Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74791
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada por los señores Orlando Raúl Medina, Olga Cabrana, Julio César Méndez, Tomás Salvador Parra, Raul Alberto Pessolano Filos y Marcela Cristina Cisterna (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.74.791 "MEDINA ORLANDO RAUL Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ INCONST. ORD.22.738"
La Plata, 05 de diciembre de 2018.
I. Los señores Orlando Raúl Medina, Olga Cabrana, Julio César Méndez, Tomás Salvador Parra, Raul Alberto Pessolano Filos y Marcela Cristina Cisterna, en su condición de vendedores de productos cárnicos cocidos en puestos ubicados en la vía pública dentro del municipio de General Pueyrredon y como miembros del sindicato que nuclea a los trabajadores que ejercen dicha actividad, promueven la presente acción originaria de inconstitucionalidad ante esta Suprema Corte, en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de los arts. 3 y 4 de la ordenanza 22738/16 dictada por el Concejo Deliberante comunal al considerar que éstos infringen los arts. 10, 11, 31, 36 y 39 de la Carta local y 14, 14 bis, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
II. Explican que mediante la ordenanza impugnada el municipio demandado reglamentó la actividad que desempeñan con el afán de resguardar la salud de los consumidores, pero imponiendo una serie de requisitos y condiciones que la tornarían de imposible cumplimiento para la mayoría de ellos, convirtiéndola en una actividad empresarial y excluyente.
II.1. En primer lugar, sostienen que cumplir con las obligaciones impuestas por el art. 3, que consisten en dotar cada módulo de comercio con un tráiler construido con material resistente a la corrosión (inc. "a"), un tanque de almacenamiento de agua potable (inc. "b"), un tanque para la recolección de efluentes líquidos (inc. "c"), una pileta con provisión de agua caliente y fría (inc. "d"), una mesa de trabajo con borde, utensilios y recipientes de material sanitario (inc. "e"), una heladera o freezer para el almacenamiento de los alimentos (inc. "f"), un generador eléctrico (inc. "g"), recipientes para disposición de residuos (inc. "h"), un espacio para almacenamiento de pan (inc. "i"), una parrilla o plancha eléctrica o con suministro de gas (inc. "j") y un extinguidor de incendios (inc. "k"), tendría un costo que ninguno de ellos podría afrontar como consecuencia de su falta de solvencia económica.
En este sentido, entienden que se les estaría impidiendo continuar con el trabajo que realizan generando una discriminación por su clase social, lo que violaría el derecho a la igualdad ante la ley, el deber de promover el desarrollo integrar de las personas, la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social, previstos en el art. 11 de la Constitución provincial.
2. De otro lado, se agravian de la creación del registro público de postulantes para desarrollar la actividad -prevista en el art. 4 de la norma impugnada- en el que se establece un cupo máximo de cincuenta permisos para toda la comuna a los fines de comercializar productos cárnicos en la vía pública.
Para el caso, el grupo de accionantes sostienen que el número allí determinado es totalmente arbitrario teniendo en cuenta que dentro del municipio de General Pueyrredon hay más de doscientas personas que se dedican a vender sándwiches en los espacios públicos, lo que conllevaría que de aplicarse esta restricción, las tres cuartas partes de la totalidad de los trabajadores se verían impedidos de continuar ejerciendo su actividad, quebrantando las disposiciones del art. 39 de la Carta local.
III. Agregan que una vez sancionada la normativa cuestionada solicitaron el formulario de inscripción correspondiente, con el objeto de anotarse en el registro público de postulantes y dar así cumplimiento con lo dispuesto en su art. 4, el que les fue negado con el argumento de que el cupo allí previsto se encontraba completo ya que las cincuenta autorizaciones habían sido previamente adjudicadas.
En este esquema y ante la inminente clausura de los puestos que ocupan, solicitan una medida cautelar suspensiva de los efectos de la ordenanza impugnada, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
IV. Este Tribunal ha resuelto con reiteración que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (cfr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", res. de 24-V-2011 e I. 74.048 "ATE", res. de 24-V-2016, entre otras), la que naturalmente cabe hacer extensiva a las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276 "Empresa de Transportes 25 de Mayo", res. de 21-IX-2005; I. 68.174 "Filón”, res. de 18-IV-2007 e I. 72.269 "Coordinación Ecológica Área Metropolitana", res. de 6-XI-2012, entre muchas otras).
Por excepción, y en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1°, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", res. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521 "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", res. de 4-V-2005, entre otras) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", res. de 4-V-2016 y sus citas).
De esa manera, se impone considerar sobre la base de tales criterios los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de éstos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
V. Pues bien, teniendo en consideración que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un juicio y, por tanto, la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el pleito principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, con las particularidades ya señaladas en el terreno de la inconstitucionalidad de las normas que pueden ser impugnadas por vía de la demanda originaria, corresponde adelantar que la verosimilitud del derecho invocada en el escrito inicial no surge acreditada, por ahora, con las constancias agregadas a los autos.
En efecto, la apariencia de buen derecho aducida por la parte actora no se configura en el caso mediante la simple confrontación del contenido de los arts. 3 y 4 de la ordenanza 22738/16 con los derechos constitucionales que el grupo de puesteros accionante considera quebrantados.
Lo anterior, en la medida que dentro de las atribuciones con las que el legislador bonaerense ha dotado al régimen municipal se encuentran aquellas ligadas a la salubridad y vialidad pública (art. 192 inc. 4°, Const. prov.), como asimismo, las relacionadas con la posibilidad de reglamentar la habilitación y funcionamiento de establecimientos comerciales y el expendio y consumo de alimentos (art. 27, incs. 1° y 10° respectivamente, Ley Orgánica de las Municipalidades). Siendo así, de existir semejante colisión, es evidente que ella no puede ser determinada fehacientemente al menos en esta etapa liminar del juicio (doctr. causas I. 68.323 "Exolgan SA", res. del 24-V-2006 e I. 74.078 "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", res. de 23-XI-2016).
De allí que no pueda postularte de momento —sin un mayor análisis— la abierta desviación constitucional por parte del municipio demandado al dictar la ordenanza cuestionada, razón por la cual no cabe acceder al requerimiento cautelar requerido (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada por los señores Orlando Raúl Medina, Olga Cabrana, Julio César Méndez, Tomás Salvador Parra, Raul Alberto Pessolano Filos y Marcela Cristina Cisterna (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 666
Fin de la sentencia