Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75815
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la medida cautelar peticionada por la parte actora a fs. 89/92 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.75.815 "GOYENECHE JUAN DOMINGO C/ MUNICIPALIDAD DE MERLO S/ INCONST. ORD. 5492/17"
La Plata, 26 de diciembre de 2019.
I. 1. Juan Domingo Goyeneche promovió acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se invalide la ordenanza 5494/17 -impositiva para el ejercicio 2018- y su preparatoria 5492/17 de la Municipalidad de Merlo, a través de las cuales se establecieron las alícuotas y se incorporaron montos mínimos por metro cuadrado edificado y metro cuadrado de superficie para la Tasa por Servicios Generales (TSG) regulada en los arts. 66 a 74 de la ordenanza fiscal 5493/17, con fundamento en la falta de obligatoriedad de su ejecución por ausencia de publicación.
El actor manifiesta ser propietario del inmueble cuya Partida es 101423-1 (072), Circ. 2, Secc L, Chacra 4, Parcela 2A, relata que sus ingresos provienen de su jubilación y eventualmente del alquiler de la propiedad denunciada.
Expresa que habiéndose acercado al municipio a efectos de cancelar los importes adeudados por el período 2018 en concepto de tasa por servicios generales se le anotició de una deuda de $270.814,59 al 29-VIII-2018, comprensiva del período enero-agosto (v. fs. 17).
Se agravia del incremento de la tasa como consecuencia de la sanción de la ordenanza que impugna y cuestiona la falta de publicación de la misma como la ausencia de intimación al pago del tributo. En tal sentido resalta que en el presente no rige el plazo establecido en el artículo 685 del CPCC puesto que la presente demanda persigue una finalidad preventiva a efectos de evitar una ejecución fiscal.
Destaca que el inmueble de su propiedad tiene 16 hectáreas y que su valor locativo ronda los $12.000 para señalar que el tributo resulta confiscatorio por cuanto el impuesto abarcaría casi tres veces su renta, ya que su valor mensual oscila en $31.364 de enero a julio y $31.404 de julio a diciembre.
Resalta a su vez que el municipio incrementó un 1000% la tasa de un año a otro. En 2016, ascendía a $344,50, en 2017 a $600 aproximadamente y actualmente $31.364.
Adjunta comprobante donde acredita que percibe una jubilación mínima de $8.878 y señala que la tasación del inmueble está estimada en U$S 84.000, ello, a modo de demostrar la confiscatoriedad del impuesto que cuestiona y la ausencia de capacidad contributiva que porta en relación a la tasa que aquí se impugna.
Ataca los cambios operados en la TSG por reputar que los montos no guardan relación con el costo del servicio comunal al cual en teoría se encuentran ligados, además de afirmar que ellos son confiscatorios pues vulneran los principios de razonabilidad (art. 28 C.N.), igualdad (art. 16 C.N.) y de propiedad (art. 17 C.N.).
Como medida cautelar solicita se ordene a la Municipalidad demandada se abstenga de aplicar la ordenanza cuestionada hasta tanto se resuelva el presente. Ofrece, a modo de contracautela, abonar el tributo cuestionado conforme los valores vigentes al año 2017, con posibilidad de aplicar sobre el mismo el índice de inflación.
II. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 e I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018, entre otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada podía generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, entre otras) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, cit. y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición cautelar, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
III.1. En punto a la verosimilitud del derecho, debe tenerse en cuenta que la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley -o, en el caso, por ordenanza- es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (cfr. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de medidas cautelares en materia tributaria impone una particular estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, "La Cucha SA", resol. de 10-VII-2013; I. 72.086 "Supercanal SA", resol. de 3-IV-2014 e I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017, entre muchas).
III.2. En esta etapa preliminar no es posible atender los agravios plasmados por el actor acerca de la supuesta vulneración de los principios de legalidad tributaria, ausencia de razonabilidad y aparente carácter confiscatorio del gravamen.
En relación a la violación al principio de legalidad, cabe señalar que aun cuando los importes mínimos incorporados a la estructura de la base imponible de la TSG por la ordenanza impositiva para el ejercicio fiscal 2018 pueden reputarse un elemento típico del tributo, en definitiva, fue la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes -órgano constitucionalmente habilitado al efecto- la que dispuso en tal sentido. Con este punto de partida, pierde fuerza de convicción el reproche dirigido a que se lo hizo en dos piezas legislativas separadas.
De otro lado, si bien el accionante alega la existencia de graves distorsiones entre las distintas escalas impositivas, que afectarían el derecho de igualdad frente a las cargas públicas, no ha dado cuenta de que efectivamente existan parcelas emplazadas dentro del partido de tal extensión que tornen injusto el arreglo normativo, al abonar una tasa sensiblemente inferior no obstante presumirse una mayor capacidad contributiva.
No modifica el escenario el planteo referido al carácter desproporcionado o confiscatorio de la TSG, pues las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo sólo deben acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria de la capacidad contributiva gravada (cfr. causa I. 1183, "Nida", sent. de 31-V-1988, entre otras), extremo que todavía está por corroborarse teniendo en cuenta que no se ha hecho referencia alguna a lo previsto en el art. 2 de la ordenanza impugnada, cuando contempla respecto a la TSG que "...ninguna partida abonará una cuota que supere más del cuarenta (40%) del importe de la tasa que le hubiese correspondido para la cuota N°12 del año anterior, ni un valor inferior al mínimo establecido en el artículo 1ero.". La incidencia de esta norma sobre la liquidación del tributo difumina la verosimilitud que se invoca en torno a la afectación del derecho de propiedad, como sustento del embate a la constitucionalidad de la ordenanza.
En las condiciones reseñadas, el derecho invocado no luce verosímil.
III.3. Tampoco concurre en la especie un supuesto de peligro en la demora que justifique la concesión de la cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
En esta parcela es preciso indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso el precepto de la ordenanza cuestionada fuera declarado inconstitucional, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho artículo, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (cfr. causa B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
En virtud de tal análisis, dado que por el momento se carece de elementos que permitan cotejar la repercusión de las modificaciones tributarias en la concreta situación económica y financiera de quien acciona, no es posible hacer lugar a la medida suspensiva requerida (doctr. causa I. 72.233, "International Value SA", resol. de 23-IX-2015; CSJN Fallos: 319:633).
Es que, como se apuntó en el apartado anterior, no habiéndose argumentado que la comuna demandada haya rechazado en la especie la aplicación del art. 2 de la ordenanza 5494/17, cabe presumir que el actor aun puede exigir el cumplimiento de dicha previsión y, con ello, morigerar el impacto patrimonial del incremento del tributo.
IV. Por tales razones, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no ha lugar a la medida cautelar solicitada a fs. 89/92 (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC; doctr. causas I. 71.668, "Sulimp", resol. de 8-VIII-2012; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; B. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; B. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; B. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; B. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014; I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", resol. de 5-IX-2018; I. 75.353, "Gonzalez de Souza", resol. de 7-III-2019, entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la medida cautelar peticionada por la parte actora a fs. 89/92 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 705
Fin de la sentencia