Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72546
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 72.546, "Gutiérrez, Alberto Luis y Ots. c/ Municipalidad de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ordenanza 4239/13", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Genoud .
I. Alberto Luis Gutierrez, Jorge Alberto Cicardo, María Cristina Massuh, Dorian Fabiana Cicarelli, Alvaro Enrique Schroh, Ana María Leoni, Nora Edith Radi, por si y Enrique Augusto Mitchelstein, como gestor de negocios de la sucesión de su madre caratulada "GHILARDI, Paula Andrea Micaela s/ Sucesión Ab-Intestato" (expte. n° SI 13.695/2011 que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 13 del Departamento Judicial de San Isidro), todos con patrocinio letrado, interponen una acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial. Procuran la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 4.239/13 de la Municipalidad del Partido de Pinamar que estableciera modificaciones al Código Tributario municipal por considerar que fue sancionada sin observar lo prescripto en el art. 193 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Relatan que mediante expediente n° 4123-2228/12 caratulado "Código Tributario 2013. Ordenanza Preparatoria", el Honorable Concejo Deliberante de Pinamar tramitó, por iniciativa del Departamento Ejecutivo, la modificación del mencionado Código con exorbitantes aumentos de tasas, por lo que correspondía el llamado a una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.
Explican que el 20 de diciembre de 2012 se aprobó la ordenanza preparatoria con defectos de procedimiento lo que generó, sumado al descontento generalizado de los vecinos por los aumentos desproporcionados que se impulsaban en relación al período anterior y el "hecho de que el proyecto de ordenanza contenía un procedimiento indexatorio para obtener la valuación general de los inmuebles, en franca violación del art. 10 de la ley Nacional N° 23.928...", que no se obtuviera el quorum para que se reuniera la Asamblea en una primera oportunidad.
Aclaran que como el Concejo está compuesto de diez concejales, la Asamblea la constituirían veinte miembros.
Señalan que luego del primer intento fallido se convocó a otra asamblea para el 11 de enero del 2013 donde finalmente se obtuvo el quorum para sesionar (once miembros) aunque también teñido de irregularidades -según denuncian- debido a que se reemplazaron mayores contribuyentes ausentes con suplentes de mayores contribuyentes presentes.
Pero la inconstitucionalidad que pretenden sea declarada, radica en que la ordenanza fue aprobada sin la mayoría requerida a esos fines por la norma constitucional.
Para ello realizan una distinción entre el quorum necesario para sesionar y el que se requiere para aprobar una normativa referida a la modificación de impuestos o contribuciones municipales como es la ordenanza cuya invalidez aquí se persigue, realizando un análisis de distintos artículos de la Constitución provincial y de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Refieren que el inc. 2 del art. 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que "Todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales".
Indican que, en tanto la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en el caso de la Municipalidad de Pinamar, está compuesta por veinte miembros, para alcanzar la mayoría absoluta establecida en el art. 100 de la Ley Orgánica Municipal a fin de que tal órgano pueda sesionar se requiere la presencia de once de ellos.
Concluyen en que la mayoría necesaria para decidir sobre el aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras municipales, corresponde sea contabilizada sobre la totalidad de los integrantes de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes (arts. 29, Ley Orgánica Municipal y 193 inc. 2, Const. prov.), lo que denuncian incumplido ya que en el caso se aprobó con nueve votos siendo que dos mayores contribuyentes votaron por la negativa cuando debió aprobarse con el voto afirmativo de un mínimo de once miembros.
Por último, peticionan que se dicte medida cautelar solicitando se suspenda la aplicación de la ordenanza n° 4.239/13 hasta el dictado de la sentencia, la cual es concedida mediante resolución del tribunal de fecha 28 de diciembre de 2016.
II. A fs. 90/91 comparece, junto al coactor Enrique Augusto Mitchelstein, su hermano Ricardo Daniel Mitchelstein. Ratifican gestión y se los tiene por presentados a fs. 92 en el carácter de herederos de Paula Andrea Micaela Ghilardi.
III. Corrido el traslado, la Municipalidad de Pinamar contesta la demanda solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.
Sostiene que la parte actora no ha acreditado suficientemente que el aumento de las tasas que la ordenanza impugnada dispone le genere algún perjuicio o detrimento patrimonial, sino que simplemente manifiesta que es elevado en comparación a los períodos anteriores.
Argumenta en punto a la competencia de las municipalidades para establecer tasas y los límites constitucionales al poder tributario municipal. Transcribe varios antecedentes jurisprudenciales que entiende aplicables al caso de autos.
En cuanto al procedimiento de sanción de la ordenanza, expresa que haciendo una interpretación armónica de lo establecido en los arts. 192 y 193 de la Constitución provincial y 99 y 100 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, surgiría que en todo momento se refieren a la mayoría absoluta de votos, es decir, de los miembros presentes una vez obtenido el quorum necesario para sesionar. En virtud de ello, cree que habiéndose obtenido el quorum en la segunda convocatoria, se habría contado con la mitad más uno de los miembros que integran el cuerpo: once (11) y que la mayoría de votos a favor de la ordenanza impugnada -nueve (9) a dos (2)- fueron suficientes para su dictado.
Concluye solicitando el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad "por no existir vicios ni ser violatoria de ninguna norma constitucional, en la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 4239/13, cuya anulación es pretendida caprichosamente por la contraria".
Ofrece prueba documental y hace reserva del caso federal.
IV. Agregados el alegato de la parte actora, el dictamen del señor Procurador General, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La cuestión sometida a tratamiento es sustancialmente análoga a la planteada en la causa I. 72.548, "Anaya" (sent. de 15-VI-2016), oportunidad en la que adherí al voto del doctor Negri, cuyos fundamentos guiarán -en lo pertinente- el desarrollo de mi voto.
II. Planteadas las postulaciones de las partes, y visto el contenido del dictamen del señor Procurador General (v. fs. 264/270), a los fines del tratamiento de los argumentos alegados por los actores para sostener su reclamo de inconstitucionalidad, corresponde discriminarlos en dos: uno, referido a las formalidades que se denuncian incumplidas por parte de la demandada al momento de sancionar la ordenanza impugnada, y otro, relacionado con la desproporción en el aumento de las tasas municipales y la afectación de los derechos patrimoniales de los actores.
II.1. Abocándome al primero de ellos, cabe recordar que esta Suprema Corte ha considerado procedente, por la vía de la demanda originaria de inconstitucionalidad, juzgar la validez de una norma frente al inequívoco cuestionamiento de la misma por incumplimiento de requisitos constitucionales ineludibles, como resulta ser la inobservancia de la mayoría de votos necesarios para la existencia y consecuente validez de una ordenanza municipal. Ello por cuanto no cabe restringir, dogmáticamente, el carácter justiciable de la cuestión, si se hallan en tela de juicio los requisitos de forma y procedimiento reglados constitucional y legalmente y constitutivos de la norma como tal (causa I. 2.029, "Murphy", sent. de 21-VI-2000).
II.2. El ordenamiento constitucional y legal de la Provincia de Buenos Aires confiere a los municipios potestades para disciplinar variados aspectos -incluido el tributario- siempre en el interés general de la comunidad local.
De conformidad a la Constitución provincial, integra el ámbito competencial de los municipios el dictado de "...ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6, Const. cit.) a quienes, por cierto, también se les han conferido potestades para crear tributos (arts. 192 inc. 5 y 193 inc. 2, Const. cit.) mediante cláusulas, que al decir de esta Suprema Corte, no revisten el carácter de enunciados taxativos en la Ley Orgánica Municipal (LOM, arts. 226 y 227; "Acuerdos y Sentencias", 1957-V-116; 1958-III-337; 350 y 360; 1966-II-15; 1972-II-659; 1977-I-1131; entre muchas), aunque todas ellas se refieren a imposiciones reguladas con el fin de posibilitar cometidos propios del gobierno comunal.
En cuanto al procedimiento que se debe cumplir para el ejercicio de tales atribuciones, el art. 193 de la Constitución provincial establece que "todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales" (inc. 2).
Por su parte, el decreto ley 6.769/58 regula la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en el Capítulo III (arts. 93 a 106). En el art. 104 expresa que "la sanción de una ordenanza por parte de la Asamblea necesitará para su aprobación la mayoría establecida en el artículo 184 (actual 193), incisos 2 y 3 de la Constitución".
II.3. Los actores postulan que la ordenanza 4.239/13 del día 11 de enero de 2013 fue dictada sin que se hubieran alcanzado las mayorías que el art. 193 de la Constitución provincial establece para tal fin. Así, afirman que "la Ordenanza en cuestión fue aprobada por nueve votos positivos, ya que dos mayores contribuyentes votaron por la negativa [...] para poder promulgar la ordenanza era necesario contar con once votos positivos" (fs. 68).
Cabe dejar sentado que ambas partes son contestes en que la sesión en la que se trató y aprobó la ordenanza cuestionada tuvo lugar el día 11 de enero de 2013; que más allá de las dificultades para obtener el quorum del cuerpo para funcionar -denunciado por los actores a fs. 67 y vta.- el mismo se alcanzó; y que la votación se llevó a cabo obteniéndose el resultado de nueve (9) votos afirmativos y dos (2) negativos.
Siendo así, lo que resta resolver es qué cantidad de votos eran necesarios como mínimo para la sanción de la ordenanza municipal 4.239/13, modificatoria del Código Tributario de Pinamar.
II.4. Adelanto mi opinión favorable a la posición de los actores.
No debe confundirse el denominado quorum necesario para sesionar con las mayorías requeridas para obtener una decisión válida.
El primero es el número mínimo de miembros de un cuerpo colegiado cuya presencia es necesaria a la hora de legislar (conf. Sagües, Néstor, Elementos de Derecho Constitucional , Bs. As., Astrea, 1993, pág. 393) que puede tener diferente regulación en punto al inicio de la sesión, el necesario para sesionar y el que se exige para votar. La regla general es la mayoría absoluta de los miembros (arts. 64, Const. nac. y 87, Const. prov.). En el caso, este extremo fue satisfecho y las partes son contestes en reconocerlo, aunque la actora refiera irregularidades para su consecución.
Por otro lado, el número de votos requeridos para tomar decisiones, que por regla general es el correspondiente a la mayoría absoluta de los presentes en la sesión, es el número mínimo de voluntades coincidentes que deben concurrir para poder sancionar válidamente una norma por parte del cuerpo legisferante.
Ahora bien, el ordenamiento ha establecido en algunos supuestos, fundándose en razones que tienen más que ver con la naturaleza de los derechos en cuestión o bien de la trascendencia institucional de la temática, que el requisito de las mayorías para sancionar una norma se vea agravado requiriéndose un número mayor de votos concordantes. Así, la Constitución nacional exige "mayoría absoluta de los miembros de las Cámaras" (arts. 85 y 101); "mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de las Cámaras" (arts. 39, 40, 75 incs. 2, 3, 24, 77, 79, 99 inc. 3; 101 y 104); por su parte, la Constitución provincial "mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara" (art. 67 inc. 2) y "mayoría absoluta de sus miembros" (art. 175).
Cabe destacar que cuando quiere tomar en cuenta a los "miembros presentes" la propia Constitución provincial se refiere a ello expresamente. Así, el art. 114 dispone que "todos los nombramientos que se defieren a la Asamblea General deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes".
A nivel legislativo, es dable recordar que el decreto ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- dispone mayorías agravadas en punto a la suspensión preventiva (art. 249 in fine ) o destitución (art. 255) de concejales e intendentes; como así también para el otorgamiento en concesión a empresas privadas la prestación de un servicio público municipal (art. 53) o para autorizar las transmisiones, arrendamientos o gravámenes de los bienes públicos y privados municipales (art. 55); entre otros casos.
II.5. Entiendo que el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial exige una mayoría agravada que no consiste en la mayoría de los miembros de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes presentes al momento de resolver, sino tal como allí reza la "mayoría absoluta de votos de una asamblea...", entendiendo que con la palabra "votos" el constituyente hace referencia a miembros.
Esta interpretación que postulo recibe una justificación en razón de la materia que trata el inciso en cuestión -ejercicio de la potestad de imposición tributaria por parte de la comuna- y por el sentido de la norma y la naturaleza del órgano asambleario en cuestión.
En cuanto al primero de esos fundamentos cabe recordar que el art. 32 del decreto ley 6.769/58 al reglar las ordenanzas impositivas impone que deberán ser sancionadas por "la mayoría absoluta de los miembros integrantes del Cuerpo", por lo que puede advertirse la intención del legislador -que también, según entiendo, fue la del constituyente- de imponer mayores exigencias para el ejercicio de la potestad tributaria por parte de las comunas con relación a la sanción de las demás ordenanzas.
