Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75157
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acumular a estos autos la causa I. 75.375 caratulada "Martínez Azaro Eduardo Arturo y ot. c/ Munic. de Castelli s/ inconst. ord. 06/2018 (conf. arts. 34 inc. 5, 188, 189 y concs. del CPCC).
2Rechazar las medidas cautelares solicitadas por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.75.157 "MARTINEZ AZARO EDUARDO ARTURO C/ MUNICIPALIDAD DE CASTELLI S/ INCONST. ORD. 40/2017"
La Plata, 10 de abril de 2019.
I. En autos, el señor Eduardo Arturo MartínezÁzaro, por derecho propio y en carácter de apoderado de Ada Mercedes Micono, con el patrocinio letrado del doctor Luciano José Nístico, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Municipalidad de Castelli, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad del artículo 17.2 de la Ordenanza Fiscal e Impositiva aprobada por el artículo 1 de la ordenanza 40/17 y se ordene la restitución de las diferencias ingresadas en concepto de Tasa por Servicios Rurales (TSR) por aplicación de la cuestionada norma.
Fundan su legitimación en la condición de contribuyentes responsables del pago de la TSR, por resultar usufructuarios de los terrenos cuyas nomenclaturas catastrales detallan, siendo titulares dominiales sus hijos y sobre los cuales se constituye la base imponible de la tasa cuestionada (v. art. 17 de la ordenanza a fs. 47).
Relatan que ejercen derecho de usufructo sobre 2.200 hectáreas y, por lo tanto, quedan comprendidos dentro del supuesto que prevé que, a partir de 1.000 hectáreas en una o varias parcelas, el importe de cada cuota estará dentro de un monto mínimo de $37,44 y un máximo de $67,08 por hectárea, la que se determinará tomando como base de cálculo el promedio del valor de 3/4 kilogramo de la categoría novillitos de 401/420 kg que publique el Mercado de Liniers para la última semana entera del mes anterior que corresponda a los vencimientos pares o impares (v. fs. 83, 139 vta. y 140).
Afirma que la norma en crisis se encuentra en pugna con los principios constitucionales de razonabilidad, legalidad y capacidad contributiva, igualdad, propiedad, derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, el régimen republicano de gobierno, el régimen municipal y el principio de jerarquía normativa (invoca arts. 56, 25, 11, 31, 27, 1, 193, inc. 1, y 195 de la Const. prov.).
Relatan que la base de cálculo adoptada no se relaciona con el supuesto servicio a prestar (conservación, reparación y mejorado de calles, caminos y desagües públicos rurales) y, en consecuencia, manifiestan que los montos de la TSR no sólo se establecieron para cubrir los servicios prestados sino otras erogaciones estatales, desnaturalizando la esencia de la tasa en tanto contraprestación de un servicio individualizado.
Sostienen que, sin justificación alguna ni modificación en la prestación del servicio, el municipio incrementó los montos mínimos y máximos para la base del cálculo de la TSR en un 50% por encima de los vigentes en el período fiscal 2017 (ordenanza 3/17), además de considerar que aquellos se encuentran por encima de los publicados por el Mercado de Liniers para la categoría novillitos. En consecuencia, aducen que tal aumento le genera un grave daño económico que afecta ilegítimamente su derecho de propiedad.
Alegan que la norma afecta el principio de igualdad consagrado en el art. 11 de la Constitución provincial, porque los montos a ingresar en concepto de tasa varían según la cantidad de hectáreas que se tiene, sin justificación "razonable y valedera" que sustente tales diferencias (aumento del 50% o 100% más en la segunda y tercera categoría prevista, respecto de la primera; v. fs. 149).
Señalan que la norma vulnera el principio de legalidad y capacidad contributiva (cita arts. 25 y 56 de la Const. Prov.), en virtud de no tener en miras el interés general que debe guiar el dictado de los actos legislativos de carácter general, priorizando la recaudación tributaria en clara violación de los principios constitucionales citados.
Además, sostienen que la ordenanza fiscal cuestionada fue sometida al Concejo Deliberante de la Municipalidad bajo el régimen "tratamiento sobre tablas", otorgando poco tiempo a los concejales para analizarla (v. fs. 140).
Adicionalmente, no obstante reconocer que la normativa intrafederal es una materia extraña al ámbito cognoscitivo del artículo 161 inc. 1 de la Const. Prov., destacan que la ordenanza impugnada afecta el principio de jerarquía normativa (cita arts. 31 de la Const. nac. y 1 de su par provincial) por cuanto vulnera los compromisos asumidos por la Provincia de Buenos Aires en la ley 23.548 de coparticipación federal de recursos fiscales, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993, el Consenso Fiscal y el Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal (v. fs. 150/153 vta.).
Finalmente, solicitan el dictado de una medida cautelar en forma urgente mediante la cual se permita ingresar la tasa cuestionada tomando como base de cálculo la dispuesta en la norma vigente en el periodo fiscal 2017 (ordenanza 3/17); se ordene al municipio a restituir las diferencias ingresadas por aplicación de la norma cuestionada y que se abstenga de iniciar cualquier reclamo administrativo o judicial derivado de la diferencia de la tasa en cuestión que a su criterio pueda requerir como consecuencia de su pago, trabar por sí y/o demandar judicialmente medidas cautelares de cualquier tipo y/o instruir sumarios infraccionales (v. fs. 138 vta.).
II. Por su parte, en la causa I. 75.375 caratulada "Martínez Azaro Eduardo Arturo y ot. c/ Munic. de Castelli s/ inconst. ord. 06/2018", el señor Eduardo Arturo Martínez Azaro por derecho propio y en carácter de apoderado de Ada Mercedes Micono, promueve nueva acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Municipalidad de Castelli, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los artículos 209, 211, 301, 302 y 303 del Código Tributario aprobado por ordenanza 06/18, publicada el 17-IV-2018 y se ordene la restitución de las diferencias ingresadas en concepto de Tasa por Servicios Rurales (TSR) por aplicación de la cuestionada norma.
Ello, en razón de que la citada norma vulnera los principios constitucionales de razonabilidad, legalidad y capacidad contributiva, igualdad, propiedad, derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, el régimen republicano de gobierno y régimen municipal y el principio de jerarquía normativa (arts. 56, 25, 11, 31, 27, 1, 193 inc. 1 y 195, respectivamente).
Ahora bien, no obstante aclarar que la norma cuestionada en esta causa deroga la ordenanza 40/17 -en trámite en la causa reseñada en el apartado I del presente- sus disposiciones continúan rigiendo por cuanto la Autoridad de Aplicación del municipio se encuentra habilitada para hacerlo hasta completar la adecuación de los sistemas de liquidación y presentación establecidos por la nueva ordenanza 06/18 (conf. art 323), al mismo tiempo que dispone que el monto a pagar en concepto de TSR no podrá resultar inferior al fijado para el período inmediato anterior -es decir, aquél que se corresponde con la ordenanza 40/17- y si resulta superior se aplicará un incremento gradual (art. 302 y 303).
Así, entiende que el examen de validez constitucional de la ordenanza 6/18 "… requiere también un análisis de las disposiciones de la Ordenanza 40 y de los fundamentos planteados en el Expediente 75157, donde también obra agregada prueba documental certificada y legalizada de mi parte cuyas copias simples adunan al presente. Es por ello que en la presente acción se plantean nuevamente diversos fundamentos expuestos por mi parte en el Expediente 75157, en el entendimiento que si bien la Ordenanza Impugnada derogó la Ordenanza 40, las disposiciones de éste último marco normativo continúan aplicándose en forma ultraactiva y, como tal, forman parte integrante de la Ordenanza Impugnada" (v. fs. 79 vta.).
Sentado ello, procede a cuestionar la ordenanza 40 -con los mismos términos utilizados al interponer el escrito de demanda en la causa I. 75.157- para luego analizar los artículos cuestionados del nuevo Código Tributario del municipio. En este sentido manifiesta que, si bien la nueva norma mantiene inalterado el hecho imponible de la tasa en cuestión, los contribuyentes obligados al pago y la descripción fáctica de lo que se entiende por inmueble rural, cierto es que el nuevo régimen introduce importantes modificaciones en lo que hace al modo de determinar la obligación. Así, establece que dependerá de las características constructivas del inmueble, en virtud de la valuación fiscal que fuera mayor entre la vigente y establecida por la Provincia de Buenos Aires o bien sobre la municipal en curso, disponiendo a los efectos del pago una escala de seis categorías (de la "a" a la "f") a las que atribuye un monto y alícuotas sobre el excedente del límite mínimo (art. 301).
En este sentido considera que, de determinarse la tasa a partir de la valuación fiscal de los inmuebles rurales denunciados, el tributo a ingresar sería menor si no se aplicara la regla del artículo 302 señalada (el tributo "… no podrá ser inferior al fijado para el período inmediato anterior neto de bonificaciones especiales").
Asimismo, expone fundamentos similares a los manifestados en la causa I. 75.157 relativos a los principios constitucionales que alega vulnerados, la potestad tributaria del municipio, la naturaleza jurídica de la tasa, la irrazonabilidad en el modo del cálculo sea por aplicación de una u otra ordenanza, la desproporción entre el monto a pagar y el costo del servicio, destacando en este último caso que el monto a ingresar en concepto de TSR asciende a una cuota bimestral de $74.033 y, por lo tanto, a la suma anual de $444.198, lo que equivale "… al 273% de la cuota 1/2018 del Impuesto Inmobiliario provincial ($27.048,60), mientras que el importe anualizado equivaldría al 558% del pago único que ARBA permite realizar para cancelar el Impuesto Inmobiliario en un solo pago ($79.554,80)" (v. fs. 89 vta.).
Finalmente, solicita medida cautelar en idénticos términos a aquella solicitada en la causa I. 75.157.
III. Del relato efectuado en los considerandos que anteceden, resulta evidente que las pretensiones expuestas no pueden resolverse separadamente sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias (Ac. 33.375, "Caprarella de Hernández", res. de 28-VIII-84, DJBA, t. 127-33; Ac. 52.932, "Vázquez", res. de 5-XII-95, "Ribblam", res. del 18-XI-97; causa B.61.830, "Angeleri", res. de 13-XII-2017).
Por ello, como primera medida, teniendo en consideración la conexidad jurídica existente entre las mencionadas causas y encontrándose reunidos los demás extremos exigidos por la norma ritual, corresponde acumular a la presente la causa I. 75.375 caratulada "Martínez Azaro Eduardo Arturo y ot. c/ Munic. de Castelli s/ inconst. ord. 06/2018" (conf. arts. 34 inc. 5, 188, 189 y concs. del CPCC).
Sentado ello, corresponde expedirse sobre la tutela cautelar solicitada.
IV.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causa I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", res. de 24-V-2011 e I. 74.048 "ATE", res. de 24-V-2016, entre otras), la que naturalmente cabe hacer extensiva a las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276 "Empresa de Transportes 25 de Mayo", res. de 21-IX-2005; I. 68.174, cit. e I. 72.269 "Coordinación Ecológica Área Metropolitana", res. de 6-XI-2012, entre muchas otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1 CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", res. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521 "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", res. de 4-V-2005, entre otras) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", res. de 4-V-2016 y sus citas).
Sobre la base de tales parámetros, se impone analizar los extremos requeridos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ; arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
IV.2. Cabe adelantar que los requisitos indispensables para la concesión de la medida cautelar solicitada no surgen acreditados, en esta etapa liminar, con las constancias agregadas en la causa.
IV.2.a. Respecto al requisito adjetivo relativo a la verosimilitud del derecho debe precisarse que, conforme se reseñara, la actora realiza el mismo análisis en ambos escritos de demanda, señalando que la violación de los derechos y principios invocados en las pretensiones surge de la mera confrontación de los textos de las ordenanzas 40/17 y 6/18 con el de la Constitución provincial, siendo innecesaria la producción de prueba adicional y un examen minucioso de la naturaleza del tributo y las facultades de los distintos niveles de gobierno.
No obstante tales consideraciones, debe señalarse que cuando se debatan cuestiones relativas a las potestades que los municipios de la Provincia de Buenos Aires tienen para dictar sus normas tributarias locales y el derecho que les asiste para exigir a sus contribuyentes el ingreso del producido consecuente a su aplicación, debe ponderarse lo dispuesto por la Constitución provincial, las leyes dictadas en su consecuencia y las ordenanzas municipales sancionadas en ejercicio de la autonomía municipal (conf. arts. 1, 5, 121 y 123, Const. nac. y 1, Const. prov.).
En el derecho público de la provincia son atribuciones inherentes al régimen municipal "...la administración de los intereses y servicios locales" (arts. 190, Const. prov.), confiriéndose a las municipalidades la potestad de dictar "... ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6) que comprenden, entre otras materias, la creación de los tributos necesarios para financiar el presupuesto (art. 192 inc. 5); entre los que la Constitución incluye, expresamente, a los "... impuestos o contribuciones de mejoras" (art. 193 inc. 2).
Dicha interpretación de las normas constitucionales relativas a la competencia municipal en razón de su autonomía, disipa la apariencia de buen derecho que invoca la accionante en el marco provisional propio del despacho cautelar. Más aún sostener que, la violación de garantías y principios constitucionales invocados por la actora- que son idénticos en ambas pretensiones- se desprenda de la simple confrontación del texto constitucional con aquellos de los artículos 17.2 de la ordenanza 40/17 y 209, 211, 301, 302 y 303 de la ordenanza 6/18.
Es decir, en esta etapa del proceso y de los términos de la demanda no concurren elementos suficientes que evidencien una extralimitación inconstitucional por parte del municipio en uso de sus facultades tributarias.
Aún más, los cuestionamientos relativos a la razonabilidad de las normas impugnadas, ligados a la vulneración del derecho de propiedad no resultan satisfactorios en el marco excepcional de la acción intentada; pues las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo – en la especie, incremento de los montos mínimos y máximos para la base del cálculo de la TSR en 50% por encima de aquellos vigentes en el período fiscal 2017, por aplicación de la ordenanza 40/17 y por aplicación de tal régimen, pese a estar derogado por la ordenanza 6/18- sólo deben acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria de la capacidad contributiva gravada (cfr. causa I. 1.183 "Nida", sent. del 31-V-1988).
De tal modo, en el marco provisional propio del despacho cautelar, ese andarivel impone la justificación - prima facie- de la confiscatoriedad del monto del gravamen a la luz de la concreta capacidad contributiva de quien acciona; circunstancia que no surge explicitada con las constancias obrantes en autos.
Asimismo, respecto de la alegada vulneración al principio de igualdad en razón del dictado de la norma impugnada, este Tribunal ya ha expresado con anterioridad que tal garantía constitucional no priva al legislador de la facultad de crear categorías especiales de contribuyentes, siempre que éstas no sean arbitrarias o forzadas (doctr. causas I. 1.183 cit., sent. del 31-V-1988 e I. 1.181 "Licade S.A.", sent. del 16-VIII-1988); circunstancia que tampoco surge de este análisis preliminar de la causa.
Así, la verosimilitud del derecho no aparece acreditada, desde este punto de vista y por el momento, con la nitidez que un despacho cautelar como el requerido exige, tratándose de un asunto que precisa un mayor caudal de elementos de valoración, los cuales sólo podrán ser integrados al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772 "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", res. de 14-VIII-2010 e I. 71.307, "Garibaldi", res. de 11-VII-2012, entre otras).
VI.2.b Respecto del peligro en la demora, la actora sostuvo que por la aplicación de las ordenanzas cuestionadas la cuota bimestral a ingresar en concepto de tasa por servicios rurales – sea por aplicación directa de la ord. 40/17 o indirecta de aquella por aplicación de lo dispuesto en la ord. 6/18- supera el monto para el período fiscal 2017 en un 50% y, por lo tanto, se traduce en un grave daño económico de imposible reparación ulterior, afectando ilegítimamente su derecho de propiedad.
Dicha afirmación no resulta suficiente a los fines de considerar que existe en el caso peligro en la demora en la medida en que, de las constancias agregadas a la causa, no se desprende cuál sería el impacto que sobre el giro comercial de la actora generaría la determinación de la tasa en cuestión conforme la regla establecida en la ordenanza cuestionada, sin que sea posible, por tanto, apreciar si el tiempo que insuma la tramitación del proceso sea susceptible de generar un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior.
Siendo ello así, no se evidencia la urgencia necesaria para el otorgamiento de una medida de este tipo.
Por ello la Suprema Corte de Justicia
1. Acumular a estos autos la causa I. 75.375 caratulada "Martínez Azaro Eduardo Arturo y ot. c/ Munic. de Castelli s/ inconst. ord. 06/2018 (conf. arts. 34 inc. 5, 188, 189 y concs. del CPCC).
2. Rechazar las medidas cautelares solicitadas por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 122
Fin de la sentencia