Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75141
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.75.141 “BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ S/ INCONST. ORD. 62/2017”
La Plata, 05 de diciembre de 2018.
I. El Banco Santander Río S.A, a través de su apoderado, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Municipalidad de Marcos Paz, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad del artículo 73 de la ordenanza 62/17 mediante la cual se modificó el artículo 295 de la Ordenanza Impositiva y Fiscal 106/13 (y modificatorias).
Ello, en tanto alega que la norma cuestionada vulnera los artículos 10, 11, 27, 31, 36 de la Constitución provincial y 17, 28, 31, 75 inc. 22 y 123 de la Constitución nacional.
Relata que la entidad financiera ejerce su actividad en diversas jurisdicciones a nivel nacional y provincial, contando con 186 sucursales radicadas en 82 municipios, entre ellos, la Municipalidad de Marcos Paz y, por lo tanto, se encuentra alcanzada por las normas del Convenio Multilateral en lo que hace a la tributación del impuesto sobre los Ingresos Brutos y tasas municipales.
Refiere que la entidad bancaria, a partir de la sanción de la ordenanza 62/17, se vio obligada a tributar la suma de $ 530.592,50 mensuales en concepto de tasa por Derecho de Verificación y Control en el Municipio de Marcos Paz, circunstancia que -entiende- vulnera el modo de distribución previsto por el artículo 35 del Convenio Multilateral suscripto por la Provincia (cita decretos ley 8.960/77 y 9.472/79), al establecer un monto fijo como valor mínimo en concepto de tasas municipales que representan un tributo superior al que tendría que liquidarse por aplicación del mecanismo de distribución de base imponible atribuible al municipio, previsto en el citado convenio y conforme la ley de coparticipación federal 23.548 (cita arts. 9 inc. a, ley 23.548; 226 inc. 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 107 y 109 de la ord. 106/13; 8 y 35 del Convenio Multilateral; resoluciones de la Comisión Arbitral 1/15, 27/07 y 27/14 y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
En consecuencia, sostiene que la controversia radica en que el municipio se ha extralimitado en las atribuciones que le confiere el texto constitucional, constituyendo un avance desmedido e injustificado en relación a la tributación que la actora debe afrontar en los restantes municipios y, por lo tanto, vulnera su derecho de propiedad, de libertad de trabajo, de ejercer el comercio y aquél relativo a la remoción de obstáculos económicos que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales (arts. 10, 27, 31 y 36 de la Const. prov. y 17, 28, 31, 75 inc. 22 y 123 de la Const. nac.; v. fs. 41/42). Asimismo, califica de confiscatorio el gravamen, resultando tal exigencia "absolutamente irrazonable y desproporcionada" (v. fs. 45 vta.).
Pone de relieve que la base imponible del tributo en cuestión no guarda relación con el servicio que dice retribuir, excediendo ampliamente el costo de la prestación y desvirtuando la naturaleza jurídica de la tasa (cita doct. CSJN Fallos 201:545, 236:22, 251:51, 279:76, 302:1425, entre otros). Insiste en que las facultades tributarias municipales se encuentran limitadas a aquellas propias de la Provincia (cita disposiciones del Convenio Multilateral y ley 15.017 sobre Consenso Fiscal) y que tanto la ley de coparticipación federal como la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral prohíben el cobro de impuestos fijos sustancialmente elevados en el caso específico de las entidades financieras, destacando que los pronunciamientos de aquélla y de la Comisión Plenaria son obligatorios en todas las jurisdicciones.
Alega, asimismo, que el monto mínimo mensual de la tasa de 2015 a 2016 se incrementó un 533% (de $ 78.037,70 a $416.000, respectivamente), hasta alcanzar en el año 2018 el importe de $530.592,50, a cuyos efectos adjunta comprobante de pago -efectuado bajo protesta- del mes de enero (v. fs. 15/16).
Finalmente, solicita medida cautelar a fin de que el Municipio de Marcos Paz se abstenga de aplicar el artículo 73 de la ordenanza 62/17 hasta tanto se dicte sentencia definitiva, comprometiéndose a pagar el tributo, entre tanto, sin la aplicación del monto mínimo sino, aquél equivalente al valor que resulte de aplicar el coeficiente unificado correspondiente al Municipio de Marcos Paz a la base atribuible al municipio (conf. arts. 35 del Convenio Multilateral) o bien, se aplique el artículo 295 inc. a, ap. 1, de la ordenanza impositiva fiscal 2013 (ord. 106/13, vigente hasta la modificación introducida por la norma cuestionada).
II. Sentado ello y en la etapa del proceso en la que se encuentra la causa, es preciso pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria solicitada.
II.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causa I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", res. de 24-V-2011 e I. 74.048 "ATE", res. de 24-V-2016, entre otras), la que naturalmente cabe hacer extensiva a las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276 "Empresa de Transportes 25 de Mayo", res. de 21-IX-2005; I. 68.174, cit. e I. 72.269 "Coordinación Ecológica Área Metropolitana", res. de 6-XI-2012, entre muchas otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1 CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", res. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521 "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", res. de 4-V-2005, entre otras) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", res. de 4-V-2016 y sus citas).
Sobre la base de tales parámetros, se impone analizar los extremos requeridos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ; arts. 230, 232 y concs.,CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
II.2. Cabe adelantar que los requisitos indispensables para la concesión de la medida cautelar solicitada no surgen acreditados, en esta etapa liminar, con las constancias agregadas en la causa.
II.2.a. Respecto al requisito adjetivo relativo a la verosimilitud del derecho, la actora manifiesta que "… se aprecia a partir de que la forma en que se exige un monto mínimo mensual en concepto de Derecho por Control y Verificación (equiparable a la Tasa de Inspección de seguridad e higiene) vulnera las normas del Convenio Multilateral y los arts. 10, 31 de la Const. Prov. Bs As.; 17, 28, 31 de la C.N." (v. fs. 55 vta.).
No obstante tales consideraciones, este Tribunal ha resuelto que cuando se debatan cuestiones relativas a las potestades que los municipios de la Provincia de Buenos Aires tienen para dictar sus normas tributarias locales y el derecho que les asiste para exigir a sus contribuyentes el ingreso del producido consecuente a su aplicación, debe ponderarse lo dispuesto por la Constitución provincial, las leyes dictadas en su consecuencia y las ordenanzas municipales sancionadas en ejercicio de la autonomía municipal (conf. arts. 1, 5, 121 y 123, Const. nac. y 1, Const. prov.; doctr. causa A. 71.876, "Western Union Financial Services Argentina S.R.L", sent. del 23-XI-2016).
En el derecho público de la provincia son "atribuciones inherentes al régimen municipal ... la administración de los intereses y servicios locales..." (arts. 190 y 191, Const. prov.), confiriéndose a las municipalidades la potestad de dictar "... ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6) que comprenden, entre otras materias, la creación de los tributos necesarios para financiar el presupuesto (art. 192 inc. 5; doctr. A. 71.876, citada).
Dicha interpretación de las normas constitucionales relativas a la competencia municipal en razón de su autonomía, disipa la apariencia de buen derecho que debe apreciarse en el marco provisional propio del despacho cautelar. Es decir, en esta etapa del proceso y de los términos de la demanda no concurren elementos suficientes que evidencien una extralimitación de las facultades tributarias del municipio que, prima facie, pueda ser calificada de inconstitucional.
A mayor abundamiento, nótese que el desarrollo elaborado a los fines de demostrar la ilegitimidad con la que estaría afectada la norma impugnada remite a agravios ligados a una norma infraconstitucional (Convenio Multilateral y decretos ley de adhesión provinciales 8960/77 y 9472/79) y, conforme la tradicional doctrina de esta Corte, no corresponde - prima facie- aducir como exclusivos o principales motivos de impugnación meras infracciones a normas de rango legal o reglamentario en el marco de impugnación reservado a la acción originaria regulada en el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial (conf. causas I. 1.329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-XII-1994 y sus citas; I. 1.597, "Wetzel", sent. de 28-III-1995; I. 2.039, "Siemens S.A.", sent. de 11-V-1999; I. 2.027, "Sindicato de Trabajadores Municipales Necochea", sent. de 13-XII-2000; I. 68.174, "Filón", res. de 18-IV-2007; I. 2.213 "El Popular", sent. de 24-XI-2010, I. 75.101, "Russoniello", res. de 6-VI-2018; entre otras), pues el objeto del proceso reside, precisamente, en verificar la adecuación constitucional de aquellas normas ("leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos", en la terminología del art. 161 inc. 1 de la Const. pcial.).
Aún más, los cuestionamientos relativos a la razonabilidad de la norma impugnada, ligados a la vulneración del derecho de propiedad y la alegada confiscatoriedad del gravamen, no aparecen suficientemente acreditados a los fines del dictado de una medida cautelar como la pretendida, en tanto, como se ha resuelto, sólo deben acogerse ese tipo de impugnaciones en caso de que se demuestre con nitidez que la aplicación de la norma cuestionada a la concreta situación del obligado al pago resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria de la capacidad contributiva gravada (cfr. causa I. 1.183 "Nida", sent. del 31-V-1988).
En consecuencia, la verosimilitud del derecho no aparece acreditada, desde este punto de vista y por el momento, con la claridad que un despacho cautelar como el requerido exige, tratándose de un asunto que precisa un mayor caudal de elementos de valoración, los cuales sólo podrán ser integrados al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772 "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", res. de 14-VIII-2010 e I. 71.307, "Garibaldi", res. de 11-VII-2012, entre otras).
II.2.b Respecto del peligro en la demora y las consecuencias patrimoniales que sufriría la actora de no dictarse la medida cautelar pretendida, debe destacarse que de las constancias agregadas a la causa no se desprende cuál sería el impacto que sobre el giro comercial de la actora generaría la determinación de la tasa en cuestión conforme la regla establecida en la ordenanza cuestionada, sin que sea posible, por tanto, apreciar si el tiempo que insuma la tramitación del proceso sea susceptible de generar un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior.
Siendo ello así, no se evidencia la urgencia necesaria para el otorgamiento de una medida de este tipo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 665
Fin de la sentencia