Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75211
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada por las accionantes (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.75.211 “ASOC. DE BANCOS DE CAPITALES ARG. (ADEPA) C/ MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA S/ INCONST. ORD.16.440”
La Plata, 05 de diciembre de 2018.
I. La Asociación de Bancos Privados de Capitales Argentinos (ADEBA), Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario y Banco de la Nación Argentina, a través de sus apoderados, promueven la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Municipalidad de Lomas de Zamora, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la ordenanza 16.440 mediante la cual se estableció una alícuota y montos mínimos en concepto de pago de la tasa de Inspección de Salud, Seguridad e Higiene que -alegan- resultan conculcatorios del derecho constitucional de ejercer industria lícita y del derecho de propiedad (arts. 14 y 17 de la Const. nac. y 10, 11 y 31 de la Const. prov.; v. fs. 395/396 y escrito de adhesión de fs. 513/514).
Manifiestan que resulta irrazonable el aumento del monto de la tasa y desproporcionado respecto al costo de los servicios que retribuye, destacando que, con relación a aquellos que prestan las actoras, las inspecciones en materia de seguridad e higiene "resultarían prácticamente innecesarias", incluso, si se considera que los servicios de seguridad se encuentran regulados y fiscalizados por el Banco Central de la República Argentina en ejercicio del poder de policía bancario (cita leyes 19.130 y 26.637 y decretos 2525/71, 2527/71 y 1835/79; v. fs. 402/403). Señalan, asimismo, que conforme las constancias que acompañan a la causa, fueron pocas o prácticamente nulas las inspecciones realizadas a las accionantes (v. fs. 403/404).
Agregan, que los artículos cuestionados establecen una alícuota específica (2,50%) y un monto mínimo (igual a 32.200 módulos) para la actividad bancaria, superando este último "en más de 24 veces" a aquél aplicable a actividades extrabancarias y, por lo tanto, afecta el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Const. nacional (v. fs. 409).
Asimismo, relatan que de aplicarse la alícuota específica del 2,5% sobre la base imponible de las accionantes el monto sería menor que el que surge de aplicar el monto mínimo.
Señalan, además, que se han visto afectadas durante los últimos años por el importe exigido en concepto de la tasa en cuestión, dado que desde enero de 2016 a enero 2018 los módulos mensuales exigidos por el municipio aumentaron aproximadamente en un 260%(v. fs. 411 vta.).
Relatan que existe una superposición entre el cobro de la tasa con aquél correspondiente al impuesto sobre los ingresos brutos al entender que, en tanto el hecho imponible de la primera no se corresponde con la efectiva prestación de un servicio, no debiera ser calificada como tasa sino como un impuesto y, por lo tanto, asimilable al aludido tributo. Asimismo, alegan que tal circunstancia estaría en contraposición con los compromisos asumidos por la provincia a través de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, como así también, el Pacto Fiscal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento y el denominado "Consenso Fiscal"(cita leyes 23.548, art. 9 inc. f, 27.429 y 15.017; v. fs. 415/419).
Finalmente, solicitan una medida cautelar a los fines de suspender los efectos del artículo 6 incisos k, l y m de la ordenanza impositiva 16.440 cuestionada, por resultar ilegítima y provocarles perjuicios irreparables.
II. Sentado ello, es preciso pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria solicitada.
II.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causa I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", res. de 24-V-2011 e I. 74.048 "ATE", res. de 24-V-2016, entre otras), la que naturalmente cabe hacer extensiva a las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276 "Empresa de Transportes 25 de Mayo", res. de 21-IX-2005; I. 68.174, cit. e I. 72.269 "Coordinación Ecológica Área Metropolitana", res. de 6-XI-2012, entre muchas otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1 CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", res. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521 "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", res. de 4-V-2005, entre otras) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", res. de 4-V-2016 y sus citas).
Sobre la base de tales parámetros, se impone analizar los extremos requeridos por la ley adjetiva (fumus boni iuris y periculum in mora; arts. 230, 232 y concs.,CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
II.2. Cabe adelantar que los requisitos indispensables para la concesión de la medida cautelar solicitada no surgen acreditados, en esta etapa liminar, con las constancias agregadas en la causa.
II.2.a. Respecto al requisito adjetivo relativo a la verosimilitud del derecho, expresan que tanto las alícuotas fijadas como, en su caso, los mínimos establecidos resultan "totalmente irrazonables y groseramente desproporcionados" de una manera "groseramente manifiesta y que no requiere de un análisis exhaustivo ni probatorio" (v. fs. 420).
No obstante tales consideraciones, este Tribunal ha resuelto que cuando se debatan cuestiones relativas a las potestades que los municipios de la Provincia de Buenos Aires tienen para dictar sus normas tributarias locales y el derecho que les asiste para exigir a sus contribuyentes el ingreso del producido consecuente a su aplicación, debe ponderarse lo dispuesto por la Constitución provincial, las leyes dictadas en su consecuencia y las ordenanzas municipales sancionadas en ejercicio de la autonomía municipal (conf. arts. 1, 5, 121 y 123, Const. nac. y 1, Const. prov.; doctr. causa A. 71.876, "Western Union Financial Services Argentina S.R.L", sent. del 23-XI-2016).
En el derecho público de la provincia son "atribuciones inherentes al régimen municipal ... la administración de los intereses y servicios locales..." (arts. 190 y 191, Const. prov.), confiriéndose a las municipalidades la potestad de dictar "... ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6) que comprenden, entre otras materias, la creación de los tributos necesarios para financiar el presupuesto (art. 192 inc. 5; doctr. A. 71.876, citada).
Dicha interpretación de las normas constitucionales relativas a la competencia municipal en razón de su autonomía, disipa la apariencia de buen derecho que debe apreciarse en el marco provisional propio del despacho cautelar. Es decir, en esta etapa del proceso y de los términos de la demanda no concurren elementos suficientes que evidencien una extralimitación de las facultades tributarias del municipio que, prima facie, pueda ser calificada de inconstitucional.
En consecuencia, la verosimilitud del derecho no aparece acreditada, desde este punto de vista y por el momento, con la nitidez que un despacho cautelar como el requerido exige, tratándose de un asunto que precisa un mayor caudal de elementos de valoración, los cuales sólo podrán ser integrados al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772 "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", res. de 14-VIII-2010 e I. 71.307, "Garibaldi", res. de 11-VII-2012, entre otras).
II.2.b Respecto del peligro en la demora manifiestan que se encuentran ante la obligación mensual de abonar una tasa cuya recaudación resulta ser palmariamente inconstitucional e ilegítima "lo cual resulta insostenible en el tiempo lo que podría exponerlas al límite del cierre de ciertas sucursales en la Municipalidad de Lomas de Zamora", con consecuencias no sólo a las accionantes sino a la población del municipio (v. fs. 421 vta.).
Ahora bien, debe destacarse que tal circunstancia no surge de las constancias agregadas a la causa en esta etapa del proceso. Es decir, no se desprende cuál sería el impacto que sobre el giro comercial de las accionantes genera o generaría la determinación de la tasa en cuestión conforme la regla establecida en la ordenanza cuestionada, como así tampoco, que el mismo implique las consecuencias enunciadas por aquellas. Ello, sin que sea posible, por tanto, apreciar si el tiempo que insuma la tramitación del proceso sea susceptible de generar un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior.
Siendo ello así, no se evidencia la urgencia necesaria para el otorgamiento de una medida de este tipo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada por las accionantes (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 661
Fin de la sentencia