Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75709
I.75.709 “VERON MARIA JULIA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORD. 004/2019”
I. María Julia Verón, Valeria Lorena Velázquez, Gabriel Oscar Berreta, Hugo Ariel Gribman, Lucio Sabino Álvarez, Carla Anabela Pintos Domínguez, Eduardo Santos, José Sáez, Marcela Sánchez, Carolina Vita, María Valeria Viglianchino, Silvia Ricardi, Andrés Ersinger y José Ambres, vecinos del partido de Mar Chiquita, promueven la presente demandada de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de la ordenanza 4/19 dictada por el Concejo Deliberante comunal, al considerar que ésta -en cuanto desafecta del área complementaria al predio individualizado catastralmente como Circunscripción IV Parcelas 22fk y 22fh, lo transforma en una zona residencial extraurbana (ZRE) y autoriza el desarrollo allí del barrio cerrado "Lagos del Mar"- infringiría los arts. 10, 11, 28, 31, 38, 44, 57 y 192 inc. 4° de la Carta local.
II.1. En primer lugar, explican que la normativa cuestionada deroga la ordenanza 67/12 sancionada por el municipio, impugnada en los autos I. 73.931, "Peralta, Carlos Daniel c/ Municipalidad de Mar Chiquita s/ inconstitucionalidad ordenanza 67/12", por la cual se había transformado a la zona ocupada por las mencionadas parcelas de rural a urbana y habilitado la construcción inmobiliaria a gran escala en ellas, lo que generó que a mediados del año 2014 comenzaran los trabajos para el emplazamiento del barrio cerrado en cuestión.
Recuerdan que como consecuencia de ello, una vecina inició la causa "Fraga, Juana Ester c/ Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Mar Chiquita, Fideicomiso Lagos de Mar y otros s/ amparo ley 25.678" en trámite ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Al respecto, relatan que en dichas actuaciones se dispuso cautelarmente la paralización inmediata de todas las obras realizadas en el predio, suspensión que fue ratificada en la sentencia dictada por el magistrado a cargo, quien resolvió ordenar el cese de toda modificación "hasta tanto la Provincia de Buenos Aires, como autoridad administrativa correspondiente, lleve a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental en base a los requerimientos de las leyes 25.675 y 11.723, y produzca Declaración de Impacto Ambiental en forma previa a la autorización de cualquier tipo de actividad".
Agregan que dicho decisorio fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata y que la causa actualmente se encuentra radicada ante esta Corte a los fines de tratar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora. De allí, afirman que la suspensión decretada por el juez de primera instancia se encuentra firme y que, al momento de promover la presente acción, ni la Provincia como tampoco el municipio han cumplido con las cargas que se le impusieron como condición previa a la realización de cualquier tipo de obra.
Sostienen que, en ese contexto, la comuna impulsó la sanción de la ordenanza ahora cuestionada, bajo el pretexto de dar cumplimiento con la referida sentencia y con las observaciones formuladas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, ocultando en realidad un pedido de los desarrolladores del emprendimiento inmobiliario para que se habilite nuevamente la construcción y se permita la ejecución del barrio cerrado sin la realización del pertinente estudio ambiental, en lo que consideran un quebrantamiento a lo decidido por el magistrado a cargo del amparo.
II.2. Señalan que el sector transformado en zona residencial extraurbana (ZRE) se encuentra en un humedal activo, ubicado en la zona costera de la laguna de Mar Chiquita, declarada Reserva Mundial de Biosfera por Unesco y reserva natural integral y protegida por el decreto 1581/89, la ley provincial 12.270, la ley nacional 23.919 y la ordenanza 169/90. Describen sus características ecológicas y aseguran que su albufera, catalogada como la única formación de su tipo en todo el país, se encuentra en peligro de destrucción. Además, aducen que producto de las obras ya iniciadas con anterioridad al inicio de la causa "Fraga" se rellenaron los humedales de la zona, lo que produjo una disminución de la diversidad biológica y generó inundaciones en campos linderos, provocando así su desvalorización.
Recalcan que todo ello se efectuó sin la realización del proceso de evaluación de impacto ambiental previo que la ley 11.723 y su anexo II le impone a las autoridades provinciales y municipales.
Acompañan dos informes técnicos ambientales -uno encomendado por un grupo de vecinos a un investigador del Conicet, el otro realizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata- de los cuales se desprende que el emprendimiento ha provocado un grave impacto negativo en la zona afectada. Para más, manifiestan que tampoco fueron consultados los habitantes de Mar Chiquita respecto de la desafectación del área rural y que se omitió dar intervención al Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquita creado por la ordenanza 29/16.
III. A título cautelar, requieren que se ordene la suspensión de los efectos de la ordenanza 4/19 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el asunto.
En tal dirección, indican que sin perjuicio del aplazamiento decretado en el proceso de amparo al que se hizo referencia, la rezonificación efectuada por la norma cuestionada constituye un peligro inminente para toda el área de la reserva ecológica. En este punto, consideran que al tratarse de un daño al medio ambiente, la ponderación de su viabilidad debe efectuarse a la luz de los principios preventivo y precautorio. En todo caso, sostienen que la tutela precautoria peticionada en autos constituiría un “complemento” para la ordenada en la causa “Fraga”.
IV. A fs. 631/637 amplían demanda y denuncian ciertas irregularidades en el trámite seguido para el dictado de la ordenanza cuestionada, al sostener que ésta fue sancionada durante el receso del Honorable Concejo Deliberante, en una sesión extraordinaria convocada por el presidente de dicho órgano, y alegar la violación al art. 68 inc. 5° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al no configurarse un supuesto de urgencia o interés público. A su vez, consideran que la ordenanza carece de motivación.
De otro lado, dicen que al promulgar la norma el Intendente reconoció que el proyecto inmobiliario aprobado pone en riesgo el medio ambiente y, en lugar de vetarla, les otorgó a los responsables del emprendimiento "Lagos del Mar" un plazo de 120 días para que presenten una reformulación. Como consecuencia de ello, solicitan que este Tribunal le ordene al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de dictar el acto aprobatorio de la ordenanza.
V. Finalmente, a fs. 669 manifiestan que el magistrado a cargo de la causa "Fraga" le impuso al Intendente comunal una multa de tres mil pesos diarios por cada día de retardo hasta tanto se lleven a cabo acciones que importen el efectivo funcionamiento del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera “Parque Atlántico Mar Chiquita”, a través de reuniones plenarias y el sometimiento a su decisión de las cuestiones relacionadas con aquella reserva, considerando que esto resulta una fuerte prueba de la verosimilitud alegada respecto a la falta de cumplimiento de la sentencia dictada en esa causa.
VI. Con fecha 4 de diciembre de 2019 esta Corte ordenó a título precautelar que la Municipalidad de Mar Chiquita se abstenga de disponer actos de aplicación de la ordenanza 4/19 o de autorizar acciones materiales sobre las parcelas identificadas por dicha norma. Ello, hasta tanto se informara –como medida para mejor proveer- si la comuna ha instado la aprobación por parte del Poder Ejecutivo provincial y, en su caso, si en dicho procedimiento se ha dictado algún decreto en consecuencia.
Los accionantes exponen que la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial requirió a la comuna la sanción de una ordenanza complementaria, para la aprobación de la aquí impugnada. Afirma que el municipio ha impulsado el procedimiento para la aprobación de la norma y, por ello, solicita que la medida ordenada precautelarmente se extienda a la Provincia, a fin de que el Gobernador se inhiba de dictar o publicar el acto administrativo de aprobación de la ordenanza 4/19. Acompaña al efecto copia de una nota suscripta por el Directo de Obras Privadas del municipio y del acto emitido por la citada Dirección provincial.
VII. Con posterioridad, se presenta espontáneamente en estos actuados la firma DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL y requiere que se ordene la acumulación de este proceso a los autos “Fraga”.
Fundamenta su petición en el hecho de que, independientemente de la falta de identidad subjetiva, los expedientes se encuentran radicados en este Tribunal y que, en definitiva, el objeto de ambas causas es obtener la prohibición para desarrollar el emprendimiento “Lagos del Mar”.
En tal dirección, alega que los vecinos del municipio han instado diversas acciones, actuando en algunas como actores y en otras como testigos. Denuncian, en consecuencia, un abuso de los institutos procesales para eludir cualquier planteo de litispendencia que pueda formularse.
