Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76261
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar in limine la presentación de fs. 8/20 (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de los demandantes, doctor Mariano Amato, en el equivalente en pesos a … Jus -…- (arts. 1, 2 segundo párrafo, 12, 15, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
I.76.261 “FERNANDEZ, NORA BEATRIZ Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA 1370/2019"
I. Nora Beatriz Fernández y Mariano Amato, en su condición de concejales y ciudadanos del Partido de Presidente Perón, promueven la presente demanda originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución Provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 1.370/19 dictada por el Departamento Deliberativo de esa comuna. Aducen que la norma impugnada viola los principios de igualdad y no discriminación y el derecho a trabajar y contraría las funciones que la Constitución provincial asigna a la figura del Defensor del Pueblo. Postulan también que la apuntada ordenanza no se adecua a las previsiones contenidas en la ley 13.834 que regula el régimen general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Citan como infringidas las disposiciones de los artículos 11, 27, 31 y 55 de la Constitución provincial (v. fs. 8/20).
II. 1. Critican la adhesión municipal a la ley 13.834 efectuada mediante el art. 1 de la ordenanza 1.370/19. Sostienen que esa disposición resulta contraria a lo establecido en el art. 33 de la referida ley en cuanto allí "Se invita a los concejos deliberantes a propiciar la creación de la Defensoría del Pueblo en las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires".
Expresan que no corresponde la adhesión municipal sino la creación y diseño del organismo comunal mediante normas de ese orden.
II.2. Manifiestan que el art. 3 de la ordenanza objetada, en cuanto prescribe que "la Defensoría del Pueblo tendrá por objeto supervisar la correcta actuación de funcionarios y agentes dependientes del Departamento Ejecutivo (…) y todo ente creado o a crearse que funcione en la esfera de la municipalidad [ rectius : administración municipal]" (fs. 9 vta.), se aparta de las funciones que la Constitución provincial coloca en cabeza del Defensor del Pueblo pues no hace referencia alguna a la defensa de los derechos individuales o colectivos de los habitantes ante hechos u omisiones de la administración pública, las fuerzas de seguridad y los entes descentralizados (art. 55 Const. prov.).
Postulan, en ese sentido, que el texto de la ordenanza "en ningún momento" tiende a procurar la tutela de los ciudadanos, sino que fue sancionada "para controlar a los funcionarios municipales" (fs. 10 vta.), refiriéndose en particular a quien debía asumir el cargo de intendente a partir del 10-XII-2019 (fs. V. fs. 14).
En el mismo orden, se agravian de la disposición contenida en el art. 15, inc. b de la ordenanza 1.370/19 por cuanto establece que el Defensor del Pueblo tendrá la atribución de "Tener acceso a oficinas, archivos y documentación perteneciente a cualquier dependencia municipal". Sostienen que ese precepto, además de adolecer de la incompatibilidad ya anunciada respecto de la Constitución provincial y la ley 13.834, importa arrogar a ese funcionario facultades que corresponden de manera exclusiva a los jueces.
II.3. Impugnan el art. 20 de la ordenanza 1.370/19 en el que se prevé que "El Departamento Ejecutivo procederá a asignar un lugar físico, con acceso directo al pasillo central del Palacio Municipal, con equipamiento informático y de impresoras para los Defensores Titular y Adjunto y designar un empleado administrativo y otro técnico a propuesta del Defensor del Pueblo".
Manifiestan que el precepto transcripto vulnera la autonomía funcional y política con que debe contar la Defensoría del Pueblo por mandato constitucional y legal.
II.4. Plantean la incompatibilidad del requisito para poder ser designado Defensor del Pueblo Titular o Adjunto referido a la residencia inmediata anterior en el Partido de Presidente Perón de al menos tres (3) años (art. 2 inc. a, ord. 1.370/19) respecto de la previsión contenida en la ley provincial 13.834 que fija el más exiguo plazo de un (1) año para quienes no sean nativos de la provincia como recaudo para poder acceder al cargo de Defensor del Pueblo en esa jurisdicción (art. 1 inc. a, ley 13.834).
II.5. Por otro lado, denuncian que se ha suscitado un cúmulo de anomalías durante la sesión extraordinaria en la cual se aprobó la norma cuestionada y que, a pesar de la insistencia del bloque que componen, fue aprobada sin dar sitio a sus observaciones y con una premura objetable.
III. Requieren que, con carácter cautelar, se suspendan los efectos de la ordenanza 1.370/19. Sostienen que la verosimilitud del derecho invocado se exhibe evidente. Expresan también que la sola entrada en vigencia de la ley concretará la creación de un organismo con funciones incompatibles con el art. 55 de la Constitución provincial y que la inminencia de la designación de los respectivos funcionarios justifica el peligro en la demora requerido para el otorgamiento de la tutela precautoria. Finalmente, ofrecen caución juratoria como contracautela.
III.1. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se controvierta "por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. Prov.).
III.1.a. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal -por mayoría- ha sostenido que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la calidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1.457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (cfr. doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras S.R.L.", sent. de 1-VI-93; I 3.202, cit.; e.o.). De ello se sigue que, en este proceso, incumbe al actor poner de manifiesto que las disposiciones legales o reglamentarias impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial, sobre su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991).
Ha destacado también la Corte que ese carácter de "parte interesada" supone una cualidad en el impugnante que, a la vez, exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el artículo 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; causa B. 16.203, sent. de 31-X-1933; doctr. causas I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; e.o.).
III.1.b. Dejando de lado aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva se admite legitimación de cualquier afectado o bien -por un grupo o clase de personas- de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluri individual (cfr. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs. Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.), en los demás casos es necesario invocar la presencia en modo objetivo de aquel gravamen; desde que no cabe en principio a los tribunales dar curso a acciones solo ejercidas en resguardo de la legalidad, desvinculadas de algún tipo de lesión actual o inminente al círculo de intereses de quien reclama (arg. arts. 1, 15, 161 inc. 1, 171 y concs. Const. prov.). Se trata, en definitiva, de determinar las condiciones para la existencia de un conflicto a dirimir, una causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 70.273, "Torres", resol. de 28-V-2010 e I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
III.1.c. En atención a las consideraciones precedentes, es claro que los aquí demandantes carecen de legitimación pues, de acuerdo con lo consignado en el escrito postulatorio, entablaron la pretensión invocando de manera genérica su condición de miembros del Concejo Deliberante del Partido de Presidente Perón (v. fs. 8) y más adelante la de ciudadanos de ese distrito (v. fs. 23).
Es que, por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), no hay duda de que la aptitud legitimante en el proceso constitucional supone, en este tipo de casos, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca, que no aparece en modo alguno cristalizada en el caso.
En otros términos, no puede advertirse que exista, entre la función pública esgrimida al demandar y el interés indeterminado e imprecisamente alegado que se procura satisfacer, un nexo o vinculación jurídica que demuestre el carácter de legitimados de quienes suscriben la demanda. Por iguales razones, tampoco satisface tal recaudo la condición de ciudadano del partido de Presidente Perón.
III.1.d. De un lado, los demandantes no justifican de qué modo la posición de concejales les confiere aptitud para actuar en tutela de la sociedad a través de la iniciación del presente proceso. Antes bien, parece incontrastable que la legitimidad emanada del voto popular para el desempeño de las atribuciones inherentes a esos cargos (arts. 190, Const. prov. y arts. 1 a 4, decreto-ley 6.769/58), no supone, por no formar parte de ellas, la representación en juicio de los intereses individuales y colectivos de los habitantes del partido.
Ha dicho este Tribunal que la calidad de concejal no amplía el ámbito de los derechos públicos subjetivos confiriendo, en supuestos como el de autos, legitimación activa para deducir la acción pues la circunstancia de revestir tal carácter en la tripartición funcional consagrada en el texto constitucional habilita a los miembros de los cuerpos legisferantes sólo a ejercer la iniciativa normativa bajo la forma de proyecto (causa I. 68.479, "Campanaro", resol. de 28-VI-2006; e I. 74.618, cit.).
En línea semejante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en el caso "Thomas" (CSJN Fallos 333:1023) que los legisladores no gozan de legitimación activa cuando lo que llevan a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que han perdido en el seno del cuerpo al que pertenecen por el juego de las mayorías y minorías respectivas. Por el contrario, ha dicho que su legitimación sólo podría resultar admisible -eventualmente- cuando se trata de la afectación de un interés concreto y directo a su respecto, extremo que se verifica allí donde se hubiesen vulnerado sus prerrogativas legislativas.
Aquel Tribunal ha afirmado con posterioridad, incluso, que los legisladores no son "legitimados extraordinarios" a la luz del art. 43 de la Constitución nacional, puesto que éste no los menciona, a la par de que de la ampliación de los sujetos legitimados por la reforma constitucional de 1994 no se sigue una automática aptitud para demandar sin un examen previo de la existencia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción (CSJN Fallos 339:1223).
A su vez, esta Suprema Corte ha sostenido que aquellas pautas rectoras se aplican a los asuntos en que sea aducida la condición de legislador como título para demandar ante la justicia (causa I. 2.274, "Fernández", sent. de 27-VI-2012).
III.1.e. Por otro lado, la invocación de la condición de "ciudadano del distrito de Presidente Perón" que efectúa el doctor Mariano Amato a fs. 23 y en la que insiste a fs. 25/26, aún cuando pudiera interpretársela como referida a la calidad de vecino de esa localidad, tampoco permite tener por acreditada la aptitud de parte interesada toda vez que no explica de qué modo las disposiciones cuestionadas le causarán un menoscabo a los derechos constitucionales que dice lesionados.
En efecto, si bien no es plausible que la mera alegación de aquella calidad baste para viabilizar definitivamente el acceso jurisdiccional, de haberse expuesto una justificación específica de tal condición en su vinculación con la norma local que impugna, podría haberse visto justificada su legitimación en las dimensiones más bien acotadas (doctr. causa B. 71.177, "Verdini", resol. de 18-IV-2011), no ya identificadas con el interés generalizado y común de toda persona en la salvaguarda de la juridicidad o en el ejercicio regular de los cometidos estatales propia de la invocación de la condición de ciudadano (doctr. causas B. 65.270, cit.; I. 73.072, "Piantino", resol. de 29-VIII-2017; I. 73.080, "Laurent" e I. 73.081, "Ventura", ambas resol. de 11-X-2017; CSJN Fallos: 275:282, cit.; 308:1489; 313:863, cit.; 323:1339, cit.; 324:2048 y sus citas).
Sin embargo, las genéricas alegaciones acerca de las razones que colocarían a los petcionantes en la posición de parte interesada -por su notable falta de precisión- no permiten establecer un punto de contacto con la pretensión perseguida y, en tales condiciones, avanzar en cualquier otro sentido -por fuera de la postulación- importaría un apartamiento injustificado de los términos en que fue articulada la pretensión.
IV. En suma, desde que es ostensible que los actores no alegan ni demuestran la titularidad de un interés jurídicamente protegido que les otorgue legitimación suficiente para actuar en este proceso, corresponde rechazar in limine la presentación de fs. 8/20 (arts. 161 inc. 1, Const. prov., 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar in limine la presentación de fs. 8/20 (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de los demandantes, doctor Mariano Amato, en el equivalente en pesos a … Jus -…- (arts. 1, 2 segundo párrafo, 12, 15, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 10:15:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:21:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/10/2020 08:29:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:02:37 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 13:10:55 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia