Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75083
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada por la Cooperativa de Trabajo 3 de Julio Limitada a fs. 49 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.75.083 “COOPERATIVA DE TRABAJO 3 DE JULIO LTDA. C/ MUNICIPALIDAD DE ZARATE S/ INCONST. ORD. 4561/17”
La Plata, 26 de diciembre de 2018.
I. La Cooperativa de Trabajo 3 de Julio Limitada, en su carácter de prestadora del servicio público de transporte urbano de pasajeros de la Municipalidad de Zárate, promueve la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de la ordenanza 4561/17 dictada por el Concejo Deliberante comunal, mediante la cual se le otorgó la concesión de dicho servicio a la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria denominada "Zárate Transporte", por el término de treinta años.
En primer lugar, explica que con anterioridad al dictado de la normativa impugnada, el municipio había sancionado las ordenanzas 4472/16 y 4473/16 a través de las cuales, respectivamente, declaró la emergencia en materia de transporte púbico por el período de un año -autorizando al Departamento Ejecutivo a realizar contrataciones directas con empresas privadas en ciertos casos de excepción- y dispuso la creación de Zárate Transporte SAPEM la cual, asegura, no ha sido legalmente inscripta como persona jurídica.
Sostiene que, con estos antecedentes, el Concejo Deliberante le concedió de forma directa la explotación del servicio público de pasajeros a la sociedad creada por la ordenanza 4473/16, violando los derechos a la información y a la participación ciudadana previstos en los arts. 42 de la Constitución Nacional y 38 de la Constitución provincial, como asimismo, la regla establecida en el art. 193 inc. 7° de esta última según la cual toda obra pública cuyo importe exceda de mil pesos debe convocarse a licitación y lo previsto en el art. 232 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) decreto ley 6769/58, que obliga a efectuar mediante licitación pública la concesión de servicios públicos a particulares, salvo situaciones de emergencia.
Por otra parte, se agravia de las facultades otorgadas al Intendente comunal en los arts. 2 y 3 de la ordenanza impugnada, conforme los cuales éste podrá establecer ampliaciones y condiciones particulares al contrato -siempre que no hayan sido contempladas en su Anexo I-, como así también fijar un plazo menor al de treinta años concedido a Zárate Transporte. Afirma que todo esto infringe el art. 27 inc. 22° de la LOM.
Finalmente, considera que tanto la exención a la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria de abonar cánones a la Municipalidad, como la posibilidad que se le otorga de conceder a otras empresas la explotación de los servicios de transporte urbano de pasajeros -previstas en los arts. 4 y 5 de la norma atacada- resultan irrazonables.
II. Con esa postura, la cooperativa actora requiere que cautelarmente se ordene la suspensión de los efectos de la ordenanza 4561/17 sancionada por la Municipalidad de Zárate hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos. Ello, en la inteligencia de que ésta no contiene ninguna referencia respecto a la continuidad laboral de los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo 3 de Julio Limitada, situación que -dado su carácter alimentario- justifica el mantenimiento del servicio a su cargo.
III. Este Tribunal ha resuelto con reiteración que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (cfr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", res. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", res de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", res. de 24-V-2016, entre otras), la que cabe hacer extensiva a las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo", res. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, res. de 18-IV-2007 e I. 72.269, "Coordinación Ecológica Área Metropolitana", res. de 6-XI-2012, entre muchas otras).
Por excepción, y en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1°, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", cit., entre otras), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", res. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", res. de 4-V-2005, entre otras) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", res. de 4-V-2016 y sus citas).
De esa manera, se impone considerar sobre la base de tales criterios los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de éstos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
IV. En atención a lo peticionado por la accionante, es necesario analizar si en este estado del proceso corresponde suspender la ordenanza 4561/17 dictada por el Concejo Deliberante de Zárate, con el argumento de que, al conferirle la concesión del servicio público comunal de transporte urbano de pasajeros a Zárate Transporte SAPEM, se infringe lo dispuesto por los arts. 38 y 193 inc. 7 de la Constitución provincial y 27 inc. 22 y 232 de la LOM.
El análisis preliminar de esta cuestión impone una respuesta negativa.
IV. 1. En primer lugar, no logra advertirse -al menos en esta instancia inicial del juicio- la razón por la cual un cambio como el estructurado por la comuna, cuyo principal fundamento estaría dado en mejorar el modo en que se brinda el servicio en cuestión, supondría la afectación de los derechos de los consumidores y usuarios de los habitantes del partido de Zárate. La mera invocación por parte de la actual prestadora de la actividad sobre la falta de participación ciudadana como recaudo legal previo a su modificación, resulta insuficiente a los fines requeridos.
IV. 2. Tampoco resulta claro cómo una ordenanza que estatuye sobre la titularidad del servicio público de transporte urbano de pasajeros podría infringir la regla dispuesta en el art. 193 inc. 7 de la Carta local por haberse omitido la correspondiente licitación pública, toda vez que en la especie no se está frete a un supuesto de obra pública. A todo evento, de la propia documentación acompañada por la parte actora se desprende que Zárate Transporte SAPEM aún sin encontrarse prestando el servicio, realizó un llamado a concurso público a los fines de encomendar la concesión de la explotación (v. fs. 40) y del cual participó la cooperativa accionante.
IV.3. Por otro lado, respecto al desarrollo elaborado tendiente a demostrar la ilegitimidad con la que estaría afectada la norma impugnada a la luz de las disposiciones de la LOM, cabe precisar que dicho análisis escapa al marco de impugnación reservado a la acción originaria regulada en el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, puesto que remite a agravios ligados a una norma infraconstitucional (cfr. art. 683, CPCC y doctr. causas I. 2213, "El Popular SAIC", sent. de 24-XI-2010; I. 2321, "Itoiz", res. de 29-II-2012; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", res. de 10-IV-2013; B. 73.318, "Simón", res. de 2-IX-2015; I 74.070, "Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel", res. de 28-XII-2016 e I. 74.585, "Necochea Entretenimientos SA", res. de 28-VI-2017, entre otras).
IV.4. Cabe señalar, también, que en relación a la denuncia sobre la falta de constitución legal de Zárate Transporte SAPEM como persona jurídica por ante la autoridad provincial correspondiente -que fuera una de las causas que motivó la medida para mejor proveer ordenada a fs. 52 de las presentes actuaciones- que el municipio ha manifestado en su contestación ante el pedido de descripción de la situación general del servicio que le fuera requerida, que la empresa en cuestión ha cumplido con tal recaudo ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (v. fs. 61/64).
IV.5. Finalmente, tampoco tiene virtualidad para suspender cautelarmente la vigencia de la ordenanza el agravio relacionado con la continuidad laboral de los trabajadores que hoy se encuentran prestando el servicio, haciendo hincapié en la naturaleza alimentaria de la cuestión. Ello, pues tal como afirma la parte actora, la comuna al dictar la ordenanza 4472/16 que declaró el estado de emergencia en materia de transporte público ordenó que se lleven adelante "todas las medidas necesarias tendientes a garantizar la continuidad laboral de los trabajadores a la fecha" (art. 4). Y, no obstante lo manifestado en el escrito de demanda acerca de la falta de una disposición semejante en la ordenanza 4561/17 impugnada en autos, lo cierto es que ésta también prevé a futuro una garantía semejante en la cláusula vigésimo segunda de su Anexo I.
V. Ausente, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores, el requisito de verosimilitud del derecho, cabe extremar el análisis del peligro en la demora. Y, en tal sentido, aún cuando -de acuerdo a lo informado por la comuna demandada-, la ordenanza 2841/93 que confirió el título por el cual la actora promueve el presente juicio habría dejado de regir, la ordenanza 4634/18 que así lo dispuso no ha sido cuestionada en estos autos y tal circunstancia ni siquiera ha sido denunciada por la interesada.
VI. De este modo determinar si el otorgamiento de la concesión del servicio público comunal de transporte urbano de pasajeros a Zárate Transporte SAPEM no alcanza un razonable umbral de satisfacción del mandato constitucional, es un asunto que precisa de un mayor caudal de elementos de valoración, los cuales sólo podrán ser integrados al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772, "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", res. de 14-VII-2010; I. 71.307, "Garibaldi", res. de 11-VII-2012 e I. 74.585, cit., entre otras).
De allí que no pueda postularte de momento —sin un mayor análisis— la desviación constitucional por parte del municipio demandado al dictar la ordenanza cuestionada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada por la Cooperativa de Trabajo 3 de Julio Limitada a fs. 49 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 728
Fin de la sentencia