Por otro lado, el requisito de la mayoría absoluta de los miembros deriva también de la naturaleza especial que posee el órgano denominado "Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes" que tuvo su origen en el texto constitucional de 1934, pero que reconoce antecedentes en las constituciones provinciales del año 1873 (art. 203 inc. 3) y del año 1889 (art. 206 inc. 3), como así también en la ley provincial 4.183 del año 1933 (arts. 92 a 99).
La Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales es el único órgano facultado por la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades para crear y aumentar tasas, impuestos y contribuciones en el ámbito comunal (arts. 193 inc. 2, Const. prov. y 29, Ley Orgánica Municipal; B. 52.614, "Franceschi", sent. de 24-III-1998). Su constitución está compuesta por los ediles en ejercicio y un número igual de mayores contribuyentes seleccionados de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 94 del decreto ley 6.769/58.
Considero que la interpretación que postulo en relación al contenido del art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial, en cuanto exige el voto concordante de la mayoría absoluta de los miembros del citado órgano, impide que una ordenanza impositiva que aumente o cree tributos comunales pueda ser sancionada solo por el voto afirmativo de los concejales o bien, sólo por los mayores contribuyentes, exigiéndose de tal manera la concurrencia de votos de los dos sectores que conforman este órgano legisferante mixto.
II.6. Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone que corresponde al Concejo Deliberante sancionar las ordenanzas impositivas y que las que dispongan aumentos o creación de impuestos o contribuciones de mejoras, deberán ser sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial y de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 29: presentación del proyecto, tratamiento y aprobación en comisión, sanción -por mayoría simple- de una ordenanza preparatoria que oficiará de anteproyecto y tratamiento en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.
Para la sanción definitiva de una ordenanza impositiva por parte de la asamblea se necesitará para su aprobación de la mayoría establecida en el artículo de la Constitución antes citado (art. 104) y que deberá interpretarse la denominación genérica de "impuestos" como comprensiva de la contribución de mejoras y la retribución de servicios municipales, oblados en forma directa (art. 106).
II.7. En el presente caso, tal como adelantara, las partes coinciden en que la ordenanza municipal 4.239/13 fue sancionada por los votos afirmativos de nueve (9) integrantes de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, por lo que no se ha alcanzado el número de al menos, once (11) votos coincidentes, extremo que, por las razones antes expuestas, debía ser satisfecho en la especie.
La manifiesta inobservancia del aludido requisito para la sanción de la ordenanza, reconocida por parte de la accionada, constituye una grave deficiencia en el procedimiento llevado a cabo, cuyos efectos impactan negativamente en la legitimidad de la decisión del órgano deliberativo adoptada en esas condiciones. Desde que la irregularidad que esa circunstancia implica es susceptible de viciar el acto dictado en consecuencia, resulta inoficioso abordar los argumentos articulados por los actores en punto a la desproporción en el aumento de las tasas municipales y la afectación de sus derechos patrimoniales.
III. Por las razones expuestas, siguiendo el criterio aconsejado por el señor Procurador General, juzgo que debe hacerse lugar a la demanda, declarándose la inconstitucionalidad de la norma impugnada, lo que importa su inaplicabilidad a la situación de hecho en que se encuentran los actores (arts. 25, 190, 191, 192 inc. 7 y 193, Const. prov.; 240, dec. ley 6.769/58).
Voto por la afirmativa .
Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
La cuestión sometida a tratamiento es sustancialmente análoga a la planteada en la causa I. 72.548, "Anaya" (sent. de 15-VI-2016), oportunidad en la que adherí al criterio planteado en el voto que abre este acuerdo.
En consecuencia y por las mismas razones, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
La cuestión debatida es sustancialmente análoga a la planteada en la causa I. 72.548, "Anaya" (sent. de 15-VI-2016), oportunidad en la que adherí al voto del doctor Negri cuyos fundamentos guiaron el voto que abre este acuerdo.
En consecuencia, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
La decisión que se propone al litigio en cuestión tiene fundamento en lo decidido por esta Suprema Corte en autos I. 72.548, "Anaya" (sent. de 15-VI-2016), en cuya deliberación no he participado.
Habiendo analizado la exigencia
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