Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72506
Lo que resolvió el tribunal
I. Admitir las excusaciones formuladas en autos por el señor Juez Sergio Daniel Torres y por la señora Jueza María Florencia Budiño.
II. Tener por constituida esta Suprema Corte con los señores Jueces doctores Carlos A. Natiello, Ricardo R. Maidana, Luis M. Mancini, Jaime O. López Muro, Ricardo D. Sosa Aubone y las señoras Juezas doctoras Ana M. Bourimborde y Claudia A. Milanta.
III. Admitir la denuncia de hecho nuevo y tener por ampliada la demanda de inconstitucionalidad contra las normas pertinentes de la ley 15.031, con el alcance arriba indicado (arts. 331, última parte y 363, CPCC).
I.72.506 “COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BS. AS. C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEYES 13.661 Y 14.441”
I. En primer lugar, corresponde aceptar las excusaciones formuladas en autos por el señor Juez doctor Sergio Gabriel Torres y por la señora Jueza doctora María Florencia Budiño.
En virtud de ello y de lo que surge de la resolución de fs. 204 así como del acta de fecha 21-VI-2022, debe tenerse por constituida esta Suprema Corte con los señores Jueces doctores Carlos A. Natiello, Ricardo R. Maidana, Luis M. Mancini, Jaime O. López Muro, Ricardo D. Sosa Aubone y las señoras Juezas doctoras Ana M. Bourimborde y Claudia A. Milanta.
II. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires persigue en este proceso la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 5, 9, 13 y 17 de la ley 14.441, promulgada el 9 de enero de 2013 y de los arts. 18, 24, 29 bis y 33 de la ley 13.661 -texto según ley 14.441-, que establecen las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Entre los argumentos medulares, refiere que con la modificación de la ley 14.441 el Jurado de Enjuiciamiento tendrá las mismas facultades que las leyes otorgan a los jueces, lo cual afectaría la naturaleza política e institucional del órgano en cuestión que le es reconocida por la Constitución provincial. Señala, también, que la confusión de roles entre acusador y juzgador que se genera con la modificación en la integración de la Comisión Bicameral puede potencialmente derivar en conflictos de intereses y prejuzgamiento por parte de los sujetos integrantes del mismo; lo cual generaría una intromisión indebida del Poder Legislativo en el Poder Judicial en virtud de que legisladores acusadores, con intención de apartar a magistrados y funcionarios de sus cargos, se convertirían en parte del órgano encargado de definir la suerte de dichos magistrados y funcionarios judiciales.
Puntualiza, por otra parte, que la incorporación en el art. 29 bis de la figura del "apartamiento preventivo del cargo" es lesiva de la garantía de inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta y, por consiguiente, constituye una violación de los arts. 176, 180 y 183 de la Constitución provincial.
Por último, se queja de la reducción del plazo para contestar la acusación porque considera que va en desmedro del ejercicio del derecho de defensa del magistrado o funcionario investigado.
III. El 26 de junio de 2014 el señor Asesor General de Gobierno se presenta a contestar la demanda, oportunidad en la que realiza una defensa de la constitucionalidad de las normas impugnadas (v. sello de cargo a fs. 89 vta.).
IV. En la presentación electrónica del 3/4/2019 a las 2:59:30 p.m. titulada "Amplía demanda. Solicita se corra traslado", la actora denuncia la sanción de la ley 15.031 por medio de la cual se habrían introducido una serie de modificaciones a la ley 13.661 -texto según ley 14.441- que agravarían la figura del apartamiento preventivo de jueces, motivo por el que persigue se extienda el objeto de la pretensión inicialmente expuesto, al control de constitucionalidad de la nueva norma.
V. El señor Asesor General de Gobierno plantea la improcedencia de la ampliación de la demanda introducida por la actora (v. escrito presentado el 26/2/2020, 11:15:35 a.m.).
Para así hacerlo sostiene, por un lado, la deficiente fundamentación de la cuestión constitucional y, por el otro, que al hallarse trabada la litis la extensión de la impugnación a la ley 15.031 importaría una alteración sustancial del objeto litigioso luego de haber precluído la etapa procesal oportuna para hacerlo.
VI. Pasan los autos al acuerdo con el objeto de resolver la admisibilidad de la ampliación de la demanda deducida por la entidad actora bajo las circunstancias impeditivas alegadas por el señor Asesor General de Gobierno.
VI.1. En los procesos de conocimiento ordinario que disciplina el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires -cuyas reglas rigen el trámite de la acción originaria de inconstitucionalidad-, por aplicación del principio dispositivo, les corresponde a las partes determinar el alcance de la cuestión a resolver de acuerdo a los hechos alegados y controvertidos en sus escritos postulatorios.
Es por ello que la modificación o ampliación de la demanda -y, por tanto, la prueba que corresponda acompañar u ofrecer, según el caso, para respaldar los hechos invocados- solo puede formularse, en principio, antes de la notificación de la demanda (cfr. primero y segundo párrafo del art. 331, CPCC).
Sin embargo, si la ampliación se fundare expresa o implícitamente en hechos posteriores a la traba de la litis o estos fueran anteriores pero hubieran sido conocidos por las partes luego del referido estadio procesal, podrán ser denunciados en el juicio como hechos nuevos (cfr. tercer párrafo del art. 331, CPCC). El código procesal establece que serán admitidos siempre que tuvieran relación con la cuestión controvertida, pudiendo ser alegados hasta cinco días después de notificada la providencia de apertura a prueba (art. 363, CPCC).
Lo dicho hasta aquí constituye los límites temporales que la norma procesal prevé para las alegaciones de las partes.
VI.2. No obstante, transcurridas las etapas procesales antes señaladas y llegado el momento de dictar sentencia, el juez puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos de la pretensión, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos (art. 163, inc. 6, segundo párrafo, CPCC).
Así, la ley adjetiva contempla una excepción al postulado de que la sentencia judicial debe remitirse al estado de cosas existente a la fecha de la traba de la litis . De modo tal que, frente a hechos nuevos y sobrevinientes debidamente acreditados -e introducidos en el juicio aun con posterioridad a la oportunidad reglada por el art. 363 del Código Procesal Civil y Comercial- no se puede aplicar con rigurosidad el principio de que la ley actúa como si fuese al momento de la demanda, porque lo impiden no solo elementales razones de economía procesal sino la necesidad de dar prevalencia a la verdad jurídica objetiva. Lo contrario importaría conducir el proceso de manera estrictamente formal (doctr. causa B. 55.731 "Elhorriburu", sent. de 5-XI-2003).
VI.3. Si ello es así en el terreno de los hechos, mucho más está condicionado el juez o tribunal por aplicación del principio iura novit curia a dirimir los conflictos que se le plantean según el derecho vigente y, en aplicación de ese postulado, a hacer mérito de las modificaciones legislativas posteriores a la traba de la litis que fueran atinentes a la pretensión (causa I. 2107, "O'Connor", sent. de 18-II-2009).
En particular, en el caso de la acción originaria de inconstitucionalidad la Suprema Corte ha considerado -aun de oficio- las modificaciones legislativas que incidieron sobre la vigencia de las normas controvertidas por esa vía (causas I. 2.284, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 21-XII-2012; I. 71.858, "Figueroa Alcorta", sent. de 6-VIII-2018; I. 2.033, "Ferro", resol. de 19-XII-2014; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I.69.020, "Intendente Municipal de Brandsen", sent. de 21-XI-2018; I. 73.059, "Liminal", sent. de 20-III-2019; e.o.).
Cierto es que la valoración de tales elementos que consolidan o extinguen el derecho durante el curso del pleito, no autoriza a exceder los términos de la relación procesal ni a decidir acerca de cuestiones respecto de las cuales las partes no hayan podido ejercer su derecho de defensa. En ese sentido, ante el cambio normativo que ha provocado la alteración sustancial del objeto de la pretensión, la Suprema Corte también ha considerado la falta de petición expresa de la parte interesada en perseguir la impugnación de la nueva norma, limitándose a declarar inoficioso el pronunciamiento relativo a la validez de la que ha dejado de regir pero sin avanzar sobre aquella que la reemplaza y no ha sido controvertida en el proceso (causas I. 3.089, "Formatos Eficientes S.A.", sent. de 9-XII-2009; I. 2.264, "Aguas de la Costa S.A.", sent. de 28-XII-2010; I. 2.364, "Emaco SRL" e I. 2.248, "Emaco SRL", sents. de 27-VI-2012; e.o.).
VII. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires amplía la demanda con motivo de la sanción de la ley 15.031 que reforma parcialmente a la ley 13.661 -en la redacción dada por la ley 14.441-, estas últimas cuestionadas en su constitucionalidad en este proceso.
La nueva norma fue promulgada el 4-VI-2018 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires nro. 28.291 el día 8-VI-2018; esto es, en fecha posterior a la traba de la litis (v. sello de cargo de la contestación de demanda de fecha 26-VI-2014 a fs. 89 vta.) y antes de que se hubiera dictado el auto de apertura a prueba.
Desde un punto de vista estrictamente formal, el planteo de la actora encuadra en la oportunidad prevista por el art. 363 del código adjetivo para ser admitido como hecho nuevo y provocar la ampliación de la demanda en los términos del art. 331, última parte.
Por otro lado, en su aspecto sustancial, la nueva norma modifica en su regulación varios de los artículos que contiene el embate de inconstitucionalidad que originariamente ha formulado la entidad demandante sin que por ello se vean alterados los términos de la relación procesal (arts. 18, 29 bis y 33 de la ley 13.661 -texto según ley 14.441- modificados por los arts. 18, 29 bis y 33 de la ley 15.031).
La objeción del señor Asesor General de Gobierno relativa a la falta de justificación del agravio constitucional por parte de la actora a la impugnación a la ley 15.031, es una cuestión que no incide sobre la procedencia del hecho nuevo sino, eventualmente, sobre su fundabilidad; aspecto este que será analizado en oportunidad de dictarse la sentencia de mérito.
VIII. De acuerdo a las pautas procesales y jurisprudenciales delineadas en los apartados anteriores, corresponde tener por ampliada la demanda oportunamente deducida; lo que importa extender el juicio de constitucionalidad contra las normas pertinentes de la ley 15.031 en los términos formulados por la actora en su presentación de fs. 228 (arts. 331, última parte y 363, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Admitir las excusaciones formuladas en autos por el señor Juez Sergio Daniel Torres y por la señora Jueza María Florencia Budiño.
II. Tener por constituida esta Suprema Corte con los señores Jueces doctores Carlos A. Natiello, Ricardo R. Maidana, Luis M. Mancini, Jaime O. López Muro, Ricardo D. Sosa Aubone y las señoras Juezas doctoras Ana M. Bourimborde y Claudia A. Milanta.
III. Admitir la denuncia de hecho nuevo y tener por ampliada la demanda de inconstitucionalidad contra las normas pertinentes de la ley 15.031, con el alcance arriba indicado (arts. 331, última parte y 363, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/03/2023 08:26:51 - MANCINI HEBECA Fernando Luis María - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2023 08:49:41 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2023 12:37:18 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2023 13:02:58 - MILANTA Claudia Angelica Matilde - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2023 13:12:16 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/06/2023 13:12:43 hs. bajo el número RR-592-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia