es evidente la extemporaneidad de la demanda originaria de inconstitucionalidad contra ellas.
Siendo ello así, corresponde hacer lugar a la excepción deducida por la parte demandada respecto del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 11.761 y 13.364.
En orden a lo expuesto, la cuestión litigiosa ha de quedar circunscripta al cuestionamiento acerca de la validez constitucional únicamente a la ley 15.008.
VI. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuentan los actores para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de la norma que reputen lesivos de su esfera de derechos o intereses, e introducir el cuestionamiento constitucional que aquí se formula (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010 e I. 2201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la excepción deducida por la parte demandada y declarar la extemporaneidad de la pretensión de inconstitucionalidad de las leyes 11.761 y 13.364 (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 345 inc. 1 y 684, CPCC).
II. Dejar establecido que el proceso deberá continuar respecto del embate tempestivamente dirigido a cuestionar la validez constitucional de la ley 15.008.
Con costas a la vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2020 18:28:47 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 03/08/2020 10:20:03 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 03/08/2020 15:11:46 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:07:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:58:27 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia