Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76241
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la medida cautelar solicitada por el demandante (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
II. Hacer saber al Municipio de Berazategui que arbitre todos los medios a su disposición para implementar efectivamente la ordenanza 5.694 en lo atinente a la sustitución vehicular reglada.
I.76.241 “OJEDA JUAN GABRIEL C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/ INCONST. ORD. 5694”
I. Juan Gabriel Ojeda, con el patrocinio letrado de Dante Gabriel Morini, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. contra la Municipalidad de Berazategui, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 5.694 que prohíbe la circulación de vehículos de transporte de carga a tracción a sangre en el ámbito de esa comuna. Asimismo, solicita cautelarmente la suspensión de los efectos del precepto impugnado.
Sostiene que la normativa que impugna vulnera los artículos 10, 11 y 27 de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Radicada la causa ante esta Suprema Corte mediante la resolución de fecha 26-III-2019, el actor -al encauzar la demanda- relata que trabaja alrededor de diez horas diarias con un carro manual recolectando cartón, vidrio, papel y todo otro material reciclable que se encuentre abandonado en las calles del partido de Berazategui.
Denuncia que la prohibición prevista en la ordenanza cuestionada lesiona su derecho constitucional de propiedad en cuanto se le impide ejercer su actividad comercial, exponiéndolo al secuestro del carro con el que realiza la tarea de recolección y a la aplicación de multas. Incluso, manifiesta que vulnera su derecho a la libre circulación al prohibírsele llevar un carro impulsado por su propio cuerpo (sic).
Afirma que la referida interdicción afecta los derechos constitucionales a trabajar, a ejercer industria lícita y a la salud en tanto él, así como todas las personas que realizan esa misma actividad, utilizan la tracción a sangre animal y humana " como herramienta indispensable en el marco de su economía de subsistencia" .
Asimismo alega que la normativa comunal, sancionada el 21 de marzo del 2019, resulta irrazonable, por cuanto no estableció un plazo criterioso de transición en el cual la sustitución de la tracción a sangre por otro medio de circulación -en el caso, bicicletas eléctricas- pueda llevarse a cabo paulatinamente para atemperar la afectación de los derechos constitucionales referidos.
En razón de ello, solicita se dicte medida cautelar a fin de suspender la aplicación de la ordenanza 5.694 de la Municipalidad de Berazategui.
II. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (cfr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; e.o.), la que naturalmente cabe hacer extensiva a las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo", resol. de 21-IX-2005; I. 72.269, ?Coordinación Ecológica Área Metropolitana?, resol. de 6-XI-2012; e.o).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio se deben considerar los extremos exigidos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar ( fumus boni iuris y periculum in mora ), resultando necesario que se acredite la presencia de ambos para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004).
III. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido recientemente en la causa B. 75.986, "Silguero" -cuyo objeto resulta análogo al presente-, dictando la resolución de fecha 26-II-2020 que decide acerca del pedido de una medida cautelar como la que aquí llega al acuerdo. En consecuencia, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
III.1. Sentado ello, corresponde adelantar que no se configura la apariencia de buen derecho para el otorgamiento de la medida preventiva peticionada. Veamos: Esta Corte se pronunció cautelarmente acerca de las prerrogativas municipales de reglamentación en materia de tracción a sangre animal (doctr. causa I. 72.454, "Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 4-VII-2018), cuyo plexo normativo aplicable se enmarca, a nivel nacional, en la ley 24.449 –t.o ley 27.445- que en su artículo 2 prevé que serán autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en ella, entre otros, los órganos municipales, los que podrán disponer por vía de excepción exigencias distintas a las de la ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente específicas circunstancias locales. Además, los faculta a dictar disposiciones exclusivas de carácter accesorio cuando se refieran al tránsito urbano y, en particular, a la circulación de vehículos impulsados por tracción a sangre.
En el ámbito provincial, la ley 13.927 consagra en su artículo 20 el carácter excepcional del desplazamiento por vías públicas pavimentadas a través de este medio, supeditándolo a la previa autorización emitida por la autoridad municipal según circunstancias que serán determinadas por la pertinente reglamentación, la cual en esta parcela tiene incluso un carácter más restringido conforme dispone el artículo 20, Anexo I, de su decreto reglamentario 532/09. A su vez, el referido decreto preceptúa reglas específicas de circulación respecto de la tracción a sangre –bicicletas, triciclos, etc.- (arts. 17 inc. a.2 y 22 inc. u.2, Anexo III, decreto 532/09).
Por último, en sintonía con estas previsiones normativas, el artículo 192 de la Constitución provincial confiere a las municipalidades las potestades de tener a su cargo la vialidad pública (inc. 4) y de dictar ordenanzas (inc. 6) dentro de sus atribuciones. En este sentido, el artículo 25 del decreto ley 6769/58, de un lado, dispone que las normas comunales deberán responder, entre otros, a conceptos de sanidad, asistencia social, seguridad, protección y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales; mientras que el artículo 27 del mismo cuerpo legal faculta a los municipios a reglamentar el tránsito de vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción comunal atendiendo a conceptos de educación, prevención, ordenamiento y seguridad (inc. 18).
III.2. Se advierte -entonces- en el sub judice que, en el ejercicio de tales atribuciones constitucionales y legales, la Municipalidad de Berazategui sancionó la ordenanza 5.694, mediante la cual se prohíbe la circulación de vehículos de carga de tracción a sangre (art. 1) sea animal o humana (cfr. considerandos ord. 5694).
Dicha normativa articula un sistema consistente en la sustitución de los carros utilizados para la carga recolectada -los cuales deberán ser puestos a disposición del municipio- por bicicletas eléctricas a otorgarse en comodato, a fin de cumplir con la tarea de recolección informal, previo empadronamiento de quienes realizan esta actividad en el Registro Único Obligatorio de Recolectores Informales (cfr. arts. 3, 4 y 7, ord. 5694).
III.3. En ese contexto y en relación con los cuestionamientos formulados por el actor referidos a la vulneración de los derechos constitucionales a trabajar, a ejercer industria lícita, a la igualdad y a la salud, enlazados con la afectación del derecho de propiedad, resulta preciso indicar que las disposiciones consagradas en la norma comunal que siguen a la interdicción de la tracción a sangre, no suponen la supresión de la actividad de recolección informal de residuos urbanos. Antes bien y añadiendo como sustento los considerandos de la ordenanza cuestionada, en los cuales se evidencian "problemáticas vinculadas a la precarización laboral, marginación social y salubridad " y resultando " manifiesto e indiscutible el daño producido en la persona que traslada con su fuerza el vehículo, en su integridad física y psíquica" , se propicia, a través del mecanismo de reemplazo vehicular descripto, la seguridad en la circulación vial, la mejora de las condiciones de labor y la preservación de la salud de quienes, como en el caso del peticionante, efectúan la recolección en forma manual dentro del distrito.
III.4. Asimismo, frente a la alegación relativa al quebrantamiento de los derechos a la privacidad y a la libre circulación en que estaría incurriendo la normativa atacada, a la luz del régimen legal aplicable en la especie, no concurren elementos suficientes que permitan afirmar a esta altura del proceso una extralimitación inconstitucional por parte del Municipio en uso de sus facultades legislativas.
IV.1. Continuando con el análisis propuesto, debe analizarse el presupuesto de peligro en la demora que impone la ley adjetiva para este tipo de solicitudes.
Esta Suprema Corte tiene dicho que en su evaluación como requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de los preceptos cuestionados si al cabo del proceso fuesen declarados inconstitucionales, como -y en relación con- aquél que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dichos preceptos, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa I. 73.577, "Telecom Personal SA", resol. de 18-X-2017 y sus citas).
En el caso bajo estudio, no se advierte la configuración del requisito consistente en el peligro en la demora, toda vez que el actor en el escrito de demanda omite precisar de qué manera concreta la prohibición dispuesta por la Municipalidad lo afecta, causándole un daño grave o irreparable, de difícil o imposible reparación ulterior (doctr. causa I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015).
IV.2. Finalmente, en relación al planteo relativo a la razonabilidad de la normativa local, teniendo en consideración que su articulado resulta aplicable, especialmente, al sector de los recolectores informales, los cuales se encuentran, prima facie , en circunstancias socio económicas de vulnerabilidad, este Tribunal estima pertinente -al igual que se hiciera en el precedente de referencia- hacer saber al Municipio de Berazategui que arbitre todos los medios a su disposición para implementar efectivamente la ordenanza 5.694 en lo atinente a la sustitución vehicular reglada.
V. Ante las circunstancias expuestas, sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no concurren en el sub lite los elementos de urgencia y probabilidad que habiliten el otorgamiento de una medida de este tipo en el marco de la acción contemplada en los artículos 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la medida cautelar solicitada por el demandante (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
II. Hacer saber al Municipio de Berazategui que arbitre todos los medios a su disposición para implementar efectivamente la ordenanza 5.694 en lo atinente a la sustitución vehicular reglada.
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 10:15:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:21:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:02:40 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:49:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 20:58:21 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia