Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74912
I.74.912 "GIANNUZZI LEDA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE ENSENADA S/ INCONST. ORD. 4234/16"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Kohan dijeron:
I. Mediante resolución de 4-IX-2020, este Tribunal dispuso suspender los efectos de la ordenanza 4.234/16 dictada por la Municipalidad de Ensenada, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos. Para adoptar esa decisión, se estimó que ella — prima facie valorada— resultaba contraria al contenido del art. 28 de la Constitución provincial.
Es necesario recordar que la referida norma derogó las ordenanzas 1.829/95 (que declara "Áreas Naturales Protegidas" a las costas del Río de la Plata, al Parque Gobernador Martín Rodríguez y a la Selva Marginal de Punta Lara) y 2.051/97 (que crea el Departamento de Áreas Naturales Protegidas con sede dentro del Parque Gobernador Martín Rodríguez), con el objeto de autorizar la construcción de la extensión de Autopista “Dr. Ricardo Balbín” —que une la capital provincial con la federal— de modo tal de interconectarla con los partidos de Ensenada y Berisso junto con el Puerto de La Plata.
II. A través de escrito presentado el 14-X-2022, la comuna demandada solicitó que se declare abstracta la cuestión debatida en autos.
Para ello, denunció como hecho nuevo que el Concejo Deliberante de Ensenada dictó la ordenanza 4.562/22, por la cual se derogó la ordenanza 4.234/16 impugnada en autos y se restauró la vigencia de las ordenanzas 1.829/95 y 2.051/97, al mismo tiempo que dispuso autorizar la afectación solo de la superficie necesaria del Parque Gobernador Martín Rodríguez para la ejecución de la obra de ampliación de la Autopista “Dr. Ricardo Balbín”.
En esa inteligencia, consideró que la pretensión procesal objeto del presente juicio se encontraba satisfecha y que el agravio que motivó la demanda había perdido virtualidad, toda vez que la ordenanza cuya inconstitucionalidad se persigue ha sido derogada por una nueva, siendo, en consecuencia, cualquier eventual decisión al respecto meramente teórica, inútil, inoficiosa e impropia de la función judicial.
III. Corrido el correspondiente traslado, la parte actora se opuso a que se declare abstracta la cuestión y requirió que se amplíe la suspensión cautelar dictada en autos sobre los efectos de la ordenanza 4.562/22, ordenando que esta Corte prohíba cualquier tipo de intervención sobre el Parque Gobernador Martín Rodríguez.
Señaló que, en términos ambientales, la nueva norma resulta igual de regresiva que la originalmente cuestionada, en tanto su objeto es exactamente el mismo: autorizar la construcción del tramo de la Autopista “Dr. Ricardo Balbín” que se había pretendido hacer antes con la ordenanza 4.234/16.
Agregó que la circunstancia de que mediante la subsecuente disposición se hubiera "restaurado" la vigencia de las ordenanzas 1.829/95 y 2.051/97 previamente derogadas, en nada cambia la solución del caso, puesto que si se autoriza la obra de la carretera en cuestión se estaría igualmente trasgrediendo el principio de no regresividad en materia ambiental.
Afirmó que los términos en los que está redactada la nueva ordenanza, que ahora propone solamente "la afectación de la superficie necesaria", es igualmente agraviante. Esto ya que el parque forma parte de un ecosistema que se entiende como un "conjunto compuesto por variados elementos en interacción" que no puede desmembrarse en partes ni alojar, en sí, ningún tipo de modificación antrópica.
Asimismo, añadió que la ordenanza 1.829/95 es clara en cuanto a lo que implica el resguardo de los espacios protegidos, al establecer en su art. 6 que solo pueden estar "destinados a fines científicos, culturales, educativos y recreativos", "cabiendo al organismo de aplicación conservarlos y mantenerlos inalterables", por lo que la construcción de una autovía que los atraviese sería absolutamente incompatible con esos propósitos.
Finalmente, alegó que resulta indiferente que la ordenanza 4.562/22 prevea en su art. 4 que la afectación deberá realizarse dando cumplimiento a "los preceptos constitucionales y normas legales de protección ambiental consagrados en la ley nacional 25.675 y la ley provincial 11.723", dado que eso resulta materialmente imposible y que la eventual evaluación de impacto ambiental a la que alude la norma no subsana, en modo alguno, la inconstitucionalidad denunciada.
Por todo ello, solicitó que se amplíe la medida cautelar decretada por esta Corte en su resolución de 4-IX-2020 a las disposiciones de la ordenanza 4.562/22 dictada por la Municipalidad de Ensenada.
IV. Por medio de escrito de 31-X-2023, la comuna demandada puso en conocimiento de este Tribunal que se encontraba tramitando una nueva declaración de impacto ambiental elaborada a partir de una evaluación llevada a cabo por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y que, a raíz de ello, el Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires había dictado la resolución 2023-145-GDEBA-SSCYFAMAMGP, mediante la cual convocó a una audiencia pública para el 5 de diciembre de ese año con el objeto de que los habitantes del municipio participaran en el proceso de factibilidad ambiental de la obra en cuestión y se garantizara el libre acceso a la información pública, dándoles la posibilidad de realizar todas las observaciones que consideraran pertinentes.
V. Finalmente, el 10-V-2025 la Municipalidad de Ensenada acompañó la resolución 2025-154-GDEBA-SSCYFAMAMGP dictada también por el Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente, a través de la cual se declaró "ambientalmente apto" el proyecto de obra denominado "Autopista Dr. Ricardo Balbín Sección I Tramo II Distribuidor Camino Rivadavia Pr. 1 225 a inicio viaducto Pr. 3 145" descripto en el Anexo I presentado por la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de la ley 11.723 y la resolución del OPDS 492/19.
Argumenta que la referida declaración de impacto ambiental se dictó luego de haber contemplado y evaluado las observaciones efectuadas por los participantes de la audiencia pública y de haber tenido en cuenta la factibilidad expresada por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, así como también un dictamen de la Asesoría General de Gobierno y la vista emitida por la Fiscalía de Estado.
Agrega que, sin perjuicio de todo otro requerimiento que, en el marco de su condición de autoridad de aplicación pudiera exigir el Ministerio de Ambiente provincial, la obra reconocida ambientalmente apta queda condicionada al estricto cumplimiento de los requisitos que constan en el Anexo I.
Reitera que con la sanción de la ordenanza 4.562/22 que restableció la vigencia de la ordenanza 1.829/95 que declara "Área Natural Protegida" al Parque Gobernador Martín Rodríguez, autorizó únicamente la afectación de la superficie necesaria para la ejecución de la obra de ampliación de la autovía, condicionándola a la previa expedición de informes técnicos favorables. De allí que se habría saneado el exceso que cometió al dictar la ordenanza 4.234/16, que había erróneamente suprimido la protección ambiental de muchas otras áreas.
En este esquema, insiste en que la presente causa se tornó abstracta al haber perdido virtualidad la discusión en torno a la inconstitucionalidad de la ordenanza 4.234/16 —al encontrarse derogada por la ordenanza 4.562/22— y aduce que no existe razón jurídica alguna que justifique mantener o incluso ampliar la medida cautelar dictada por esta Suprema Corte el 4-IX-2020, por la cual se suspendió la realización de la obra en cuestión.
VI. Corrido un nuevo traslado a la parte actora, en su respuesta del 12-VIII-2025 persiste en su negativa a que se avance con el proyecto de ampliación de la Autopista “Dr. Ricardo Balbín”.
En primer lugar, alegando que la medida precautoria dictada en autos no se fundó en la existencia o no de una evaluación de impacto ambiental, sino lisa y llanamente en la vulneración del principio de no regresividad teniendo en cuenta la protección ambiental que tenía el Parque Gobernador Martín Rodríguez y la comuna revocó, primero dictando la ordenanza 4.234/16 y luego la 4.562/22.
En ese sentido, considera que si bien la última de estas normas restablece la vigencia de la ordenanza 1.829/95 que declara "Área Natural Protegida" al referido parque, su contenido tiene igualmente un componente de carácter regresivo en materia ambiental, porque expresamente autoriza la afectación de la superficie necesaria para la ejecución de la obra a cuyo avance los actores se oponen.
Por otro lado, señala que la pretensión que originó las presentes actuaciones no se limita a la mera declaración de inconstitucionalidad de la norma cuestionada, sino que tiene además como objeto que se ordene a la Municipalidad de Ensenada a restituir la protección ambiental que tenía previo a su sanción y a que se abstenga de dictar otras normas que debiliten, restrinjan o eliminen esa preservación legal, motivo por el cual la presente acción conservaría su plena vigencia.
En relación a la declaración de impacto ambiental, aduce que allí expresamente se reconoce que el desarrollo de la autopista producirá "impactos ambientales de magnitud moderada y alta" y que, en el tramo de la traza que atraviesa el Parque Gobernador Martín Rodríguez, "tendrá un impacto permanente de magnitud moderada y de extensión puntual" debido a tareas de desmonte y tala de árboles, lo que incluye la extracción de 2.666 individuos mayores a 20 cm de diámetro normal.
Agrega que, del mismo informe, se desprende que el terraplén de la autopista generará un "efecto barrera importante deslindando el parque en tercio y dos tercios", lo que -a su juicio y del de otros profesionales de la materia con los que dicen haberse comunicado- lo transformaría en un proyecto totalmente inviable desde el punto de vista hidráulico, ya que se construiría una obra transversal sobre un humedal que cruza la vertiente del Río de la Plata, en una zona de máximo riesgo de inundación.
Para el caso, sostiene que en la inundación producida el 2 de abril de 2013 en el Partido de La Plata, la Autopista “Dr. Ricardo Balbín” impidió durante muchas horas el paso del agua por efecto de sus terraplenes, que se convirtieron en una barrera imposible de cruzar, provocando grandes anegamientos en los barrios de Ringuelet y Tolosa, situación que podría replicarse en Ensenada si se permite la construcción de un muro en sentido paralelo a la costa del río.
Añade que el estudio aprobado no tuvo en cuenta las consecuencias que se pueden derivar de un aumento sumamente significativo en la circulación de autos y camiones en la zona, lo cual afectaría la salud de una población que ya se encuentra perjudicada debido a la contaminación que produce el polo petroquímico existente en la zona.
Denuncia que las medidas de mitigación previstas en la declaración resultan insuficientes, en tanto que la "forestación compensatoria" allí establecida, por la cual se indica que deberán reponerse todos los ejemplares arbóreos que se extraigan —en una proporción de cinco nuevos por cada uno retirado— no es eficiente, puesto que habrá que esperar entre 70 y 80 años para que crezcan al tamaño que tienen hoy y, además, porque no prevé un plazo de cumplimiento.
Alega, en síntesis, que, a pesar de que el proyecto para realizar la obra discutida en autos fue declarado como "ambientalmente apto" por las autoridades correspondientes luego de la presentación de los informes técnicos que se produjeron, resulta sustancialmente inconsistente e influirá aún más en la saturación de la capacidad asimiladora y regeneradora de la naturaleza, solicitando, en consecuencia, que se rechace la petición realizada por la Municipalidad de Ensenada.
VII. En este estado de cosas, pasan los autos al Acuerdo.
Corresponde, entonces, abocarse al tratamiento de: a) la admisibilidad del hecho nuevo denunciado por la parte demandada; b) el requerimiento realizado en dos oportunidades por esa comuna tendiente a que se declare abstracta la cuestión debatida en autos; c) la ampliación del objeto del proceso requerida por la parte actora; y d) la actualidad de la medida cautelar dictada en autos, considerando que la parte actora pretende que se extiendan sus efectos a la nueva ordenanza dictada por la Municipalidad de Ensenada e, inversamente, esta comuna requiere que se la deje sin efecto para que se pueda avanzar con la construcción del nuevo tramo de la Autopista “Dr. Ricardo Balbín”.
VIII.1. En los procesos de conocimiento ordinarios que disciplina el Código Procesal Civil y Comercial, esencialmente gobernados por el principio dispositivo, les corresponde a las partes determinar el alcance del conflicto a dirimir de acuerdo con los hechos alegados y controvertidos en sus escritos postulatorios.
Es por ello que la modificación o ampliación de la demanda —y, por consiguiente, del objeto del proceso o, en este particular proceso de acción originaria de inconstitucionalidad, de la norma discutida— solo puede formularse, en principio, antes de su notificación (art. 331, CPCC).
Sin embargo, si la ampliación se fundare expresa o implícitamente en hechos posteriores a la traba de la litis o estos fueran anteriores, pero hubieran sido conocidos por las partes luego del referido estadio procesal, podrán ser denunciados en el juicio como hechos nuevos (cfr. art. 331, CPCC). El ordenamiento de rito establece que serán admitidos siempre que tuvieran relación con la cuestión controvertida, pudiendo ser alegados hasta cinco días después de dictado el auto de apertura a prueba (art. 363, CPCC), etapa procesal que todavía no se ha decretado en la causa.
A esto cabe añadir que, en el proceso especial de la acción originaria de inconstitucionalidad, la Suprema Corte ha considerado —aun de oficio— las modificaciones legislativas que puedan incidir sobre la vigencia de las normas controvertidas por esta vía (conf. causas I. 2.284, "Aguas Argentinas SA", sent. de 21-XII-2012; I. 71.858, "Figueroa Alcorta", sent. de 6-VIII-2018; I. 2.033, "Ferro", resol. de 19-XII-2014; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 69.020, "Intendente Municipal de Brandsen", sent. de 21-XI-2018 e I. 73.059, "Liminal", sent. de 20-III-2019, e.o.).
Cierto es que la valoración de tales elementos, con potenciales implicancias en el derecho invocado en el curso del pleito, no autoriza a exceder los términos de la relación procesal ni a decidir acerca de cuestiones respecto de las cuales las partes no hayan podido ejercer su derecho de defensa. En ese sentido, ante el cambio normativo que altera sustancialmente el objeto de la pretensión, la Suprema Corte también ha considerado la falta de petición expresa de la parte interesada en perseguir la impugnación de la nueva norma, limitándose a declarar inoficioso el pronunciamiento relativo a la validez de la que ha dejado de regir, pero sin avanzar sobre aquella que la reemplaza y no ha sido oportunamente controvertida en el proceso (conf. causas I. 3.089, "Formatos Eficientes S.A.", sent. de 9-XII-2009; I. 2.264, "Aguas de la Costa SA", sent. de 28-XII-2010; I. 2.364, "Emaco SRL" e I. 2.248, "Emaco SRL", ambas sents. de 27-VI-2012; e.o.).
VIII.2. Bajo estas premisas cabe ponderar, de un lado, que la ordenanza 4.562/22 que pretende incorporar la parte demandada como hecho nuevo, deroga la ordenanza 4.234/16 impugnada en autos y autoriza la realización de la misma obra que la parte actora pretendió prevenir con la interposición de la presente demanda, con lo cual su objeto se vincula de manera directa con el asunto controvertido en autos. De otro, que, como resulta obvio teniendo en cuenta el mencionado propósito, su promulgación se produjo con posterioridad a la promoción de la presente demanda (26-IX-2022 y 17-IX-2014, respectivamente).
A ello se suma que el hecho fue introducido por la parte demandada poco tiempo después de que la norma entrara en vigencia (v. escrito del 14-X-2022) y que la actora —tanto en la contestación del traslado correspondiente como cuando se le dio vista de la Declaración de Impacto Ambiental— no se opuso de modo alguno a su incorporación en el expediente, sino que se centró en hacer extensivo el pedido de inconstitucionalidad sobre la norma ahora traída al proceso por la Municipalidad de Ensenada, controvirtiendo así expresamente su contenido y alcance (v. escritos del 8-XI-2022 y 12-VIII-2025).
VIII.3. Por consiguiente, se debe admitir la incorporación de la ordenanza 4.562/22 como hecho nuevo en el proceso (art. 363 y concs., CPCC).
IX. Corresponde, ahora, tratar el requerimiento adicional formulado por la comuna demandada, tendiente a que se declare abstracta la cuestión debatida en autos.
IX.1. Al respecto, cabe señalar que es doctrina de esta Suprema Corte que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal solo mientras se mantenga un real interés del demandante.
Aunque la causa de una demanda haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que, con posterioridad, se torne abstracta como consecuencia de la alteración de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión jurisdiccional perseguida (doctr. causas B. 57.233, "Empresa Abel y Marcial García", sent. de 12-X-2005; A. 68.097, "Jiménez Herwing", sent. de 13-XII-2006; I. 2.206, "Federación de Clínicas", sent. de 3-IV-2008; B. 64.673, "Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Bragado", sent. de 1-IX-2010; I. 2.361, "Rodríguez", cit.; A. 74.073, "Orbis Mertig San Luis SAIC", sent. de 23-II-2021; B. 65.684, "Albezan", sent. de 3-II-2022 e I. 73.795, "Falco", sent. de 1-IV-2025 e.o.).
El derecho de quien acciona, que es un presupuesto del conflicto, debe subsistir durante la sustanciación del juicio: mal podría procurarse componer un conflicto inexistente. Por ello es que una cuestión a resolver se torna prescindible si alguna de las partes no puede válidamente alegar la existencia actual de un perjuicio concreto, derivado de la aplicación de la norma cuestionada. Un pronunciamiento sobre ese punto ante una situación así, sería meramente teórico, insustancial e inoficioso y, por ello, impropio de la función judicial (doctr. causa B. 65.816, "Sindicatura por Estacionar S.A.", resol. de 15-VIII-2018 y sus citas).
IX.2. En el caso, a los efectos de resolver la cuestión planteada por la parte demandada, es necesario comparar el contenido y alcance de la norma originalmente impugnada en autos con la disposición sancionada posteriormente por la Municipalidad de Ensenada, para determinar si la parte actora sigue manteniendo algún tipo de interés en que el proceso continúe con su objeto de impugnación orignariamente planteado hasta el dictado de la sentencia.
IX.2.1. Una lectura apresurada del art. 1 de la ordenanza 4.562/22 sugeriría que cualquier clase de perjuicio que el grupo de actores sufrió con el dictado de la ordenanza 4.234/16 —impugnada en autos— se encontraría zanjado, al disponer no solo su derogación, sino también la restauración de la vigencia de la ordenanza 1.829/95.
Esta última norma, que había sido anteriormente derogada por la ordenanza 4.234/16, declara "Áreas Naturales Protegidas" a las costas del Río de la Plata y sus canales adyacentes en el distrito, al Parque Gobernador Martín Rodríguez y a la Selva Marginal de Punta Lara, con el fin de conservar los recursos naturales allí existentes y proteger el medio ambiente del impacto negativo causado por el uso humano de tales espacios, frente a cualquier tipo de modificación antrópica que se les pudiera realizar, dejándolos así librados a su evolución natural e interviniendo solo en caso de que fuera necesario para evitar su destrucción o alteración. Para ello, declaró de interés público el uso de la producción terciaria en estas áreas y restringió la realización de cualquier tipo de actividad que dañase la integridad de su ecosistema.
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