Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79425
I.79.425 "MANCUSO, ANTONIO FORTUNATO S/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES 14.710 Y 14.817"
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan, dijeron:
I. El señor Antonio Fortunato Mancuso, por derecho propio, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez de las leyes 14.710 y 14.817 (B.O. de 12-VI-2015 y 18-VII-2016), que introdujeron una serie de modificaciones en la composición y funcionamiento del Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU), que atentarían contra el derecho a gozar de un ambiente sano y la garantía de participación ciudadana.
Preliminarmente, alega que, en virtud de lo previsto en los arts. 43 de la Constitución nacional, 15 y 28 de la Carta local y 8.3 del Acuerdo de Escazú, se encuentra legitimado para iniciar la presente causa.
En cuanto al embate de fondo, relata que los arts. 121 a 125 de la ley 12.257 regulan los aspectos estructurales de los comités de cuencas hídricas y sus comisiones asesoras. En particular, destaca que allí se prevé que los comités deberán componerse con un representante de cada Municipalidad que forme parte de la cuenca y que en las comisiones los ciudadanos podrán intervenir en un pie de igualdad con los funcionarios públicos que las integren. Asimismo, señala que el decreto 3.511/07 –reglamentario del Código de Aguas- establece el procedimiento para la actuación de los comités y las amplias facultades de las comisiones.
Luego, en lo que aquí concierne, explica que mediante las leyes impugnadas se dejaron sin efecto las normas de creación y ratificación de los "Comité de Cuenca del Río Luján A y B", constituyéndolos en órganos consultivos con funciones de asesoramiento técnico. A su vez, se determinó que la dirección y administración del COMILU estará a cargo de un Directorio de siete miembros, de los cuales solo tres serán designados por los municipios interesados. Seguido a esto, se dispuso la creación de un Consejo Consultivo Honorario, a fin de garantizar la participación comunitaria, para asesorar al Directorio sin carácter vinculante.
En este contexto, arguye que “con la sanción de la ley 14.170 se desnaturalizaron deliberadamente los comités de Cuenca del Río Luján, desplazando la participación ciudadana directa de la totalidad de los intendentes de los partidos que son atravesados por la cuenca del Río Luján y, además, pretendieron aparentar la participación ciudadana con la creación de un Consejo Consultivo Honorario, vacío de contenido respecto de las Comisiones Asesoras” (v. punto VII de la demanda).
A la luz de ello, refiere que la nueva normativa cercena los derechos de las personas que potencialmente votarían a los Intendentes comunales en función de las propuestas vinculadas al cuidado y protección del río Luján y de aquellos vecinos que quisieran forma parte activamente del órgano asesor. De este modo, afirma que las leyes atacadas atentan contra el principio de no regresión en materia ambiental, que deriva del principio de progresividad contemplado en el art. 4 de la ley 25.675.
Finalmente, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Corrido el pertinente traslado, se presenta el señor Asesor General de Gobierno Adjunto y se opone a la procedencia de la acción entablada.
Con cita de precedentes de este Tribunal, expone que el actor carece de una atribución o potestad para actuar que justifique el inicio y tratamiento de la pretensión esgrimida, toda vez que no invoca un perjuicio o agravio constitucional concreto y directo que afecte la esfera de sus propios intereses. De ello extrae que en autos no se hallaría configurado ningún “caso” o “controversia” de aquellos que esta Corte está llamada a resolver.
Precisa que el demandante considera como “derecho propio” el genérico “derecho a participar en calidad de ciudadano” en todo organismo creado para preservar y gestionar lo atinente a la cuenca del río Luján, por el solo hecho de residir en territorio de una municipalidad adyacente. A esto, aduna que “el propio actor alude a un estatus que vagamente vincula con el objeto de la misma de manera ineficaz, sin diferenciarlo de aquel que podría alegar cualquier vecino de esa ciudad en relación con la juridicidad de los organismos que crea la ley 14.710 y su modificatoria 14.817”.
También expone que no existe ningún derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de sus prescripciones. A todo evento, asevera que la participación ciudadana está asegurada dentro del Consejo Consultivo, por lo que “ningún obstáculo legal existe para que, potencialmente y en su calidad de ciudadano, perteneciente a una comuna que integra la Cuenca, el actor pueda postularse o ser postulado para ser designado por la Municipalidad como integrante del COMILU o bien, como representante de usuarios y otra entidad profesional, ONG, etc.” (v. punto II.5. del escrito electrónico de fecha 29-VII-2024).
Posteriormente, contesta la demanda y hace reserva del caso federal (v. presentación electrónica de fecha 2-VIII-2024).
III. Sustanciada la defensa opuesta por la demandada, la parte actora la resiste.
Tras reseñar nuevamente el marco normativo que estima aplicable al caso, expresa que la demandada “pretende asimilar la presente acción a procesos ajenos al derecho ambiental, siendo que por un lado en la excepción que se contesta no se niegan los argumentos que hacen a la legitimación activa de esta parte, sino que pretende (hacer) creer a VE que cercenar la participación ciudadana tanto en la participación de los Intendentes de cada Partido que integran los Comités de Cuenca A y B del Río Luján, como asimismo la posibilidad de forzar la intervención de la Autoridad del Agua en los casos que la Comisión Asesora así lo solicite, no constituye un caso ” (v. punto V del escrito electrónico de fecha 11-VIII-2024).
Sostiene que, frente a la naturaleza de los derechos en juego, cualquier persona cuenta con aptitud para demandar. Remata su réplica proclamando que, por el principio de no regresión y de progresividad, sí existe un derecho adquirido a que se mantengan las normas ambientales, a menos que la modificación amplíe los preceptos ya consagrados.
IV. En primer término, más allá de que ha mediado formal oposición, cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; I. 2201, "Search Org. de Seguridad SA", sent. de 22-VI-2016; I. 71.551, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos", sent. 23-XI-2020, e.o.).
V.1. La Constitución provincial establece como principio y requisito de legitimación para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1).
El concepto referido se entronca en un sistema cuya funcionalidad, como es sabido, gira en torno al conocimiento y resolución de colisiones de derechos o intereses y requiere de modo imprescindible la existencia de un caso, causa o controversia (arts. 161, 163, 166, 172 y 174, Const. prov.; doctr. causa B. 64.314, "Castagnari", sent. de 14-XI-2007; v. tmb. arts. 116, Const. nac.; 2, ley 27; CSJN Fallos: 310:2342, 311:2580, 326:3007, e.o.), cuya manifestación típica, obviamente, podrá variar (doctr. causas I. 2.274, "Fernandez", sent. de 27-VI-2012 e I. 72.019, "Ocaña", sent. de 26-XII-2012). No obstante, resulta necesaria su verificación como extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.722, "Asociación Azul y Daniel Sarmiento", resol. de 12-V-2021; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
Desde luego, cuando se argumenta en defensa de derechos de incidencia colectiva en general, como los aprehendidos por la norma del art. 43 de la Constitución nacional y, en particular, hallándose en juego el derecho a gozar de un ambiente sano, la legitimación ofrece más amplitud que la admitida en otro tipo de litigios, sin llegar a derivarse de ello la adjudicación a cualquier persona de la automática aptitud para demandar, ni a entronizar, en todas las materias, la vigencia de la acción popular. Antes bien, la regla imperante en el ordenamiento exige a quien acude a la jurisdicción la invocación de un interés jurídico afectado en modo directo o sustancial, que posea concreción e inmediatez adecuadas a los fines de la incoación del proceso (CSJN Fallos: 326:3007; 331:1364; 333:1023; 339:1223; e.o.).
En reiterada jurisprudencia sobre el punto, esta Corte ha sostenido que el interés que califica a la "parte" -en la expresión del precepto constitucional citado- debe, en principio, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.457, "González Bergez", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-1V-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-X11-1997; I. 2.153, "Meloso", resol. de 14-IX-1998; e.o.), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993 e I. 77.485, “Zacarías”, resol. de 31-VII-2023; e.o.).
Es necesario, entonces, que en esta precisa vía de impugnación constitucional se ponga de relieve que, en modo cierto o inminente, las normas cuestionadas proyectan o han de proyectar sus efectos de manera adversa o perjudicial sobre la situación subjetiva de quien acciona (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; I. 75.876, "Sánchez", resol. de 9-IV-2021; I. 73.783, "Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS)", resol. de 23-II-2022; e.o.). Así es que la lesión que se dice padecer debe guardar una adecuada conexión con la determinación jurídica reputada inconstitucional o ilegítima y ser susceptible de restablecerse o repararse mediante el remedio empleado (doctr. causa I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015 y sus citas).
V.2. En la especie, el actor se presenta “por derecho propio, en virtud de la obligación constitucional establecida en el art. 41 de la Constitución nacional”. Denuncia que las normas cuestionadas “afectan en forma directa [su] derecho a un ambiente sano y a ejercer la participación ciudadana”, al delinear la nueva composición y esquema de funcionamiento del Comité de Cuenca del Río Luján y crear un órgano asesor que emitirá opiniones no vinculantes al Directorio.
Así pues, pese a las connotaciones ambientales que el reclamante pone de resalto, el círculo de intereses afectado con motivo del dictado de las leyes 14.710 y 14.817 no evidencia -por sí- una alegación plausible de una infracción objetiva y directa como la denunciada en el escrito introductorio del proceso.
Es que, por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), en particular frente a la naturaleza del derecho que se dice en juego (conf. arts. 41 y 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y 28, Const. prov.; 36 y concs., ley 11.723), no hay duda de que la aptitud legitimante en el juicio constitucional supone, en este tipo de casos, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca, cuya afectación debe derivar de la adecuada relación con la norma cuestionada (doctr. causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; A. 72.642, "ASHPA", resol. de 17-VI-2015; Q. 71.837, "Kersich", sent. de 27-IX-2017; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 5-VI-2019 e I.77.485, cit.; e.o.).
Es precisamente este recaudo el que en la especie no aparece cristalizado de manera suficiente. Y es que no basta la genérica alegación de un hipotético perjuicio en un asunto que involucra al ambiente para abrir la jurisdicción y provocar un pronunciamiento judicial, si de los términos de la pretensión no puede vincularse razonablemente la consecuencia reputada perniciosa con la determinación normativamente prevista (causa I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 75.876, "Sánchez", resol. de 9-IV-2021; CSJN Fallos: 329:3493; 337:627, 1447).
V.3. Salvando aquel supuesto en el cual el ordenamiento, excepcionalmente, admite la legitimación activa con mayor amplitud (v. art. 30, últ. párr., ley 25.675), en el resto de los litigios de contenido ambiental quien se dice afectado —como aquí, por una normativa con la potencialidad de incidir en tales temas— debe ser capaz de exhibir un interés suficiente en su invalidación (CSJN Fallos: 329:3493). Nuestra jurisprudencia, de ordinario, ha constatado esto último a partir de la pertenencia del reclamante a la “zona de influencia” o “enclave del conflicto” medioambiental (conf. causas B. 55.392, “Rusconi”, resol. de 4-VII-1995; B. 64.464, “Dougherty”, sent. de 31-III-2004; e I. 72.267, “Mitchell”, sent. de 27-VIII-2020), aunque sin descartar otras hipótesis capaces de demostrar una relación plausible entre el demandante y el ecosistema natural o urbano que se quiere proteger.
En la especie, el actor, vecino de la municipalidad de San Antonio de Areco, no ha logrado acreditar la existencia de aquel interés al que se ha hecho referencia.
V.3.a. De un lado, dicho partido no es de los enumerados en el art. 1° de la Carta Orgánica del Comité Regional de la Cuenca del Río Luján, homologada por resolución 15/12 de la Autoridad del Agua. Tampoco ha probado que habita dentro de los límites geográficos sobre los que el COMILU ejercerá su competencia, conforme lo previsto en el Anexo IF-2022-05091954-GDEBA-DGECOMILU, aprobado por decreto 1.908/23. Ni siquiera la localidad se encuentra ubicada dentro de la Cuenca del Río Lujan, según esta ha sido oficialmente delimitada ( https://www.gba.gob.ar/hidraulica/conurbano_y_area_metropolitana/cuenca_rio_lujan ).
V.3.b. De otro, no ha justificado —alternativamente— tener alguna otra forma de interés ligado con dicha área, que eventualmente lo conecte y habilite a cuestionar judicialmente el marco normativo puesto en entredicho.
V.3.c. Así las cosas, no cabe más que concluir que los argumentos que despliega en su escrito inicial se limitan a un cuestionamiento basado puramente en un interés generalizado y común de toda persona en la salvaguarda de la juridicidad o en el ejercicio regular de los cometidos estatales, lo cual -como se ha resuelto tantas veces- no es suficiente para elevar el reclamo a la calidad de un caso o controversia judicial (doctr. causas B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 73.072, "Piantino", resol. de 29-VIII-2017; I. 73.080, "Laurent" e I. 73.081, "Ventura", ambas resol. de 11-X-2017; CSJN Fallos: 275:282; 308:1489; 313:863; 323:1339; 324:2048 y sus citas).
V.4. Por lo demás, la pretensión se sustenta principalmente en una crítica basada en una serie de acontecimientos futuros que, en cuanto tales, evidencian el carácter hipotético o conjetural de la lesión de la cual se agravia, inhábil como tal a los fines de la configuración efectiva del caso justiciable (CSJN Fallos: 337:1540).
Esta circunstancia luce evidente en diversos pasajes de su postulación inicial, donde el actor ensaya una serie de afirmaciones genéricas del siguiente tenor: “Siendo la representación municipal en el Comité de Cuenca un resultado de quien gane las elecciones, no son pocas las personas que entre sus preferencias electorales incorporan la postura que tal o cual candidato tendrá respecto a las participaciones en los Comités de Cuenca que integra cada partido de la Provincia de Buenos Aires” (v. punto II de la demanda); o bien, que es “evidente que el caso es el cercenamiento regresivo de derechos de participación ciudadana, para lo cual toda persona puede accionar legítimamente planteando la inconstitucionalidad, sin perjuicio que en este caso sea quien suscribe quien la ha iniciado” (v. punto V del escrito electrónico de fecha 11-VIII-2024).
VI. Por lo expuesto, toda vez que la parte actora no ha logrado acreditar que cuenta con legitimación suficiente para incoar este proceso, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa articulada por el señor Asesor General de Gobierno y declarar inadmisible la acción entablada (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 345, 352 y 683 y sigs., CPCC).
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. No comparto la solución propuesta por mis colegas preopinantes.
II. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal -por mayoría- ha sostenido que el interés que califica de "parte" en la expresión del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial supone una cualidad en el impugnante que, a la vez, exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; causa B. 16.203, sent. de 31-X-1933; doctr. causas I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; e.o.).
No obstante, también se ha ocupado de precisar que existen casos expresamente previsto en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva se admite legitimación de cualquier afectado o bien -por un grupo o clase de personas- de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluriindividual (cfr. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs., Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.)
En línea con ello, el Máximo Tribunal nacional ha destacado que atento la ampliación del universo de los sujetos legitimados para accionar tras la reforma constitucional de 1994 "el antiguo ideal de la iniciativa procesal monopolísticamente centralizada en manos del único sujeto a quien el derecho subjetivo pertenece se demuestra impotente frente a los derechos que pertenecen , al mismo tiempo, a todos y a ninguno. Es por esta razón que cuando el valor en juego es lo colectivo, debe existir la posibilidad de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.