Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75106
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la medida cautelar solicitada por la actora en el escrito de fs. 17/23 vta. (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
2Intimar al Municipio de San Antonio de Areco a que adopte de modo inmediato todas las medidas necesarias e idóneas que aseguren el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la ordenanza 3.420/09, debiendo presentar ante este Tribunal un informe sobre los avances producidos al 1-VII-2019.
3Ordenar al Municipio que notifique fehacientemente la presente decisión a todas las empresas alcanzadas por las disposiciones de las Ordenanzas 3.420/09 y 4.258/17, debiendo acreditar el cumplimiento de dicha diligencia en las presentes actuaciones, en el plazo de diez días de notificado de la presente.
4Disponer la inscripción del presente proceso en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3660).
I.75.106 "VILLAR JUAN CARLOS Y OTROS CONTRA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD ORD. 4258/17"
La Plata, 10 de abril de 2019.
I.1. Juan Carlos Villar, Irma Susana Losasso, César Alberto Cabrera, Carla Elizabeth López de la Osa, Ramón Cleofé César Scrosoppi, Elba Nilda López, invocando la calidad de vecinos de la localidad de San Antonio de Areco, interponen demanda originaria de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 4.258/17, dictada por el Concejo Concejo Deliberante de la Municipalidad homónima (v. fs. 17/23).
Explican que una ordenanza anterior, la N° 3.420 dictada por el mencionado municipio en el año 2009 dispuso, en lo que al caso interesa, que los establecimientos dedicados a la actividad de almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y conservación de granos, agroquímicos y/o fertilizantes ubicados en el radio urbano, debían realizar una reducción progresiva de la capacidad de almacenamiento de manera tal que, luego de transcurridos los primeros cuatro años de vigencia, no superara las 15.000 toneladas. Del mismo modo exigió la definitiva erradicación y desmantelamiento de las referidas instalaciones situadas dentro del radio urbano, distritos complementarios urbanos o extra urbanos creados o a crearse, en un plazo perentorio e improrrogable de nueve años.
Precisan que hallándose próximo el vencimiento del término previsto por la Ordenanza 3.420/09, se dictó la Ordenanza 4.258/17 puesta aquí en crisis, que prorroga por tres años más el plazo fijado inicialmente en nueve para obtener la definitiva erradicación de las plantas comprendidas en las disposiciones de aquella norma. Remarcan que, de ese modo, el vencimiento del término conferido para la concreción de la medida acaecerá el 1 de mayo de 2021 y no en mayo de 2018 como lo ordenaba el régimen anterior (cfr. art. 8 de la Ord. 3.420/09).
En particular, afirman que la norma impugnada violenta el principio de progresividad en tanto impide que los avances en materia ambiental previstos por su antecesora se lleven a cabo y, desde ese punto de vista, la califican de regresiva y violatoria de los arts. 41 de la Constitución nacional y 28 de la Constitución provincial, disposiciones de tratados internacionales con jerarquía constitucional y art. 4 de la Ley General del Ambiente 25.675.
Recuerdan que, ante el incumplimiento de la primigenia norma, algunos de los vecinos afectados iniciaron ante el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes la causa caratulada "Villar, Juan Carlos y otros c/ Municipalidad de San Antonio de Areco s/ Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos" (Expte. 19.807), obteniendo una sentencia favorable que obligó al municipio a realizar una inspección mensual a las empresas que debían ajustar su actividad a las disposiciones de la Ord. 3.420/09 y a informar sobre su resultado al Juzgado interviniente.
No obstante ello, manifiestan que comenzaron a notar que los controles del municipio disminuyeron hasta que, finalmente, se dictó la norma aquí cuestionada.
Señalan, además, que contra la Ordenanza 3.420/09 se inició una pretensión anulatoria caratulada "Cooperativa Agropecuaria de San Antonio de Areco Ltda. y otros c/ Municipalidad de San Antonio de Areco s/ Pretensión Anulatoria" ante el mismo juzgado contencioso antes referido, en el marco de la cual se resolvió rechazar la medida cautelar que perseguía la suspensión de la norma.
Por último, recuerdan que una de las empresas alcanzadas por la medida de erradicación en cuestión, presentó ante este Tribunal una demanda originaria de inconstitucionalidad contra la Ord. 3.420/09, expediente en el que se rechazó la pretensión y, por lo tanto, fue confirmada la vigencia de la misma (causa I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos S.A. c/ Municipalidad de San Antonio de Areco s/ Inconstitucionalidad Ordenanza N° 3.420/09", sent. de 29-VIII-2017).
I.2. Los actores solicitan el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ordenanza 4.258/17.
Manifiestan que la verosimilitud del derecho, en el caso, surge del objeto mismo del precepto puesto en crisis en cuanto prorroga un plazo que, por una ordenanza anterior, había sido calificado de perentorio e improrrogable (v. fs. 21 vta.). A ello agregan la naturaleza ambiental de la Ord. 3.420/09, entendiendo que se trata de un bien jurídico cuya protección no admite dilaciones (v. fs. 22).
A fin de demostrar la urgencia en la tutela que pretenden, denuncian la reciente explosión de un silo en la ciudad de Rosario; hecho que habría tenido como saldo el fallecimiento de una persona y 17 heridos.
Por último, descartan que la medida cautelar afecte el interés público sino que implica lo contrario, al permitir "...conservar y comenzar a mejorar la calidad de vida de los vecinos que viven en el sector urbano de la ciudad de San Antonio de Areco" (v. fs. 22 vta.).
II. Previo a resolver, el Tribunal solicitó como medida para mejor proveer la remisión de información generada en el seno del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de San Antonio de Areco relacionada con el cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas 3.420/09, 3.930/14 y 4.258/17 (v. fs. 29).
II.1. El Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Antonio de Areco presentó un informe mediante el cual manifiesta que la audiencia dispuesta en la ordenanza 4.258/17 (art. 3) no fue convocada por quien fuera Presidente del cuerpo en aquella oportunidad, desconociendo los motivos de tal incumplimiento. Asimismo, destaca que la Comisión de Seguimiento de Usos No Conformes y Prohibidos se encuentra en proceso de renovación de sus integrantes y que las empresas "GRANEL SUR SRL", "EL SEMBRADOR S.A", "LUIS DUCRET y Cia. S.A.", dedicadas al almacenamiento, acondicionamiento y conservación de granos, agroquímicos y/o fertilizantes, han cesado su actividad (v. presentación del 11-VI-2018 a fs. 105 y documental que acompaña).
Aportó información acerca de labores realizadas previo a que se dicte la ordenanza cuestionada (copias del expediente 11.331-2017, a fs. 36/104); siendo de interés destacar las notas de agosto 2017 firmadas por varias de las empresas alcanzadas por la ordenanza 3.420/09 y mediante las cuales solicitan la prórroga del plazo de nueve años y en las que expresan las dificultades que implica la erradicación de sus actuales establecimientos por tratarse de estructuras no desmontables y aquellas de índole económico, incluso la posibilidad de que se llegara a la pérdida de fuentes de trabajo. Manifiestan su compromiso en no aumentar la capacidad de almacenamiento, destacando que "Los establecimientos que aún no hayan logrado acatar dicha dimensión se comprometen a alcanzarlo a corto plazo" y las que deseen aumentar la actividad se comprometen a presentar un proyecto de inversión en un área determinada de la municipalidad por un plazo que garantice la recuperación del capital invertido. Solicitan, además, modificaciones en la ordenanza fiscal e impositiva, se dejen sin efecto las multas impuestas por violar las disposiciones de las ordenanzas 3.420/09, 3.930/14 y 4.134/16, eliminar los seguros de caución y asumen continuar con el cuidado del medio ambiente y siempre que la rentabilidad lo permita, mantener la cantidad de fuentes de trabajo (v. notas de a fs. 68/69).
Asimismo, se adjunta nota de un grupo de vecinos de la localidad en la que se oponen a la posible prórroga del plazo, destacando que el mismo ya se había establecido a favor de las empresas para que gradualmente realizaran las tareas. No obstante, denuncian que durante la vigencia de la ordenanza 3.420/09 no se realizaron controles (v. fs. 78/103).
II.2. Por su parte, la Municipalidad de San Antonio de Areco acompaña un informe realizado por la Dirección de Inspección General y Habilitaciones de la Dirección de Medio Ambiente Seguridad e Higiene y el Secretario de Planificación mediante el cual reseñan que las firmas "YPF SA", "Granel Sur S.A." y "Biotecno SRL", han presentado un plan de desmantelamiento, cesado o reducido su actividad, respectivamente; "Petroagro S.A.", Areco Semillas SA" y "Special Grains SA" se han comprometido a erradicar la actividad de acopio de semillas alcanzada por la ordenanza y, por último, las empresas "Rhalton SA", "Semillería Gigli SA", "Pampa Grande SRL", "Agro Areco SRL", "El Sembrador SA", "Ducret, Luis y Cía SA", "Cosembrar SACIFIA", "Sinergizagro SRL" y "Compañía Argentina de Granos SA", no han presentado hasta la fecha plan de desmantelamiento, ni han manifestado voluntad de interrumpir su actividad conforme la ordenanza 3.420/09, adjuntando copia de las actas de inspección a tales establecimientos (v. fs. 141/142).
III. Atento el relato de antecedentes que precede y la etapa procesal en la que se encuentra la causa, corresponde pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria articulada por la demandante.
Este Tribunal ha resuelto reiteradamente que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (cfr. causas B. 31.703, "Piérola" y sus citas en "Acuerdos y Sentencias", serie 20ª, t. VI, p. 390; I. 1.520, "Peltzer", res. del 28-V-91; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.", res. del 8-VII-03; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. del 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. del 5-III-2008 y sus citas; I. 71.446 cit. e I. 74.048 "ATE", res. de 24-V-2016, entre otras; en el mismo sentido CSJN Fallos: 195:383 y 210:48), la que naturalmente cabe hacer extensiva a las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276 "Empresa de Transportes 25 de Mayo", res. de 21-IX-2005; I. 68.174, cit. e I. 72.269 "Coordinación Ecológica Área Metropolitana", res. de 6-XI-2012, entre muchas otras).
Con todo, también ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma cuestionada puede generar un perjuicio grave para el derecho invocado; cuando, en los hechos, la ejecución de la disposición implica la solución anticipada del pleito o cuando es posible prever que un sinnúmero de actos han de tornarse inválidos ante la declaración de inconstitucionalidad de la norma bajo cuyo amparo fueron dictados ("Acuerdos y Sentencias", serie 4ª, t. IV, p. 374; serie 6ª, t. XII, pp. 384 y 490; serie 13ª, t. VIII, p. 246; serie 18ª, t. V, p. 296; serie 20ª, t. VI, p. 390; I. 3.521 "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas, I. 68.183 "Del Potro", res. de 4-V-2005, I. 71.446, res. cit.; I. 70.771, "Rotella", res. del 28-III-2012 e I. 72.267, "Mitchell", res. del 13-XI-2013). Ello, en el entendimiento de que si bien las normas legales o reglamentarias gozan de una presunción de validez o constitucionalidad (doctr. causas citadas), la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras; en similar sentido C.S.J.N., Fallos 314: 711); pues requerir a esta altura del proceso un juicio definitivo no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (cfr. CSJN, Fallos 316: 2060; 318: 2375; esta Corte doctr. causas B. 63.590 "Saisi", res. de 5-III-2003, I. 72.269 "Ceamse", res. del06-XI-2012; B. 71.904 "Ventoso", res. del 03-VII-2013, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014, I. 72.510 "Tarasiuk", res. del 21-V-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras).
IV. De tal manera, se impone considerar con ese criterio los extremos requeridos por la ley adjetiva (conf. arts. 230, 232 y concs. CPCC) inherentes a la petición cautelar.
IV.a. En este sentido, debe señalarse que el régimen de la Ordenanza 3.420/09 estableció un plazo de nueve años para erradicar y desmantelar los establecimientos dedicados a la actividad de almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y conservación de granos, agroquímicos y/o fertilizantes en el radio urbano de la ciudad, en los distritos complementarios urbanos o extra urbanos creados o a crearse (v. arts. 1 y 8 de la ordenanza cit. a fs. 8/12). Asimismo, fijó un plazo de cuatro años para no superar en ningún caso una cantidad de acopio superior a 15.000 toneladas. Ello, conforme a un programa que debían presentar los propietarios de las plantas de acopio dentro de un plazo máximo de 120 días (v. fs. 8/12 y, puntualmente, arts. 5 y 8).
A tal fin, se consideró que las actividades de los establecimientos en cuestión "... generan perjuicios reales o potenciales en términos que afectan la calidad de vida de la comunidad", teniendo en cuenta distintas quejas por parte de los vecinos afectados dentro del radio urbano y considerando las opiniones vertidas por las dependencias intervinientes del Departamento Ejecutivo, a los fines de evitar todo crecimiento que no sea urbano más allá de las vías del Ferrocarril, en tanto zona rural y demás cuestiones relativas a la competencia municipal (v. cons. ord. 3.420/09).
Aún más, no escapa al análisis de este Tribunal que la ordenanza 3.420/09 procuró reconducir los usos del suelo preexistentes al por entonces proyecto de ordenanza que hoy es la actual norma urbanística que regula el ordenamiento territorial - vigente al momento del dictado de la ordenanza 4.258/17 impugnada- y que dispone en relación a la localización de las instalaciones dedicadas al almacenaje de granos (v. pto. III, ap. 3.6.10, decreto 12/14, en http://areco.gob.ar/wp-content/uploads/2018/10/A-POT-COT.pdf).
Ahora bien, ante el incumplimiento de la norma denunciado por vecinos de la localidad en los autos "Villar, Juan Carlos y Otros C/ Municipalidad de San Antonio de Areco S/ Pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos" (Expte. 19.807), expediente en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mercedes, se resolvió que el Municipio debía aumentar los controles e informar al órgano judicial, con el objeto de lograr su efectiva ejecución (v. cons. de la Ordenanza 4.258/17 a fs. 14 vta.).
En ese contexto, se dictó la ordenanza 4.258/17 que prorroga por tres años el plazo originariamente previsto en nueve, postergando su vencimiento para mayo de 2021 (v. art. 1 a fs. 15). Asimismo, insta al Departamento Ejecutivo a que continúe con los controles, que se convoque a una audiencia pública a los fines de sentar las bases para una nueva regulación del sector, cuyo proyecto quedaría a cargo de la Comisión de Supervisión de Usos No Conformes (v. arts. 2, 3 y 4, a fs. 15 vta.).
Sentado ello y conforme se señalara, el Concejo Deliberante de San Antonio de Areco informó que la audiencia pública prevista por la norma impugnada para el mes de noviembre de 2017, aún no se realizó (v. informe de fs. 105). Asimismo, comunicó que la Comisión de Seguimiento de Usos no conformes y Usos Prohibidos encargada de recomendar el nuevo marco regulatorio entre el 1-XI-2017 y 30-VI-2018 "... se encuentra en proceso de renovación de sus integrantes por vencimientos de mandatos o asunción de nuevos concejales" (v. fs. 105).
Por su parte, el Departamento Ejecutivo del Municipio adjuntó información relativa a los controles e inspecciones periódicas realizadas a las empresas involucradas, no obstante informar que aún no se han alcanzado los objetivos fijados por la ordenanza 3.420/09, respecto de la totalidad de los establecimientos (v. fs. 141/142).
IV.b. Si bien el relato de los antecedentes del caso demuestra el serio déficit en la instrumentación de la ordenanza 3.420/09 y en la dinámica de las medidas necesarias para cumplir con sus objetivos, tales circunstancias no pueden apreciarse en forma aislada, con abstracción de otros factores relevantes que inducen, por el momento, a denegar el dictado de la medida cautelar con el alcance que fue solicitado.
El resultado de los informes requeridos, así como los considerandos de la ordenanza 4.258/17, ponen en evidencia las serias dificultades socio- económicas que acarrea la inmediata erradicación y traslado de las instalaciones de las empresas que se encuentran actualmente en funcionamiento, con riesgo de afectación a las fuentes de trabajo. En esta apreciación inicial de las circunstancias sometidas a juzgamiento de esta Suprema Corte se aprecia que una medida como la aquí solicitada no lleva consigo una perspectiva de solución al conflicto planteado -siquiera provisional- dado las dificultades para su cumplimiento y, fundamentalmente, a tenor de los efectos colaterales que la ejecución anticipada del objeto del pleito podría acarrear.
Los órganos jurisdiccionales tienen sobre sí un mandato de elemental prudencia que debe guiar el dictado de medidas cautelares dotadas de una posible proyección masiva, colectiva o general (cfr. doct. I-2.269, "SUTEBA", res. de 9-X-03), debiendo ponderar los intereses públicos en presencia (cfr. doct. Causas B-64.119, "Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Morón, Hurlingham e Ituzaingó", res. de 10-VII-02; B-64.706, "Municipalidad de Morón s/Cuestión de competencia, Art. 6°, C.C.A.", res. de 27-XI-02) sin prescindir de las consecuencias que naturalmente se derivarían de tal pronunciamiento (doctr. C.S.J.N., Fallos: 300:659; 307: 1018; 320: 1962, entre otros).
Es por ello que no corresponde, por ahora, suspender los efectos de la Ordenanza 4.258/17.
V. Sin perjuicio de ello, en atención a la naturaleza de los derechos e intereses implicados en el sub lite y considerando el resultado de los informes solicitados por este Tribunal a los que se hizo mención en el apartado anterior, corresponde intimar al Municipio de San Antonio de Areco a que adopte de modo inmediato todas las medidas necesarias e idóneas que aseguren el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la ordenanza 3.420/09. A tal efecto, deberá presentar ante este Tribunal con fecha límite el 1-VII-2019, un informe sobre los avances producidos al respecto. En esa oportunidad, serán nuevamente evaluadas las circunstancias en orden a la tutela precautoria que aquí se reclama.
Finalmente, el Municipio demandado deberá notificar fehacientemente la presente decisión a todas las empresas a las que se les apliquen las disposiciones de las Ordenanzas 3.420/09 y 4.258/17, debiendo acreditar el cumplimiento de dicha diligencia en las presentes actuaciones, en el plazo de diez días de notificado de la presente.
VI. Atento la naturaleza de la presente controversia, corresponde disponer su inscripción en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3660).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar la medida cautelar solicitada por la actora en el escrito de fs. 17/23 vta. (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
2. Intimar al Municipio de San Antonio de Areco a que adopte de modo inmediato todas las medidas necesarias e idóneas que aseguren el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la ordenanza 3.420/09, debiendo presentar ante este Tribunal un informe sobre los avances producidos al 1-VII-2019.
3. Ordenar al Municipio que notifique fehacientemente la presente decisión a todas las empresas alcanzadas por las disposiciones de las Ordenanzas 3.420/09 y 4.258/17, debiendo acreditar el cumplimiento de dicha diligencia en las presentes actuaciones, en el plazo de diez días de notificado de la presente.
4. Disponer la inscripción del presente proceso en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3660).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 124
Fin de la sentencia