Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76269
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda de fs. 72/89 y vta. (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs. y 336 y conc. del CPCC), dejándose sin efecto lo ordenado en el proveído de fojas 90.
I.76.269 “EMPRESA MICRO OMNIBUS LARROQUE LINEA 548 S.R.L. C/ MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA S/ INCONST. ORD. 17.405”
I. La empresa "Micro Ómnibus Larroque SRL", con el patrocinio letrado de la doctora Mabel Miriam Robert y en los términos de los artículos 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial provincial, promueve la presente acción contra la Municipalidad de Lomas de Zamora, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 17.405.
En el relato de los hechos, describe -inicialmente- su concurrencia al llamado de licitación pública número 100/19 para la explotación comercial del servicio de transporte de pasajeros que venía prestando -de forma continua- desde hacía 20 años, en el cual participaran las empresas "Autobuses Buenos Aires SRL" y "Yitos SA", siendo que, es en el acto de apertura de dicho procedimiento -del 22 de agosto del 2019-, donde detectara "enormes falencias" en los pliegos de sus competidoras (v. fs. 73 y vta.).
En cuanto a la primera de ellas ("Autobuses Buenos Aires SRL"), aduce, poseía deudas -en concepto de aportes patronales- al momento de su presentación en el procedimiento, correspondientes a ciertos períodos del 2018 y 2019, corriendo mismo estado moroso con la Provincia de Buenos Aires por un total de $1.431.013 (un millón cuatrocientos treinta y dos pesos con trece centavos), en virtud -mayormente-, y como surgirían de los títulos ejecutivos emitidos contra la empresa, de deudas tributarias.
En tanto que, según alega -en orden a los informes obrantes en los expedientes que integran la licitación-, la segunda de ellas ("Yitos SA") se encontraba en "similar condición" de deudora fiscal y que, a su vez, registraba patentes impagas de los colectivos de su propiedad.
Precisamente, es en este contexto fáctico -documentado en expedientes administrativos con certificación de escribano público- que afirma las "faltas flagrantes" cometidas por las mentadas empresas, -principalmente- aquélla referida a la "falta de legitimación" para presentar ofertas por la línea 548, contrariando, de este modo, lo previsto en el artículo 3, último párrafo, de las cláusulas generales del pliego de bases y condiciones del procedimiento de selección, en cuanto establece que "No podrán concurrir al llamado de licitación, los deudores morosos o evasores de obligaciones tributarias aduaneras o de la seguridad social". (v. fs. 74, párr.3).
Asimismo, manifiesta que esta conjunción de irregularidades que se ven plasmadas en el procedimiento licitatorio y, con ello, el actuar de la comuna -que propendería a la conculcación de distintas disposiciones constitucionales relativas a la prohibición de prácticas monopólicas-, le generan un perjuicio grave, inminente e ilegal, afectando, en consecuencia, su "derecho a la igualdad" (v. fs. 74 y vta.).
Señala, además, que por medio de la resolución 2895/19 de la Secretaría de Gobierno de la comuna demandada, notificada el 23 de septiembre de 2019, se desestimaron -sin que se le haya "otorgado la vista que solicitara"- todas las impugnaciones que realizara por las distintas irregularidades que la licitación presentara, afectándosele, por consiguiente, su derecho de defensa (cfr. arts. 18 Const. nac. y 15, Const. prov.).
Finalmente, y como medida cautelar de no innovar, requiere que la Municipalidad de Lomas de Zamora se abstenga de "ejecutar cualquier acto administrativo que implique cambiar la situación de hecho o de derecho", de la cual se vale para prestar el servicio de pasajeros de la línea 548 en dicha localidad.
II. En reciente pronunciamiento (doctr. causa I. 75.905, "Simonelli", resol. de 20-XI-2019) esta Corte recordó que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 161 inciso 1 de la Constitución provincial, pueden ser objeto de impugnación por este carril aquellos ordenamientos que, con independencia de su denominación, constituyan mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad (doctr. causas I. 1612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008 y I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011, e.o.).
Con todo, cabe admitir pretensiones originarias de inconstitucionalidad en supuestos en que las disposiciones o actos cuestionados, aún cuando apuntan a regular una situación específica, proyectan efectos que trascienden a sus destinatarios directos, de modo que revisten un alcance general o tienen una incidencia colectiva (v. causa I. 1490, "Bargo", sent. de 5-VII-2000, e.o.), supuesto que, en la situación de autos, no se advierte configurado.
La accionante, en su carácter de oferente, se agravia del resultado de la licitación pública en la que fue desplazada por la empresa que resultó adjudicataria.
Es entonces claro que, por la fuerza propia de los hechos aducidos en la demanda, en el presente caso no se impugna la validez constitucional de alguna norma susceptible de ser cuestionada por conducto de la acción originaria consagrada por el artículo 161 inciso 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y reglada por los artículos 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial provincial, sino que, por el contrario, se impugna una ordenanza de alcance particular, mediante la cual se le otorgó a la empresa "Autobuses Buenos Aires SRL" la adjudicación para la explotación del servicio de transporte de pasajeros de la línea 548.
Es decir, la cuestión jurídica aquí planteada involucra el supuesto incumplimiento de las directivas que formaron parte del pliego de bases y condiciones al momento de resolver la concesión del servicio de transporte de pasajeros en un concreto procedimiento licitatorio; típico agravio de naturaleza administrativa contra una decisión que no reúne la nota de generalidad y el carácter abstracto más arriba delineados para constituir un embate de inconstitucionalidad.
No empece lo dicho, la designación de "ordenanza" que la Ley Orgánica de la Municipalidades le ha conferido a la disposición del Concejo Deliberante por medio de la cual resuelve la adjudicación del contrato de concesión, en tanto el desarrollo antecedente demuestra que, pese a su denominación, la ord. 17.405 no constituye una regla de derecho de las características señaladas ni sus efectos se proyectan sobre los intereses de la comunidad (arg. arts. 232 -texto según dec. ley 9448/79- y art. 77 -texto según ley 13.101-, ambos del dec. ley 6769/58).
Ello, desde ya, sin desmedro de la posibilidad con la que cuenta la actora para instar los restantes caminos procesales en defensa de los derechos constitucionales que dice tener conculcados (doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967, "Jurisprudencia Argentina", 1967-VI-511, reiterada recientemente en I. 2219, "Serrano", sent. de 3-IV-2008; I. 2170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 74.210, "Bolsatodo SRL", resol. de 21-XI-2018; I. 75.152, "Autoservicio La Amista Cooperativa Trabajo Limitada", resol. de 22-V-2019; B. 76.174, "Bigano", resol. de 13-XI-2019 y B. 76.212, "Borelli", resol. de 18-XII-2019).
En virtud de las razones expuestas, y en los términos de lo dispuesto en el artículo 683 y siguientes y doctrina del tribunal (v. causa I. 73.717, "De Amorrortu", resol. de 5-VI-2019, e.o.), corresponde rechazar in limine la demanda deducida, en tanto, el objeto de la pretensión no es propio de la acción originaria de inconstitucionalidad, debiendo dejarse sin efecto lo ordenado en el tercer párrafo de la providencia de fojas 90.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda de fs. 72/89 y vta. (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs. y 336 y conc. del CPCC), dejándose sin efecto lo ordenado en el proveído de fojas 90.
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:59:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:15:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:12:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 14:47:53 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2020 08:15:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia