Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 70771
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar el planteo de caducidad de la instancia en estas actuaciones formulado por la Municipalidad de Pergamino (arts. 310 y 313, CPCC).
II. Por Secretaría, librar cédula al domicilio real de la parte actora –con adjunción de las piezas bajo análisis- para que comparezca, en el plazo de cinco (5) días, con un nuevo patrocinio letrado o representación legal, constituya domicilio y manifieste su voluntad de continuar con la presente controversia, bajo apercibimiento de tener por extinguido el proceso (arg. arts. 40, 41, 42, 46, 47, 56, 120, 150, 163 inc. 6 y 304, CPCC).
III. Subsanado lo anterior, intimar al perito ingeniero químico especialista en higiene y seguridad en el trabajo, Amílcar Marcelo Goldar -UNNOBA-, a que presente su dictamen en el plazo de quince (15) días, bajo apercibimiento de removerlo y condenarlo a restituir el monto oportunamente abonado en concepto de anticipo, perdiendo su derecho a percibir honorarios (conf. arts. 468, 472 y 473, CPCC).
I.70.771 "ROTELLA NELIDA MERCEDES Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORD. 7082/09"
I. Con fecha 27 de febrero de 2024, atento el tiempo de inactividad procesal transcurrido en autos, la Municipalidad de Pergamino peticiona que se declare extinguido el pleito –previo traslado de ley- y se impongan las costas a la contraria.
Así pues, el 7 de marzo del corriente se intimó a la parte actora, en los términos del art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial, a que manifieste su interés en continuar con la presente causa y a producir actividad útil para la prosecución de su trámite, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia.
I.1. Frente a ello, el día 14 del mismo mes y año, se presenta la abogada Josefina Imaz y denuncia el fallecimiento del doctor Gustavo José Apesteguía, quien patrocinara a los actores. Al respecto, explica que no ha podido contactarse con los patrocinados en estas actuaciones “debido a que la suscripta, con domicilio en La Plata, no tuvo contacto directo con ellos, vinculada a la causa por la entrañable relación laboral con el colega fallecido” y que era éste “quien mantenía contacto profesional con la parte actora y quien se encargaba del asesoramiento jurídico específico, debido a su experticia en temas ambientales”.
Por tales razones, en ese mismo acto, renuncia al patrocinio letrado de la parte demandante, requiere que se regulen sus honorarios profesionales y solicita que se suspenda el proceso hasta tanto los actores tomen intervención en el litigio, ordenándose librar cédula a los domicilios reales de los involucrados a tales efectos.
I.2. Al tomar conocimiento de lo manifestado, el municipio demandado se opone a que la presentación sea considerada un acto impulsorio idóneo y útil para que continúe la contienda. Por el contrario, sostiene que aquella postulación dilata el dictado de una sentencia de mérito en el asunto y debe reputarse “carente de virtualidad interruptiva”.
En otro orden, recuerda que la modificación o ausencia de patrocinante no le impide al patrocinado conocer lo actuado en la causa. A la vez, asevera que, pese a la renuncia formulada, el domicilio constituido en estos obrados continúa vigente hasta tanto no sea reemplazado por otro. Como corolario, señala que la presentación de la letrada no satisface el recaudo legal establecido en el art. 118 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no ha sido suscripta por la parte interesada, lo que reviste una condición esencial para su existencia y validez.
II. En estas condiciones, pasan los autos al acuerdo.
III. Corresponde, entonces, evaluar si la petición formulada en nombre de la demandante constituye un acto procesal eficaz para evitar la declaración de caducidad de la instancia.
III.1. Como ha dicho reiteradamente este Tribunal, el interés tutelado por el instituto de la caducidad es la actividad jurisdiccional útil. Así, el acto procesal que, de acuerdo al art. 311 de la norma adjetiva, da origen a su cómputo debe ser idóneo para impulsar el trámite. Por tal razón, quedan excluidos de ese concepto aquellos que resulten inocuos o inoficiosos a tales propósitos (doctr. causas Ac. 75.518, D.J.B.A. 162, 63 y sus citas; B. 64.027, "Lancioni", resol. de 03-VI-2009; I. 73.576, “Telecom Argentina SA”, resol. de 23-X-2019; I. 77.215, “Partido Instransigente Distrito Provincia de Buenos Aires” e I. 76.664, “Organización de Ambientalistas Autoconvocados Asociación Civil”, ambas resol. de 14-III-2023, e.o.).
Se ha resuelto, también, que al valorar la aptitud para interrumpir el curso de la caducidad de un determinado escrito debe tenerse en cuenta, básicamente, si la actuación o solicitud ha tendido a que el proceso avance mediante un acto admisible, con prescindencia del resultado o eficacia de dicha actuación o pedido (causa L. 85.207, “Manuel”, sent. de 12-XII-2007).
Bajo esas pautas generales, se advierte que la presentación efectuada por la actora, luego de ser intimada conforme lo previsto en el citado art. 315 del ordenamiento de rito, resulta superflua para los fines pretendidos.
III.2. Sin embargo, la solución propiciada por la Municipalidad no puede ser de recibo.
Esto por cuanto, es necesario ponderar que en la litis se encuentra pendiente de producción la prueba pericial ofrecida por la propia comuna, la cual no ha sido desistida en la presentación bajo examen.
Así pues, de las constancias obrantes en la causa surge que el día 20 de septiembre de 2022 el Tribunal autorizó el anticipo de gastos pedido por el perito ingeniero químico especialista en higiene y seguridad en el trabajo, Amílcar Marcelo Goldar -UNNOBA- y ordenó la apertura de una cuenta judicial a los fines de que se haga efectiva, por la demandada, la transferencia de las sumas aprobadas. Esto aconteció el 24 de noviembre de aquel año, lo que así se hizo saber al profesional designado, quedando a su disposición el expediente principal y los respectivos cuadernos de prueba, con el objeto de que el experto se expidiera sobre los temas de su incumbencia propuestos por las partes. No obstante, esta tarea no fue practicada por el profesional en término.
III.3. En este contexto, es útil recordar que el instituto de la perención de instancia es de interpretación restrictiva, debiendo en caso de duda estarse en pos de mantener vivo el proceso (causa C. 77.457, "Vicente”, sent. de 2-VII-2008; CSJN Fallos: 346:1455).
A la luz de ello, y sin perder de vista el deber de diligencia que debe regir la conducta de los litigantes para la correcta prosecución de todo proceso (arg. art. 34 inc. 5, CPCC; doctr. causa I. 76.664, cit.), es posible concluir que en la especie no recaía en la actora ninguna carga específica de instar por sí la producción de la prueba ofrecida por la demandada. Por tal razón, el planteo de caducidad articulado debe ser -de momento- desestimado (conf. art. 313, CPCC).
IV. El temperamento adoptado se ve reforzado, además, por las alegaciones vertidas por la doctora Josefina Imaz en su escrito de fecha 14 de marzo del corriente.
Es que es recién en ocasión de presentar su renuncia al patrocinio que la abogada explica que carece de comunicación directa con las personas que se encuentran bajo su asistencia. Allí, afirma que tras el deceso del doctor Gustavo José Apesteguía –lo que aconteció el 21 de noviembre de 2021-, ella se ha desvinculado materialmente de esta causa hace tiempo.
Ahora bien, sin mella de que el art. 58 inc. 7 de la ley 5.177 consagra la obligación de “no abandonar los juicios mientras dure el patrocinio”, su declaración hace suponer un estado de indefensión de la parte demandante que de modo alguno puede ser convalidado por este Tribunal, en tanto atenta contra las garantías de defensa en juicio y tutela judicial efectiva (art. 15, Const. prov.).
Esto, incluso, ha sido advertido por el propio municipio en su presentación del 19 de marzo de 2024, al argüir que la postulación de la letrada “no satisface el recaudo legal establecido en el art. 118 inc. 3 del CPCC, en tanto y en cuanto, no está firmado por la parte interesada” y resaltar que “las firmas de las partes o de sus representantes en los escritos judiciales revisten condición esencial para su existencia y validez”.
V. Ante las singulares circunstancias del caso, a fin de resguardar el buen orden del juicio, corresponde librar cédula al domicilio real de la parte actora –con adjunción de las piezas bajo análisis- para que comparezca, en el plazo de cinco (5) días, con un nuevo patrocinio letrado o representación legal, constituya domicilio y manifieste su voluntad de continuar con el presente caso, bajo apercibimiento de tener por extinguido el proceso (arg. arts. 40, 41, 42, 46, 47, 56, 120, 150, 163 inc. 6 y 304, CPCC).
Subsanado lo anterior, encontrándose configurado el supuesto previsto en el art. 468 del ordenamiento de rito, deberá intimarse al perito actuante a que presente su dictamen en el plazo de quince (15) días, bajo apercibimiento de removerlo y condenarlo a restituir el monto oportunamente abonado en concepto de anticipo, perdiendo su derecho a percibir honorarios (conf. arts. 468, 472 y 473, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Desestimar el planteo de caducidad de la instancia en estas actuaciones formulado por la Municipalidad de Pergamino (arts. 310 y 313, CPCC).
II. Por Secretaría, librar cédula al domicilio real de la parte actora –con adjunción de las piezas bajo análisis- para que comparezca, en el plazo de cinco (5) días, con un nuevo patrocinio letrado o representación legal, constituya domicilio y manifieste su voluntad de continuar con la presente controversia, bajo apercibimiento de tener por extinguido el proceso (arg. arts. 40, 41, 42, 46, 47, 56, 120, 150, 163 inc. 6 y 304, CPCC).
III. Subsanado lo anterior, intimar al perito ingeniero químico especialista en higiene y seguridad en el trabajo, Amílcar Marcelo Goldar -UNNOBA-, a que presente su dictamen en el plazo de quince (15) días, bajo apercibimiento de removerlo y condenarlo a restituir el monto oportunamente abonado en concepto de anticipo, perdiendo su derecho a percibir honorarios (conf. arts. 468, 472 y 473, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2024 13:36:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 10:56:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:22:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 12:20:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2024 14:03:00 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/05/2024 14:09:15 hs. bajo el número RR-352-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia