Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79842
I.79.842 "VIDAL, CLAUDIA ELENA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE SALTO S/ INCONSTITUCIONALIDAD DE ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA 2025"
I. Claudia Elena Vidal, Raúl Jaime López Rondo, María Constanza Monaldi, Fernando Blazevich, Virginia Bolasell y Héctor Ariel Guthux, en su doble condición de concejales y vecinos contribuyentes de la Municipalidad de Salto, promueven demanda originaria de inconstitucionalidad procurando la invalidez de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el año 2025, sancionadas en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes el día 30 de diciembre de 2024.
Explican que, por el contenido de la norma impugnada, debió respetarse el procedimiento exigido por el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial y regulado en el art. 284 del dec. ley 6.769/58, según el cual todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras necesita ser sancionado por la mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales.
Indican que, en tanto la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, en el caso de la Municipalidad de Salto, está compuesta por treinta y dos miembros, para poder sesionar se requiere al menos la presencia de diecisiete de ellos y, para alcanzar la mayoría absoluta, el voto afirmativo de diecisiete integrantes de ese Cuerpo.
Sobre el particular, refieren que tal como surge del acta nro. 1.141 del Concejo Deliberante del mencionado Municipio, el día 30 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la sesión de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes (v. documentación adjunta al escrito de demanda y al de fecha 19-III-2025). Sin embargo, denuncian que la sanción de las ordenanzas aquí impugnadas contaron con el voto afirmativo de dieciséis miembros de la Asamblea y un número igual de votos negativos, habiéndose definido su aprobación con el cómputo doble del voto aprobatorio del Presidente del Concejo Deliberante que se pronunció de ese modo para desempatar (y permitió contabilizar 17 votos favorables a la sanción).
Afirman que la ordenanza impugnada no habría contado con la mayoría absoluta genuina de los integrantes de ese cuerpo si se tiene en cuenta que, de acuerdo a la composición de treinta y dos concejales y mayores contribuyentes, debió haber sido de diecisiete votos.
Concluyen que, por dicha razón, la norma atacada fue dictada sin reunir las voluntades concurrentes necesarias para su válida sanción, violando lo dispuesto por el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial en cuanto exige " la mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales ".
En refuerzo de su posición, recuerdan que por el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 83 inc. 3 y 102 del decreto ley 6.769/58, las sesiones de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes deben desarrollarse en el marco del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Salto que, en su art. 113, establece que " si una votación se empatase, se reabrirá la discusión y si después se produjera un nuevo empate, decidirá el Presidente, que tendrá voto doble ".
Es así que sostienen que, en la medida en que el voto de desempate del Presidente del Concejo no se produjo después de haber sido reabierta la discusión y de haberse llevado adelante una nueva votación —tal como el referido reglamento lo prescribe—, la ordenanza resultante padece un vicio en el procedimiento de su sanción que invalida su contenido.
Sostienen que, en esas condiciones, la falencia apuntada solo puede conducir a la declaración de nulidad con efecto erga omnes de las ordenanzas fiscal e impositiva de la Municipalidad de Salto para el ejercicio 2025.
Sobre el alcance de la invalidación pretendida, argumentan que resulta absurdo que la norma impugnada resulte inaplicable para algunos integrantes de la Asamblea que se presentan en autos y que continúe vigente para el resto de la comunidad, siendo que la irregularidad proviene del incumplimiento del procedimiento que rige para su sanción.
En razón de ello piden que, tras la declaración de inconstitucionalidad, se condene a la demandada a devolverle a los contribuyentes de la Municipalidad de Salto " la totalidad del dinero integrado en concepto de tasas, impuestos y contribuciones con sustento en la normativa impugnada, a valores históricos con más la incidencia que tiene el Índice de precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y con más el 6% de interés anual y puro [...] previa declaración de inconstitucionalidad del contenido del art. 7 y 10 de la ley 23.928 (C. 124.096, 'Barrios', sentencia del 18 de abril de 2024)... ".
Solicitan que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, se suspendan cautelarmente los efectos de las ordenanzas atacadas. Para ello, fundan la verosimilitud en el derecho en la doctrina que se desprende del fallo dictado en la causa "Anaya" (causa I. 72.548, sent. de 15-VI-2016) al considerar que se trata de un precedente aplicable que confiere altas posibilidades de que el mismo criterio sea receptado en su caso.
En cuanto al peligro en la demora, sostienen que, de no hacerse lugar a la tutela requerida, la municipalidad demandada percibirá impuestos, tasas y contribuciones sensiblemente incrementadas en base al dictado de una ordenanza inconstitucional ocasionando una afectación indebida de la integridad patrimonial de toda la comunidad que será de dificultosa reparación ulterior (v. presentación electrónica de fecha 11-II-2025).
II.1. Previo a resolver sobre la procedencia del otorgamiento de la medida cautelar solicitada, corresponde analizar la legitimación de los actores para instar la presente acción, toda vez que dicen iniciar la demanda en su doble condición doble condición de "..edil(es) integrante(s) del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Salto con mandato vigente al momento de aprobarse las Ordenanzas cuestionada y, por lo tanto, integrante(s) de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes" (presentación electrónica de fecha 11-II-2025), así como en su condición de residentes y contribuyentes de ese partido, con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el año 2025.
II.2. Respecto de la calidad de concejales alegada como justificante de su legitimación, se observa que los demandantes no explican debidamente de qué modo tal posición les confiere aptitud para actuar en tutela de la sociedad a través de la articulación de su demanda.
Antes bien, parece incontrastable que la legitimidad emanada del voto popular para el desempeño de las atribuciones inherentes a esos cargos (art. 190, Const. prov. y arts. 1 a 4, dec. ley 6.769/58) no supone, por no formar parte de ellas, la representación en juicio de los intereses individuales o colectivos de los habitantes del partido (doctr. causa I. 76.261, "Fernández", resol. de 23-X-2020).
Ha dicho este Tribunal que la calidad de concejal no amplía el ámbito de los derechos públicos subjetivos confiriendo, en supuestos como el de autos, legitimación activa para deducir la acción. Ello, pues la circunstancia de revestir tal carácter en la tripartición funcional consagrada en el texto constitucional habilita a los miembros de los cuerpos deliberativos democráticos solo a ejercer la iniciativa normativa bajo la forma de proyecto (doctr. causa I. 68.479, "Campanaro", resol. de 28-VI-2006 e I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019).
En línea semejante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en el caso "Thomas" (CSJN Fallos: 333:1023) que la legitimación de los legisladores, en tanto tales, solo podría resultar admisible —eventualmente— cuando se denuncie la afectación de un interés concreto y directo a su respecto, extremo que se verifica allí donde se hubiesen vulnerado sus prerrogativas legislativas.
Aquel Tribunal ha afirmado con posterioridad, incluso, que los legisladores no son "legitimados extraordinarios" a la luz del art. 43 de la Constitución nacional, puesto que este no los menciona, a la par de que la ampliación de los sujetos legitimados por la reforma constitucional de 1994 no se sigue una automática aptitud para demandar sin un examen previo de la existencia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción (CSJN Fallos: 339:1223).
Por eso mismo, esta Suprema Corte ha sostenido que aquellas pautas rectoras se aplican a los asuntos en que sea aducida la condición de legislador como título para demandar ante la justicia (doctr. causa I. 2.274, "Fernández", sent. de 27-VI-2012).
II.3. De acuerdo con todo ello, dado que la situación jurídica descripta en la demanda no alude al entorpecimiento, obstrucción o impedimento de la actuación de los presentantes en el desarrollo de su función de concejales, se impone desestimar esa invocación como condición legitimante para motorizar la acción prevista en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial.
II.4. Sin embargo, la demanda planteada sí autoriza a la prosecución del juicio en cuanto fue iniciado con invocación de la condición de "residentes y contribuyentes de la Municipalidad de Salto" (presentación de fecha 11-II-2025).
Lo expresado, dado que en semejante condición los actores exhiben un agravio constitucional que responde, a primera vista, a una lesión típica lo suficientemente concreta y particularizada a su esfera de derechos e intereses patrimoniales, con capacidad de habilitar los poderes preventivos de la judicatura (arg. doctr. causa I. 72.987, “Traverso”, resol. de 12-IV-2017).
III. Establecido lo anterior, corresponde analizar la procedencia del otorgamiento de la medida cautelar solicitada.
III.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que, en el marco provisional propio de esta clase de despacho, se impone la justificación — prima facie — de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva para otorgar favorablemente la tutela precautoria; es decir, tanto de la apariencia de buen derecho como del peligro en la demora (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade S.A.", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; e.o.).
Tiene dicho también que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas de esta naturaleza es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo", resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón", resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 e I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018, e.o.), debiendo estar precedido de una mirada también estricta del conflicto cuando se procure la obtención de una cautela de incidencia colectiva, de corte masivo o en beneficio de un numeroso grupo de personas —toda vez que sus efectos, por naturaleza, difieren de aquellos que puede aparejar el otorgamiento de tutela precautoria individual— (doctr. causa I. 75.132, "Asociación Bancaria", resol. de 14-III-2023).
Y ha decidido, asimismo, ante la impugnación de normas tributarias, que la percepción de la renta pública en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (conf. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de peticiones cautelares en la materia impone una especial estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, "La Cucha SA", resol. de 10-VII-2013; I. 72.086, "Supercanal SA", resol. de 3-IV-2014; I. 75.815, "Goyeneche", resol. de 26-XII-2019; I. 79.266, "Maddonni", resol. de 8-X-2024; e.o.).
Así, especialmente en estas actuaciones, en atención al conducto procesal por el que tramita y la materia sobre la que versa, pesa sobre quien requiere la medida cautelar la carga de acreditar la verosimilitud de su derecho y el peligro cierto en la demora, pues es necesario que se evidencien fehacientemente los motivos que justifican la concesión de una tutela de esa índole.
III.2. En su pedido cautelar, la parte actora se ocupa especialmente de justificar que el recaudo de verosimilitud en el derecho se hallaría satisfecho a partir de la naturaleza del vicio que denuncia, en tanto dicha falencia resultaría de la propia lectura del acta que acompaña.
En cuanto a la configuración del peligro en la demora, los demandantes se limitan a afirmar que "...en caso de no hacerse lugar a la tutela precautoria requerida, la Municipalidad de Salto percibir[á] impuestos, tasas y contribuciones sensiblemente incrementadas en base [al] dictado de una Ordenanza, las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2025, que no ha sido aprobada con las mayorías legal y constitucionalmente exigidas violando el principio de legalidad que debe regir en materia tributaria, ocasionando una afectación indebida de la integridad patrimonial de esta parte..." (presentación de fecha 11-II-2025).
Más adelante señalan que "...el paso del tiempo juega como un factor de agravamiento del perjuicio ocasionado a los contribuyentes que, en caso de hacerse lugar a la demanda, dificultará el estado del erario comunal al tener que afrontar la devolución de los tributos indebidamente percibidos o afrontar una importante cantidad de pleitos..." (presentación de fecha 11-II-2025).
III.2.a. El planteo cautelar articulado no logra demostrar la apariencia de buen derecho.
Cabe recordar que esta Suprema Corte ha establecido que si bien la configuración de ciertos vicios en el procedimiento de formación o en la expresión de la voluntad legislativa pueden conducir a la declaración de inconstitucionalidad de la norma resultante, el cuadro de situación no es lineal y requiere valorar, en cada caso, una serie de factores que deben concurrir para otorgar el pretendido efecto invalidante (cfr. causa I. 72.447, "Procuradora General", sent. de 29-V-2019).
En la especie, toda la argumentación ensayada por la parte actora gira en torno a la gravedad que supone la vigencia de una norma que ha sido dictada por el Concejo Deliberante sin respetar su reglamento. Sostiene que ello proyectaría sus efectos sobre el cómputo de los votos y que, en ese escenario, podría verse en crisis el respeto a la mayoría exigida por el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial que fuera motivo de análisis por esta Suprema Corte en la causa "Anaya".
La invocación del referido precedente obliga a señalar que los hechos que motivaron aquel caso no se asemejan al presente.
En efecto: allí se controvertía —entre otros puntos— si la mayoría que exige el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial para la aprobación de todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras debe computarse sobre la totalidad de integrantes de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes o sobre los miembros presentes en la respectiva sesión. En cambio, en el caso que hoy convoca al Tribunal se pone en discusión la validez del ejercicio por parte del Presidente del Concejo Deliberante de Salto de la facultad que el art. 83 inc. 3 del decreto ley 6.769/58 le confiere para el caso de empate en la votación, en tanto se habría verificado en su desarrollo un incumplimiento al reglamento interno de ese cuerpo.
Ello así por cuanto la sumatoria de los votos emitidos en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de fecha 30-XII-2024 deja en evidencia que en dicha oportunidad se registró un empate en la votación —computándose las opiniones emitidas sobre el total de miembros de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes—, lo que conduce a tener por radicado el alegado defecto, en todo caso, en la condiciones del cálculo doble del voto del presidente del Concejo y no en la aplicación directa de las previsiones del art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial —y, con ello, de la doctrina emanada del precedente "Anaya" que citan en respaldo—.
Es evidente, entonces, que en el caso no se exhibe una infracción manifiesta al procedimiento constitucional ni al cómputo de las mayorías allí regladas, sino que los planteos formulados refieren a la eventual transgresión de las disposiciones del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Salto y, con ello, a las consecuencias que quienes promueven la demanda le asignan.
De allí que el recaudo bajo análisis no se presente con la nitidez requerida para autorizar la concesión de la tutela peticionada.
III.2.b. La evaluación del peligro en la demora no arroja un mejor resultado para los demandantes.
En especial, el apuntado recaudo requiere un examen atento de la realidad comprometida en el caso para poder así establecer si las secuelas que pudieran producir los hechos que pretenden evitarse con la medida precautoria, y que tendrán la virtualidad de restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego si tal fuese la decisión definitiva del pleito (Fallos: 319:1277; 339:225; e.o.). A la vez que exige indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso la norma cuestionada fuera declarada inconstitucional, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de sus disposiciones, en caso de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; e.o.).
En el caso, descartado que haya quedado expuesta con suficiente nitidez la alegada violación a las previsiones constitucionales vinculadas al proceso de sanción de las ordenanzas municipales, debe repararse en que los demandantes no identifican siquiera cuáles serían los agravios concretos que les provocarían las ordenanzas objetadas. Por el contrario, se limitan a anunciar de modo genérico las dificultades que habría de enfrentar la gestión municipal en caso de emitirse una sentencia favorable a sus peticiones, ante los eventuales reclamos de quienes pudieran verse beneficiados o ampararse en tal hipotético pronunciamiento.
A lo que cabe añadir que los requirentes tampoco se hacen cargo consistentemente de las razones por las cuales no podrían aguardar al dictado de la sentencia de mérito sin sufrir un menoscabo de difícil o imposible reparación ulterior (conf. causas I. 72.233, "International Value S.A.", resol. de 23-IX-2015; I. 73.699, "Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 22-XII-2015; I. 73.795, "Falco", resol. de 14-VI-2017; I. 79.221 bis, "Sociedad Rural de Vedia"; I. 79.252 bis, "Willgan"; I. 79.261 bis, "Ganwil", las tres últimas de fecha 14-VI-2024; e.o.).
III.3. En virtud de las consideraciones precedentes, sin que lo dicho implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no c
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