Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 69477
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la excepción deducida por la Municipalidad de Quilmes y se rechaza la demanda por extemporánea (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 684, CPCC).
Las costas se imponen a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Carlos Eduardo Oricchio en la suma de … pesos -$...- (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017), con más el 10% de la ley 10.268 y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Negri, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 69.477, "Álvarez Pablo D. y otros c/ Municipalidad de Quilmes s/ Inconstitucionalidad Ordenanza 10.436/06".
Las señoras Sandra Beatriz Kun, Beatriz Felisa Cincotta, Mirta Ester Ferro, Elisabet Claudia Barros, María Cristina Antonia Rosso, María Cristina Equisito, Mariela Massarella, Malena Julia Elena Arona, María de los Ángeles Fernández, Claudia Edelma Tucci, Marcela Fabiana Pesquero, Susana Noemí Falbo, Margarita Mercedes Foncueva, María Eugenia Romera, Viviana Cristina García, Florencia Andrea Ambrogio, Silvia Susana Justel, María Cristina Fregosi, Lidia Espínola, Analía Rosa Faggiani, Graciela Viviana Ceminello, Élida Luisa Garavaglia, Laura Carmen Baldovino, Alejandra Claudia Bagolini, Brenda Renison, Andrea Roxana Marconcini, Hélida Nélida Paz, María Marta Kelsey, Juana Álvarez, Adriana María Brandoni, Adriana Isabel Di Noto, Carmen Beatriz González, Lidia Olga Castellini, Isabel Forcato, Eliana Barada, Teresa Norma Tazbaz, Alejandro Héctor Martínez, Nora Elvecia Gómez, Gladys Elisabet Gómez, Patricia Ariana Ares, Ethel Olga Davis, Graciela Mónica Ciampini, María Teresa Linton, Diana Iris Griot, Viviana Edith Scalone, Raquel María Goya, Laura Ramos y Marcela Fabiana Devoto, Ana Gabriela Antonia Floiani, Laura Noemí Zerba, Marcela Patricia Carro y los señores Pablo Daniel Álvarez, Ricardo Andrés Landi, Juan Ringer, Néstor David Ramón Manchini, Néstor Ángel Ruiz de Divis, Martín Ignacio Dieguez, Alfredo Agustín Canessa, Marcelo Oscar Aguilar, Omar Néstor Spadaro, Alfonso Marcelino García Villano, Raúl Federico Lacabanne, Cristian Leonardo Ulagnero, Carlos Alberto Vizcaíno, Juan Florentino La Moglie, Julio Daniel Salvanescki, Joaquín María Benedicto, Raúl Eduardo Aquino, Oscar Horacio Saud, Miguel Ángel Maciel, Claudio Omar Mangifesta, Juan Carlos Clemente Echeverría, Horacio Alberto Farías, Francisco Cannone, Lucio Oscar Vázquez, Carlos Alberto Escalada, Horacio José Beccaría, Jorge Omar Ciera, Juan Carlos Aragón Luna, Eduardo José Hoyos, Miguel Ángel Rosado, Domingo Juan Florio, Osmar Daniel González Orono, Oscar Rubén Barraza, Pablo Andrés Mariuzzi, Christian Mario Usciatti, Ezequiel Roberto Núñez, Rubén Amelio Spinelli, Roberto Héctor Panier, Gabriel Fernando Colautti Berra, Ángel Luis Derman y Ángel Edgar Bujan, por medio de su apoderado, promueven demanda originaria de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de Quilmes con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de los arts. 25 y 26 de la ordenanza 10.436/06 y de toda otra norma que regule en el mismo sentido el régimen salarial de los docentes que se desempeñen en la Escuela Municipal de Bellas Artes "Carlos Morel".
Requieren también que se ordene a la demandada el pago de las diferencias salariales que resultarían consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad que peticionan (v. fs. 49/58 y 72 y vta.).
Posteriormente se presentan denunciando que, mediante la sanción de la ordenanza 10.767/07, la comuna derogó las disposiciones cuestionadas en el escrito inicial y limitan su reclamo patrimonial a las diferencias salariales correspondientes al período comprendido entre la fecha en que se aplicaron los arts. 25 y 26 de la ordenanza 10.436/06 y el mes de mayo de 2008, momento que identifican con la efectivización de la norma derogatoria (v. fs. 75).
Corrido el traslado de ley, la Municipalidad de Quilmes contesta la demanda y pide su rechazo (v. fs. 85/89 vta.).
Agregados los documentos acompañados a la demanda, el cuaderno de prueba de la parte actora y los alegatos de ambas partes (v. fs. 406/413 vta. y fs. 414/417), oída la entonces señora Procuradora General y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La parte actora pretende la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 25 y 26 de la ordenanza 10.436/06 de la Municipalidad de Quilmes mediante los que, según relata en la demanda, se modificaron los artículos con idéntica numeración de la ordenanza 5.433/85, disponiendo que "...'la retribución mensual del personal docente será establecida según los índices que se fijarán en cada caso en el agrupamiento de cargos de acuerdo a lo establecido por el presupuesto Municipal' (art. 25), 'el personal docente en actividad percibirá una bonificación por años de servicio de acuerdo con los porcentajes que se determinen para el resto del personal municipal (art. 26)'" (fs. 51).
Plantea que el cambio normativo instrumentado a través de los preceptos impugnados sustrae a los actores del régimen salarial docente de orden provincial (cuya aplicación era consecuencia de los arts. 25 y 26 de la ordenanza 5.433/85 modificados por los preceptos que pretende poner en crisis en estas actuaciones), violando su derecho de propiedad y los principios de irrenunciabilidad, indemnidad y progresividad que rigen en materia laboral (arts. 10, 31 y 39, Const. prov.). Sostiene también que configuran un incumplimiento por el municipio del deber de proteger la educación que le incumbe de acuerdo a lo establecido en los arts. 198 y 199 de la Constitución provincial.
Solicita a su vez que se condene a la comuna a abonar las diferencias salariales resultantes de la declaración de inconstitucionalidad requerida y que arrojase la comparación entre lo abonado a los actores y lo que les hubiese correspondido percibir si se hubiesen aplicado a su respecto los arts. 25 y 26 de la ordenanza 5.433/85.
II. La Municipalidad de Quilmes sostiene que la demanda es inadmisible.
Postula que, en tanto la pretensión articulada es de contenido netamente patrimonial, resulta aplicable el plazo de caducidad de treinta días establecido en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, el que se hallaba vencido al momento de la interposición de la demanda (17 de diciembre de 2007). Puntualiza que este debió computarse desde la sanción de la ordenanza cuestionada (que refiere como acaecida el día 25 de julio de 2006).
Expresa también que la acción intentada devino abstracta como consecuencia de la sanción de la ordenanza 10.767/07 que dispuso derogar la norma objetada en autos a partir del día 31 de diciembre de 2007.
Finalmente sostiene que corresponde rechazar la demanda en cuanto pretende el reconocimiento de diferencias salariales en favor de los demandantes. Ello así pues, según aduce, la parte actora no sometió la cuestión al conocimiento y decisión de la Administración con anterioridad a la interposición de la demanda, como recaudo para habilitar la emisión de un pronunciamiento judicial sobre el asunto.
III. La parte actora resiste la objeción formal opuesta por el municipio. Expone que en el caso no rige el plazo de caducidad invocado por la demandada pues se configura un supuesto de excepción en los términos del art. 685 primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial por encontrarse involucrado el derecho a una retribución justa, de carácter alimentario y que conlleva un compromiso institucional (v. fs. 100 y vta. y 50/52, a las que remite).
Agrega que, a todo evento, el término previsto en el art. 684 del Código ritual recomienza mes a mes, al momento de hacerse efectivo el pago de los haberes liquidados de acuerdo a los preceptos impugnados. A ello adiciona que la conducta municipal objetada consiste en la omisión de responder a los principios constitucionales de indemnidad y progresividad, lo que configura "...una misma unidad de comportamiento estatal" (fs. 100) y postula que esa circunstancia debe ser considerada en el caso.
IV. En primer lugar corresponde destacar que, efectivamente, mediante la ordenanza 10.767/07 el órgano deliberativo municipal derogó los preceptos impugnados en el escrito de inicio (v. fs. 74), lo que importó dar satisfacción parcial a la pretensión actora, a partir de que esa abrogación se hizo efectiva. Según surge del informe emitido por la Subdirección de Haberes de la Municipalidad de Quilmes obrante a fs. 124, esa circunstancia tuvo lugar el día 1 de mayo de 2008 -respecto de los incrementos salariales y de la bonificación por antigüedad-.
De acuerdo a lo expuesto y tal como expone la parte actora en su presentación de fs. 74/75, subsiste el interés de las partes en la obtención de un pronunciamiento que resuelva el agravio invocado, en tanto las disposiciones cuya declaración de inconstitucionalidad es requerida fueron aplicadas para la liquidación de los haberes de los actores durante su vigencia.
V. Circunscripto el alcance de la cuestión a resolver, debe abordarse la objeción formal al progreso de la acción planteada por el municipio demandado.
Comienzo por precisar que no se presenta en la especie un supuesto de excepción (art. 685, CPCC) a la vigencia del plazo previsto en la norma procesal para la interposición de la demanda de inconstitucionalidad (art. 684, CPCC).
En efecto, no se advierte que el objeto de la acción carezca de contenido patrimonial, sino que, por el contrario, resulta claro que el bien jurídico cuya tutela se procura exhibe una sustancia evidentemente económica.
Y ello es así pues la pretensión esgrimida consiste en obtener la declaración de inaplicabilidad de dos preceptos que, según sostiene la propia parte actora en su demanda, impactaban en el régimen salarial e importaban una disminución en los haberes correspondientes a los docentes de la Escuela Municipal de Bellas Artes "Carlos Morel" (v. pto. V del escrito de demanda; fs. 51). Ello así, más aún cuando el embate se ha fundado en la invocación, entre otros principios y normas constitucionales, en el derecho de propiedad (arts. 10 y 31, Const. prov.), lo que lleva a considerar que la accionante ha asumido la matriz patrimonial de su requerimiento (doctr. causa I. 74.454, "Tecnifos S.A.", sent. de 22-VIII-2018).
Lo apuntado se hace más notorio en el caso, desde que quienes accionan han anexado a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad la de reconocimiento y pago de las diferencias salariales que podrían derivarse del eventual acogimiento de su acción (v. ptos. II, VIII y XII inc. "h" del escrito inicial; fs. 50, 56/57 y 57 vta./58, respectivamente).
Así, siguiendo la doctrina del Tribunal según la cual los cuestionamientos vinculados con distintos aspectos de la relación de empleo público entrañan un reclamo patrimonial, ya sea que se invoque el derecho al sueldo u otros como el derecho a trabajar o el derecho a la estabilidad (conf. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.579, "Miño", resol. de 10-XII-1992; I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.199, "Aimeta", resol. de 7-IX-1999; I. 2.004, "Ditinis", sent. de 17-XI-1999; I. 2.170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 3.631, "Grammático Mazzari", sent. de 6-X-2010; I. 1.861, "Rodríguez", sent de 1-VI-2011; e.o.) observo que por el modo en que fueron planteadas las cuestiones constitucionales materia de la litis, la naturaleza del derecho en juego impone la aplicación del plazo previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL SRL", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari SA", resol. de 10-VIII-2016; I. 72.191, "Sociedad Anónima Comercial Agrícola Ganadera Andrés Mendizábal", resol. de 13-II-2019; e.o.).
VI. Es necesario, entonces, determinar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad de la demanda articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a computarse dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, cit.; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; e.o.).
De las constancias de la causa surge que la ordenanza 10.436/06 fue aplicada a partir del mes de marzo de 2006 respecto de los incrementos salariales reconocidos a los docentes de la Escuela Municipal de Bellas Artes "Carlos Morel" y a partir del día 1 de abril de 2006 respecto de la bonificación por antigüedad de ese mismo grupo de trabajadores (v. ptos. 3, 4, 5 y 6 del informe de la Subdirección de Haberes de la Municipalidad de Quilmes; fs. 124).
Así, toda vez que la demanda fue presentada el día 17 de diciembre de 2007 (v. fecha del sello de cargo de fs. 58), corresponde concluir que el plazo de caducidad para accionar que impone el art. 684 del Código adjetivo se encontraba vencido al tiempo del inicio de la acción; motivo por el que la objeción formal planteada por la Municipalidad de Quilmes es de recibo.
VII. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas a fin de defender los derechos constitucionales que reputa conculcados (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 684 in fine , 336 y concs., CPCC; doctr. causas B. 44.506, "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2.170, cit.; I. 2.201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; e.o.).
Por los fundamentos expuestos corresponde admitir la objeción formal opuesta por el municipio y rechazar la demanda por extemporánea.
Voto por la negativa .
En atención al sentido de mi voto, es innecesario que me expida respecto de la segunda cuestión planteada.
Costas a la actora, por su objetiva condición de vencida (art. 68, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Negri y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la entonces señora Procuradora General, se hace lugar a la excepción deducida por la Municipalidad de Quilmes y se rechaza la demanda por extemporánea (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 684, CPCC).
Las costas se imponen a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Carlos Eduardo Oricchio en la suma de … pesos -$...- (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017), con más el 10% de la ley 10.268 y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia