Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78847
I.78.847 "FORO AMIGOS DE CARILO C/ MUNICIPALIDAD DE PINAMAR S/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ORDENANZA 6087/21"
I. El Foro Amigos de Cariló promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez de la ordenanza 6.087/21 sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pinamar, mediante la cual se autorizó el proyecto presentado por la firma Cariló Golf SA, denominado “Relanzamiento Golf Club Cariló”. Esto, por estimar que se encontrarían vulnerados los derechos y garantías consagrados en el preámbulo y en los arts. 1, 11, 12 inc. 4, 15, 28 y 57 de la Carta local.
Asimismo, solicita que se ordene con carácter cautelar la suspensión de los efectos de la legislación puesta en crisis, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente controversia y/o hasta que el Ministerio de Ambiente provincial emita la Declaración de Impacto Ambiental del mencionado emprendimiento.
II. Comienza su embate relatando que ya en el año 1998, a través de la ley 12.099, se declaró a la localidad Parque Cariló como “Paisaje Protegido para el Desarrollo Ecoturístico de Interés Provincial”. Explica que, mediante esta figura, se procuró preservar íntegramente la referida área, atendiendo a los beneficios ambientales que el bosque aporta como bioma protector del suelo y de las costas, riberas y orillas, formando una barrera contra la acción de los vientos marinos a través de la fijación de médanos y dunas.
Arguye que con la sanción de la ley 12.704, se ha establecido que la realización de cualquier obra o actividad pública o privada que pudiere ocasionar un impacto negativo al ambiente, debe obtener la correspondiente autorización expedida por el organismo competente, previa presentación de un estudio de impacto ambiental (art. 7). Al mismo tiempo, se ha determinado que “los paisajes protegidos y espacios verdes declarados por ley con anterioridad a la vigencia de la presente, deberán regirse por esta norma y su reglamentación” (art. 11).
Recuerda que esto último tuvo lugar con el dictado del decreto 2.314/11, donde se prevé que cualquier actuación potencialmente nociva para el ambiente debe “estar precedida por un Estudio de Impacto Ambiental, que será evaluado inicialmente por el o los Municipios involucrados y posteriormente girado al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires para el dictado de la Declaración de Impacto Ambiental, resultando de aplicación al respecto las previsiones de la Ley Provincial Nº 11.723” (art. 7).
Tras ello, sostiene que la ordenanza municipal 3.361/06 constituye la base del bloque de juridicidad que hace a la operatividad de las garantíasínsitas en el art. 28 de la Constitución provincial, por lo que su sujeción resulta imperativa. En particular, puntualiza que el art. 2.1.a de esta norma reza que “queda prohibido el cambio de zonificación vigente a la fecha de la promulgación de la ley 12.099, año 1998, y la habilitación de nuevas zonas hoteleras, multifamiliares y comerciales, en la zona urbanizada a la fecha”. En línea con esto, menciona que el proyecto autorizado por la ordenanza impugnada entra en la categoría de “alto impacto ambiental” conforme lo previsto en el art. 12 del Anexo I del decreto 3.361/06 y que, por ende, deviene aplicable lo dispuesto en la ley 12.099 citada.
Se agravia también del hecho de que fue recién con la sanción del decreto 1.188/23 –publicado el 26 de abril del corriente- que la comunidad tomó efectivo y formal conocimiento de los términos de la ordenanza 6.087/21, al convocarse tardíamente a una audiencia para informar lo que entiende que constituyen “los aspectos ambientales de una decisión ya adoptada por el Departamento Deliberativo”.
III. Bajo aquel marco normativo, señala que la presente demanda pretende demostrar que la norma atacada:
a) autoriza la construcción de un polo de servicios "premium" con nuevas superficies de usos supuestamente mixtos o de servicios complementarios, para emplazarse dentro del predio de un Campo de Golf (entre los hoyos 5 a 9), sin seguir el orden lógico propio de todo procedimiento de ordenamiento territorial y en franca violación a lo contemplado en los arts. 2 y concs. del decreto ley 8.912/77;
b) quebranta la prohibición expresa de la ordenanza 3.361/06, pues asigna una nueva zonificación o uso principal (hotelero) dentro de una parcela protegida;
c) es antijurídica, en tanto el estudio de impacto ambiental (EIA) que menciona y al que se remite no ha sido publicado en los plazos y bajo los modos establecidos por la ordenanza 3.361/06 y las leyes 11.723, 12.704 y el decreto 2314/11; y
d) contradice la zonificación creada por el Código de Ordenamiento Urbano (COU), con la finalidad de encubrir un nuevo uso de carácter principal y específico en una zona no apta para localizar el complejo hotelero "premium", desconociendo que la parcela posee (o debería poseer) una restricción en el plano de afectación, tal como la propia empresa Cariló SA puso de manifiesto para obtener la autorización del loteo aprobado por la ordenanza 1.732/95.
IV. Luego, fundamenta específicamente su planteo de inconstitucionalidad.
Aquí, destaca que el precepto impugnado violenta el principio de razonabilidad contemplado en el preámbulo de la Carta bonaerense, cuya exigibilidad hace al buen gobierno, publicidad y transparencia de los actos o medidas que provengan de los órganos públicos. Asimismo, afirma que se opone a los principios de congruencia, progresividad y no regresión contenidos en el art. 4 de la ley 25.675, que reglamenta el art. 41 de la Constitución nacional. Por último, sostiene que la ordenanza incurre en una derogación singular de los reglamentos al apartarse concretamente del COU y de la ordenanza 3.361/06, para favorecer un proyecto particular en desmedro de las reglas que debe observar el resto de la ciudadanía en el Parque Cariló y que esto vulnera el principio de igualdad receptado en el art. 11 de la Carta provincial.
En otro orden de ideas, expone que el decreto 1.188/23 no satisface los estándares constitucionales en materia de información pública ambiental (arts. 41, Const. nac.; 12 inc. 4, Const. prov.), como así tampoco lo prescripto en el art. 17 de la ley 11.723. Profundiza argumentando que la convocatoria municipal a la audiencia del día 6 de junio del corriente año, tal como fuera instrumentada, también violenta las pautas fijadas en el Acuerdo de Escazú –ratif. por ley 27.566-.
Estima, a su vez, que no se ha garantizado la tutela administrativa efectiva (art. 15, Const. prov.) en el marco del procedimiento de estudio de impacto ambiental, al que se hace referencia en el cuerpo de la ordenanza cuestionada.
Seguido a esto, resalta que la demandada desconoce el deber de preservar y enriquecer el patrimonio urbanístico, generando y promoviendo ámbitos de participación ciudadana (arts. 1 y 44, Const. prov.). En esta línea, afirma que el derecho a participar en la cosa pública se ha consolidado bajo el paradigma ambiental incorporado en la reforma del año 1994, que encuentra correlato en la ley nacional 25.675, en la ley provincial 11.723 y, más recientemente, en el citado Acuerdo de Escazú. Aduna a lo dicho que la ausencia de participación ciudadana no puede ser subsanada con la realización de una sesión extraordinaria o una consulta posterior, en tanto el proyecto –que introduce modificaciones a la zonificación del lugar- ya ha sido autorizado sobre la base de un estudio de impacto ambiental que será “explicado” con posterioridad.
Continúa remarcando que la Autoridad del Agua (ADA) no se ha expedido sobre aspectos cruciales del proyecto, tales como la existencia y capacidad de carga o recarga del acuífero costero. Así, advierte que tanto el estudio hidráulico como las propuestas de excavaciones, pozos e instalaciones de cisternas formuladas por el desarrollador son elementos complejos que requieren de la aprobación expresa de la autoridad competente en la materia.
Por último, peticiona que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, de acuerdo con la gratuidad en el acceso a la jurisdicción protectoria del ambiente consagrada en el Acuerdo de Escazú.
V. El 30 de junio de 2023 comparece la Municipalidad de Pinamar y contesta demanda.
En su escrito defensivo, luego de efectuar la negativa de rigor, se opone a la admisibilidad de la pretensión incoada, arguyendo que la vía intentada no procede contra actos particulares como lo es la ordenanza 6.087/21 y tampoco cuando la transgresión constitucional lo es de manera refleja. Subsidiariamente, refuta el planteo de inconstitucionalidad esgrimido y reafirma la legitimidad de la norma bajo examen.
Tras esto, solicita que: a) se rechace el remedio precautorio requerido; b) se cite como tercero a la empresa Cariló Golf SA, al considerar que lo que en definitiva se resuelva en esta causa podrá afectar sus intereses; y c) se desestime el beneficio de gratuidad requerido.
VI. Sustanciadas las defensas deducidas como de previo y especial pronunciamiento por la comuna y lo peticionado respecto de la intervención de la firma Cariló Golf SA, la demandante manifiesta que la ordenanza 6.087/21 innova jurídicamente respecto de las leyes 12.099 y 12.704, como así también, de lo dispuesto en la ordenanza 3.361/06, por lo que su contenido tiene indiscutidamente carácter y alcance general. En este sentido, precisa que el precepto “no es un acto particular en orden a su objeto, esencia y contenido, pues surte efectos jurídicos general, que se expanden hacia toda la comunidad, en la medida que afectan en forma directa los derechos de incidencia colectiva”.
Alega, luego, que la norma introduce un cambio de uso del suelo e importa –según fuera reconocido por el propio Intendente municipal- la autorización de perforaciones, cesiones y construcciones para ejecutar otras obras y la explotación del acuífero como si se tratase de un bien de propiedad privada; todo ello, en contravención de la protección legal y constitucional reconocida a aquel paisaje protegido.
Repara en que se ha fundado precisa y adecuadamente el embate constitucional y que la mención de la legislación violada o desconocida por el Honorable Concejo Deliberante al momento de sancionar el precepto en crisis lo ha sido para echar luz acerca del proceder ilegítimo de la comuna, mas no para demostrar una inconstitucionalidad en forma refleja, como le fuera endilgado.
Finalmente, se resiste a la incorporación de la empresa Carilo Golf SA como tercero, argumentando que no se han acreditado debidamente las razones que darían lugar a su citación y que, tratándose de una cuestión de cuño netamente normativo, nada podría aportar la mencionada firma para resolver el conflicto constitucional suscitado en la especie (v. presentación electrónica de fecha 11-VII-2023).
VII. El 10 de septiembre de 2023 la actora amplía los fundamentos del peligro en la demora en su momento invocado y denuncia -como hecho nuevo, en los términos del art. 363 del Código Procesal Civil y Comercial- que se habría dado comienzo a la ejecución de dos obras vinculadas con la ordenanza 6.087/21 y que carecerían de una declaración de impacto ambiental previa.
De un lado, arguye que la comuna ha dado inicio a los trabajos para la instalación de una red de agua potable, los cuales se realizarían en las tierras que la firma Cariló Golf SA cedería al municipio a modo de compensación, de acuerdo a lo establecido en la norma aquí impugnada. Al respecto, sostiene que si bien la Autoridad del Agua (ADA) habría otorgado la factibilidad y "aptitud de obra" precaria para el trasvase de agua en cuenca, dicha autorización refiere técnicamente a la obra de ingeniería civil, pero no versa sobre el impacto ambiental de los trabajos conforme lo previsto en el art. 97 del Código de Aguas y en la ley 11.723.
En consonancia con esto, afirma que resulta imprescindible que la autoridad competente analice y se expida sobre las consecuencias que puede aparejar la extracción del recurso hídrico y almacenamiento en cisternas en la parcela modificada por la ordenanza 6.087/21. Enfatiza que es público y notorio que el balance hidrogeológico de Parque Cariló es extremadamente frágil y su estado es crítico, no pudiendo tolerarse la falta de certeza sobre el grado de afectación del recurso natural en cuestión.
De otro, relata que mediante expediente administrativo N°4023-2285/22 se ha aprobado y contratado -a través de la figura de la "compensación urbana"- el denominado "Proyecto Movilidad Cariló". Sobre el punto, refiere que por decreto 1.738/23, el Intendente municipal dio por concluido el proceso de oposición abierto para emitir opiniones sobre el mencionado proyecto, haciendo caso omiso a las peticiones formuladas para que se lleve adelante una evaluación de impacto ambiental y se garantice de forma adecuada la participación ciudadana en sede administrativa.
Expone que en el art. 12 de la ordenanza 3.361/06 -que recepta las garantíasínsitas del art. 28 de la Constitución local- expresamente se le otorga la categoría de "alto impacto ambiental" a cualquier obra que implique la deforestación de terrenos públicos y/o la modificación de la topografía y la geomorfología del terreno y/o características del paisaje. Con relación a esto, argumenta que la ejecución de la obra conlleva la tala y desmonte del bosque protegido, quedando en evidencia la violación lisa y llana del precepto antes citado.
Frente a los nuevos hechos alegados, modifica su petición cautelar y solicita que se ordene la suspensión de la ejecución de todas las obras vinculadas directa o indirectamente a la ordenanza 6.087/21, hasta tanto la Municipalidad de Pinamar acredite la emisión de la declaración de impacto ambiental.
VIII. Corrido el pertinente traslado, el día 25 del mismo mes y año, el apoderado de la demandada se opone a su procedencia.
Ante todo, estima errada la interpretación que el Foro realiza del marco normativo aplicable, por la cual exige que la declaratoria de impacto ambiental del proyecto aprobado por la ordenanza 6.087/21 debe ser emitida por la autoridad ambiental provincial. Por el contrario, asegura que el municipio ha cumplido con todos los procedimientos indicados por la norma de rito y ha dictado la correspondiente declaración, en virtud de las competencias que le son propias.
Sigue argumentando que la obra de "Red de Agua Potable de Cariló" carece de cualquier vínculo o relación con el objeto de esta litis y que la obra "Sendero de Hormigón sobre Calle Divisadero" no ha comenzado a ser ejecutada y su desarrollo está siendo replanteado por su parte, por lo que ninguno de los hechos denunciados presentan aptitudes suficientes para justificar la concesión del remedio preventivo peticionado.
Precisa, luego, que los primeros trabajos indicados se encuentran a cargo de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. y constituyen la Etapa 1 de la "Obra de Agua Corriente para la Zona Comercial de Cariló", que se origina con la sanción de la ordenanza 6.413/23 y representa el proyecto de infraestructura hidráulica de mayor relevancia en el área y que cuenta con todas las autorizaciones administrativas y ambientales necesarias. Apunta que, ante la sobreexplotación individual del acuífero, se decidió avanzar con el desarrollo de tareas tendientes a paliar la problemática del avance subterráneo del océano, optando por la extracción continental y de abastecimiento centralizado.
Tras ello, menciona que la Etapa 2 de la referida obra contempla la eventual construcción de una cisterna con el objeto de permitir el control y mantenimiento del proceso de cloración desde un único punto, como así también la instalación del equipamiento necesario para el abatimiento de metales pesados; sin embargo, anuncia que el segundo tramo del proyecto -que ni siquiera fue incluido en la ordenanza 6.432/23- no se encuentra en ejecución.
Empero, admite que la comuna realizó consultas a la Cooperativa a fin de que determine si las parcelas ofrecidas por la empresa Cariló Golf SA eran adecuadas para la implantación de cisternas y plantas de tratamientos, obteniendo una respuesta favorable.
En cuanto la obra denominada "Proyecto de Movilidad Cariló", aclara que mediante la ordenanza 6.087/21 se previó que la firma Cariló Golf SA debía realizar una inversión equivalente a 25 millones de pesos para facilitar la ejecución de alguna de las obras existentes en el registro municipal de obras públicas. En ese contexto, la Municipalidad resolvió afectar eventualmente dichos fondos a la puesta en funcionamiento de aquellos trabajos, todo lo cual surgiría del expediente administrativo N°4123-2285/22, que adjunta. No obstante, declara que la obra se está revaluando, en virtud de lo informado por la Dirección de Ecología y Gestión Ambiental el 21 de septiembre de 2023 en el marco del expediente administrativo N°4123-2504/23, que dice acompañar pero no luce agregado a autos.
Posteriormente, profundiza los planteos defensivos articulados en su contestación de demanda. Insiste en que se ha cumplido con el trámite previsto por la normativa aplicable y que la ordenanza 6.087/21 cuenta con la declaración de impacto ambiental aprobada por resolución 165/23 de la Secretaría de Paisaje y Medio ambiente de la Municipalidad de Pinamar; cuestiona la legitimidad del decreto 2.314/14 de la Provincia de Buenos Aires en cuanto desconoció lo dispuesto en la ordenanza 3.361/06 emitida por el Concejo Deliberante de Pinamar y, a la par, afirma que la obra autorizada por la norma en crisis no encuadra en ningún supuesto de los contemplados en el Anexo II, Capítulo I, de la ley 11.723.
Por último, a fin de acreditar lo expuesto, acompaña prueba documental que individualiza.
IX. De los documentos adjuntos, se dio vista a la asociación civil demandante, quien el 9 de octubre de 2023 formula una serie de objeciones.
Alega que la audiencia del día 6 de junio del corriente no garantizó efectivamente la participación ciudadana. En cambio, aduce que en dicho acto sólo se realizó una explicación sumaria del proyecto mediante una exposición que duró quince minutos, dado que el tiempo restante el desarrollador se limitó a hablar de las bondades económicas y sociales del emprendimiento para los amantes del golf. Estas afirmaciones, según explica, no podrían ser comprobadas por su parte toda vez que las autoridades comunales prohibieron filmar o grabar la audiencia y destaca que -pese a lo manifestado en su presentación por la demandada- el acta labrada en dicha audiencia no fue agregada a la causa.
En línea con ello, sostiene que el municipio fundaba su posición amparándose en el dictado de la resolución 165/23 de la Secretaría de Paisaje y Medio Ambiente, por la cual se habría declarado ambientalmente apta la obra "Relanzamiento del Golf Club Cariló". Empero, asevera que esa resolución no fue acompañada y tampoco se le dio publicidad en los medios masivos de comunicación locales. De este modo, asegura que se viola -una vez más- el derecho a la información pública ambiental y se deja a su parte en estado de indefensión.
En relación a los alcances de la medida cautelar pretendida, limita su petición a la paralización de cualquier trabajo a desarrollarse en la Etapa 2 de la obra de red de agua potable, por no contar con una declaración de impacto ambiental; en cuanto a la Etapa 1, dice que no se opone a su continuidad, dado que este tramo del proyecto se encontraba fuera del objeto de la litis .
Refuta luego la interpretación que la demandada le diera a lo establecido en el Anexo II de la ley 11.723 y entiende que se ha configurado una especie de confesión documentada por la comuna de la inobservancia del art. 23 de la citada ley y del Título VI del Código de Aguas.
Finalmente, sostiene que el municipi
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.