Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74169
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara extinguida la controversia por haberse tornada abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 163 incs. 6 -segundo apartado- y 8, 68, segunda parte y 73, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 74.169, "Fiscal de Estado c/ Municipalidad de Leandro Alem s/ Inconstitucionalidad ordenanza 1.394/12", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres.
I. El señor Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial; 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 1.394/12, dictada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Leandro N. Alem, por considerar que se encuentra en pugna con los arts. 1 y 37 de la Constitución provincial.
II. Corrido el traslado de ley, la apoderada del municipio de Leandro N. Alem se allana a la pretensión de inconstitucionalidad formulada (conf. art. 307, CPCC), respecto de la cual la demandante no tiene ninguna objeción que formular.
III. Por su parte, el señor Procurador General entiende que corresponde declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión litigiosa.
IV. Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Corresponde declarar abstracta la controversia?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial; 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 1.394/12.
Asevera que la norma impugnada se encuentra en pugna con el art. 37 de la Constitución provincial, y afecta los principios de legalidad y razonabilidad, en tanto sostiene que la ordenanza en cuestión, al disponer la suspensión de toda habilitación vinculada a los juegos de azar, se ha inmiscuido en las facultades exclusivas de la Provincia para regular la explotación y administración de dicha actividad (cita art. 1, Const. prov.).
Señala, además, que la ley 10.305 regula la explotación y administración de juegos de azar en el ámbito de la Provincia y establece las facultades de la autoridad de aplicación en la materia (Instituto Provincial de Lotería y Casinos; conf. decreto 1.170/92) entre las que menciona aquellas establecidas en el art. 3 de la norma; a saber: "1) Explotar por sí o por intermedio de agencias los juegos a que se refiere el artículo 1°; 2) Otorgar con carácter precario, las concesiones de agencias para la explotación de los juegos de Lotería, Quiniela, PRODE o cualquier otro juego o modalidad que por ley se establezca; 4) Establecer un régimen de contralor del funcionamiento de las agencias de explotaciones, a fin de lograr el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación; 5) Declarar caducas las concesiones de agencias de explotación así como también otorgar licencias; aplicar y levantar sanciones a los concesionarios...".
Explica que mientras exista una atribución específica de competencia a la autoridad provincial, como lo es en el caso la manda del art. 37 de la Constitución provincial, se excluyen las facultades reglamentarias municipales sobre la cuestión. Sin perjuicio de reconocer las atribuciones propias de los municipios para ejercer su poder de policía en la medida en que no se opongan a las normas provinciales (cita arts. 190, 191, 192 inc. 4, 6 y concs., Const. prov.; 25, 27 y concs., Ley orgánica de las Municipalidades y doctr. causa B. 53.836, "Cadegua", sent. de 21-III-2001).
A mayor abundamiento, cuestiona la ordenanza 1.394/12 en tanto, por un lado, vulnera el principio de jerarquía normativa y configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones concedidas a los municipios y, por otro, no resulta una medida razonable la prohibición total del otorgamiento de habilitaciones para establecimientos destinados a juegos de azar frente a la finalidad esperada, esto es, el tratamiento y la prevención del juego compulsivo.
II. A fs. 28 se presentó a contestar la demanda la apoderada del municipio de Leandro N. Alem, oportunidad en la que se allana a la pretensión de inconstitucionalidad invocando el art. 307 del Código Procesal Civil y Comercial.
Asimismo, informó que a la fecha de la presentación se había enviado un proyecto de ordenanza mediante el cual se requería la derogación de la norma cuestionada.
En una presentación posterior, acompaña la autorización expresa del Intendente para allanarse a la demanda y denuncia el dictado de la ordenanza 1.559/18 que deroga la aquí cuestionada, por lo que solicita sea tenido en cuenta al momento de resolver (v. fs. 38/39 y 44/45).
III. Corrido el traslado de ley, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires se notifica sin manifestar oposición al allanamiento (v. fs. 47).
IV.1. Esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un interés real (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997 e I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018). Es decir, que exista un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 342:853; e. o.).
Así es que se ha resuelto en reiteradas oportunidades que, aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que con posterioridad se torne abstracta (doctr. causa I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento (F.E.B.)", sent. de 29-II-2012 y sus citas).
IV.2. De los términos en que cada uno de los litigantes ha expuesto su posición, más allá del allanamiento manifestado por la municipalidad demandada, surge evidente que su interés respecto de la norma controvertida en autos ha perdido virtualidad en razón de haber sido derogada por su par 1.559/18 (v. fs. 44/45).
De allí que, no conservando las partes intervinientes un agravio concreto derivado de la subsistencia de efectos producidos por las normas aludidas (conf. fs. 28 y vta. y 47), cualquier decisión al respecto resultaría meramente teórica, inútil e inoficiosa y, por lo mismo, impropia de la función judicial (doctr. causas I. 1.527, "Maleic S.A.", resol. de 24-VIII-1993; I. 1.525, "Petroken I.P.E. S.A" e I. 1.526, "Copetro S.A.", resols. de 31-VIII-1993; doctr. causas I. 1.279, "García y Cía. S.A.", sent. de 28-XI-1989; I. 1.437, "Ramón Rosa y Cía.", resol. de 13-II-1990; I. 1.369, "Fernández", sent. de 13-XI-1990; I. 1.837, "Domínguez", resol. de 19-IX-1995; I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte", sent. de 12-VIII-1997; I. 1.883, "Esso S.A.P.A.", resol. de 19-VIII-1997; B. 64.272, "Hernández", sent. de 18-XI-2002; B. 65.930, "Fernández", sent. de 2-VI-2004; I. 3.098, "Cabral", resol. de 16-VI-2004; I. 1.853, "Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 14-IX-2005; I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses", cit.; I. 2.033, "Ferro", resol. de 29-XII-2014; A. 73.281, "Droguería Disval", resol. de 12-VIII-2015 y B. 62.302, "Aguas de la Costa S.A", resol. de 13-IX-2017; e. o.).
V. Por tales razones, a tenor de las manifestaciones de las partes (v. escritos de fs. 28, 45 y 47) y de conformidad con el señor Procurador General, corresponde declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal (arts. 163 inc. 6, 683 y 688, CPCC).
En relación a las costas, entiendo que no cabe considerar vencida a ninguna de las partes (doctr. I. 1.527, cit.; I. 1.525, cit.; I. 1.526, cit.; I. 1.682, "Pelco", sent. 16-IX-1997; e. o.) y, por lo tanto, deben imponerse en el orden causado (arts. 163 incs. 6 –seg. párr.- y 8, 68 –seg. párr.- y arg. 73, CPCC; doctr. causas I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte de Justicia", sent. de 12-VIII-1997; B. 65.165, "Vuotto", sent. de 3-III-2004; I. 3.483, "Llorens", sent. de 14-IX-2011; I. 70.183, "Amiero", sent. de 15-VI-2016; I. 73.782, cit.; e. o.).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara extinguida la controversia por haberse tornada abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 163 incs. 6 -segundo apartado- y 8, 68, segunda parte y 73, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/09/2020 17:11:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 10:29:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/09/2020 11:14:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 14:05:17 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/09/2020 10:03:35 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia