Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79801
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad interpuesta en representación de la Provincia de Buenos Aires (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
I.79.801 "PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN SARMIENTO S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA 2.917/24"
I. El señor Fiscal de Estado Adjunto promueve demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez de la ordenanza 2.917/24 sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Capitán Sarmiento, mediante la cual se impuso el arancelamiento de las prestaciones del servicio de salud que brinda el Hospital Público Municipal “San Carlos”.
Subsidiariamente, en el hipotético caso de que no se haga lugar a su pretensión principal, solicita que se decrete que es el municipio quien debe asumir a su exclusiva cuenta y cargo el régimen de financiamiento privado instaurado, sin comprometer a la Provincia ni exigirle habilitación alguna para el funcionamiento de aquel establecimiento.
II. Relata que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el régimen de salud pública está organizado –entre otras formas- sobre la base del funcionamiento de hospitales públicos regidos por el principio de gratuidad, de conformidad con lo contemplado en el art. 36 inc. 8 de la Constitución local. Luego explica que para hacer efectiva esa manda, se le confió al Ministerio de Salud –como autoridad de aplicación- la reglamentación del sistema, el que incluye bajo su órbita a los nosocomios municipales (cfr. decr. 3.280/90).
En ese marco, aduce que el citado organismo estableció la llamada “habilitación provincial” que permite obtener una fuente de financiamiento asistencial -a través de un fondo de coparticipación especial- a aquellos establecimientos públicos que, entre otras condiciones, presten servicios de forma gratuita. Fue así como, en el año 2019, el Hospital “San Carlos” logró conseguir aquella autorización.
No obstante, arguye que a los fines de reforzar el compromiso constitucional asumido “y frente al riesgo de que los hospitales municipales comenzaran a desafiar los cánones establecidos con regulaciones locales contrarias al régimen provincial”, en el año 2022 el Ministerio de Salud dictó la resolución 5.365/22, por medio de la cual dispuso –en lo que aquí concierne- que para aspirar a la mencionada habilitación los establecimientos comunales debían garantizar “el acceso a sus servicios a todas las personas que lo requieran, independientemente de su domicilio de residencia, de manera no arancelada y en condiciones de igualdad y no discriminación”.
II.1. Apartándose de aquel temperamento, alega que la Municipalidad demandada sancionó la ordenanza 2.917/24, mediante la cual se determinó que: 1) el acceso al hospital comunal quedaría limitado a las personas domiciliadas en ese municipio; y 2) se impondría el arancelamiento de los servicios de salud, trasladando los costos generales a los pacientes del nosocomio, a excepción de aquellos que pudieran acreditar que carecían de recursos suficientes para afrontar la tasa de servicios asistenciales, quienes serían considerados “pacientes sociales”.
Menciona que el Ministerio de Salud envió cartas al municipio haciéndole saber que la nueva norma era incompatible con el ordenamiento provincial y que, de mantenerla en esos términos, se le daría de baja del sistema asistencial bonaerense. Continúa su exposición precisando que las observaciones formuladas fueron parcialmente acatadas, en tanto el Intendente comunal vetó el requisito de vecindad, mas dejó incólume el relativo al pago de la tasa y fue esto último lo que provocó la exclusión del Hospital “San Carlos” del régimen en cuestión.
Tras ello, sostiene que la autonomía municipal invocada para justificar la actitud asumida no puede ejercerse en contra de los principios jerárquicos superiores que emanan de la Carta local y que el sistema establecido en la ordenanza, al invertir la norma fundamental, transformando en regla aquello que debería ser la excepción, es expulsiva y discriminatoria.
En línea con eso, asevera que la actividad segregativa del municipio importa un acto de suma gravedad institucional, cuyas consecuencias negativas pueden incrementarse exponencialmente si los demás municipios también adoptan “una actitud selectiva a beneficio de inventario, al retirarse de un lado del régimen provincial de gratuidad en lo que hace a la prohibición de arancelamiento y al pretender, por otro lado, quedarse en ese régimen provincial en lo que refiere al aval necesario para seguir coparticipando de fondos asistenciales implicados”.
II.2. Paralelamente, explica que la demandada inició por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de San Nicolás una acción declarativa de certeza, bajo la excusa de despejar el estado de incertidumbre respecto a los recaudos exigidos por el Ministerio de Salud para obtener la habilitación provincial y, en consecuencia, se determine si la Tasa por Servicios Asistenciales creada a través de la ordenanza 2.917/24 se ajusta o no a las disposiciones emitidas por aquel organismo (expte. n° 8.387).
