Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79818
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara abstracta la cuestión litigiosa (arts. 163 inc. 6, CPCC).
Costas en el orden causado (art. 68, segunda parte, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora, doctores Fernando Diego Acebal y Damian Alberto Martínez, en la suma de pesos equivalente a … (…) Jus a cada uno de ellos (arts. 1, 2, 9, 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al IVA (arts. 1, 2, 9, 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967),
I.79.818 "VIVAS, LUIS ALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ORDENANZA 3544/2024"
I. Luis Alberto Vivas, en su doble condición de concejal y vecino contribuyente de la Municipalidad de Villa Gesell, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad procurando la invalidez de la ordenanza 3.544/24 sancionada en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes el 10 de diciembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de ese mismo año.
Explica que, por el contenido de la norma impugnada, debió respetarse el procedimiento exigido por el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial y regulado en el art. 284 del decreto ley 6.769/58, según el cual todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras necesita ser sancionado por la mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales.
Indica que, en tanto la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, en el caso de la Municipalidad de Villa Gesell, está compuesta por treinta y dos miembros, para poder sesionar se requiere al menos la presencia de diecisiete de ellos y, para alcanzar la mayoría absoluta, el voto afirmativo de diecisiete integrantes del cuerpo.
Sobre el particular refiere que, tal como surge del acta nro. 1.186 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Gesell, el día 10 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la sesión de la referida Asamblea con la participación de un total de veinticinco integrantes (dieciséis de ellos concejales y ocho mayores contribuyentes) y la oposición del resto de sus miembros; es decir, con el quorum legalmente requerido. Sin embargo, denuncia que la sanción de la ordenanza 3.544/24 aquí impugnada solo contó con el voto afirmativo de dieciséis miembros y no con la mayoría absoluta de sus integrantes que, de acuerdo a la composición de treinta y dos concejales y mayores contribuyentes, debió haber sido de diecisiete votos.
Concluye que por dicha razón la norma atacada fue dictada sin reunir las voluntades concurrentes necesarias para su válida sanción, violando lo dispuesto por el inc. 2 del art. 193 de la Constitución provincial en cuanto exige "la mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales".
Remarca que la exigencia de mayoría absoluta debe computarse sobre el total de los miembros que componen la Asamblea y no sobre el total de los miembros presentes en la respectiva sesión.
En refuerzo de su posición, afirma que así se halla previsto el art. 32 del decreto ley 6.769/58 en cuanto establece que las ordenanzas impositivas deberán ser sancionadas por "...la mayoría absoluta de los miembros integrantes del Cuerpo", poniendo de relieve que la intención del legislador es consistente con la del constituyente en orden a imponer mayores exigencias para el ejercicio de la potestad tributaria de las municipalidades.
Postula que la mayoría obtenida en desmedro de la exigida por la Constitución provincial evidencia un vicio grave que afecta la validez jurídica de la ordenanza 3.544/24 y que, por dicha razón, debe declararse su nulidad.
Solicita que se disponga, con carácter cautelar, la suspensión de los efectos de la norma impugnada hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Para ello, funda la verosimilitud en el derecho en la doctrina que se desprende del fallo dictado en la causa "Anaya" (causa I. 72.548, sent. de 15-VI-2016) al considerar que, tratándose de hechos similares, el precedente aplicable confiere altas posibilidades de que el mismo criterio sea receptado en su caso.
En cuanto al peligro en la demora, sostiene que en caso de no hacerse lugar a la tutela requerida la municipalidad demandada percibirá impuestos, tasas y contribuciones sensiblemente incrementadas en base al dictado de una ordenanza inconstitucional, ocasionando una afectación indebida de la integridad patrimonial de toda la comunidad que será de dificultosa reparación ulterior.
Adjunta a su presentación la publicación en el Boletín Oficial de la ordenanza en cuestión y una copia del acta nro. 1.186 correspondiente a la sesión del 10-XII-2024 de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes (v. presentación electrónica de fecha 9-I-2025).
II. El 11 de abril de 2025 se publicó en el Boletín Municipal de Villa Gesell la ordenanza 3.549/25, que en su art. 78 deroga a la 3.544/24 aquí objetada.
Conferido traslado a la actora para que manifestara si mantiene su intención de continuar con el proceso y, eventualmente, justifique su interés en hacerlo, contesta afirmando que su pretensión no ha perdido virtualidad toda vez que resta determinar si la Municipalidad de Villa Gesell utilizó legítimamente su potestad tributaria en el lapso entre la sanción y el día de la derogación de la ordenanza 3.544/24.
Pide, asimismo, que se confiera traslado de la demanda a la Municipalidad de Villa Gesell (v. presentación electrónica de fecha 19-V-2025).
III. Del modo en que fue planteada la pretensión, se desprende que el objeto primario de quien la promueve se circunscribe a que se "declare la nulidad de la ordenanza 3.544" (presentación electrónica de fecha 9-I-2025) por graves deficiencias en el procedimiento llevado a cabo para su sanción.
No trae el actor ningún pedido accesorio y ello se explica, en parte, por la condición de concejal -además de contribuyente- que exhibe y que lo habría movido a demandar para salvar la legalidad de la norma tributaria impugnada, según afirma.
Sin embargo, la nueva ordenanza 3.548/25 dictada por el Concejo Deliberante en Asamblea de Mayores Contribuyentes de Villa Gesell derogó sin condicionamientos a su antecesora 3.544/24.
De esta forma, debe indagarse si la afectación concreta de la situación jurídica en la que el actor basó su condición de parte interesada a los fines de esta demanda, sigue latente.
III.1. Invariablemente se ha señalado que la potestad jurisdiccional sólo puede ejercerse en la medida en que exista un interés real de quien demanda en la resolución de la controversia. Es así que puede ocurrir que la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta y que con posterioridad se torne abstracta como consecuencia de la alteración de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión jurisdiccional perseguida (doctr. causas B. 57.233, "Empresa Abel y Mar|cial García", sent. de 12-X-2005; A. 68.097, "Jiménez Herwing", sent. de 13-XII-2006; I. 2.206, "Federación de Clínicas", sent. de 3-IV-2008; B. 64.673, "Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Bragado", sent. de 1-IX-2010; I. 2.361, "Rodríguez", cit.; A. 74.073, "Orbis Mertig San Luis SAIC", sent. de 23-II-2021; B. 65.684, "Albezan", sent. de 3-II-2022 e I. 73.795, "Falco", sent. de 1-IV-2025; I. 74.912, "Giannuzzi", resol. de 22-XII-2025; e.o.).
Este Tribunal ha precisado, también, que la lesión o amenaza al derecho o interés de quien promueve la demanda, que es un presupuesto del conflicto, debe subsistir durante la sustanciación del juicio; de lo contrario, mal podría procurarse componer un conflicto inexistente. De allí que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación sólo mientras se mantenga un real interés de la parte actora (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; B. 61.703, "Giles", sent. de 14-II-2001; I. 2.284, "Aguas Argentinas", sent. de 21-XII-2011; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 73.059, "Liminal S.A.", sent. de 20-III-2019; I. 2.361, "Rodríguez", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
III.2. Desde esa línea de razonamiento, puede afirmarse que una cuestión a resolver se torna abstracta si alguna de las partes no puede válidamente alegar —como sucede en el caso— la existencia actual de un perjuicio concreto derivado de la aplicación de la norma cuestionada.
Ello es así toda vez que el interés procesal expuesto por el actor —con independencia de las observaciones que hubieran podido formularse respecto de la doble condición legitimante por él invocada— reside en la insuficiencia del número de votos afirmativos requeridos para reputar válidamente aprobada la ordenanza de contenido tributario en la sesión del día 10 de diciembre de 2024 llevada adelante por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de Villa Gesell. Es en razón de ese único defecto que el actor pide la declaración de nulidad de la norma.
Esa circunstancia —referida a la alegada ausencia de mayoría absoluta— habría sido saneada con la aprobación de la nueva ordenanza; o al menos, esta última, no fue motivo de nueva impugnación por parte del señor Vivas.
En ese escenario, una hipotética invalidación que respondiera al primigenio pedimento carecería de utilidad o efecto práctico. Sería la declaración de nulidad por la nulidad misma.
Por lo hasta aquí expuesto, en tanto el conflicto que originó la presente demanda ha devenido abstracto, corresponde así declararlo.
III.3. No modifica lo expuesto el hipotético análisis de los efectos que la norma impugnada pudiera haber generado desde su dictado hasta la fecha en que fue derogada. Ello, toda vez que la postulación no contiene ninguna pretensión accesoria a la de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 3.544/24 por vicios en el procedimiento de su sanción. Más aún, siquiera se ha alegado —y, mucho menos demostrado— que haya provocado algún perjuicio concreto que pudiera remediarse con una declaración como la requerida.
Corresponde observar, además, que la ordenanza 3.544/24 fue publicada en Boletín Oficial Municipal el día 23-XII-2024 y la norma derogatoria se publicó el 11-IV-2025 por el mismo medio. Es decir que, eventualmente, tuvo un muy breve plazo de vigencia.
En tales condiciones, un pronunciamiento respecto de la satisfacción, o no, de las pautas constitucionales que se dicen conculcadas en la especie sería meramente teórico, insustancial e inoficioso y, por ello, impropio de la función judicial (doctr. causa B. 65.816, "Sindicatura por Estacionar S.A.", resol. de 15-VIII-2018).
IV. Las costas deben imponerse en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, CPCC y doctr. causas I. 76.412, "COFASA", resol. de 21-X-2020; I. 77.950, "Colombo", resol. 18-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por los fundamentos expuestos, se declara abstracta la cuestión litigiosa (arts. 163 inc. 6, CPCC).
Costas en el orden causado (art. 68, segunda parte, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora, doctores Fernando Diego Acebal y Damian Alberto Martínez, en la suma de pesos equivalente a … (…) Jus a cada uno de ellos (arts. 1, 2, 9, 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al IVA (arts. 1, 2, 9, 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967),
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:33:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:39:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 09:59:34 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 11:16:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2026 14:19:19 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/05/2026 14:47:54 hs. bajo el número RR-390-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia