Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75454
I.75.454 "SUPPA AGUSTIN CARLOS C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEYES 5177 Y 10.973"
La Plata, 29 de mayo de 2019.
I. Agustín Carlos Suppa, abogado en causa propia, promovió la presente acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se declare la invalidez de los arts. 3 inc. "e" de la ley 5177 y 3 inc. "a" de la ley 10.973, que obstan a su doble matriculación como abogado y martillero y corredor público en los respectivos colegios profesionales.
Entiende que las restricciones contenidas en dichas normas -que establecen causales de incompatibilidad recíprocas para el ejercicio de las mencionadas profesiones liberales- son irrazonables y desproporcionadas y violan los derechos constitucionales a trabajar, a la protección de la propiedad privada y al aprendizaje y ejercicio de las profesiones sin restricciones arbitrarias (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39, 42 y 57, Const. prov.).
Hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el asunto, el accionante requirió el dictado de una medida cautelar con fundamento en recientes decisiones de este Tribunal que estima aplicables al caso.
II. Atento a lo solicitado en el punto 12 del escrito postulatorio, en cuanto se requiere la citación como terceros al proceso del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del Colegio de Abogados de Mercedes, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes, previo a resolver corresponde sustanciar el pedido con la parte demandada (art. 92, CPCC). Notifíquese junto al traslado dispuesto a fs. 50.
III. En lo referente a la medida cautelar solicitada, ésta comprende dos cosas:
Una, que se le prohíba a los aludidos colegios provincial y departamental de martilleros y corredores públicos aplicarle al actor lo dispuesto en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, dejando a salvo una incompatibilidad relativa respecto a su título de abogado cuando actúe en una causa judicial como martillero y corredor público.
La otra, que inversamente se le impida a los referidos colegios provincial y departamental de abogados extenderle al demandante la interdicción contemplada en el art. 3 inc. "e" de la ley 5177, sin perjuicio de una incompatibilidad relativa para su título de martillero y corredor público en los expedientes en los cuales intervenga como abogado.
Con ese alcance, cabe analizar si en autos se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que se reclama.
IV. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (doctr. causas I. 1520, "Peltzer", res. de 28-V-1991; I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944 “UPCN”, res. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", res. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", res. de 23-V-2017 e I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", res. de 5-IX-2018, entre otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", res. de 24-V-2011, entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", res. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada podía generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", res. de 4-V-2005, entre otras) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay" y sus citas).
De tal manera, se impone considerar con ese criterio los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
V.1.a. En lo tocante a la prohibición impuesta por el art. 3 inc. "e" de la ley 5177, cabe recordar que se ha resuelto cautelarmente en causas promovidas por profesionales que habían obtenido la doble titulación de abogados y contadores públicos, que la modificación introducida por la ley 12.277 a dicha norma -en tanto dispuso una incompatibilidad absoluta en relación a los contadores matriculados que pretendan ejercer la abogacía- no parece, en principio, congruente con ciertas garantías constitucionales. En particular, se dijo que el arreglo legislativo lucía prima facie incompatible con la garantía de igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, el derecho a enseñar y aprender, la protección de la propiedad privada y el ejercicio de las profesiones liberales (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.; doctr. causas I. 73.106, "Nápoli", res. de 28-X-2015; I. 74.052, "Bergaglio", res. de 18-V-2016; I. 74.162, "Semacendi", res. de 13-VII-2016 e I. 74.748, "Viggiano", res. de 27-XII-2017).
Más allá de lo expresado, en tales precedentes fue útil poner de resalto que el texto original de la ley 5177 preveía -respecto de los contadores- una mera incompatibilidad relativa, por la cual se les impedía el ejercicio simultáneo de ambas profesiones sólo cuando se trataba de la actuación del profesional en un mismo proceso judicial como abogado y perito. Se advirtió adicionalmente que en los fundamentos del proyecto que emergió como ley 12.277 no se brindaron mayores explicaciones de por qué se convertía la incompatibilidad en absoluta.
Ahora bien, sin perjuicio de que la solución a la que se arribó en los casos citados se apoyó en gran medida en la comparación del texto anterior y el posterior del artículo en cuestión -lo cual ponía particularmente en evidencia la aparente irrazonabilidad de la restricción en lo concerniente a los contadores-, la conclusión debe ser la misma para el caso de los martilleros y corredores públicos.
V.1.b. La redacción originaria del art. 3 inc. "e" de la ley 5177 era la siguiente: "No podrán ejercer la profesión de abogado, por incompatibilidad: [...] los contadores (en los procesos judiciales que intervengan como abogados), martilleros o cualquier otro profesional considerado auxiliar de la justicia". Como puede apreciarse, parecía claro que la incompatibilidad respecto a los contadores era relativa y existía únicamente allí donde el profesional, en un expediente judicial, intervenía como letrado. Pero ninguna cualificación se hacía para los martilleros o las otras profesiones que pudieran ser consideradas "auxiliar(es) de la justicia". Para estas últimas, la ley impedía la doble matriculación, haya o no incompatibilidad específica. Y esto se mantuvo con la sanción de la ley 12.277, que además amplió el universo de ocupaciones alcanzadas por la interdicción.
Como sea, independientemente de lo ilustrativo que pudo resultar tal confronte normativo para el concreto caso de los contadores públicos -análisis que no es derechamente trasladable aquí-, lo dirimente a los fines de tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado es que las restricciones impuestas a los martilleros y corredores públicos, dada su severidad, no lucen a simple vista ajustadas a las garantías y derechos fundamentales que se denuncian conculcados; esto es, el principio de igualdad, el derecho a la enseñanza y el aprendizaje y la libertad laboral profesional (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.). Por ende, se debe concluir que en este tramo que involucra al art. 3 inc. "e" de la ley 5177 hay fumus boni iuris .
V.2. De otro lado, en virtud de lo dicho hasta este punto y siguiendo el criterio de los antecedentes invocados, resulta lógico arribar a idéntica conclusión respecto a la prohibición prevista en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, por la cual se impide la doble matriculación de quienes se hayan titulado de abogado y martillero y corredor público.
Igual que como ocurre con la ley 5177 modificada, aquella norma establece una incompatibilidad absoluta que, prima facie , no luce ajustada a las garantías constitucionales involucradas en la controversia a las que se hizo referencia anteriormente (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.).
Por lo tanto, corresponde tener por acreditada en esta etapa preliminar la apariencia de buen derecho de quien acciona también en este aspecto.
VI. En cuanto al recaudo de peligro en la demora, ha de precisarse a los efectos del examen cautelar que son atendibles los argumentos vertidos por el actor en tanto, dada la naturaleza de los derechos en juego y teniendo en cuenta el tiempo que pudiera eventualmente insumir arribar a la sentencia definitiva, es dable presumir que la privación del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y martillero y corredor público durante el transcurso del proceso le ocasionará un gravamen de muy difícil reparación ulterior.
VII. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el accionante (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
Consecuentemente, cabe disponer que hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de La Plata, deberán abstenerse de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5177 -texto según ley 12.277-, en relación al señor Agustín Carlos Suppa.
Por su lado, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes deberán hacer lo mismo respecto al art. 3 inc. "a" de la ley 10.973.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el actor abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Previamente, el interesado deberá prestar caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Conferir traslado a la parte demandada del pedido de citación como terceros al proceso del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del Colegio de Abogados de Mercedes, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes (art. 92, CPCC). Notifíquese junto al traslado de la demanda dispuesto a fs. 50.
II. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando que hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Mercedes se abstengan de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5177 -texto según ley 12.277- al señor Agustín Carlos Suppa.
Por su lado, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes deberán hacer lo mismo respecto al art. 3 inc. "a" de la ley 10.973.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el actor abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
III. A los fines de hacer efectiva la medida, el interesado deberá previamente prestar caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ko
Reg. Nº 244
I.75.454 "SUPPA AGUSTIN CARLOS C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEYES 5177 Y 10.973"
La Plata, 12 de junio de 2019.
Siendo exacto lo expuesto en el escrito de fs. 56, se rectifica la resolución del 29 de mayo del corriente y se deja constancia que en el punto VII donde se consignó "Colegio de Abogados de La Plata" debió decir "Colegio de Abogados de Mercedes".
Regístrese con relación al N°244 y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge-Ko-Pe-To
Reg. Nº 293
Fin de la sentencia