Ese obrar, según su criterio, transformó un desacuerdo normativo en un verdadero conflicto de incumbencias, ya que la comuna “pretendió imponerle al Ministerio de Salud el tener que incluir a su hospital arancelado dentro del régimen de gratuidad provincial, en contravención a la Constitución y a la reglamentación sobre el tema, invadiendo de tal modo las competencias en la materia, para tratar de arrancar por la fuerza el ya referido aval provincial a su respecto, sin cumplir con las condiciones reglamentarias al efecto”.
Cuestiona que en ese caso se halle configurado un supuesto de peligro habilitante de la manda precautoria otorgada y que las razones expuestas en la resolución tutelar por la jueza actuante no se ajustan a las circunstancias fácticas de esa causa. Informa, además, que la Provincia ha apelado aquella decisión.
II.3. En otro orden, sostiene que si bien este Tribunal, con fecha 22 de agosto de 2024, se rehusó a conocer en el asunto ante la declinación efectuada por la magistrada interviniente, frente a esta nueva demanda deberá reivindicar su jurisdicción. Así pues, requiere que se ordene la acumulación de ambos procesos, a fin de permitir el tratamiento común de los conflictos suscitados y el dictado de una sentencia única, que impida la eventual existencia de pronunciamientos contradictorios. Para justificar su pedido, considera que las condiciones de procedencia se hallan acreditadas en tanto existe identidad de sujetos (con roles invertidos), unidad de la causa base (arancelamiento municipal de un hospital público) y contradicción de pretensiones (descalificación de las conductas asumidas por una y otra parte).
Por esas razones, afirma que el pleito corresponde a la competencia originaria de este Tribunal, sea por vía de la acción de inconstitucionalidad intentada o por el carril del conflicto de poderes.
II.4. Finalmente, pide que con carácter preventivo se ordene “la captación del expediente de primera instancia a esta sede originaria de la SCBA, el levantamiento de la medida precautoria dictada en la instancia de grado y la suspensión de la ordenanza 2.917/24”.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
III. Es pertinente recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; I. 2201, "Search Org. de Seguridad SA", sent. de 22-VI-2016; I. 71.551, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos", sent. 23-XI-2020, e.o.).
III.1. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución provincial y sea controvertida por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto.
En el caso, si bien el representante de la Provincia se esfuerza por tratar de convencer a este Tribunal de que la impugnación que hace de la ordenanza 2.917/24 es independiente de cualquier otro juicio, de diversos pasajes de su postulación inicial se desprende que ello no es así. Por el contrario, del modo en que ha sido articulada la pretensión surge que el agravio central que motiva este embate se origina –en puridad- en la actuación de la magistrada de primera instancia al dictar una medida cautelar contraria a sus intereses.
Al fundar su postulación, la parte actora en reiteradas oportunidades declara que la disputa que inicialmente podría haberse circunscripto a un choque normativo, -en sus palabras- se “recrudeció en un conflicto de incumbencias entre Estados (como un conflicto de poderes), porque el municipio de Capitán Sarmiento, en vez de seguir por las suyas con la actividad de su hospital segregado (sin aspirar a la habilitación provincial y financiamiento asistencial), pretendió imponerle al Ministerio de Salud el tener que incluir a su hospital arancelado dentro del régimen de gratuidad provincial (…) llegando a promover una demanda contra la Provincia y a obtener una medida cautelar para obligarla a otorgar la habilitación provincial referenciada y la financiación referenciada” (v. punto IV.10 del escrito electrónico de fecha 17-XII-2024).
A esto debe añadirse que el Fiscal de Estado Adjunto dedica capítulo específico de su demanda a lo que denomina “Aclaración final. Inexistencia de perjuicio respecto del funcionamiento del Hospital municipal. La falta de habilitación provincial no supone clausura del nosocomio respectivo” (v. punto V.4), en donde se explaya respecto de la falta de acreditación del recaudo de peligro en la demora para el dictado de la manda preventiva peticionada en primera instancia por la comuna. Así, intenta derribar los argumentos blandidos por el municipio y receptados por la jueza interviniente en el marco del proceso tutelar, replicando –en sustancia- los agravios y razonamientos empleados en el recurso de apelación interpuesto el día 31 de octubre de 2024 contra la resolución que hizo lugar al remedio precautorio, el que acompaña como prueba documental.
III.2. En efecto, del relato de antecedentes efectuado y la línea argumental esbozada en su escrito de inicio, no se demuestra con nitidez que el perjuicio que motiva este litigio emane de forma exclusiva del texto de la norma en crisis, sino –antes bien- de la actitud posterior asumida por el municipio al acudir al órgano jurisdiccional en defensa de lo que entiende son sus derechos. Menos aún resulta claro si tales agravios se imputan únicamente a la comuna o si constituyen una mera discrepancia con la actuación desplegada por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás en la esfera de la competencia reconocida por este órgano el día 22 de agosto de 2024, en la causa B. 79.569, “Municipalidad de Capitán Sarmiento”.
Al respecto, cabe recordar que esta Corte ha señalado que planteos de esta índole deben sustanciarse por las vías previstas en el régimen procesal específico y no por medio de la acción originaria de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 72.580, "Florentín", resol. de 8-V-2013; I. 74.293, "Suárez", resol. de 07-IX-2016 e I. 78.540, “Bursztyn”, resol. de 22-VIII-2023).
III.3. Siendo así, al margen de cualquier consideración que pudiera ser hecha sobre el confronte entre el texto de la ordenanza 2.917/24 y las disposiciones de la Constitución provincial, se torna claro que la presente demanda de inconstitucionalidad, tal como ha sido esgrimida, resulta inadmisible (conf. arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683, CPCC).
IV.1. Por otra parte, la denuncia efectuada en estos autos tampoco versa sobre un conflicto de aquellos que el Tribunal está llamado a resolver en ejercicio de la competencia originaria y exclusiva que le confiere el art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia.
En reiteradas ocasiones se ha resuelto que las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia a las que alude esa norma constitucional, requieren para su configuración la existencia de una contienda entre los órganos involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.
De allí que sea menester que el objeto principal del reclamo de alguno de ellos consista en cuestionar el obrar de otra autoridad por haber invadido o intentar invadir su esfera de competencias, lo que implica reivindicar como perteneciente a su propio ámbito de actuación aquella actividad ejercida o en vías de ejecución por quien es demandada (doctr. causas B. 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. de 7-III-2012; B. 72.132, “Fiscal de Estado”, resol. de 19-IX-2012; B. 72.835, "Intendente Municipal de Tigre", resol. de 23-XII-2014; B. 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VIII-2017 y B. 76.894, "Municipalidad de Pergamino", resol. de 1-III-2021).
Bajo ese prisma, para que quede configurada la situación de conflicto que esta Corte debe dirimir, es necesario alegar suficientemente que una determinada atribución o competencia de un órgano o entidad -quien lo promueve-, haya sido invadida o directamente reclamada para sí por el otro -el interpelado- (causa B. 77.034, "Intendente de la Municipalidad de Vicente López", resol. de 26-IV-2021).
IV.2. A la luz de las consideraciones vertidas en los apartados que anteceden, es fácil concluir que los hechos denunciados no forman parte de esa materia.
Esto por cuanto, como ya se ha dicho, la presentación efectuada por el Fiscal de Estado Adjunto busca -en buena medida- derribar a través de un proceso autónomo lo decidido en un juicio que continúa en curso y que, por consiguiente, se halla sujeto al resultado del ejercicio de la función jurisdiccional y las instancias revisoras previstas en las normas procesales aplicables (doctr. causas B. 62.362, "Fiscal de Estado", resol. de 7-III-2001; B. 67.894, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VI-2004; B. 68.185, "Consejo de la Magistratura", resol. de 6-IV-2005; B. 71.135, "Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de Desarrollo Social de la Prov. de Bs. As.", resol. de 22-IX-2010; B. 72.132, "Fiscal de Estado Adjunto", resol. de 19-IX-2012; B. 76.297, "Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 26-XII-2019 y B. 77.804, “Asesoría de Menores e Incapaces N°3 del Departamento Judicial de Azul”, resol. de 18-II-2022, e.o.).
V. Por todo lo expuesto y no existiendo motivos suficientes que alteren el pronunciamiento emitido respecto de la competencia originaria y exclusiva de este Tribunal en el caso, se impone rechazar in limine la demanda interpuesta por el Fiscal de Estado Adjunto (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad interpuesta en representación de la Provincia de Buenos Aires (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2025 13:01:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2025 10:52:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 11:11:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 12:27:44 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 13:08:27 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/02/2025 13:13:17 hs. bajo el número RR-34-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia