Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74618
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar in limine la presentación de fs. 15/31 (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Carlos Antonio Lacerna, en la suma de pesos … -$ ... - (arts. 1, 9, 10, 15, 16, 21, 28 inc. a, 49, 51 y 54 dec. ley, 8904/77 y doctr. causa I. 73.016 "Morcillo", res. de 8-XI-2017). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
I.74.618 "SANZIO ESTEBAN Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE BARADERO S/ INCONST. ORD. FISCAL 5414/17 (Y PRESUP. 5415/17)"
La Plata, 22 de mayo de 2019.
I. Esteban Sanzio, Guillermo Rodolfo Oliveri, Leticia Raquel Houriet, Víctor Daniel Depauli y Bruno Di Pascua, en su condición de habitantes y concejales del Partido de Baradero, promueven la presente demanda originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución Provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza fiscal 5414/17 y de la ordenanza impositiva 5415/17, dictadas por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes comunal.
Se presentan por derecho propio, y a partir de fojas 15 vta. fundan su legitimación, sobre dos andariveles claramente diferenciables: i. de un lado, invocan su condición de “habitantes” del partido de Baradero en el marco de lo que entienden sería una acción colectiva. Citan para fundar el carácter de su presentación el precedente “Halabi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Específicamente señalan que el colectivo está constituido por los habitantes de Baradero; cuya representación dicen ejercer (v. fs. 17 vta.), a lo que agregan se trataría de un interés individual “homogéneo a todo el colectivo”, resultando imposible pretender que cada usuario haga un planteo judicial.
De otro lado, en el punto “II.b”, de manera escueta invocan a los efectos de interponer la acción –la que en dos oportunidades denominan amparo- su carácter de concejales.
II.1. En cuanto al objeto de su pretensión, sostienen que la normativa impugnada fue aprobada sin haberse realizado el despacho en comisión que el art. 29 inc. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) -decreto ley 6769/58- requiere como etapa previa a la sanción de toda ordenanza impositiva. Explican que el bloque oficialista convocó al resto de los concejales a una reunión meramente informativa y dio por cumplido con el recaudo que la ley impone sin haberse dictado la resolución formal correspondiente.
II.2. Por otro lado, denuncian un cúmulo de anomalías durante la sesión extraordinaria en la cual se aprobó la ordenanza preparatoria.
II.2.a. En este aspecto destacan inicialmente que la sesión comenzó una vez vencido el plazo previsto en el Reglamento Interno del Concejo.
II.2.b. Señalan, en los términos de los arts. 88 y 91 de la LOM, la incorporación indebida de un concejal suplente sin haberse aceptado anteriormente el pedido de licencia solicitado por el titular de la banca.
II.2.c. Sostienen que la ordenanza preparatoria fue aprobada con el voto de la mayoría simple del total de los miembros del Concejo Deliberante comunal, lo que violentaría la cláusula del art. 193 inc. 2 de la Constitución Provincial.
II.3. Finalmente expresan irregularidades en la confección de la lista de mayores contribuyentes, quebrantando el procedimiento establecido en los arts. 94 y 96 de la LOM. Agregan además violación al artículo 98 del citado cuerpo legal en cuanto al cumplimiento de los plazos de convocatoria.
III.1. La Constitución de la Provincia establece como principio y requisito de legitimación para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1º).
III.1.a. El concepto referido se entronca en un sistema cuya funcionalidad, como es sabido, gira en torno al conocimiento y resolución de colisiones de derechos o intereses y requiere de modo imprescindible la existencia de un caso (arts. 116, Const. nac.; 2, ley 27; y Fallos: 310:2342, considerando 7°; 311:2580, considerando 3°; y 326:3007, considerandos 7° y 8°, entre muchos otros) cuya manifestación típica, obviamente, podrá variar (doct. causa I. 2274, "Fernandez", sent. de 27-6-2012 e I. 72.019, "Ocaña", sent. de 26-12-2012).
Desde luego, en algunos supuestos, v.gr., cuando se halla comprometida la defensa de derechos de incidencia colectiva en general, como los aprehendidos por la norma del art. 43 de la Constitución nacional, la legitimación ofrece más amplitud que la admitida en otro tipo de litigios, sin llegar a derivarse de ello la adjudicación a cualquier persona de la automática aptitud para demandar, ni a entronizar, en todas las materias, la vigencia de la acción popular. Antes bien, la regla imperante en el ordenamiento exige a quien acude a la jurisdicción la invocación de un interés jurídico afectado en modo directo o sustancial, que posea concreción e inmediatez adecuadas a los fines de la incoación del proceso (CSJN, Fallos 326:3007; 331:1364).
De allí que, en armonía con su línea jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Thomas" (Fallos 333:1023), haya puesto de resalto que "... la calidad de ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma (doctrina de Fallos: 306:1125; 307:2384, entre otros)", para agregar que "... el de 'ciudadano' es un concepto de notable generalidad y su comprobación, en la mayoría de los casos, no basta para demostrar la existencia de un interés 'especial' o 'directo', 'inmediato', 'concreto' o 'sustancial' que permita tener por configurado un 'caso contencioso' (Fallos: 322:528; 324:2048)" (Cons. 4). Cabe agregar que este criterio fue reiterado en “Abarca” del 6 Septiembre de 2016 (en Fallos 339:1223, v. considerando 24 y subsiguientes).
III.1.b. En reiterada jurisprudencia sobre el punto, esta Corte ha sostenido que el interés que califica a la "parte" -en la expresión del precepto constitucional citado- debe, en principio, revestir la cualidad de ser "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", res. de 31-V-1988; I. 1.427, "Álvarez", res. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", res. de 11-II-1992; I. 1.457, "González Bergez", res. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti”, res. de 17-1V-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", res. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", res. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", res. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", res. de 16-X11-1997; I. 2.153, "Meloso", res. de 14-IX-1998, entre otras), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", res. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993, entre otras).
Es necesario, entonces, que en esta precisa vía de impugnación constitucional se ponga de relieve que en modo cierto o inminente, las normas cuestionadas proyectan o han de proyectar sus efectos de manera adversa o perjudicial sobre la situación subjetiva de quien acciona (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", res. de 6-III-1979 e I. 1.601, "Orruma", res. de 16-VI-1994). Ello obsta, por regla general, a la utilización de la pretensión originaria de inconstitucionalidad como medio para hacer valer una "acción popular", en el sentido que pueda ser articulada por "cualquiera del pueblo" (doctr. causas I. 1.601, cit.; I. 1.695, "Pintos", res. de 14-III-1995 e I. 2.153, cit.).
III.1.c. A la luz de lo dicho, es claro que en esta litis los demandantes no reúnen la calidad de legitimados, pues de acuerdo con lo consignado en el escrito postulatorio, la pretensión se entabla principalmente invocando su condición de "habitantes" de Baradero, como parte de un colectivo que estaría constituido por todos los vecinos de dicho partido cuya representación dicen ejercer y apoyándose en la imposibilidad de que cada usuario haga un planteo judicial individual (v. fs. 17 vta.).
Esta postulación, con tal grado de abstracción y generalidad, dista de constituir una argumentación, al menos prima facie atendible, para verificar los extremos conducentes a la configuración de un caso o controversia (doct. causas I. 1.462, cit.; I. 1.467, cit.; I. 1.492, cit.; I. 1.488, cit.; I. 1.695, cit. e I. 2.153, cit., entre muchas otras).
III.2. En otro orden de cosas, cabe aclarar que por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), no hay duda que la aptitud legitimante en el proceso constitucional supone, en este tipo de casos, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca, que en la especie no aparece en modo alguno cristalizada.
IV. No cambia el criterio a seguir en orden a la viabilidad de la acción la invocación de su condición de miembros del órgano legislativo comunal.
No puede advertirse entre la función pública esgrimida al demandar y el interés indeterminado e imprecisamente alegado que se procura satisfacer, un nexo o vinculación jurídica que demuestre el carácter de legitimados de los actores.
Por lo demás, los demandantes tampoco justifican de qué modo la posición de concejales les confiere aptitud para actuar en tutela de la sociedad a través de la iniciación del presente proceso. Antes bien, parece incontrastable que la legitimidad emanada del voto popular para el desempeño de las atribuciones inherentes a esos cargos (arts. 190, Const. prov. y 1 a 4, LOM), no supone, por no formar parte de ellas, la representación en juicio de los intereses individuales y colectivos de los habitantes del partido.
En línea semejante, la Corte Federal ha sostenido en el citado caso "Thomas" (v. pto. “III.1.a”) que los legisladores no gozan de legitimación activa cuando lo que traen a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que han perdido en el seno del cuerpo al que pertenecen por el juego de las mayorías y minorías respectivas. Por el contrario, ha dicho que su legitimación sólo podría resultar admisible -eventualmente- cuando se trata de la afectación de un interés concreto y directo a su respecto, extremo que se verifica allí donde se hubiesen vulnerado sus prerrogativas legislativas (CSJN, Fallos: 333:1023 cit.).
Inclusive en fecha reciente ha afirmado que los legisladores no son "legitimados extraordinarios" a la luz del art. 43 de la Constitución Nacional, puesto que éste no los menciona, a la par de que de la ampliación de los sujetos legitimados por la reforma constitucional de 1994 no se sigue una automática aptitud para demandar sin un examen previo de la existencia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción (CSJN, Fallos: 339:1223).
En consecuencia, los peticionarios, como concejales, carecen igualmente de aptitud para promover el control de constitucionalidad que procuran, pues en las condiciones reseñadas no revisten la situación de "parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. Prov.; doctr. causas I. 3202, "Rivas", res. de 20-VIII-2003 y sus citas; I. 68.479, "Campanaro", res. de 28-VI-2006; I. 71.177, "Verdini", res. de 18-IV-2011; I. 2274, "Fernández", sent. de 27-VI-2012 e I. 73.072, "Piantino", res. de 29-VIII-2017).
V. Cabe finalmente apuntar que distinta solución sería posible propiciar si, con carácter supletorio a la invocación de una legitimación fundada únicamente en su condición de habitantes o concejales, quienes promueven la acción hubiesen intentado demostrar cómo la ordenanza impugnada los perjudicó en su carácter de contribuyentes de las tasas reguladas por esta, circunstancia que fue tenida en cuenta en un caso en el que el Tribunal habilitó la discusión sobre la legalidad de una norma por parte de un grupo de concejales que habían participado en su sanción (cfr. causa I. 72.987, "Traverso", res. de 12-IV-2017). Ello no ha ocurrido aquí.
VI. En suma, desde que es ostensible que los actores no alegan ni demuestran la titularidad de un interés jurídicamente tutelado que les otorgue legitimación suficiente para actuar en este proceso, corresponde rechazar in limine la presentación de fs. 15/31 (arts. 161 inc. 1, Const. prov., 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar in limine la presentación de fs. 15/31 (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Carlos Antonio Lacerna, en la suma de pesos … -$ ... - (arts. 1, 9, 10, 15, 16, 21, 28 inc. a, 49, 51 y 54 dec. ley, 8904/77 y doctr. causa I. 73.016 "Morcillo", res. de 8-XI-2017). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 240
Fin de la sentencia