Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75772
Lo que resolvió el tribunal
I. Inscribir las actuaciones en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3660).
II. Rechazar in limine la demanda (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
III. Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, doctores Damián Alberto Barbosa y Sebastián Eduardo Bouvet, en el equivalente en pesos a … Jus -…-, representando a cada uno de ellos la suma correspondiente a … Jus (arts. 1, 2 segundo párrafo, 13 primer párrafo, 15, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al IVA.
I.75.772 "PUJOL MIGUEL ANGEL Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE BERISSO S/ INCONST. ORD. 3635"
La Plata, 27 de noviembre de 2019.
I. Miguel Ángel Pujol y Julieta Angélica Cuesta, en carácter de Secretario General y Secretaria Administrativa y de Organización del Sindicato Berisso Filial de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH), a través de sus apoderados, promueven la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Municipalidad de Berisso, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 3635/18, en cuanto dispone la creación de una tasa sobre la adquisición de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en expendedores localizados en el citado municipio.
Instan la acción en representación del Sindicato de referencia (v. fs. 143/146 y 161 vta.), fundando su legitimación en su carácter de asociación con personería gremial y debida inscripción. Alegan que uno de los derechos de las asociaciones sindicales consiste en defender ante el Estado y los empleadores, los intereses individuales y colectivos de los trabajadores (cita art. 23 inc. a, ley 23.551).
Resaltan que tanto el artículo 43 de la Constitución nacional como el 20 inc. 2 de la Carta provincial amplían la legitimación de las asociaciones sindicales y, por su parte, el artículo 31 inc. a y c de la ley 23.551 disponen que la personería de la entidad demandante cuenta con el derecho exclusivo de defender y representar ante el Estado, los intereses colectivos de los trabajadores, e intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral.
Específicamente, señalan que el Estatuto del Sindicato Filial Berisso que representan, en el artículo 6 establece dentro de su objeto el de "…defender y representar los intereses profesionales, colectivos individuales de los afiliados en el más amplio sentido ante la administración, las autoridades y jurisdicciones de todo orden y grado dentro de las normas legales en vigor, sin ser necesario para ello autorización previa y expresa por parte de los afiliados…" (v. fs. 162 vta., el resaltado pertenece al original y art. 11 inc. 6 del Estatuto acompañado a la presente).
Así concluyen que la ordenanza atacada "… afecta al colectivo de los trabajadores que son representados, ello por cuanto la norma afecta directamente la actividad del sector petrolero e hidrocarburífero de la comuna, encareciendo el costo de los combustibles de manera ilegítima y lesionando derechos elementales" (v. fs. 162 vta./163).
En lo que hace al objeto de la demanda, relatan que la ordenanza 3635 crea la tasa de mantenimiento vial municipal que se percibe por la prestación de los servicios que demanda el mantenimiento, conservación, señalización, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red vial municipal; respecto de los contribuyentes dispone que todos los usuarios (efectivos o potenciales) abonarán en oportunidad de adquirir por cualquier título, combustibles líquidos y GNC en expendedores localizados en el territorio de la Municipalidad de Berisso y establece que los responsables de la percepción del tributo son quienes expendan y/o comercialicen aquellos (v. fs. 164/vta.). Finalmente, reseñan que éstos últimos deberán comenzar a ingresar el tributo en cuanto se reglamente la ordenanza en crisis, circunstancia respecto de la cual se manifiesta en el escrito de fs. 194, acompañando el decreto reglamentario sin perjuicio de indicar que no ha sido publicado en el Boletín Oficial (v. fs. 193).
Manifiestan que la norma genera un encarecimiento en los costos de los combustibles en las cuatro expendedoras que se encuentran en el municipio y, como consecuencia de dicho aumento, denuncian que la merma de la actividad es "inminente".
