Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76357
Lo que resolvió el tribunal
I. Solicitar al Concejo Deliberante del Municipio de Esteban Echeverría que, en el plazo de diez (10) días hábiles, remita digitalmente la versión taquigráfica de la sesión en la que se votó la ordenanza 9.264/2019, a cuyo fin líbrese oficio por Secretaría.
II. Ordenar a título precautelar que, hasta tanto sea recibida la información requerida y este Tribunal se pronuncie a su respecto, la Municipalidad de Esteban Echeverría se abstenga de dictar actos de aplicación de la ordenanza 9.264/2019 o autorizar acciones materiales sobre la parcela identificada por ésta; previa caución juratoria de la parte actora que podrá ser prestada del modo indicado en el considerando IV in fine (arts. 195, 199, 204, 230, 232 y concs., CPCC).
I.76.357 “QUIMICA TRUE S.A.C.I.F. C/ MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA S/ INCONST. ORD. 9264-CD-19 (DECR. 1804/2019)”
I. Arnaldo Cisilino, apoderado de Química True SACIF, con el patrocinio letrado de Rosario Albina, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC contra la Municipalidad de Esteban Echeverría, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad y la consecuente inaplicabilidad de la ordenanza 9.264/2019, promulgada por decreto 1.804/2019.
Manifiesta que la norma impugnada deroga la ordenanza 8.800/2017 y, como consecuencia de ello, dispone que el tramo de la calle Evita, entre la Avenida Pedro Dreyer y la calle Uruguay de la localidad de Monte Grande, se incorpore -nuevamente- al dominio público municipal.
Explica que la calle Evita, en la intersección con las otras dos arterias mencionadas, atraviesa los terrenos de su propiedad en los que en cada uno funciona una planta de la empresa que representa.
Señala que mediante la norma derogada se había desafectado del dominio público el tramo referido y vendido a su favor, cuyo pago del precio fue efectuado en el mes de febrero de 2018.
Narra que el 10 de mayo de aquel año, la Subsecretaría de Tierras de la comuna en cuestión dictó una resolución que dispuso que, previo a la aprobación del plano definitivo y a la confección de la respectiva escritura traslativa de dominio, se le entregara la posesión; hecho que denuncia acaecido el 1 de agosto de 2018 (v. fs. 41, 147/148 y 250).
No obstante, indica que a la fecha no cuenta con la escritura correspondiente en tanto el Municipio ha incumplido con la obligación de confeccionar y registrar el respectivo plano de mensura mediante un agrimensor cuya designación es de su exclusiva facultad.
Alega que, habiéndose ajustado al procedimiento previsto por el decreto ley 9533/80, abonado la totalidad del precio y hallándose en goce de la legítima posesión del inmueble, realizó obras de unión entre las manzanas de su propiedad y distintas inversiones que le permitirían optimizar la producción luego de adquirir el lote de terreno. Especifica haber desembolsado la suma aproximada de un millón novecientos mil dólares estadounidenses -USD 1.900.000- en la construcción de un galpón de 2000 m2, trabajos de alambrados y paredes perimetrales, el cierre físico del tramo de la calle, la unificación del suministro eléctrico, el desarrollo de un proyecto de depósito logístico con una superficie de 8000 m2 y el traslado de la planta de envasado que la empresa tenía en la localidad de San Isidro a Monte Grande, lo cual implicó la contratación de veinte puestos de trabajo.
Manifiesta haber sufrido dos ataques vandálicos en los meses de marzo y mayo del año 2019 por parte de personas que han buscado impedir el cierre físico del tramo de la calle y que motivaron las denuncias policiales que identifica y cuyas copias adjunta (v. Anexos IX y X).
Aduce que la ordenanza impugnada se dictó en forma arbitraria, irracional y sin ninguna consulta o citación previa de la empresa que representa. Dicha norma dispuso, además de volver a afectar el terreno en cuestión al dominio público, la restitución de la misma suma abonada al momento de adquirirlo, sin contemplar intereses ni reconocer ninguna de las inversiones realizadas. Ello, con el único fundamento de que la presentación formulada por algunos vecinos del Barrio Santa Isabel habría puesto de manifiesto la importancia de la calle como eje estructural de la zona a pesar de que -según resalta- no se encuentra asfaltada y el tramo adquirido no afecta de manera absoluta la circulación al existir otras vías de acceso disponibles que se hallan en mejores condiciones para el tránsito.
En consecuencia, entiende que la norma cuestionada vulnera los derechos de propiedad, ejercicio del comercio e industria lícita, la garantía de la defensa y el principio de razonabilidad, previstos en los artículos 10, 15, 27 y 31 de la Constitución provincial.
Finalmente, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar por medio de la cual se le ordene al Departamento Ejecutivo del Municipio de Esteban Echeverría que suspenda la aplicación de la ordenanza 9.264/2019 y se abstenga de ejecutar cualquier acto tendiente a concretar la toma de posesión del inmueble y/o cualquier acto que suponga desconocer, alterar o afectar los derechos emergentes de la venta realizada por la Municipalidad a la actora, hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión.
El 1 de octubre de 2020, aduce haber tomado conocimiento, a través de una carta documento remitida por la comuna, de la intención del municipio de ejecutar la ordenanza aquí impugnada, razón por la cual solicita se resuelva con urgencia la medida cautelar requerida.
II. En virtud de lo dispuesto en el artículo 161 inc. 1 de la Constitución provincial, esta Suprema Corte tiene dicho que pueden ser objeto de impugnación por el carril de la acción originaria de inconstitucionalidad aquellos ordenamientos que, con independencia de su denominación, constituyan mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad (art. 161, Const. prov.; doctr. causas I. 1.612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2.204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011; e.o.).
Con todo, cabe admitir pretensiones originarias de inconstitucionalidad en supuestos en que las disposiciones o actos cuestionados, aun cuando apuntan a regular la situación específica, proyectan efectos que trascienden a sus destinatarios directos, de modo que revisten un alcance general o tienen una incidencia colectiva (causa I. 1.490, "Bargo", sent. de 5-VII-2000). De tal suerte, por más que ciertas leyes u ordenanzas, próximas a la "ley medida" o "ad hoc", poseen una individualización y concreción ajenas al típico y más extenso espacio de generalidad y abstracción predicable tanto respecto de las leyes como de las ordenanzas, con base en el texto constitucional que contempla la acción no cabe descartar en esos supuestos la procedibilidad de pretensiones de inconstitucionalidad (doctr. causa I. 3.024, "Lavadero de Lanas El Triunfo", resol. de 8-VII-2003; I. 2.107, "O'Connor", sent. de 18-II-2009) en tanto el embate no se dirija contra actos meramente aplicativos.
En la especie, en el marco del primigenio análisis que se aborda y a tenor del alcance de la ordenanza en cuestión, la pretensión reúne las notas necesarias para ser impugnada por la vía empleada. Ello en tanto la modificación que la norma introduce respecto de un tramo de la calle "Evita" de la localidad de Monte Grande, afectándola al dominio público municipal, proyecta sus efectos jurídicos más allá de sus destinatarios; circunstancia que prima facie valorada no mella la admisibilidad de la pretensión por la vía de la acción intentada (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
III. Sentado ello, cabe abordar la solicitud de medida cautelar requerida por la actora.
III.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de esta acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causa I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit.; e.o), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (causas B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (causas I. 3.521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas; I. 68.183 "Del Potro", resol. de 4-V-2005; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007 e I. 73.256, "Canseco", resol. de 13-VIII-2014; e.o) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
III.2. A la luz de los parámetros reseñados, se debe analizar si, en la especie, se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición cautelar (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
III.2.a. En el acotado marco de conocimiento y con el grado de provisionalidad propio de las decisiones cautelares, en la medida en que la Municipalidad demandada ha consensuado con la actora la venta del tramo de la calle en cuestión, ha recibido la suma correspondiente a la transacción y le ha dado la posesión del inmueble poco tiempo antes del dictado de la ordenanza 9.264/2019 mediante la cual se deroga la ordenanza 8.800/2017, la norma impugnada luce prima facie contraria al derecho de propiedad de la demandante.
Ello en tanto, aun sin adentrarnos en un estudio pormenorizado de los hechos del caso y que será consecuencia propia del desarrollo del proceso, puede apreciarse a esta altura cuanto menos una lesión a la legítima expectativa que la adquirente tenía de obtener la escritura traslativa de dominio así como el aprovechamiento de sus inversiones; perspectiva que se evidencia con las obras llevadas adelante al amparo de la ordenanza anterior y del comportamiento jurídicamente relevante de la Municipalidad demandada (v. constancias a fs. 16/238).
III.2.b. Ahora bien, el examen de toda pretensión cautelar supone también la existencia de un menoscabo o perjuicio cierto (actual o inminente) que ponga en marcha la jurisdicción en procura de un resguardo preventivo que asegure la eficacia de la decisión final que dirima el conflicto (doctr. causa A. 68.225, resol. de 15-VI-2005), lo que configura la existencia del peligro en la demora requerido por el art. 230 del CPCC.
En el caso, la actora relata que ve amenazado sus derechos al haber sufrido actos de vandalismo por particulares en contra de su propiedad y ante el texto de la propia ordenanza cuestionada que dispone la afectación del inmueble al dominio público municipal, situación que de concretarse le generaría importantes pérdidas económicas relacionadas con las inversiones realizadas en el predio.
IV. Sin embargo -sin dejar de ponderar el riesgo de afectación económica que ello podría generar a la empresa actora- por la etapa liminar en la que se encuentra el proceso, se advierte la necesidad de contar con mayores elementos de juicio que permitan arribar a la necesidad de sostener una medida como la requerida hasta el dictado de la sentencia de mérito (art. 204, CPCC).
Es por ello que el Tribunal considera necesario y como medida para mejor proveer (art. 36, inc. 2, CPCC), solicitar al Concejo Deliberante del Municipio de Esteban Echeverría que, en el plazo de diez (10) días hábiles, remita digitalmente la versión taquigráfica de la sesión en la que se votó la ordenanza 9.264/2019 que deroga aquella que dispuso la venta directa del predio en cuestión a favor de la empresa actora (ord. 8.800/17), a cuyo fin líbrese oficio por Secretaría.
Ínterin, se ordena a la Municipalidad citada que, hasta tanto brinde la información requerida y el Tribunal se pronuncie a su respecto, se abstenga de dictar actos de aplicación de la ordenanza 9.264/2019 o autorizar acciones materiales sobre la parcela identificada por ésta (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 66.578, "EcoSystem SA", resol. de 24-IX-2003; I. 75.709, "Verón", resol. de 04-XII-2019 e I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019). Ello, bajo caución juratoria de la parte actora -que, a tenor de las facultades otorgadas por el poder acompañado con la demanda y de acuerdo con lo resuelto, podrá prestarse a través de su apoderado por medio de un escrito presentado electrónicamente- de responder por los daños y perjuicios que la medida dispuesta pudiese ocasionar (art. 199, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Solicitar al Concejo Deliberante del Municipio de Esteban Echeverría que, en el plazo de diez (10) días hábiles, remita digitalmente la versión taquigráfica de la sesión en la que se votó la ordenanza 9.264/2019, a cuyo fin líbrese oficio por Secretaría.
II. Ordenar a título precautelar que, hasta tanto sea recibida la información requerida y este Tribunal se pronuncie a su respecto, la Municipalidad de Esteban Echeverría se abstenga de dictar actos de aplicación de la ordenanza 9.264/2019 o autorizar acciones materiales sobre la parcela identificada por ésta; previa caución juratoria de la parte actora que podrá ser prestada del modo indicado en el considerando IV in fine (arts. 195, 199, 204, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese, notifíquese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/10/2020 20:47:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2020 12:42:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2020 12:58:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/10/2020 13:02:22 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2020 13:35:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2020 13:47:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2020 19:49:43 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia