Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75172
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por Antivari SA en esta causa y sus acumuladas I. 75.173 e I. 75.174 (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y 684, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los doctores Fernando Martín Lagarde y Julio Pablo Comadira en la suma de Pesos … -$...- y Pesos … -$...-, respectivamente (arts. 13 y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición de los mentados profesionales frente al IVA.
Dese cumplimiento a lo normado en el art. 21 de la ley 6716 dentro de los cinco días de quedar firme la presente.
I.75.172 “ANTIVARI S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA S/ INCONST. ORD. 27.885 (AMBIENTAL)”
La Plata, 05 de diciembre de 2018.
I. La firma Antivari SA promovió tres procesos paralelos ante la instancia originaria de esta Suprema Corte, en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia. En ellos se impugna el art. 1 de la ordenanza fiscal 27.885 -y concordantes de las normas fiscales anteriores- y la ordenanza 15.858 de la Municipalidad de Avellaneda, como así también, el art. 78 del decreto 1741/96.
Si bien las demandas versan acerca de tributos diferentes, a saber: la tasa de seguridad e higiene, la de servicios generales y la de fiscalización de riesgo ambiental, todas centran su agravio en dos cuestiones.
Una es la supuesta inconstitucionalidad de la norma enumerada en primer término y todas las anteriores semejantes, en tanto no excluyeron de su ámbito de aplicación territorial al Puerto de Dock Sud, donde la actora desarrolla su actividad comercial de depósito transitorio de mercadería sobre la base de un permiso de uso concedido por la autoridad provincial. Entienden que ello viola le legislación portuaria federal y local, a la par de extender el principio autonómico municipal más allá de sus justos confines (cfr. arts. 190 y sigs., Const. prov.).
Respecto de la otra ordenanza (que ratificó el convenio celebrado entre la Provincia y dicho municipio por el cual se le delegó a este último la potestad de controlar y fiscalizar en materia ambiental, incluso mediante el cobro de una tasa, los establecimientos mencionados en la ley 11.459 ubicados dentro del puerto) y del art. 78 del decreto reglamentario de esa misma ley, entiende que leídos en conjunto dan cuenta de un exceso reglamentario (cfr. art. 144 inc. 2, Const. prov.) y de una delegación inconstitucional.
II. Por tratarse de causas evidentemente vinculadas, a fs. 216 se ordenó la acumulación objetiva de acciones con arreglo al art. 87 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que fue cumplido por la actora en su presentación de fs. 164/204 y vta. En este estado, las actuaciones pasaron al Acuerdo.
III.1. Las demandas promovidas por Antivari SA carecen de virtualidad para ser ventiladas en la instancia originaria de esta Suprema Corte (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
Al margen de otros defectos que exhiben, cabe analizar la admisibilidad de la pretensión a la luz del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial y el plazo de caducidad en él contemplado para aquellas de contenido patrimonial, circunstancia esta última que en autos está fuera de discusión (v. fs. 169/170 vta.).
De acuerdo a esa regla, los treinta días para promover un proceso de este tipo deben computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo que, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2148, "Mule", sent. de 21-V-2008 e I. 3231, "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015).
III.2. Teniendo en consideración lo expuesto y comenzando por la impugnación al art. 1 de la ordenanza fiscal 27.885 publicada el 26 de diciembre de 2017 y disposiciones análogas contenidas en las normas fiscales para ejercicios previos, corresponde mencionar que esa norma se limita a "Apr(obar) para el Partido de Avellaneda la presente Ordenanza Fiscal, para el ejercicio 2018". La actora entiende que esa redacción -y las anteriores en el mismo sentido- serían inconstitucionales por no excluir de su ámbito de aplicación al Puerto de Dock Sud.
Con independencia de si lo que aquí está en tela de juicio es dicho precepto considerado en abstracto o las aplicaciones presuntamente inconstitucionales que las autoridades municipales hayan podido haber hecho de él -al extenderlo al ámbito portuario- (cfr. doctr. causas B. 73.041, "Supermercados Mayoristas Yaguar SA", res. de 5-III-2014; B. 73.734, "C., A. V.", res. de 12-VIII-2015; B. 73.956, "Alfani SA", res. de 22-XII-2015; I 74.293, "Suárez", res. de 7-IX-2016; I. 74.358, "Telecom Argentina SA", res. de 22-II-2017 e I. 70.192, "Rodríguez Santos", res. de 25-X-2017, entre muchas), no puede soslayarse la semejanza de su texto con el de ordenanzas fiscales para ejercicios anteriores, que también fueron extendidas y aplicadas a la empresa actora. En efecto, en la causa I. 74.191, "Antivari SA c/ Municipalidad de Avellaneda" se impugnaba una disposición análoga, aunque prevista en la ordenanza fiscal 26.983 para el ejercicio 2016, demanda que fue rechazada por sus falencias de índole formal y temporal (res. de 10-VIII-2016).
Atento a ello y dado lo resuelto recientemente en la causa I. 74.610, "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca c/ ARBA" (res. de 27-X-2018), cabe reiterar que la sucesión de normas equivalentes tan característica de los ordenamientos fiscales no es apta para producir la novación del plazo previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que deviene atinado concluir que en la especie la afectación de los derechos patrimoniales de la demandante acaeció a raíz del dictado de normas similares antecedentes, resultando intempestiva la acción incoada.
III.3. A igual solución es posible arribar en relación al embate dirigido contra el art. 78 del decreto 1741/96 y la ordenanza 15.858 del 29 de noviembre de 2001 (v. fs. 65/67 y vta.), que en conjunto -según se alega- habrían producido una indebida delegación en cabeza de la Municipalidad de Avellaneda para ejercer la policía medioambiental de los establecimientos alcanzados por la ley 11.459 emplazados dentro del Puerto de Dock Sud, incluido el cobro de una tasa vinculada a esa actividad.
Es que si este bloque normativo produjo algún menoscabo en la esfera patrimonial de Antivari SA, de la documentación agregada a fs. 132/162 se extrae que la Tasa por Fiscalización de Riesgo Ambiental se viene verificando respecto a ese establecimiento desde julio de 2013 -por lo menos-, siendo plausible fijar en esa fecha el dies a quo a los fines del cómputo del término previsto por el art. 684 del ritual y, con ello, la manifiesta extemporaneidad de la demanda en lo que atañe a esta parcela, promovida recién el 13 de marzo del corriente.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por Antivari SA en esta causa y sus acumuladas I. 75.173 e I. 75.174, sin perjuicio de la facultad de la interesada para ocurrir a la jurisdicción ordinaria en defensa de los derechos patrimoniales que estime afectados (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y 684, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por Antivari SA en esta causa y sus acumuladas I. 75.173 e I. 75.174 (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y 684, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los doctores Fernando Martín Lagarde y Julio Pablo Comadira en la suma de Pesos … -$...- y Pesos … -$...-, respectivamente (arts. 13 y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición de los mentados profesionales frente al IVA.
Dese cumplimiento a lo normado en el art. 21 de la ley 6716 dentro de los cinco días de quedar firme la presente.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 657
Fin de la sentencia