Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 70771
I.70.771 "ROTELLA NELIDA MERCEDES Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORD. 7082/09"
I. Mediante resolución de fecha 6 de abril de 2026, este Tribunal decidió citar a la empresa INPLA S.A. en los términos del art. 90 inc. 1° del CPCC, por entender que en razón de que los inmuebles a los que refiere la ordenanza aquí cuestionada son aquellos que ella ocupa y en los que desarrolla su actividad, por lo que eventualmente la decisión que se dicte en estos autos podría afectar su esfera de intereses.
II. Notificada de aquella citación, el 4 de mayo de 2026 INPLA S.A. se presenta en autos, manifiesta su adhesión a la posición sostenida por la Municipalidad de Pergamino en su defensa, ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda. No obstante, introduce nuevas pretensiones que no se identifican enteramente con aquellas deducidas por las partes originarias del proceso.
II.1. Vinculado a esto último, comienza su presentación esgrimiendo que tiene derecho a que se le restablezca o reconozca el derecho a obtener la habilitación definitiva para ejercer el comercio y la industria en su domicilio de Avenida Venini Norte 155 de la ciudad de Pergamino con efectos retroactivos al 1 de octubre de 1996 y/o con efectos a partir de la fecha que este Tribunal estime corresponder. Para el supuesto de que el derecho a ejercer el comercio e industria en el aludido establecimiento "resulte de cumplimiento imposible", postula que "se debe condenar a los responsables -Municipalidad de Pergamino y Provincia de Buenos Aires- de dicha imposibilidad al pago de los daños y perjuicios correspondientes". Así lo reclama (v. ap. II, 2do. párr., cit. presentación).
II.2. Seguidamente, sobre la base de los fundamentos esgrimidos por el Tribunal al ordenar su citación, aduce que no rige en su caso la posible limitante del art. 93 del CPCC, pues sostiene que esta norma violenta su garantía de defensa en juicio: ser oída y ofrecer y producir prueba.
II.3. En orden a la cuestión sometida a decisión de este Tribunal, niega que en la ordenanza en crisis concurran las irregularidades urbanísticas y ambientales que le atribuyen los actores.
II.4. En cuanto a la actividad que desarrolla, refuta que sea una industria peligrosa y que entrañe riesgo de incendio. Con relación a esto último destaca que "con fecha septiembre 2015 … aportó en comodato inmueble de su propiedad sito en las calles II (A. de Mazzo) y Av. Venini Norte de Pergamino, N.C. Circ. XV, Secc. A, Qta. 12, Parcela 1a, integrante del Distrito Industrial D1 creado por las ordenanzas municipales n° 7206/10 y 7450/12 … para la apertura de un Destacamento de Bomberos Voluntarios de Pergamino.". Detalló, además que "INPLA S.A. soportó de su peculio todo lo necesario para la ambientación del mismo al cumplimiento de sus fines, como ser la colocación de piso de hormigón, portón corredizo, baño, sala de estar, etc…". Por ello concluyó que "la existencia de un cuartel de bomberos en el Distrito Industrial D1, con dos coches, uno cisterna con 100.000 litros de agua y otro de rescate en accidente con todo el material indispensable para dicha labor, en funcionamiento las 24 horas de día, brinda seguridad a la zona y muestra el interés de INPLA S.A. en el medio ambiente y en el barrio lindero al Distrito Industrial D1". Finalmente aclara que "actualmente cedió dicha propiedad en comodato a la Municipalidad de Pergamino para la instalación del Grupo Especial GAD de la Policía Bonaerense".
Refiere que tuvo certificado de aptitud ambiental y habilitación municipal (provisoria) pero no pudo renovar el primero, ni obtener la habilitación definitiva por "problemas de zonificación". Asimismo, pone de resalto que en el inmueble de Avenida Venini Norte 57 y 155 "[…] desde su edificación en los años 1970/1980 hubo en funcionamiento industrias debidamente habilitadas, en una embotelladora de Pepsi-Cola y en la otra la fábrica de Carpintería industrial 'Burrone'". Afirma que la localización de industrias en la zona tiene más antigüedad que la de algunos accionantes que adquirieron sus inmuebles donde residen con posterioridad a la instalación de aquellas industrias. Con fundamento en ello aduce la concurrencia de "prioridad de uso industrial".
II.5. De otro lado, plantea la inadmisibilidad formal de la demanda de inconstitucionalidad en idénticos términos a los expresados por la comuna al contestarla. Pero en un último párrafo remarca su opinión respecto a la falta de efectos prácticos de la presente acción al expresar que: "También debe tenerse presente que la vigencia de la Ordenanza no modifica la situación de hecho existente desde hace treinta años".
Además, con relación a la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, asevera que la omisión estatal no está prevista en su objeto.
II.6. En orden a la habilitación municipal de su establecimiento, apunta que de acuerdo a lo prescripto por la ley 11.459, para funcionar legalmente en la Provincia de Buenos Aires debe obtener la habilitación expedida por la comuna donde se asiente la industria. Y agrega que desde la vigencia de la aludida ley, para que la autoridad administrativa local pueda otorgar la habilitación, la empresa debe contar con el certificado de aptitud ambiental. A su vez señala que uno de los recaudos para calificar la idoneidad ambiental es la ubicación en zona apta (art. 7 inc. "d", ley 11.459), lo que depende de la zonificación que establezca el respectivo municipio. Explica entonces que, pese a tener aptitud ambiental certificada de acuerdo a las constancias que acompaña, no logra obtener la habilitación municipal en razón de la zonificación vigente en el partido de Pergamino.
Expresa que con la ordenanza 7.082/09 se puso fin a esta situación al modificar la zonificación y crear el Distrito Industrial 1 en las parcelas que ocupa. Niega que esta decisión pueda considerarse caprichosa o arbitraria. Por el contrario, considera que es la conclusión de los antecedentes administrativos municipales y provinciales que detalla en los apartados IV y V de su presentación.
II.7. Seguidamente rechaza que las ordenanzas impugnadas posean vicios o déficit en su motivación. En este punto refiere al "interés de la Municipalidad en sostener una gran fuente de trabajo para toda la ciudad" y acompaña balances correspondientes a los ejercicios económicos 2021-2022 y siguientes a fin de demostrar la relevancia económica que la empresa tiene en la comunidad pergaminense (salarios abonados, aportes y contribuciones al SUSS, energía eléctrica consumida y abonada; fletes y seguros contratados, etc.).
Realiza una descripción del origen y evolución de la empresa que reitera lo ya expuesto por la comuna al contestar la demanda. Luego puntualiza las diferentes instancias cumplidas en jurisdicción provincial y municipal por las actuaciones administrativas iniciadas con motivo de obtener el certificado de aptitud ambiental y la habilitación municipal.
II.8. A continuación destaca diversas características y circunstancias en las que se desarrolla la labor dentro de la fábrica. En primer lugar detalla que la actividad que realiza y que se encuentra especificada en su estatuto social, es la fabricación y transformación del film de alta y baja densidad en láminas y bolsas de polietileno.
Asegura que no contamina el medio ambiente ni produce impacto nocivo en él. Destaca que fue calificada como empresa de desarrollo sustentable (resol. de la Secretaría de Política ambiental 268/96). Acota que con el objetivo de cuidar el medio ambiente recicla sus propios materiales y reprocesa el scrap de fabricación, obtuvo licencia para fabricación de bolsas biodegradables y realiza anualmente auditorías ambientales con especialistas. En este sentido, indica que obtuvo certificado de aptitud ambiental entre el 11-III-2004 y el 11-III-2006.
Asevera que durante el proceso de producción no usa ni usó jamás PVC, ni tampoco cloro.
Con relación a los productos descartables, aclara que solo los comercializa, no los produce. Y agrega que la cantidad existente en su planta "no es superior a la de cualquier negocio de la ciudad que los comercialice".
Manifiesta que en su planta industrial no existe riesgo de accidente químico y posee el mismo riesgo de incendio que en cualquier otra empresa industrial que cumpla las normas de seguridad e higiene industrial. A su vez, señala que posee seguro de incendio con anexo de responsabilidad civil por los estragos que alguno pueda llegar a provocar a terceros, vecinos o linderos de la planta industrial. Y agrega que también posee seguro de riesgos del trabajo.
Con relación a los supuestos ruidos molestos que los actores le atribuyen, pone de relieve que no superan los decibles máximos fijados legalmente.
Respecto al ingreso y egreso de camiones, manifiesta que desde el 1 de abril de 2008 se modificó el proceso de producción, alimentando las máquinas mediante la provisión de materia prima por bolsas, lo que significó —según afirma— un aumento de costos por incremento de mano de obra y una pérdida por imposibilidad de seguir amortizando el sistema de aprovisionamiento de materia prima por granel, a través de silos.
En otro orden explica que los piletones existentes en la planta industrial contienen agua potable y poseen un sistema cerrado de enfriamiento que no lleva ningún tipo de aditivo ni elemento extraño. Y niega poseer conductos de emisiones de efluentes gaseosos y líquidos por no generarseéstos durante los procesos de producción. Por el contrario, afirma que la empresa genera efluentes difusos gaseosos como compuestos volátiles orgánicos durante la impresión de bolsas que, según dice, son evaluados, declarados y autorizados por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
Afirma que la temperatura de la planta es acorde a las normas de seguridad e higiene y no afecta a los vecinos.
Continúa narrando que los antecedentes fácticos y diversos actos administrativos de diferente orden, a lo largo de más de 30 años, generaron en INPLA S.A. la suficiente confianza en la Administración para inducirla a realizar inversiones millonarias en infraestructura, maquinarias, herramientas, procesos de gestión ambiental, capacitación, certificación en normas de calidad industrial (ISO 14-001), publicidad, etc. Asevera que esa confianza es legítima y "hace la constitucionalidad de la ordenanza atacada en autos".
Postula que "la denegatoria tácita a otorgar la habilitación burla la legítima confianza generada a INPLA S.A., contradice actos administrativos de trámite y finales producidos durante más de veinte años en el mismo sentido". Y añade que "también atenta contra el principio de buena fe que es exigible tanto a los particulares como a la Administración pues no es imaginable el proceder desleal en la autoridad pública y menos al punto de desvirtuar la coherencia que se presume en sus actos".
Sostiene que el cuestionamiento de la constitucionalidad de la ordenanza en estos autos determinó que no se le otorgara la habilitación municipal. Dice que ello conspira contra la razonabilidad de los actos de gobierno pues constituye un obstáculo inmotivado e infundad0 que altera, en contradicción con el art. 28 de la Constitución nacional, el ejercicio del derecho a trabajar y ejercer industria lícita que garantiza el art. 14 de aquella.
Concluye, entonces, que la ordenanza impugnada en autos es constitucional, pues impedir su validez y vigencia significa denegar la habilitación de INPLA S.A. y con ello lesionar de manera arbitraria y manifiesta los derechos constitucionales de ejercer una industria y comercio lícito y el de inviolabilidad de la propiedad, configurándose un daño cierto y una amenaza cierta, actual e inminente de que el mismo se agrave.
Por último, acompaña prueba documental que se tuvo por agregada mediante proveído de fecha 8 de mayo de 2026 y ofrece prueba confesional, informativa, pericial en diferentes disciplinas, instrumental y de testigos.
III. Detallado el alcance de la presentación efectuada por INPLA S.A. y a los fines de analizar su admisibilidad, es preciso resaltar el objeto de esta contienda: los actores, vecinos del Barrio Villa General San Martín de la ciudad de Pergamino, iniciaron la presente acción a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 7.082/09 de esa comuna y su modificatoria. Ello, por considerar que la referida disposición -en cuanto modifica el Código de Zonificación vigente desde 1980 y crea un Distrito Industrial en la hasta entonces zona urbana residencial donde se ubica el barrio en que residen los accionantes- infringe los arts. 10, 11, 28, 31, 38, 44, 57 y 192 inc. 4 de la Constitución provincial.
Esta pretensión —a su vez, redefinida a partir de la contestación de la demanda oportunamente formulada por la Municipalidad de Pergamino— delimita el ámbito de la competencia de esta Corte para entender en el asunto sometido a su conocimiento (art. 161 inc 1, Const. prov.), circunscribe las alegaciones y argumentos desarrollados por las partes y constituye también un tamiz mediante el cual deberá efectuarse el examen de admisibilidad y pertinencia de los distintos medios de prueba que, en esta oportunidad, ofrece la empresa citada, en apoyo de sus postulaciones (conf. art. 362, CPCC).
A propósito de ello, debe recordarse que INPLA S.A. comparece en carácter de tercero y su posición encuadra, de acuerdo a lo previsto en el inciso 1 del art. 90 del código ritual, en el supuesto de una intervención coadyuvante o adhesiva simple respecto a la Municipalidad de Pergamino, en su calidad de legitimada pasiva de la acción originaria de inconstitucionalidad impetrada (conf. art. 686 inc. 1, CPCC).
Estas circunstancias procesales definen su rol y limitan su actividad postulatoria en el presente juicio.
III.1. En este punto cabe recordar que la intervención de terceros en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad —que tiene regulado un trámite específico en el Código Procesal Civil y Comercial que no la contempla (arts. 683 a 688)— ha sido admitida por este Tribunal de manera excepcional en supuestos en los que la posible afectación de la esfera de intereses de un tercero particularizado resultaba indudable a la luz de los alcances de la norma cuestionada en cada caso. Es que, en definitiva, se trata de la participación —espontánea o provocada— de una persona distinta a las partes originarias del proceso, con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios, pero siempre vinculados con la causa o el objeto de la pretensión allí ventilada (conf. doctr. causas I. 72.447, "Procuradora General de la Suprema Corte", resol. de 20-XI-2014; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 9-IV-2021 e I. 80.087, "Municipalidad de Berisso", resol. de 22-XII-2025).
Además, es preciso tener presente que nuestro ordenamiento ritual no contempla la intervención voluntaria principal o excluyente de una persona ajena a las partes del proceso. Es decir, de un tercero que se incorpora al juicio a fin de interponer, frente a ellas, una pretensión incompatible con la deducida por el sujeto activo y la resistida por la demandada (v. e.o., Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", 4ta. Edición, Tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aries, 2017, CAP. XXIIII, págs. 1097 y ss.). De tal modo el tercero, sea voluntario u obligado, no puede introducir una pretensión independiente o diferenciada de las planteadas por las partes principales del proceso. Aún más, su postulación se halla fuertemente condicionada por el temperamento que han asumido quienes son titulares de la acción procesal.
El art. 686 del Código Procesal Civil y Comercial es categórico en punto a quién resulta el legitimado pasivo para contestar la demanda originaria de inconstitucionalidad que, en el caso de una ordenanza comunal, es la Municipalidad que la dictó, sin que pueda admitirse la participación de terceros antagónicos de su posición que no se encuentren en alguna de las situaciones antes mencionadas.
De acuerdo con la norma adjetiva, la única posibilidad procesal que tiene un tercero, sea voluntario u obligado, es adherir a la posición sustentada por alguna de las partes, como adhesión simple (art. 90 inc. 1, CPCC) o adhesión autónoma o litisconsorcial (art. 90 inc. 2, CPCC). La intervención excluyente que excede o se opone a las pretensiones formuladas por las partes actora y demandada no es admitida por nuestro régimen procesal.
III.2. En razón de lo expuesto, no cabe más que descartar la pretensión introducida por la empresa INPLA S.A. en orden a que le sea reconocido el derecho a obtener la habilitación definitiva para ejercer el comercio e industria en el inmueble sito en Av. Venini Norte 155 de Pergamino, así como la petición subsidiaria dirigida a que se condene a la Municipalidad de Pergamino y a la Provincia de Buenos Aires al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados (v. aps. II, 2do párrafo y III.4. de su presentación de 4-V-2026). Eventualmente, si se considerare con derecho a formular un planteo judicial de ese tenor, deberá acudir a las vías correspondientes para requerir que se reconozca el derecho que aquí pretende hacer valer (conf. causa I. 75.471 cit.).
III.3. Respecto del cuestionamiento a la admisibilidad de la pretensión de la parte actora introducido en el apartado III.3.3. de la presentación en despacho, cabe señalar que su consideración quedará reservada para la sentencia definitiva, oportunidad en la que también se resolverán los planteos de idéntica índole que la demandada articuló en su contestación de demanda.
IV. En orden al aparente conflicto que plantea la citada como tercero entre su derecho a producir pruebas acerca de los hechos controvertidos alegados en su responde (arts. 15 Const. prov., 18 Const. Nac., 8.1 CADH) y la imposibilidad prevista en el art. 93 del Código Procesal y Civil y Comercial de retrogradar el proceso hacia etapas superadas o precluidas, cabe precisar que tratándose en el caso de un tercero coactivo ese precepto no resulta aplicable.
En efecto, la intervención obligada del tercero tiene una regulación propia dentro del código adjetivo que prevé de manera específica los plazos y el procedimiento para ingresar al proceso (arts. 94 y 95, CPCC), preceptos que no traen entre sus disposiciones la limitación aludida por la empresa.
Esta circunstancia es, precisamente, aquella que diferencia estructuralmente la decisión adoptada por la Suprema Corte en el antecedente jurisprudencial que la presentante cita en apoyo de su argumentación de aquella que corresponde asumir en el presente, en el que la intervención de la empresa INPLA S.A. fue provocada por citación del Tribunal (v. apdo. III.1).
Pese a ello, la etapa en la que se encuentra el juicio —con llamado de autos para sentencia— obliga a la mayor concentración posible de actos procesales, evitando trámites superfluos y réplicas de las partes que dificulten su desenvolvimiento sin beneficio real para ninguna de ellas (art. 34 inc. 5.a y 5.e, CPCC).
De allí que en este punto cobre virtualidad cada uno de los plazos establecidos por el código de rito para la producción de las pruebas, términos que deberán ser estrictamente observados por la empresa que interviene como tercero respecto de aquellas que resulten admitidas y cuya producción deba llevar adelante a partir de la notificación de esta resolución.
En razón de ello, deberá disponerse la apertura a prueba por el plazo de cuarenta días o el vencimiento de las diligencias ordenadas, lo que ocurra primero (art. 361 y 365, CPCC).
Clausurado el período probatorio, tanto el tercero como las partes principales tendrán oportunidad para alegar sobre el mérito de la totalidad de la producida (art. 480, CPCC).
IV.1. Introduciéndonos en el análisis de la prueba ofrecida, corresponde recordar la doctrina constante de este Tribunal sobre el art. 362 del Código Procesal Civil y
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