Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75353
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la oposición al progreso de la acción formulada por la Municipalidad de Merlo a fs. 178 vta./179 (arg. art. 684, CPCC).
II. Desestimar la medida cautelar peticionada por la parte actora a fs. 148/150 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.75.353 "GONZALEZ DE SOUZA MANUEL ANTONIO C/ MUNICIPALIDAD DE MERLO S/ INCONST. ORD. 5494/17"
La Plata, 07 de marzo de 2019.
I.1. Manuel Antonio González de Souza promovió acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se invalide el art. 1 de la ordenanza 5494/17 -impositiva para el ejercicio 2018- de la Municipalidad de Merlo, a través del cual se establecieron las alícuotas y se incorporaron montos mínimos por metro cuadrado edificado y metro cuadrado de superficie para la Tasa por Servicios Generales (TSG) regulada en los arts. 66 a 74 de la ordenanza fiscal 5493/17.
El actor es propietario de un inmueble de aproximadamente 19 hectáreas y media ubicado en la localidad de Mariano Acosta, dentro del referido partido, quien funda su legitimación en el carácter de contribuyente respecto de ese lote. Se agravia por el monto al que ascendió la tasa, que habría pasado de $536 a $32.379 mensuales de un año fiscal a otro. Considera que el precepto normativo impugnado es contrario a las garantías previstas en los arts. 11, 25 y 31 de la Carta local.
I.2. En tal sentido, alega que se ha violado el principio de legalidad en materia tributaria, en tanto el art. 1 de la ordenanza impositiva añadió un nuevo elemento no contemplado en la definición de la TSG en la ordenanza fiscal. Esto es, un importe mínimo por metro cuadrado edificado y de superficie, los que aparentemente se sumarían a la alícuota calculada sobre la valuación fiscal del inmueble. Denuncia que solo esto último estaría contemplado en la tipificación del gravamen, mas no lo primero.
Asimismo, reputa que las modificaciones quebrantan el principio de igualdad por un doble orden de razones: porque solo el 1% de la población sufrió un aumento de tales magnitudes y porque incluso entre los terratenientes que se han visto alcanzados por el incremento hay desfasajes en la aplicación de las escalas, dando lugar a resultados que estima irrazonables. Por ejemplo, que el propietario de un campo de 128 hectáreas tenga que abonar menos que él, quien posee un predio de una extensión mucho menor.
Finalmente, ataca los cambios operados en la TSG por reputar que los montos no guardan relación con el costo del servicio comunal al cual en teoría se encuentran ligados, además de afirmar que ellos son confiscatorios pues calcula que en dieciséis años el pago de la tasa habrá "consumido" el valor de la propiedad.
II. Expuesto así el planteo del accionante y habiéndolo contestado la Municipalidad de Merlo a fs. 177/185, corresponde en primer lugar tratar el cuestionamiento relacionado a la tempestividad de la pretensión formulado por esta última para luego, eventualmente, abordar la medida cautelar solicitada a fs. 148/150.
III.1. El actor insiste con que ha interpuesto la acción en tiempo oportuno, al establecer como dies a quo para el cómputo del plazo fijado en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial el 10 de mayo de 2018, fecha en la cual se habría producido la concreta afectación patrimonial a la que alude dicha norma tras descargar del sitio web del municipio la boleta respectiva, en tanto ella no le habría sido remitida antes.
Al mismo tiempo, señala que el Boletín Oficial estuvo fuera de servicio desde el 4 de agosto de 2017 y que recién el 6 de abril de 2018 habría figurado la ordenanza impugnada -bien que aisladamente- en la página web de la comuna, todo lo cual aparentemente fue verificado judicialmente en otros procesos similares en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón.
III.2. Por su lado, la Municipalidad de Merlo sostiene que efectivamente envió las boletas a los contribuyentes de forma regular a partir del mes de enero de 2018, en cuyo primer día hábil entró a regir la ordenanza 5494/17. Pero más allá de eso, reconoce que a raíz de las actualizaciones tendientes a mejorar la interfaz del sitio web del municipio, "...las ordenanzas en cuestión han podido ser visualizadas públicamente a partir de las 16:00 hs. del día 5 de abril del corriente", lo cual surgiría del informe de la actuaria en el expediente N°12.883/18 caratulado "Gossis, Norberto Daniel c/ Municipalidad de Merlo s/ diligencia preliminar" radicado ante el ya mencionado juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo (v. fs. 179). En este escenario, afirma que el plazo de treinta días que prevé el art. 684 del ritual venció el 21 de mayo de 2018, mientras que la demanda recién fue presentada -fuera de término- el 23 de mayo.
III.3. Pesando sobre ella la carga procesal, la Municipalidad de Merlo en ningún momento arrimó al expediente un elemento que permita corroborar fehacientemente y sin lugar a especulación la fecha en la cual fue dada a conocer la norma que agravia al actor y, con ello, el plausible comienzo del mentado plazo legal. Concretamente, el Boletín Oficial municipal -ya sea en su versión impresa o electrónica- en el cual conste el texto de la ordenanza 5494/17, preparado con arreglo a las disposiciones de los arts. 108 incs. 2 y 18 de la LOM -texto según ley 14.491- y a los efectos del art. 112 de la ordenanza general 267/80. En su lugar, la comuna se limitó a acompañar una captura de pantalla a través de la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de la certificación efectuada por una funcionaria judicial fechada 10 de abril de 2018, dando cuenta de que en ese momento era accesible el texto de la ordenanza en el sitio www.merlo.gob.ar, mas ello no había sido posible cinco días atrás (v. fs. 170).
Independientemente de si en autos se han satisfecho las formalidades inherentes a la publicación de normas de alcance general, lo corroborado por el juzgado de primera instancia en esa fecha coadyuva a la admisibilidad de la pretensión del actor, puesto que en circunstancias como estas, cobra relevancia el principio pro actione cuya aplicación práctica conduce a resolver el estado de duda a favor del progreso formal de la demanda originaria (doctr. causa I. 72.719, "Zabaljauregui", resol. de 6-XI-2013).
De este modo, tomando aquel momento como referencia -10 de abril de 2018- y aun cuando no esté del todo claro si la normativa visitada en el sitio oficial del municipio se trató propiamente de una publicación en el Boletín Oficial, cabe concluir que la demanda promovida el 23 de mayo de 2018 ha sido tempestiva.
Consecuentemente, corresponde rechazar la oposición formulada por la Municipalidad de Merlo a fs. 178 vta./179 y abocarse al tratamiento de la medida cautelar peticionada por la parte actora, suspensiva de los efectos de la norma atacada.
IV.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 e I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018, entre otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada podía generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, entre otras) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, cit. y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición cautelar, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
IV.2.a. En punto a la verosimilitud del derecho, debe tenerse en cuenta que la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley -o, en el caso, por ordenanza- es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (cfr. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de medidas cautelares en materia tributaria impone una particular estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, "La Cucha SA", resol. de 10-VII-2013; I. 72.086 "Supercanal SA", resol. de 3-IV-2014 e I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017, entre muchas).
IV.2.b. En esta etapa preliminar no es posible atender los agravios plasmados por el actor acerca de la supuesta vulneración de los principios de legalidad tributaria, de igualdad frente a las cargas públicas y el aparente carácter confiscatorio del gravamen.
En relación a la violación al principio de legalidad, cabe señalar que aun cuando los importes mínimos incorporados a la estructura de la base imponible de la TSG por la ordenanza impositiva para el ejercicio fiscal 2018 pueden reputarse un elemento típico del tributo, en definitiva, fue la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes -organo constitucionalmente habilitado al efecto- la que dispuso en tal sentido. Con este punto de partida, pierde fuerza de convicción el reproche dirigido a que se lo hizo en dos piezas legislativas separadas.
De otro lado, si bien el accionante alega la existencia de graves distorsiones entre las distintas escalas impositivas, que afectarían el derecho de igualdad frente a las cargas públicas, no ha dado cuenta de que efectivamente existan parcelas emplazadas dentro del partido de tal extensión que tornen injusto el arreglo normativo, al abonar una tasa sensiblemente inferior no obstante presumirse una mayor capacidad contributiva.
No modifica el escenario el planteo referido al carácter desproporcionado o confiscatorio de la TSG, pues las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo sólo deben acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria de la capacidad contributiva gravada (cfr. causa I. 1183, "Nida", sent. de 31-V-1988, entre otras), extremo que todavía está por corroborarse teniendo en cuenta que no se ha hecho referencia alguna a lo previsto en el art. 2 de la ordenanza impugnada, cuando contempla respecto a la TSG que "...ninguna partida abonará una cuota que supere más del cuarenta (40%) del importe de la tasa que le hubiese correspondido para la cuota N°12 del año anterior, ni un valor inferior al mínimo establecido en el artículo 1ero.". La incidencia de esta norma sobre la liquidación del tributo difumina la verosimilitud que se invoca en torno a la afectación del derecho de propiedad, como sustento del embate a la constitucionalidad de la ordenanza.
En las condiciones reseñadas, el derecho invocado no luce verosímil.
IV.3. Tampoco concurre en la especie un supuesto de peligro en la demora que justifique la concesión de la cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
En esta parcela es preciso indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso el precepto de la ordenanza cuestionada fuera declarado inconstitucional, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho artículo, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (cfr. causa B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
En virtud de tal análisis, dado que por el momento se carece de elementos que permitan cotejar la repercusión de las modificaciones tributarias en la concreta situación económica y financiera de quien acciona, no es posible hacer lugar a la medida suspensiva requerida (doctr. causa I. 72.233, "International Value SA", resol. de 23-IX-2015; CSJN Fallos: 319:633).
Es que, como se apuntó en el apartado anterior, no habiéndose argumentado que la comuna demandada haya rechazado en la especie la aplicación del art. 2 de la ordenanza 5494/17, cabe presumir que el actor aun puede exigir el cumplimiento de dicha previsión y, con ello, morigerar el impacto patrimonial del incremento del tributo.
V. Por tales razones, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no ha lugar a la medida cautelar solicitada a fs. 148/150 (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC; doctr. causas I. 71.668, "Sulimp", resol. de 8-VIII-2012; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; B. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; B. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; B. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; B. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014 e I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", resol. de 5-IX-2018, entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la oposición al progreso de la acción formulada por la Municipalidad de Merlo a fs. 178 vta./179 (arg. art. 684, CPCC).
II. Desestimar la medida cautelar peticionada por la parte actora a fs. 148/150 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 55
Fin de la sentencia