Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora.
I.73.325 “COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES DEL DEPTO. JUD. DE LA PLATA C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ INCONST. ORD. 11.077 Y 11.132”
La Plata, 19 de diciembre de 2018.
I. Se presenta el representante del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial La Plata solicitando la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas 11.077 y 11.132, sancionadas el 17-X-2013 y el 4-VI-2014 respectivamente, por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata (v. fs. 64/81 vta).
Entiende que las ordenanzas impugnadas vulneran lo dispuesto en el art. 42 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, estableciendo obligaciones a cumplimentar por las inmobiliarias que llevan a cabo intermediación en materia de locaciones, imponiéndoles exigencias en el desempeño profesional, recaudos a cumplimentar en la página web, con carácter obligatorio y previendo sanciones para el caso de incumplimiento, todo lo cual constituye -según considera- una verdadera intromisión y avasallamiento en las atribuciones reservadas por la Provincia en lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales, haciendo uso y atribuyéndose el Municipio facultades que no le competen.
Expone que "...la norma fue objetada por un sector de la oposición que la consideró 'simbólica' al tiempo que advirtió que excedía la competencia municipal..." (v. fs. 68).
Explica que los profesionales del corretaje inmobiliario no son parte en los contratos de locación sino que actúan como meros "intermediarios".
Postula que el de locación no es un contrato de adhesión, pues registra una serie de variantes que, en muchos casos, se encuentran relacionadas con las características del bien locado, circunstancia que dificulta cumplir el requisito, previsto en las normas impugnadas, de exponer en formato digital un modelo de contrato de locación.
Entiende que "... La Ordenanza 11.077 va mucho más allá de las atribuciones conferidas a la esfera municipal, estableciendo obligaciones para las inmobiliarias, en definitiva para los titulares de las mismas que no son otros que los corredores públicos matriculados en la entidad que presido, que exceden el marco de la publicidad que realizan. En efecto, se les impone tener que contar con una página web, y si bien son numerosas las inmobiliarias que cuentan con una, no todas las inmobiliarias cuentan con las mismas..."
Asimismo, se agravian por ser obligados "...a difundir condiciones contractuales que exceden la cuestión de publicidad y que, de modo alguno, son iguales para todos los casos y en relación a todos los contratos que se celebren a través de la oficina..."(v. fs. 70 vta.).
Indican que "A su vez se les exige exponer, en formato digital, el texto de la Ley de Locaciones Urbanas 23.091 y sus modificatorias, recaudo que excede manifiesta y notoriamente las normas o reglas de publicidad que debe observar respecto de los bienes inmuebles que ofrece en locación, en su carácter de intermediario [...]. A ello se suma, por último, la exigencia inaudita e inconcebible, de colocar en sus páginas web un acceso directo al link de la oficina de inquilinos de la Municipalidad de La Plata en el que se consignará la leyenda 'Ante cualquier duda consulte a la oficina de inquilinos de la Municipalidad de La Plata'".
Estiman que ese exceso de competencia que se ha irrogado el Municipio, unilateralmente, se ha visto agravado con la sanción de la ordenanza 11.132, por la que se incorpora como artículo 4 a la ordenanza 11.077 una disposición según la cual se contempla la aplicación de una multa de 10 a 50 módulos ante un eventual incumplimiento.
Refieren que las ordenanzas cuestionadas constituyen un manifiesto avasallamiento del art. 42 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires por la que se faculta a la Legislatura a determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales.
Exponen que la ley de Defensa del Consumidor (24.240) dispone expresamente que "...no están comprendidas en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se de su ofrecimiento"
Luego de las consideraciones acerca de la Ley Nacional de Martilleros y Corredores, su par provincial y el Código de Ética Profesional (20.266l y 10.973) solicitan el dictado de una medida cautelar y, por último, ofrecen prueba.
2. Que en cuanto al remedio cautelar peticionado, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata solicita que se suspenda la aplicación de las Ordenanzas impugnadas hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los presentes. En cuanto al peligro en la demora alega que "La promulgación y registración de la nueva ordenanza [...] permite vislumbrar, con cierto grado de certeza, y permite arribar a la conclusión en forma objetiva que desde el Municipio se implementará la plena e inmediata aplicación de la normativa cuestionada, lo que podría implicar que numerosos martilleros y corredores públicos inscriptos en el Colegio Departamental, titulares de inmobiliarias ubicadas en la ciudad y partido de La Plata, sean inspeccionados y, seguramente, sancionados por aplicación de las ordenanzas en cuestión, las que entendemos resultan manifiestamente inconstitucionales." (sic fs. 80).
II. En primer término corresponde dejar establecido que la pretensión cautelar impetrada, prima facie valorada, dada la índole de los derechos en juego y la naturaleza del ente peticionante, no exhibe obstáculos que en principio mellen su aptitud para ser propuesta por este carril procesal (arg. arts. 15 y 161 inc. 1°, Const. Pcial. y 330, 336, 683 y conc., C.P.C.C.; doct. Causas I 1490, "Bargo", sent. de 5-VII-2000; B. 64.464, "Dougherty", sent. del 31-III-2.004 y sus citas; causa I. 3.505, "Conciencia Ciudadana", res. del 24-XI-2.004 y sus citas; I 68.714, "Filón", res. del 18-IV-2007e I. 71.446, "Fundación Biosfera", res. del 24-V-2011 y sus citas, entre otras; Fallos: 308: 987, "Ferrari"; 338:1455, "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires").
III. Es preciso, entonces, pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria articulada por la parte actora.
a. El Tribunal ha resuelto reiteradamente que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.", resol. de 8-VII-03; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "U.P.C.N.", resol. de 5-III-2008; I 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011, entre otras).
Con todo, también ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma cuestionada pueda generar un perjuicio grave para el derecho invocado; cuando, en los hechos, la ejecución de la disposición implique la solución anticipada del pleito o cuando es posible prever que un sinnúmero de actos han de tornarse inválidos ante la declaración de inconstitucionalidad de la norma bajo cuyo amparo fueron dictados (I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2.003, y sus citas; I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, entre otras). Ello, en el entendimiento de que si bien las normas legales o reglamentarias, gozan de una presunción de validez o constitucionalidad (doctr. causa I. 3.521 cit.), la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC; cfr. CSJN, Fallos 314:711 e I. 71.446, cit. entre otras) pues requerir un juicio definitivo no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (cfr. CSJN, Fallos 316:2060; 318:2375; B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, entre otras).
b. Sin embargo, y toda vez que la pretensión del accionante persigue la suspensión de la vigencia del régimen normativo involucrado respecto de un universo indeterminado de sujetos, el análisis de su procedencia ha de ser realizado con criterio restrictivo (doctrina de Fallos: 333:1023 "Thomas", considerando 7°).
En atención a ello, en el estado larval de este proceso, teniendo consideración que no se ha aportado en las sucesivas presentaciones realizadas con posterioridad al líbelo de inicio (ver fs. 88 y vta.; 91/93 y 95) información suficiente acerca de la efectiva implementación de las medidas cuestionadas, que permita formar criterio sobre su impacto en el grupo de sujetos que se dice representado (conf. causa I.2.269, resol de 9-X-2003 y sus citas) pese al dilatado tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de las ordenanzas impugnadas, cabe concluir que no surgen acreditadas en esta etapa liminar las circunstancias excepcionales que habilitan la protección cautelar solicitada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 723
Fin de la sentencia