Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76778
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal (art. 161 inc. 1, Const. prov.) y que se trata de un asunto propio del conocimiento del fuero contencioso administrativo (arts. 166 in fine , Const. prov.; 2, 7, 12 y concs., CCA).
II. Remitir por Secretaría los autos iniciados electrónicamente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para la prosecución de su trámite.
Sin costas (art. 68, seg. párr., CPCC).
I.76.778 “FEDERACION DE SINDICATOS MUNICIPALES BONAERENSES (FESIMUBO) Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA 29147/20”
I. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FE.SI.MU.BO.), el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA) y la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA) promueven la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial contra la Municipalidad de Avellaneda, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad y la consecuente inaplicabilidad de la ordenanza 29.147 y de su convenio anexo, por medio de los cuales afirman que se transfiere al referido municipio a los dependientes de la Cooperativa de Provisión, Servicios Públicos, Vivienda, Servicios Sociales y Consumo Gestionar Ltda. que hasta el 30 de noviembre próximo pasado prestó el servicio de barrido y recolección de residuos domiciliarios en ese distrito, confiriéndoles un régimen jurídico regido por la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744 y por el Convenio Colectivo N°40/89.
Para fundar la pretensión, aducen padecer la violación del derecho a la libertad sindical y de asociación y negociación colectiva en tanto, por conducto de la ordenanza impugnada, la representación de un grupo de empleados municipales es desplazada en beneficio de la Federación Nacional de Camioneros y del Sindicato de Choferes de Camiones y Transporte de Cargas, además de mantenérselos afiliados a la Obra Social de Choferes de Camiones.
Según entienden, los instrumentos aquí cuestionados habrían reconocido a esas entidades como continuadoras de la representación del sector de trabajadores cooperativos que se transfieren a la comuna.
Invocan, también, la afectación de la igualdad de los empleados municipales que nuclean en tanto aducen que los agentes incorporados van a regirse por el Convenio Colectivo de Trabajo N°40/89 y no por el Título III de la ley 14.656, reputando al primero mucho más beneficioso.
En su discurrir, alegan que la ordenanza atacada exhibe fundamentos solo aparentes, adopta una disposición arbitraria y evidencia un exceso de poder que lesiona los derechos y garantías reconocidos en los arts. 11, 15, 39 incs. 1, 3 y 4; 40, 57 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial, sus similares de la Constitución nacional y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) N°87 y 98, entre otras normas de inferior rango que también citan.
Piden que se dicte una medida cautelar que evite el perfeccionamiento de las relaciones jurídicas que la ordenanza 29.147 prevé y que a su criterio van en detrimento de los derechos fundamentales que se dicen conculcados.
II.1. A los escritos iniciales del proceso, por requerimiento del Tribunal, se acompañó una copia autenticada del texto de la ordenanza 29.147 sancionada el 30 de octubre de 2020 por el Concejo Deliberante de Avellaneda y del proyecto de convenio que figura como su anexo (v. escrito de 3-XII-2020, 13:11:52 hs.).
No se ha presentado ni hecho referencia alguna al decreto de promulgación, si lo hubiere. Tampoco la norma se encuentra publicada en el Boletín Oficial del sitio web del respectivo municipio, tal como lo impone el art. 108 inc. 18 del decreto ley 6769/58 (inciso incorporado por ley 14.491). Pero esto último, en tanto no sería una omisión que quepa reprocharle a las entidades actoras, no puede ser dirimente aquí (arg. doctr. causa I. 75.353, “González De Souza”, resol. de 7-III-2019). En tal sentido, es claro que la ordenanza existe -más allá de su efectiva vigencia- y que la acción no se dirige contra un mero proyecto legislativo que en la especie eventualmente emanará del Concejo Deliberante (arg. causa I. 69.014, “Piombo”, resol. de 14-II-2007).
Por lo tanto, corresponde abocarse al examen de admisibilidad de la pretensión.
II.2.a. En recientes pronunciamientos (cfr. causas I. 75.905, "Simonelli", resol. de 20-XI-2019 e I. 76.269, "Empresa Micro Ómnibus Larroque Línea 148 SRL", resol. de 26-XI-2020) esta Corte recordó que, en virtud de lo dispuesto por el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, son en principio susceptibles de impugnación por este carril aquellos ordenamientos que, con independencia de su denominación, constituyan mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad (doctr. causas I. 1612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008 e I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011, e.o.).
II.2.b. Pero cierto es que, excepcionalmente, se han admitido pretensiones originarias de inconstitucionalidad en supuestos en los cuales las disposiciones o actos cuestionados, aun cuando apuntan a regular una situación específica, proyectan efectos que trascienden a sus destinatarios directos, de modo tal que en los hechos revisten alcance general o tienen potencial incidencia colectiva.
Así, en materia urbano-ambiental, por su peculiar naturaleza enlazada con lo segundo, se ha aceptado una lectura del art. 161 inc. 1 del texto fundamental con semejante tenor, frente a ordenanzas que -en esencia- no eran sino permisos singulares para la realización de obras determinadas (cfr. causas I. 1490, "Bargo", resol. de 5-VII-2000; I. 2033, "Ferro", resol. 29-XII-2014; I. 2.142, "Cooperativa de Horticultores", sent. de 24-IV-2019; I. 72.267, "Mitchell", sent. de 27-VIII-2020; I. 76.357, "Química True S.A.", resol. de 7-X-2020; e.o.).
También, cuando se estaba en presencia de leyes expropiatorias que, sobre un bien concreto en beneficio inmediato de terceros particulares, contaban con una declaración de utilidad pública (cfr. causas I. 3.024, "Lavadero de Lanas El Triunfo", resol. de 8-VII-2003; I. 73.795, "Falco", resol. de 14-VI-2017; I. 2.107, "O'Connor", sent. de 18-II-2009 e I. 68.323, "Exolgan SA", sent. de 26-III-2015). O bien, en asuntos de contratación pública, cuando el embate constitucional se dirigía contra la norma que aprobaba el pliego de bases y condiciones, con destino a un universo indeterminado de potenciales oferentes (cfr. causas I. 68.276, "Empresas de Transportes 25 de Mayo SRL", resol. de 21-IX-2005; B. 71.904, "Ventoso", resol. de 9-V-2012).
Finalmente, ante la disposición normativa que dispuso la supresión de un juzgado de faltas municipal, en tanto cabía ser reputada una decisión institucional que irradiaba sus efectos a toda la comunidad local, al privarla de una útil instancia de resolución de conflictos dotada de mayores garantías procedimentales (causas I. 2.071 "Simone", sent. de 14-VII-2010 e I. 70.250 "Pareto", resol. de 29-II-2012).
II.2.c. Bajo tales lineamientos, cabe adelantar que la situación planteada en autos no encuadra nítidamente en alguna de las hipótesis de excepción arriba referenciadas -únicas reconocidas hasta ahora-, ni se han alegado razones atendibles para que este Tribunal considere inaugurar una nueva línea jurisprudencial que abra su competencia originaria a un caso como el que aquí se le presenta.
II.3.a. El texto de la parte dispositiva de la ordenanza 29.147 consta de cinco artículos (el último de forma), que establecen lo siguiente:
ARTÍCULO 1°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a incorporar a partir del 1° de diciembre de 2020, mediante contratación directa como trabajadores dependientes del Municipio, en los términos del art. 229 de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744 y modificatorias, a los 340 (trescientos cuarenta) trabajadores que, hasta el 30 de noviembre de 2020, trabajan en forma permanente para la Cooperativa de Provisión, Servicios Públicos, Vivienda, Servicios Sociales y Consumo Gestionar Ltda., afectados a la contratación mediante la Licitación Pública N°107/2015, para la provisión de mano de obra para el servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido manual de calles y accesos y transporte a sitio de tratamiento y/o disposición final del producido en el Partido de Avellaneda, cuya nómina se detalla en el Anexo que se agrega y que forma parte integrante de la presente".
ARTICULO 2°: DECLÁRASE aplicable a la relación laboral de los trabajadores que se incorporen, conforme el artículo 1° del presente, la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744 y sus modificatorias, Ley N°23.551 y Dto. Reg. N°467/88, Ley N°20.740, Decreto N°2465/86 y el Convenio Colectivo N°40/89 -Rama Recolección".
ARTÍCULO 3°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Sindicato de Choferes de Camiones y Transporte de Carga, el Convenio y su Anexo, en los términos del texto que luce a fs. 1/10".
ARTÍCULO 4°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para el presente ejercicio y para el ejercicio 2021, a los fines del cumplimiento de la presente Ordenanza.
De la lectura de la ordenanza de referencia y del relato de los hechos aducidos en la demanda, es evidente que en el presente caso -más allá de su denominación como tal- no se discute la validez constitucional de una norma susceptible de cuestionamiento por vía de la acción originaria consagrada en el art. 161 inc. 1° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y reglada por los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial provincial.
II.3.b. En rigor, la ordenanza 29.147 configura en cierto modo un acto interorgánico en cuanto: i) autoriza al Departamento Ejecutivo municipal a incorporar a determinada cantidad de trabajadores (340) identificados en su anexo; y ii) a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para su concreción (arts. 1, 3 y 4, ord. cit.).
Además, habilita a perfeccionar el vínculo de acuerdo a una modalidad y régimen jurídico específicos, precisados en un modelo de convenio que integra aquel mismo anexo y declara aplicable las normas de linaje laboral que hasta el momento regían a los trabajadores cuya incorporación al municipio se autoriza por el art. 1 (art. 2, ord. cit.). Si bien en estos aspectos exhibe un tramo regulatorio, la ordenanza 29.147 representa básicamente un acto dirigido de modo principal al Intendente municipal. De manera refleja repercute sobre la situación jurídica de un conjunto concreto de personas.
Así las cosas, la cuestión planteada no se traduce en un agravio dirigido contra una determinación que posea carácter normativo u ordinamental -con notas de generalidad y abstracción- o que, sin tenerlo de modo directo, irradie sus efectos expansivamente al resto o a un sector indeterminado de la comunidad. La controversia, en todo caso de corte plurindividual, solo interesa a determinadas personas, siendo indiferente para la ciudadanía local.
Lo anterior, como se adelantó, independientemente de la denominación de "ordenanza" que el Concejo Deliberante le haya brindado a la disposición por medio de la cual instruye sobre la incorporación del personal en cuestión (arg. art. 77, dec. ley 6769/58, texto según ley 13.101).
II.3.c. En vista a estas circunstancias, la reclamación deducida no encuadra en el objeto previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución local y la inveterada jurisprudencia construida en torno a la competencia allí establecida.
III. Situaciones como la aquí verificada de ordinario conducen al rechazo in limine de la demanda, sin perjuicio de los restantes caminos procesales a los que los demandantes pueden acudir en defensa de los derechos constitucionales que dicen tener conculcados (doctr. Causas I. 3631, “Grammatico Mazzari”, sent. de 6-X-2010; I. 74.210, "Bolsatodo SRL", resol. de 21-XI-2018; I. 75.152, "Autoservicio La Amistad Cooperativa Trabajo Ltda.", resol. de 22-V-2019; B. 76.174, "Bigano", resol. de 13-XI-2019 y B. 76.212, "Borelli", resol. de 18-XII-2019; e.o.).
No obstante, a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), en virtud del principio de economía y celeridad procesal (art. 34 inc. 5 ap. “e”, CPCC) y en el entendimiento de que la pretensión deducida encuadra en la cláusula del art. 166 in fine de la Constitución provincial y en las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 y sus modif.), corresponde así declararlo y remitir los autos al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (cfr. causas Ac. 91.506, "COPECA", resol. de 31-VIII-2005 e I. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018; e.o.; art. 5, CCA).
Una vez recibidas las actuaciones, el juez competente deberá ordenar lo necesario para garantizar la reconducción del litigio en los términos de la ley 12.008 (arts. 15, Const. prov.; 1, 9, 12, 77 inc. 1 y concs., CCA).
IV. Sin costas, en atención a lo resuelto y a la ausencia de contradicción (art. 68, seg. párr., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal (art. 161 inc. 1, Const. prov.) y que se trata de un asunto propio del conocimiento del fuero contencioso administrativo (arts. 166 in fine , Const. prov.; 2, 7, 12 y concs., CCA).
II. Remitir por Secretaría los autos iniciados electrónicamente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para la prosecución de su trámite.
Sin costas (art. 68, seg. párr., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/02/2021 18:55:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/02/2021 14:25:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/02/2021 12:13:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:46:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 13:46:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia