Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75211
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el planteo de extemporaneidad de la demanda opuesto por el Municipio de Lomas de Zamora (art. 684, CPCC).
II. Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa contra la Asociación de Bancos Privados de Capitales Argentinos -ADEBA- deducida por la comuna demandada (arts. 161 inc. 1, Const. prov.).
III. Las costas por su orden, dado el vencimiento parcial y mutuo (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
A.75.211 “ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE CAPITALES ARGENTINOS (ADEBA) C/ MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA S/ INCONST. ORD.16.440
I. La Asociación de Bancos Privados de Capitales Argentinos (ADEBA), el Banco Macro S.A., el Banco Patagonia S.A., el Banco Comafi S.A., el Banco Hipotecario S.A., el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., el Banco Supervielle S.A. y el Banco de la Nación Argentina, por intermedio de sus respectivos representantes, promueven la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161, inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez de los arts. 5 y 6 de las ordenanzas 16.440 (impositiva para el año 2018) y 16.777 (impositiva para el año 2019) emitidas por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lomas de Zamora (v. fs. 395/426, fs. 513/514 vta. y fs. 569/578 vta.).
La parte actora sostiene que las normas cuestionadas, en tanto fijan la alícuota y el monto mínimo que deberán abonar los contribuyentes de la Tasa de Seguridad e Higiene en la jurisdicción demandada, resultan irrazonables y violentan el principio de igualdad, así como su derecho de propiedad.
Postula que ello es así por cuanto arrojan valores desproporcionados respecto del costo -individual y globalmente considerado- de la actividad estatal en la que pretende justificarse su cobro.
Agrega que, dada tal circunstancia, queda expuesta la ilegitimidad del tributo por no corresponderse con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio por la comuna. Expone que mal puede hallarse a cargo del municipio el servicio de seguridad y fiscalización de las entidades financieras pues se trata de una incumbencia propia del Banco Central de la República Argentina.
Plantea que resulta arbitraria la agrupación de las entidades financieras en una categoría diferenciada a efectos del pago de la tasa en cuestión, pues reciben un tratamiento más gravoso que otras actividades que, a su juicio, exigirían un control estatal mayor y más costoso. Alega, por otro lado, que las disposiciones de los artículos 5 y 6 de las ordenanzas 16.440 y 16.777 instrumentaron un aumento exponencial de la Tasa de Seguridad e Higiene que resulta excesivo y desproporcionado. Postula que esa circunstancia también justifica la declaración de inconstitucionalidad reclamada en la demanda.
Finalmente aduce que la tasa cuestionada es incompatible con la ley 23.548, el Pacto Federal para el Empleo la Producción y el Crecimiento del 12-VIII-1193 y el "Consenso Fiscal" suscripto el 16-XI-2017.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Corrido el pertinente traslado, se presenta la Municipalidad de Lomas de Zamora, opone excepciones de incompetencia por interposición de la acción fuera de término y de falta de legitimación activa respecto de ADEBA.
En la misma presentación contesta la demanda, ofrece prueba y hace reserva del caso federal (v. fs. 609/636 vta.).
III. Sustanciadas las defensas previas opuestas por el municipio, la parte actora las resiste sosteniendo que corresponde computar el plazo de caducidad para la interposición de la acción de inconstitucionalidad desde el 1-II-2018 por tratarse del primer día hábil judicial de ese año. A ello agrega, con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que corresponde reconocer legitimación activa a ADEBA pues surge de su estatuto la capacidad invocada para representar los intereses de sus asociados en los términos expuestos en el escrito inicial.
IV. Pasados los autos al acuerdo, se deben abordar y decidir las excepciones articuladas por la comuna.
IV.1. De los términos de la demanda se extrae que la naturaleza de las normas cuestionadas y los agravios en los que se funda la impugnación revisten un contenido eminentemente patrimonial. Ello impone la aplicación de la regla prevista en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece que la acción originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL S.R.L.", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari S.A.", resol. de 10-VIII-2016; "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca", resol. de 27-VI-2018; I. 74.210, "Bolsatodo S.R.L.", resol. de 21-XI-20118; I. 72.214, "Quiet S.A.", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
Es necesario, entonces, determinar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad de la pretensión articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo aludido debe computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte S.A.", sent. de 15-XII-2015; I. 74.210, cit.; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; I. 72.214, cit.; e.o.).
Sobre esa base, esta Suprema Corte ha sostenido que si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona por establecerse en ella la obligación pecuniaria aplicable a su situación y por quedar con su vigencia sujeto al cumplimiento de tal imposición, el plazo de caducidad debe computarse desde aquel momento (doctr. causas I. 1.854, "Lamano", resol. de 11-X-1995; I. 2.148, cit.; I. 74.210, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
También ha dicho que el art. 684 del código de rito no exige el dictado de un acto administrativo de alcance particular para considerar afectados de modo concreto los derechos patrimoniales de los contribuyentes comprendidos en las normas atacadas y, por tanto, sujetos a la obligación de pago del impuesto en cuestión. Lo determinante del caso, a efectos de iniciar el cómputo del plazo de caducidad, es que de los hechos acreditados en la causa resulte inequívoca la aplicación de la norma impugnada a quien persigue su declaración de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.513, "Merlo", resol. de 18-V-1991; I. 1.329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 2009, "Falocco", sent. de 7-X-1997; I. 2.151, "Smaldini", resol. de 8-IX-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.160, "Parque Eterno C.A.", resol. de 27-IV-1999; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008 e I. 2.148, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
IV.2. En el caso se advierte que, sin perjuicio de las alegaciones en otro sentido formuladas por la demandada, las constancias agregadas al expediente no permiten conocer la fecha concreta de publicación de los preceptos objetados, ni dan cuenta de una fuente oficial a través de la cual pueda accederse a ese dato.
Por otro lado, si bien puede conocerse al texto de las normas cuestionadas a través de la página web oficial del municipio demandado (http://www.lomasdezamora.gov.ar/BoletinOficial.aspx), allí sólo se refieren las fechas de su aprobación y promulgación, pero no la de la respectiva publicación. Incluso, aunque ambas partes indican que las ordenanzas 16.440 y 16.777 rigen para los períodos fiscales 2018 y 2019 respectivamente (lo que resulta razonable en atención a su contenido y contexto), lo concreto es que no existe en ellas una indicación precisa relativa al momento de su entrada en vigencia.
IV.3. En atención a las consideraciones precedentes y las circunstancias descriptas, toda vez que la demanda fue interpuesta el 16-III-2018 y su ampliación presentada el 7-XII-2018, la defensa previa fundada en la interposición de la acción fuera de plazo debe ser rechazada.
No puede dejar de advertirse, además, que correspondía a la parte que esgrimió la excepción en tratamiento acreditar los hechos en que la funda (causa I. 1.665, "Zanni", sent. de 23-VII-2008). Más aún cuando se trata de la comuna, por encontrarse en mejores condiciones para acreditar la fecha de publicación y entrada en vigor de sus propias disposiciones (doctr. causas B. 66.073, "Pereda Benedit de De Bary Tornquist", sent. de 1-XII-2004 e I. 75.353, "González de Souza", resol. de 7-III-2019).
V. Siguiendo con el análisis propuesto, corresponde analizar el planteo de falta de legitimación activa de ADEBA formulado por la municipalidad.
V.1. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
En reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha sostenido que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Alvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1.457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003; e.o.), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; I 3.202, cit.; e.o.), de lo que se sigue que en este proceso incumbe al actor poner de relieve que las disposiciones legales impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial e inconstitucional, sobre su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento (doctr. causa I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019).
Ha destacado también esta Corte que el carácter de "parte interesada" da cuenta de una cualidad en el impugnante que a la vez exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; doctr. causas B. 16.203, sent. de 31-X-1933; I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; e.o.).
V.2. Dejando de lado aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva se admite la legitimación de cualquier afectado o bien -por un grupo o clase de personas- de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluriindividual (cfr. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs. Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.), en los demás es necesario invocar la presencia en modo objetivo de aquel gravamen (al que se ha hecho mención supra, pto. V.1.); desde que no cabe en principio a los tribunales dar curso a acciones solo ejercidas en resguardo de la legalidad, desvinculadas de algún tipo de lesión actual o inminente al círculo de intereses de quien reclama (arg. arts. 1, 15, 161 inc. 1, 171 y concs., Const. prov.). Se trata, en definitiva, de determinar las condiciones para la existencia de un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772, cit.; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
V.3.a. Las asociaciones como la aquí actora, pueden presentarse ante esta Corte a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad en resguardo de sus propios intereses y de los que atañen a sus asociados como tales. Ello así, siempre que fueran afectados -en cuanto a su actividad concierne- por normas locales que consideren contrarias a la Constitución provincial (arg. arts. 41 y 161 inc. 1, Const. prov.).
Ahora bien, la admisión de la legitimación para demandar de estos entes dista de ser genérica e ilimitada. Depende en modo relevante del contenido y alcance de las competencias que su ley de creación y funcionamiento les asigne con arreglo al principio de especialidad (arg. doctr. causa I. 73.296, "Comisión Provincial por la Memoria", resol. de 13-VIII-2014); y, desde luego, de las características del conflicto, dadas por el tenor de las normas que se impugnen, así como por el tipo de agravio invocado y la posición que frente a esas normas exhiba quien resulte demandante (doctr. causas I. 2.115, cit.; I. 2.153, cit.; e.o).
V.3.b. En el sub judice , ADEBA se presenta invocando la representación de las entidades a ella asociadas que tienen sucursal en el Municipio de Lomas de Zamora y las identifica en el escrito de inicio. Esos mismos bancos suscriben también la demanda, de manera que se presentan en el proceso con una doble cualidad: la de sujetos individuales y la de miembros de la referida asociación. En los mismos términos interviene el Banco Nación Argentina S.A. cuando adhiere a aquella presentación.
Debe ser señalado también que, a pesar de sostenerse lo contrario en la demanda, de los términos en que allí fueron articulados los planteos se extrae que el contenido de la pretensión refiere al modo de cuantificar la obligación tributaria en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y sus mínimos.
En atención a ello, no puede dejar de advertirse que todo conduce a la necesidad de abordar en el caso cuestiones vinculadas al impacto del tributo "caso a caso". Por lo tanto, resultará determinante la participación de cada una de las entidades bancarias peticionantes a los fines de resolver el presente litigio.
Nótese en especial que, en efecto, como se señaló en los párrafos anteriores, se han presentado en la causa -además de ADEBA- una serie de entidades asociadas que se reputan afectadas por las normas objeto de demanda. Más aún, en el propio escrito de inicio, cuando se funda la legitimación de la asociación, se identifican a esos mismos bancos como aquellos con sucursales o establecimientos ubicados dentro del ejido de la comuna demandada. En otros términos, coinciden las entidades que demandan por sí con aquellas en cuyo nombre se presenta la asociación.
Se advierte, además, que no existe en la presentación inicial un desarrollo tendiente a justificar que los preceptos cuestionados impidan o afecten el desarrollo de la actividad bancaria en tanto tal, en términos genéricos y con un impacto indiscriminado respecto de todos quienes se desenvuelven en ella.
Resulta entonces evidente que la asociación no invoca en el caso, como era menester, la afectación de derechos o intereses que le son propios sino que enarbola un reclamo basado enteramente en los derechos o intereses de terceros capaces de articular la defensa en juicio por su propia cuenta (doctr. causa I. 74.547, "Municipalidad de Castelli", sent. de 11-X-2017) y cuya afectación deberá en todo caso ser comprobada de manera individualizada (doctr. CSJN, causa FMZ 82203891, "Sociedad Rural Río V c/ AFIP s/ Ordinario", sent. de 4-VIII-2016).
V.4. Tampoco resultan suficientes para justificar la legitimación de la asociación demandante las genéricas previsiones de su estatuto pues en el sub examine se han planteado cuestiones tributarias que, como se dijo, involucran la cuantificación de las obligaciones que incumben de modo particularizado a cada una de las entidades bancarias en la condición de sujetos pasivos de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene.
Esta misma observación lleva a descartar la pertinencia de la invocación efectuada por ADEBA de aquellos precedentes en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha reconocido legitimación para la impugnación de normas tributarias (CSJN, Fallos 337:822 y las citas contenidas en su cons. 3).
Ello así pues, como surge de la lectura de esos fallos, el máximo Tribunal reconoció legitimación a asociaciones de bancos (CSJN, Fallos 337:822, cit.) u otras organizaciones comparables (v.g. CSJN, Fallos 335:23) en el contexto de la impugnación constitucional de normas tributarias en tanto se trataba mayormente de disposiciones que afectaban la actividad de los asociados de modo meridional -creando, por ejemplo, nuevas cargas formales que los colocaban en la posición de colaboradores del Fisco en la recaudación o la recolección de información vinculadas a obligaciones tributarias sustantivas de terceros-. Pero, en ningún caso, se dio ese reconocimiento ante la objeción de la individualizada carga fiscal de las entidades miembros como sucede en estas actuaciones. Más aún, la Corte Suprema de Justicia ha desechado esa legitimación ante ese supuesto (doctr. CSJN, causa FMZ 82203891, cit.) .
V.5. Las consideraciones precedentes permiten además descartar que en el caso se encuentre comprometido el acceso a la justicia puesto que resulta plenamente justificado, en atención a la pretensión objeto de la demanda, la promoción de la acción por parte de cada una de las entidades bancarias eventualmente afectadas por las normas locales impugnadas (art. 15, Const. Prov.).
V.6. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa contra la Asociación de Bancos Privados de Capitales Argentinos -ADEBA- articulada por la comuna, lo que importa que la acción continúe a impulso de las entidades bancarias coactoras.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el planteo de extemporaneidad de la demanda opuesto por el Municipio de Lomas de Zamora (art. 684, CPCC).
II. Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa contra la Asociación de Bancos Privados de Capitales Argentinos -ADEBA- deducida por la comuna demandada (arts. 161 inc. 1, Const. prov.).
III. Las costas por su orden, dado el vencimiento parcial y mutuo (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:59:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:15:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:12:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 14:47:50 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2020 08:15:28 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO D
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