Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75152
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, por extemporánea, la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por Autoservicio "La Amistad" Cooperativa de Trabajo Limitada (art. 684, CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Ezequiel Maltz, en la suma equivalente en pesos a … Jus … -…- (arts. 1, 2 segundo párrafo, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49 primer párrafo, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
I.75.152 "AUTOSERVICIO LA AMISTAD COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ INCONST. ORD.11.602"
La Plata, 22 de mayo de 2019
I. La cooperativa de trabajo "Autoservicio La Amistad", a través de su apoderado, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Municipalidad de La Plata, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza Fiscal 11.602 prevista para el año 2018.
Ello en razón de entender que la norma puesta en crisis afecta de manera palmaria y directa el artículo 41 de la Constitución provincial, en tanto "… las sumas pretendidas por la Municipalidad de La Plata en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene no tienen una adecuada relación con la capacidad contributiva de las cooperativas de trabajo…" (v. fs. 4).
Reseña las disposiciones contenidas en los artículos 152 y 153 de la Ordenanza Fiscal, a los fines de sostener que la base imponible para determinar el monto de la tasa en cuestión resulta desproporcionada y arbitraria, toda vez que no respeta la especial naturaleza de las cooperativas de trabajo.
Puntualiza que ni siquiera la Provincia ha aplicado a las cooperativas el impuesto sobre los Ingresos Brutos devengados durante el mismo período fiscal por el ejercicio de su actividad.
En sustento de su pretensión, reseña el régimen tributario previsto para las cooperativas en el ámbito nacional y provincial (leyes nacionales 20.337, 20.628, 20.631 y ley provincial 10.937), con el objeto de concluir que las mismas se encuentran exentas de las cargas impositivas, contrariamente a la postura adoptada por el municipio en la ordenanza atacada.
Asimismo, señala que la norma en crisis recepta parcialmente exenciones o deducciones de la base imponible del pago de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene para determinadas cooperativas que desarrollan actividades sin fines de lucro, agrícolas o destinadas a servicios públicos (cita arts. 123 y 154 de la Ordenanza en cuestión). Por el contrario, a la actora no le resulta aplicable deducción alguna, encontrándose especialmente perjudicada y debiendo liquidar y abonar la tasa mencionada al igual que lo hace una sociedad anónima o de responsabilidad limitada.
Señala que no es razonable sostener que las cooperativas de trabajo tengan dos naturalezas distintas (sea que se trate del ámbito provincial o municipal) para el mismo índice de capacidad contributiva. Si ello es así, se violan los artículos 41 de la Constitución provincial y 4, 16 y 17 de la Constitución nacional (v. fs. 12/13 vta.).
Bajo ese esquema solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar con el objeto de que se ordene a la Municipalidad de La Plata que se abstenga de promover toda acción que persiga, contra su parte, el cobro de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene con fundamento en la Ordenanza 11.602, es decir, se suspendan los efectos del precepto que la agravia, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos.
II. Del relato efectuado en el escrito inicial se desprende que la naturaleza de la norma cuestionada y los términos en los que se encuentra desarrollada su impugnación gozan de un contenido eminentemente patrimonial (doctr. causa I. 75.527 "Cooperativa de Consumo, Vivienda y Crédito entre el Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires Ltda.", resol. de 10-IV-2019), lo cual impone la aplicabilidad de la regla prevista en el art. 684 del código que rige en la especie, que establece que la demanda originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 1861 "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 69.175 "Distribuidora REL SRL", res. de 13-IV-2011; I. 70.883 "D'Argenio", res. de 19-V-2010 e I. 74.191 "Antivari SA", res. de 10-VIII-2016, entre muchas).
Es necesario, entonces, evaluar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para determinar la tempestividad de la pretensión articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse "desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1591 "González", sent. de 20-X-1998, I. 2148 "Mule", sent. de 21-V-2008 e I. 3231 "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015). De tal forma, se ha sostenido que si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona, al establecerse en ella la obligación pecuniaria aplicable a su situación y quedando con su vigencia sujeto al cumplimiento de tal imposición, el plazo de caducidad debe computarse desde ese momento (causa I. 1854 "Lamano", res. de 11-X-1995 e I. 2148, cit.).
Para el caso, es preciso señalar que la ordenanza 11.602, en lo que hace a la regulación en materia impositiva de las cooperativas de trabajo, no innova respecto a los ordenamientos vigentes para los períodos anteriores. Es decir, tanto el hecho como la base imponible de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (arts. 152 y 153), así como los beneficios impositivos que otorgan exenciones (art. 123, pto. 3 incs. "e" y "g") o exclusiones de la base imponible a determinadas cooperativas dentro de las cuales- resulta de interés remarcar- no se encuentra la aquí accionante (art. 154, pto. 1 incs. "g", "h" e "i"), no varían el criterio adoptado en la materia en los regímenes tributarios anteriores.
Desde esta óptica, la afectación a los derechos esgrimida, esto es, que las cooperativas de trabajo estén alcanzadas por el régimen general previsto en la ordenanza 11.602 y no por uno especial que contemple su naturaleza y su capacidad contributiva, se produjo - al menos- desde la sanción y publicación del Código tributario vigente a partir del 2013 (v. ord. 10.993 del 7-XII-2012, particularmente arts. 121 pto. 7 incs. "d" y "f", 149, 154 y 155 ptos. 1.7, 1.8 y 1.9). Incluso, el Código Tributario para el 2017 que deroga aquél, mantiene igual criterio (v. ord. 11.420, publicada el 17-X-2016 en el Boletín Municipal N° 1.133, en especial, arts. 123, 152, 153 y 154). Es decir, la actora estuvo en condiciones de tomar conocimiento de la situación gravosa que alega con anterioridad del dictado de la ordenanza 11.602 aquí controvertida y, experimentar las consecuencias perjudiciales de la ausencia de un tratamiento diferencial que atienda la capacidad contributiva de las cooperativas de trabajo a partir de la vigencia de las normas antes referidas (cfr. causa I. 74.610, "Bolsa de cereales", res. de 27-VI-2018).
Bajo esos parámetros, es posible concluir que el plazo de caducidad para accionar que impone el art. 684 del código adjetivo se encuentra ampliamente vencido, dejando en evidencia la intempestividad de la presente demanda de inconstitucionalidad.
En virtud de lo expresado, teniendo en cuenta que el escrito de inicio fue presentado –al menos- a casi cinco años de que la Municipalidad de La Plata haya establecido el régimen aplicable en materia tributaria a las cooperativas de trabajo y del cual se aqueja la accionante (v. fecha del sello de cargo a fs. 20 vta. del 1-III-2018), dada su evidente extemporaneidad corresponde rechazar in limine la presente demanda originaria de inconstitucionalidad dirigida contra la ordenanza.
Ello, desde ya, sin desmedro de la posibilidad con la que cuenta Autoservicio La Amistad Cooperativa de Trabajo Limitada para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de este complejo normativo que repute lesivos a su esfera de derechos (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967, "Jurisprudencia Argentina", 1967-VI-511, reiterada en causas posteriores, I. 2219 "Serrano González", sent. de 3-VI-2008; I. 2170 "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 2201 "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016, entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar, por extemporánea, la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por Autoservicio "La Amistad" Cooperativa de Trabajo Limitada (art. 684, CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Ezequiel Maltz, en la suma equivalente en pesos a … Jus … -…- (arts. 1, 2 segundo párrafo, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49 primer párrafo, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 241
Fin de la sentencia