Alegan que al establecerse esta nueva tasa se vulnera el derecho de propiedad del sector representado por SUPEH al impactar el tributo sobre su rubro, encareciendo los costos, colocándolo en una situación de disparidad y pérdida de competitividad respecto a las estaciones de servicio de los municipios lindantes. Denuncian una doble imposición, en tanto la existente "Tasa por Servicios Generales Urbanos" se percibe por la prestación de servicios de conservación y ornato de las calles y, asimismo, manifiestan que afecta el sistema federal de coparticipación al que la Provincia adhirió (cita arts. 17, 75 inc. 1 y 2 y 123 Const. nac. y 1, 31, 57, 191 y 192 inc. 6 Const. Prov.; leyes de Coparticipación Federal de Impuestos y de Coparticipación Vial; v. fs. 166 vta./168, 169/171, 177/124).
Denuncian que la norma vulnera el derecho al comercio y ejercer la industria en tanto el aumento del precio de los combustibles va a incidir en el costo del transporte y, por lo tanto, "… es de esperar que muchos opten por cerrar sus comercios o actividad comercial o industrial y montarla en una localidad adyacente…", ahuyentando todo tipo de inversión en la comuna y, manifiestan que al tener menos rentabilidad las expendedoras locales se incrementan las posibilidades de despido del personal afectando al sector representado por SUPEH (cita arts. 14 Const. nac. y 27 Const. Prov.; v. fs. 168/vta.).
Para más, alegan la afectación del derecho a la igualdad en relación a la mayor carga que deben soportar respecto de ciudadanos que habitan en otros municipios (cita arts. 16, Const. nac. y 11, Const. Prov.; v. fs. 169 vta./170). Finalmente, expresa cuestiones relativas a las potestades tributarias de los municipios bonaerenses, señalando que la tasa en cuestión es un impuesto encubierto, afectando los principios de razonabilidad -al verse comprendidos todos los sujetos que carguen combustible en Berisso sin que exista contraprestación a cambio- y de legalidad (arts. 28, Const. nac.; 25, Const. Prov.; v. fs. 171/177, 182/184 vta.).
Finalmente, solicitan se ordene en forma cautelar la suspensión de los efectos de la ordenanza en cuestión en tanto, conforme lo reseñado, la aplicación de la ordenanza 3635 en crisis encarecería los costos de los combustibles que se expendan en Berisso y "ahuyentaría" el consumo en la localidad dada la cercanía con expendedoras de otras jurisdicciones y, en consecuencia, "…provocará una baja en la actividad, con posibilidad de despido de trabajadores del rubro, y hasta incluso el cierre de la planta" (v. fs. 184 vta. y 190).
II. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, CPCC).
En reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha sostenido que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, en principio, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Alvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1.457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (conf. doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras S.R.L.", sent. de 1-VI-93; I 3.202, cit.; e.o.), de lo que se sigue que, en este proceso, incumbe al actor poner de manifiesto que las disposiciones legales o reglamentarias impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial, sobre su círculo de intereses (doct. causa I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991).
Ha destacado, además, que el mencionado carácter de "parte interesada" supone una cualidad en el impugnante, que exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva, pues la pretensión enunciada en el artículo 161 inc. 1 de la Constitución provincial no equivale a una "acción popular" o "pública" en el sentido que haya podido concedérsela a "cualquiera del pueblo" - cuique populo - (v. voto del Dr. Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455 -causa B. 16.203, sent. de 31-X-1933; doctr. causas I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; e.o.).
Así, la lesión invocada debe guardar una adecuada conexión con la determinación jurídica reputada inconstitucional o ilegítima y ser susceptible de restablecerse o repararse mediante el remedio empleado.
En ese sentido, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "es imprescindible que quién reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal —diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos— en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma 'suficientemente directa' o 'substancial'" (cfr. CSJN Fallos: 306:1125; 308:2147; 310:606; 326:3007; 333:1023; 342:853; e.o).
Ello es así, pues, la legitimación activa constituye un presupuesto necesario para que exista un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 342:853; e.o.).
II.1. Sentado ello y sin perjuicio de haberse expedido este Tribunal favorablemente respecto de la representación de las entidades gremiales en relación a sus afiliados (doct. causa I. 2.260, "Federación de Educadores Bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento", sent. de 27-II-2008; cfr. art. 41 Const. Prov. y ley 23.551), conforme se señalara, tal legitimación dista de ser absoluta e ilimitada. Dependerá de las características de la pretensión, del contenido de las normas que son impugnadas y de la posición que frente a ellas la entidad exhiba (doct. causas I. 2.115, cit.; I. 2.153, cit.; e.o.).
En este sentido, por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), no hay duda de que la aptitud legitimante en el proceso constitucional supone, en este tipo de casos, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca, que en la especie no aparece en modo alguno cristalizado.
En concreto, para controvertir por esta vía, el Sindicato Berisso Filial de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH) debe justificar que, por sobre el genérico interés pretendido en la defensa del sector petrolero e hidrocarburífero de la comuna (v. fs. 162 vta./163), el círculo de intereses propios y/o de los trabajadores representados por aquél experimenta o puede padecer algún menoscabo o lesión en sus derechos (v. art. 1 del Estatuto acompañado a fs. 1/140).
En el caso que aquí se aborda, del modo como se lo explicita en la demanda, no se evidencia la alegación plausible de una infracción que objetiva y conrectamente pudiera vulnerar los derechos o intereses propios del Sindicato de referencia y/o sus representados, lo cual impide reputar cumplido el requisito de "parte interesada" previsto en el citado artículo 161 inciso 1 de la Constitución provincial.
Los cuestionamientos de raíz constitucional formulados en la demanda están centrados -conforme se describieran en el apartado I- en la supuesta afectación de los derechos de propiedad, de ejercicio del comercio e industria y los principios de igualdad y razonabilidad, todo ello sin que se haya logrado demostrar de qué manera el aumento del precio del combustible expedido en la localidad de Berisso, como consecuencia de la tasa en cuestión, afecta los intereses reseñados.
Incluso, si bien los actores manifiestan que la ordenanza 3635 "…provocará una baja en la actividad, con posibilidad de despido de trabajadores del rubro, y hasta incluso el cierre de la planta", tal afirmación no resulta suficiente a los efectos de demostrar el impacto negativo de la norma en los trabajadores representados por el Sindicato. En efecto, no se verifica de la forma en que se ha interpuesto la demanda, cómo el aumento en el precio del combustible en las cuatro estaciones de servicio ubicadas en la localidad de Berisso -a causa de lo dispuesto en la ordenanza en crisis-, signifique un perjuicio tal que acarree una disminución de la actividad de la planta industrial que represente la pérdida de puestos de trabajo o su cierre.
Para más, resulta de interés señalar que los apoderados de la parte actora fundan su legitimación en el art. 11 inc. 6 del Estatuto del Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos en tanto dispone respecto a su objeto el de "Defender y representar los intereses profesionales, colectivos individuales de los afiliados en el más amplio sentido ante la administración las autoridades y jurisdicciones de todo orden y grado dentro de las normas legales en vigor, sin ser necesario para ello autorización previa y expresa por parte de los afiliados...", adjuntando copia del acta mediante la cual se otorga el poder para actuar en este proceso a los letrados intervinientes (v. fs. 11, 12, 146 y 162 vta.), circunstancias que a todas luces carecen de la suficiente determinación y precisión con relación al objeto procesal aquí analizado (doct. causa I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015 y sus citas).
III. De acuerdo a las consideraciones precedentes, desde que es ostensible que el Sindicato actor no demuestra la titularidad de un interés, propio y/o de sus representados, jurídicamente tutelado que le otorgue legitimación suficiente para actuar en este proceso corresponde, previa inscripción en el Registro de Procesos de Incidencia Colectiva, el rechazo in limine de la demanda (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; arts. 1 y 2 de la Ac. SCBA 3660).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Inscribir las actuaciones en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3660).
II. Rechazar in limine la demanda (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
III. Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, doctores Damián Alberto Barbosa y Sebastián Eduardo Bouvet, en el equivalente en pesos a … Jus -…-, representando a cada uno de ellos la suma correspondiente a … Jus (arts. 1, 2 segundo párrafo, 13 primer párrafo, 15, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al IVA.
Regístrese, notifíquese, inscríbase y oportunamente archívese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ko-Pe-To
Reg. Nº 642
Fin de la sentencia