Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76157
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.76.157 "LEGUIZAMON MIRTA C/ MUNICIPALIDAD DE TANDIL S/ INCONST. ORD.16.597"
La Plata, 18 de diciembre de 2019.
I. La actora, Mirta Cristina Leguizamón, a través de su letrado apoderado, doctor Santiago J. Monti, promovió acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y concs. del CPCC, contra la Municipalidad de Tandil con el objeto de que se declare la invalidez de la ordenanza 16.597/19 sancionada por el Concejo Deliberante comunal, mediante la cual se prohíbe en el partido de Tandil la publicidad en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias que incumplan con la ley 10.973 (art. 1), disponiendo, en consecuencia, la remoción inmediata de la publicidad de este tipo que pudiere existir en dicho partido (art. 2).
En primer lugar, la demandante, quien alegó que la ordenanza que impugna vulnera los artículos 1, 26, 27, 39, 41, 42 y 56 de la Constitución provincial y 14, 16, 17, 18, 28, 31, 75 incs. 12 y 13, 121, 122 y 123 de la Constitución nacional, manifestó que ejerce la profesión de corredora pública, bajo su propio nombre, en la localidad de Tandil, encontrándose inscripta en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Azul y debidamente matriculada. Paralelamente, emplea una marca complementaria para indicar que utiliza los servicios que presta REMAX ARGENTINA SRL.
Asimismo, justificó su legitimación para impugnar la normativa comunal en virtud de haber suscripto un contrato de franquicia con la franquiciante REMAX, lo cual la habilita a colocar carteles publicitarios de inmuebles en la vía pública utilizando la marca y logotipos de la franquiciante mencionada –en el caso, REMAX Sierra-, juntamente con sus datos personales y de matriculación.
En este orden, señaló que la interdicción prevista en la normativa comunal excede el marco de competencias propias de los municipios establecido en la Constitución provincial, toda vez que a partir del reconocimiento constitucional de la existencia de los Colegios Profesionales, éstos son titulares del poder de policía sobre el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, son los colegios de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y los colegios departamentales quienes están facultados para regular la actividad de corretaje inmobiliario conforme a la legislación nacional que rige dicha actividad, sin que pueda reconocerse que los concejos deliberantes de las municipalidades de la provincia tengan potestades en la materia.
A mayor abundamiento, alegó que la ley 10.973, reglamentaria del ejercicio profesional de los Martilleros y Corredores Públicos en el ámbito bonaerense, dispone que los colegios profesionales tienen la atribución exclusiva de conducir el gobierno de la matrícula (art. 15). En este sentido, añadió que cumple con las obligaciones dirigidas a los corredores públicos en materia de publicidad inmobiliaria (art. 52 inc. 22).
Subsidiariamente argumentó que, en el supuesto de considerarse que el Concejo Deliberante comunal es el titular del poder de policía para reglamentar el corretaje y, con ello, quien está facultado para prohibir las publicidades en la vía pública de servicios inmobiliarios, además de violentar los principios de legalidad y reserva de ley delegados por las provincias a la Nación, tal interdicción restrictiva de la actividad resultaría irrazonable, cercenándose así los derechos a trabajar, a ejercer industria lícita, a comerciar y de propiedad.
Por otra parte, la accionante sostuvo que, dada la interjurisdiccionalidad que tiene la actividad inmobiliaria en todo el territorio de la Nación, someter a ésta a normas diferentes en cada provincia e incluso en cada municipalidad, constituye una forma de discriminación contraria al principio de igualdad ante la ley.
Finalmente, puntualizó el quebrantamiento de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, por cuanto la normativa atacada no exige como condición, para la vigencia de la interdicción publicitaria reglamentada, la existencia de una sentencia judicial que previamente hubiere declarado la infracción a la que alude.
Por último, solicitó se dicte medida cautelar a fin de suspender la aplicación de la ordenanza 16.597 de la Municipalidad de Tandil.
II. En este esquema, en virtud de la etapa del proceso en la que se encuentra la presente causa, resulta oportuno pronunciarse acerca de la tutela precautoria peticionada.
Este Tribunal ha resuelto con reiteración que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (cfr. causas B. 31.703, "Piérola" y sus citas en "Acuerdos y Sentencias", serie 20ª, t. VI, p. 390; I. 1.520, "Peltzer", res. del 28-V-91; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.", res. del 8-VII-03; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. del 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. del 5-III-2008 y sus citas; I. 71.446 cit. e I. 74.048 "ATE", res. de 24-V-2016, entre otras), la que naturalmente cabe hacer extensiva a las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276 "Empresa de Transportes 25 de Mayo", res. de 21-IX-2005; I. 68.174, cit.; I. 72.269 "Coordinación Ecológica Área Metropolitana", res. de 6-XI-2012 e I 75.106, "Villar", res. de 10-IV-2019, entre muchas otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1°, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio se deben considerar los extremos exigidos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar, f umus boni iuris y periculum in mora, resultando necesario que se acredite la presencia de ambos para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004 e I 74.037, "Asociación Civil Cámara de Natatorios y Afines", res. de 16-X-2019).
III.1. Sobre la base de tales parámetros, de conformidad a las constancias agregadas en autos y de los términos del escrito inicial en el que se solicita la suspensión de los efectos de la ordenanza 16.597, corresponde adelantar que no se configura, con la nitidez que un despacho precautorio requiere, la apariencia de buen derecho.
De un lado, porque de la documentación acompañada por la actora ante el pedido que el Tribunal le formulara con la finalidad de esclarecer la naturaleza y alcances del vínculo que la une a la firma Remax Argentina SRL -que como puede apreciarse, además de encontrarse testado gran parte del contenido del acuerdo, éste no está firmado por la señora Leguizamón-, no surgen elementos que permitan apreciar el grado de afectación a su esfera de derechos que la ordenanza en crisis podría producirle.
De otro, porque las alegaciones efectuadas en la demanda en punto a que el Concejo Deliberante carece de atribuciones para regular el corretaje inmobiliario contrastan evidentemente con el objeto de la norma cuestionada, que dispone sobre la publicidad en la vía pública, para lo cual el Departamento Deliberativo sí tiene facultades, conforme lo previsto en los arts. 192 incs.4 y 6 de la Constitución de la Provincia y 27 inc. 15 del decreto ley 6769/1958 -Ley Orgánica de las Municipalidades-.
III.2. En cuanto al peligro en la demora, esta Corte tiene dicho que en su evaluación como requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de los preceptos cuestionados si al cabo del proceso fuesen declarados inconstitucionales, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dichos preceptos, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa I. 73.577, "Telecom Personal SA", resol. de 18-X-2017 y sus citas).
En ese cometido, de las constancias agregadas a los autos, aún teniendo en consideración que la actora ha sido intimada a retirar carteles que presuntamente infringirían la norma aquí impugnada, no se advierte que su aplicación pueda producirle, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, un daño de difícil o imposible reparación ulterior.
IV. De acuerdo a lo expuesto, sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, debe concluirse que no concurren en el sub lite los elementos de urgencia y probabilidad que habiliten el otorgamiento de una medida cautelar como la solicitada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
SECRETARIO
Fdo.: dLa-So-Ko-Pe-To
Reg. Nº 680
Fin de la sentencia