Concluye que, a fin de evitar el dictado de pronunciamientos contradictorios y para garantizar la seguridad jurídica, debe disponerse la acumulación de las presentes actuaciones, junto con los autos “Peralta” –también radicadas en esta sede-, a la causa “Fraga” y la consecuente suspensión de su tramitación, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la amparista en esta última.
VIII. Corrido el traslado de la presentación efectuada, la parte actora se opone, por un lado, a la intervención de la firma DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL en los términos invocados y, por el otro, a la existencia de conexidad entre los diversos procesos. En consecuencia, solicita el rechazo del planteo formulado.
Habiéndose notificado mediante carta documento con aviso de entrega, el municipio demandado guardó silencio.
IX. En cumplimiento de los requerimientos cursados por esta Corte con fecha 27 de diciembre de 2019 y 27 de febrero del corriente año, la Municipalidad de Mar Chiquita remitió copias certificadas del expediente nº 4072-2070/13 e informó que, al momento de remitir su respuesta, el Concejo Deliberante comunal se encontraba en receso por lo que no se registraban avances en el trámite del expediente N°988. Al encontrarse pendientes de aprobación las modificaciones introducidas a la norma por la Provincia, estimó que era prematuro aseverar que el procedimiento culminara con el dictado del decreto de aprobación.
X. Atento el estado de las actuaciones, corresponde, en primer término y por una cuestión metodológica, pronunciarse respecto de la presentación espontánea efectuada por la firma DSV Desarrolladores Inmobiliarios SRL, mediante la cual solicita participar en el presente juicio en calidad de tercero (cfr. art. 90 inc. 1, CPCC).
Al respecto, cabe recordar que la intervención de terceros en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, que tiene regulado un trámite específico en el Código Procesal Civil y Comercial que no la contempla (arts. 683 a 688), ha sido admitida por este Tribunal, de manera excepcional, en supuestos en los cuales la posible afectación de la esfera de intereses de un tercero particularizado resultaba indudable, a la luz de los alcances de la norma cuestionada en cada caso (cfr. causa I. 72.447, "Procuradora General de la Suprema Corte", resol. de 20-XI-2014).
Así, por ejemplo, se citó en calidad de tercero a las cajas de previsión social para profesionales en los supuestos en los que se planteó la inconstitucionalidad de la ley que las rige (cfr. causas I. 2123, “Pérez de Vargas”, resol. de 3-II-1998 e I. 2798 “Alonso”, resol. de 21-IV-2004, e.o.); se admitió la intervención de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires ante la impugnación del régimen que ésta administra (ver por todas, causa I. 73.320, providencia de 27-VIII-2014) o se citó a quienes habían sido objetiva, personal y directamente beneficiados por las normas cuya constitucionalidad se ponía en tela de juicio (cfr. causa I. 2033, “Ferro”, resol. de 31-VIII-2011).
Ahora bien, en el sub examine , de las constancias acompañadas en autos, surge prima facie que el resultado del pleito es susceptible afectar los intereses que pudiera invocar en el proceso la firma DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL.
Ello, a luz de los alcances de la norma cuestionada, que ha sido dictada –exclusivamente- con el objeto de autorizar el desarrollo del Barrio Cerrado denominado "Lagos del Mar". De sus propios considerandos, se advierte que la peticionante, quien se encuentra a cargo de la ejecución del proyecto, ha impulsado la sanción de la norma al efectuar una presentación en el expediente municipal N°4072-270/13 –Alc. 1-, en donde requiere que "se dicte una nueva ordenanza a fin de dar cumplimiento a las observaciones formuladas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial, se corrija zona de localización, se disponga afectación como uso específico (zona residencial extraurbana) y solicita derogación ordenanza N°67/12" (v. fs. 641).
En consecuencia, si bien el ámbito de conocimiento reservado a esta vía reside en la discusión sobre la validez constitucional de la ordenanza 4/19 considerada en abstracto, se advierte que la potencial declaración que sobre ella recaiga podría tener implicancias directas en la realización de la referida obra.
De tal manera, corresponde hacer lugar a la intervención en las presentes actuaciones de la firma DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL en los términos del art. 90 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causa I. 2033, cit.).
XI. Cabe, entonces, analizar el pedido de acumulación de procesos planteado por el tercero coadyuvante.
Ese tipo de medidas procede cuando dos o más litigios en trámite tienen por objeto pretensiones conexas que no pueden ser decididas separadamente, sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias (doctr. causa B. 64.093, "Alsinet", sent. de 12-VII-2017 y sus citas) o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada (doctr. causa B. 74.209, "Caricato", resol. de 21-IX-2016); lo cual se presenta cuando la relación jurídica sustancial o el hecho constitutivo del cual emanan las acciones que han originado las controversias, es común (doctr. causas B. 67.491, “Consorcio Barrio Los Sauces”, sent. de 5-IV-2006; B. 71.355, “Ávila”, sent. de 31-VIII-2011 e I. 70.249, "Bornic", resol. de 29-VI-2016). Todo lo cual surge de lo previsto en el art. 188, proemio, del Código Procesal Civil y Comercial.
Asimismo, el art. 194 del código de rito establece que, ante la acumulación dispuesta, resultará menester el dictado de una sentencia única. Ello, sin perjuicio de la posibilidad de sustanciar las causas por separado, si por la naturaleza de las cuestiones planteadas su trámite en conjunto resultase dificultoso.
De lo expuesto y lo que prevé expresamente el mencionado art. 188 en sus incisos 1° y 3°, es un requisito indispensable para la procedencia del referido dispositivo procesal que los juicios se encuentren transitando la misma etapa procesal y que puedan sustanciarse por los mismos trámites. De lo contrario, el ordenamiento veda como regla la posibilidad de hacer efectiva su acumulación (doctr. causa B. 57.239, "Franceschi", sent. de 28-IX-2016).
Sobre tales bases, es posible afirmar que en autos no se encuentran reunidos los extremos exigidos por el código ritual para admitir la acumulación de procesos, ni las condiciones que han sido tenidas en cuenta por esta Suprema Corte para recurrir a ese mecanismo en el pasado.
Así pues, si bien la causa "Fraga" (A. 75.978), tal como han manifestado tanto los accionantes como el tercero, se encuentra radicada ante esta sede, ello es a los efectos de resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la amparista, trámite regido por los arts. 278 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial. Se trata, por lo demás, de un proceso que ya ha transitado por dos instancias ordinarias de conocimiento. Tal circunstancia denota la disparidad en el avance de ambos pleitos, máxime considerando que la presente acción de inconstitucionalidad es un asunto propio de la competencia originaria del Tribunal (cfr. art. 161 inc. 1, Const. prov.), sin que se haya trabado aún la litis . Y todo eso, como se dijo, se alza como un obstáculo para su reunión.
Por otro lado, tampoco puede soslayarse que, sin perjuicio de la alegada conexidad existente entre las causas "Fraga", "Peralta" –también en trámite ante este Tribunal- y la presente, las pretensiones articuladas en ellas se encuentran enderezadas a obtener específicos pronunciamientos respecto de ordenanzas municipales distintas: la 67/12, por un lado, y la 4/19, por otro. Eso así, al margen de lo que pudiese invocarse, por donde correspondiere, como hecho nuevo.
Así las cosas, no se aprecian razones que de momento manden a la unificación con el fin de evitar incurrir en sentencias contradictorias. De allí que, en este estadio procesal y a la luz de los fundamentos reseñados, sin verificarse razones para adoptar un criterio excepcional (arg. art. 188 in fine , CPCC), cabe declarar que no resulta procedente la acumulación peticionada.
XII.1. Sentado lo que antecede, corresponde abordar la cuestión relativa a la tutela cautelar requerida por los accionantes.
En primer término, es preciso recordar que esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016; I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018, e.o.).
Por excepción, y en el entendimiento de que el remedio preventivo no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), toda vez que la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
XII.2. Lo desarrollado aquí arriba constituye el estándar con el que, de ordinario, han de ser analizados los pedidos de medidas cautelares. Pero en autos no deben soslayarse dos cosas:
Primero, que se alega un daño ambiental potencialmente irremediable sobre un ecosistema de características únicas, extremo que
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.