Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78229
I.78.229 “LALLO ALEJANDRA LEONOR Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 10.397/21 - EX CUESTION DE COMPETENCIA-“
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria, Genoud y Maidana dijeron:
Se advierte que la resolución del día 7 de junio de 2023 fue registrada, por error, bajo el N°RR-590-2023 a las 15:18:30 horas antes de que la hubieran suscripto todos los miembros que conforman el Tribunal que participaron de la decisión adoptada. A fin de evitar posibles nulidades (conf. art. 35 inc. 5 ap. "b", CPCC), a continuación se procede a reproducir lo allí resuelto:
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Maidana dijeron:
I. La señora Alejandra Leonor Lallo, el señor Federico Omar Castro y la señora Brenda Daiana Griboff promueven la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de la ordenanza 10.397/21 -que crea el “Ecoparque San Nicolás”- sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos, por considerar que vulnera los derechos y garantías consagrados en los arts. 1 y 28 de la Carta local.
Asimismo, a título cautelar, solicitan que se ordene la suspensión de toda obra que se estaría realizando en la zona de las barrancas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente controversia.
II. Los actores relatan que la comuna desde hace ya varios años ha comenzado con una pretensa puesta en valor de la zona ribereña, pero que esa tarea ha sido emprendida sin contemplar criterios de sustentabilidad, lo que ha impactado negativamente en el entorno. Esto, a su entender, condujo a la transformación del medioambiente, la modificación del hábitat de varias especies animales, la eliminación de la flora y la alteración del uso del suelo.
Especifican que el municipio ha dado comienzo a la construcción de la denominada “Costanera Alta”, en los terrenos ubicados sobre la barranca del Río Paraná, proyectando los trabajos sobre las parcelas que se extienden entre Costa Juncal y el “Automóvil Club San Nicolás” y entre la Avenida Luis Viale y el Arroyo del Medio.
En este sentido, explican que la barranca es un ecosistema frágil que alberga numerosas especies animales y vegetales y que constituye un importante corredor verde, el cual se encontraba protegido por las ordenanzas 14/59, 2.576/89, 3.629/02 y 8.235/12. Así, arguyen que la derogación de la última norma mencionada por la ordenanza 10.329/21 aquí controvertida, elimina la tutela anteriormente otorgada a la zona ribereña como "reserva natural", en tanto ahora se establece -en su artículo 1°- que: “Denomínase como ‘Ecoparque San Nicolás’ al área protegida comprendida en el territorio del Parque, que comprende los terrenos situados desde el pie de la barranca del camino costanero superior, y hasta el Arroyo Yaguarón, desde calle Luis Viales hasta calle Luisa de Núñez, identificados catastralmente como Circunscripción XI, Sección J, Parcelas: 1668a, 1669a, 1669d, 1670a, 1670d y 2265, más la isla situada entre el cauce principal del río Paraná Guazú y el Arroyo Yaguarón, denominada Isla Ballesteros e identificada catastralmente como Islas Fracción I, Sección VI, Parcelas 1, 2 y 3”.
De esta manera, alegan que la nueva ordenanza sancionada vulnera los principios de no regresión y de progresividad, propios de la materia ambiental, al sustraer injustificadamente a la barranca del marco protectorio allí delineado (al precisar que ello es solamente “desde el pie” y no incluyéndola). Puntualizan que la fragilidad de la barranca conduce a que cualquier intervención que se haga en el área genere erosión hídrica y eólica. Citan como ejemplo de esto, lo sucedido en la zona aledaña a la bajada de la Avenida Viale, que supuestamente debió ser cubierta con cemento para evitar su desmoronamiento y que produjo la impermeabilización del suelo y el drenaje del agua acumulada por escurrimiento. En consecuencia, manifiestan que la actuación sobre las parcelas indicadas en vista de la obra “Costanera Alta” aceleraría la colmatación de las lagunas –humedales protegidos a nivel mundial- situadas al pie de la barranca.
Por último, sostienen que la Municipalidad no ha llevado a cabo estudios previos a la ejecución de las tareas emprendidas ni ha obtenido ninguna declaración de impacto ambiental para realizarlas. Denuncian, a la par, que tampoco se han articulado mecanismos de participación ciudadana ni de los organismos no gubernamentales especializados en la temática.
III. Cabe señalar que la causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás. Sin embargo, su titular se rehusó a conocer en el asunto en la inteligencia de que la cuestión planteada era propia de la jurisdicción originaria y exclusiva que a la Suprema Corte le confieren los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial.
De este modo, remitió las actuaciones a este Tribunal para la prosecución de su trámite (v. resol. de 11-VIII-2022), el que declaró su competencia para entender en el asunto y confirió a la parte actora el plazo de diez (10) días para adecuar su postulación (v. resol. de 5-IX-2022).
Mediante escrito presentado el día 29 de septiembre de 2022, los demandantes ratificaron el desarrollo argumental seguido en su escrito inicial e insistieron en que la ordenanza 10.392/21 se contrapone con lo establecido en los artículos 1 y 28 de la Constitución provincial.
IV. Con fecha 10 de noviembre de 2022 se presenta el apoderado de la Municipalidad de San Nicolás y se opone tanto a la admisibilidad de la demanda como al remedio precautorio requerido. Subsidiariamente y luego de efectuar la negativa de rigor, refuta el planteo de inconstitucionalidad incoado.
Comienza solicitando el rechazo in limine de la acción entablada, por estimar que el camino costanero superior no se encuentra incluido en el “Eco Parque San Nicolás”, razón por la cual escaparía de las previsiones de la norma atacada. Bajo tal entendimiento, afirma que nada de lo argumentado por la parte actora aplica a aquella zona.
Asimismo, sostiene que la denominada “Avenida Costanera” es un proyecto iniciado en el año 1968 –mediante resolución 715/68-, nacido de la necesidad de integrar el Arroyo del Medio, el Arroyo Yaguarón y el Parque Rafael de Aguiar. Explica que esa tarea se retomó en el año 2000 para recuperar aquel sector público y que, debido a esto, se sancionó la ordenanza 5.192/00. Allí expone que, únicamente, se estableció una restricción de veinticinco (25) metros de ancho contados desde la línea definida como borde superior de barranca para la edificación en todas las parcelas o fracciones del terreno que se hallaren ubicadas sobre la barranca y en el área que se extiende desde la Avenida Luis Viale hasta el camino perpendicular al acceso Illia.
En cuanto a la medida cautelar peticionada, arguye que no se encuentran reunidos los extremos exigidos por el código de rito para su concesión. En particular, manifiesta que “de las constancias que la causa exhibe, no se desprende la urgencia exigida por la normativa” y cita jurisprudencia de este Tribunal en apoyo de su postura.
Respecto de la pretensión principal, alega que si bien la ordenanza en crisis constituye un marco normativo y de regulación, también se propone como una herramienta estratégica, en tanto define objetivos, resume lineamientos y parámetros de intervención y especifica una serie de instrumentos de gestión para responder a las nuevas necesidades de la comunidad.
Refiere, en otro orden, que el municipio ha seguido los procedimientos establecidos por el decreto ley 6.769/58 para el dictado del precepto controvertido y que ha adoptado como eje estratégico el Plan Urbano Ambiental y las definiciones del programa de re-organización vial, aprobado por la ordenanza 7.957/10.
Finalmente, asevera que no devino necesario contar con un estudio de impacto ambiental previo a la ejecución de la obra -en los términos de la ley 11.723- por tratarse el proyecto de una mera apertura de una calle o vía de circulación.
V. Corrido el pertinente traslado, la parte actora resiste la defensa previa interpuesta por la contraria. Para ello, resalta que el cuestionamiento se centra –justamente- en el carácter regresivo de la norma en pugna, ante la eliminación de las barrancas del Río Paraná del área de protección, cuando aquel ecosistema “escaso y frágil” estaba resguardado por el anterior régimen.
En esta línea, remarca que la barranca es parte de un entramado de recursos que integran un conjunto y que, de afectarse uno de los elementos que lo componen, las consecuencias se expandirán inexorablemente a los demás. Así, permitir la realización de intervenciones sobre el camino costanero provocará serios daños a la barranca, que actualmente se encontraría desprotegida.
VI. Así las cosas, en primer lugar, corresponde abordar el análisis de la objeción relativa a la admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad deducida.
VI.1. Cierto es que la jurisdicción de esta Suprema Corte, de acuerdo con lo previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución, comprende el conocimiento y resolución de casos en los que se discuta "la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos" que estatuyan sobre materia regida por aquélla. Y según doctrina pacífica, esta última está configurada por el planteo de un conflicto directo entre la disposición controvertida y las normas de la Carta local que se consideren infringidas (doctr. causas B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero S.A.", resol. de 29-IV-2009; I. 2213, "El Popular S.A.I.C.", sent. de 24-XI-2010, I. 3.553, "Valentini", sent. de 30-XI-2011; I. 3.552, "Salvemini", sent. de 21-XII-2011; I. 2.321, "Itoiz", sent. de 29-II-2012; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos SA", sent. de 29-VIII-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 19-IV-2021; e.o.).
También lo es que, en casos ambientales como el presente, la violación de las reglamentaciones sobre los derechos consagrados en el art. 28 de la Constitución puede servir para evidenciar la inconstitucionalidad denunciada (doctr. causas I. 68.174, "Filón", resol. de 18-IV-2007; I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017 e I. 75.687, “Asociación Protección del Mercado Común del Sur (Proconsumer)”, resol. de 15-IV-2020).
Aunque deviene necesario establecer que, en razón del proceso incoado, sólo han de considerarse los planteos constitucionales expuestos en la demanda, toda vez que aquellos de cuño meramente legal, por principio ajenos al objeto propio de esta clase de contiendas, sólo podrán ser atendidos en la medida en que evidencian la infracción constitucional aducida. De lo contrario, se desvirtuaría la misión esencial que el constituyente ha confiado a la Suprema Corte en este tipo de causas (doctr. arts. 161 inc. 1°, 166 in fine y 215, Const. prov.; arts. 1, 2, 3, 12 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101- y causa I. 68.174, cit.).
Por último, es útil recordar que es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López", sent. de 23-XI-2016; e.o.).
VI.2. Siguiendo tales premisas, es dable ponderar que el embate de los demandantes involucra de manera directa el escrutinio de la ordenanza 10.397/21 a la luz de lo previsto en los arts. 1 y 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y, de manera coadyuvante, de lo normado en el art. 41 de la Carta nacional y en la ley 25.675. A su vez, en el escrito postulatorio se expone de qué modo la normativa impugnada violentaría los aludidos derechos y garantías. Así pues, los argumentos expuestos por los actores cumplen con el recaudo de fundamentación suficiente en tanto han sido mencionadas las cláusulas superiores que se dicen transgredidas y se efectúa una relación entre estas y la norma puesta en crisis.
Siendo esto así, la circunstancia apuntada en relación a qué zonas quedarían o no bajo el amparo de la norma cuestionada será una consecuencia natural derivada de la decisión definitiva del caso. Es que, las manifestaciones vertidas por ambas partes en este punto –que conforman la plataforma fáctica sobre la cual cada una de ellas erige su postura- versan sobre la procedencia de la pretensión deducida y no así respecto a la admisibilidad de la demanda promovida. Por este motivo, deviene necesario diferir su análisis para la etapa procesal oportuna, ya que constituye materia propia del fondo del asunto traído a conocimiento de esta Corte.
De acuerdo con ello, corresponde rechazar la objeción formal planteada por la Municipalidad demandada.
VII. Despejada la primera cuestión, cabe abocarse al tratamiento de la tutela precautoria articulada por la parte actora.
VII.1. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016; I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018 e I. 75.538, "Wal-Mart Argentina S.R.L.", resol. de 26-IX-2018, e.o.).
Por excepción, y en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1°, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011, e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
VII.2. Lo desarrollado aquí arriba constituye el estándar con el que, de ordinario, han de ser analizados los pedidos de medidas cautelares. Pero en autos no debe soslayarse que se alega un daño ambiental potencialmente irremediable, extremo que llama -al igual que en el pasado- a la aplicación de los principios preventivo y precautorio, que en circunstancias como la presente informan el análisis de los requisitos contenidos en el art. 230 del código de rito (arts. 28, Const. prov.; 41, Const. nac.; 4, ley 25.675; doctr. causas I. 71.446, cit.; I. 70.249, “Bornic”, resol. de 29-VI-2016 e I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 28-X-2015; CSJN Fallos: 332:663; 333:1849; 338:811; 339:142).
VIII. De esa manera, se impone considerar sobre la base de tales criterios los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC), inherentes a la petición cautelar en el asunto traído a conocimiento de este Tribunal.
VIII.1.a. Teniendo en cuenta el contenido de la norma impugnada, la que de una rápida lectura pareciera omitir la condición de “reserva natural” del área actualmente denominada “Eco Parque San Nicolás” y, a su vez, suprimir del régimen de conservación que el propio municipio había dispuesto sobre el borde del camino costanero superior –que incluía la barranca- mediante la ordenanza 8.235/12 derogada, resulta verosímil la alegación efectuada en la demanda en punto a la concreta probabilidad de vulneración del art. 28 de la Carta local.
Al respecto, vale decir que la circunstancia de que, por regla, no sea pertinente alegar una infracción constitucional frente a la reforma de preceptos generales, ni la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de ese tipo de normas (legales o reglamentarias) o a su simple inalterabilidad (CSJN Fallos: 326:1442; 327:2293; 5002; 329:976; 1586; 333:108; 2222; entre muchos otros), en modo alguno implica convalidar, en asuntos como el aquí examinado, la juridicidad de toda modificación regulatoria, cualquiera fuere su contenido, pues por esa vía podría comprometerse el medio ambiente y la salud de la comunidad, afectando el interés público implicado en su tutela constitucional (arts. 41, Const. nac.; 28, Const. prov.).
Desentenderse de los efectos que sobre la población pueda provocar la iniciativa de reformas normativas como ésta, se exhibe, al menos en esta instancia inicial, reñido con el principio de progresividad vigente en la materia (conf. art. 4, ley 25.675; CSJN Fallos: 329:2316; doctr. causas I. 71.446, cit.; I. 70.771, "Rotella", resol. de 28-III-2012; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 24-IX-2014; I. 72.760, "Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de octubre", resol. de 28-X-2015 e I. 74.912, “Giannuzzi”, resol. de 4-IX-2020, e.o.) que, al tiempo que procura la mejora gradual de los bienes ambientales, supone que los estándares de protección vigentes o actualmente logrados no sean sustituidos por otros, inferiores u ostensiblemente ineficaces.
VIII.1.b. De los considerandos del plexo cuestionado surge que la nueva normativa forma parte de un “Plan General referido al área natural en su conjunto, entendido como un instrumento de ordenamiento integral del sector sobre la base de los puntos singulares identificados” por el Departamento Ejecutivo y que “busca establecer las formas de uso de los espacios a los efectos de lograr la máxima integración y compromiso de los ciudadanos a los fines de que su conocimiento y valoración sean los insumos que la sostengan en el tiempo al pasar a ser un activo de la sociedad nicoleña”. Ello, en el marco de la donación del dominio del grupo de islas situadas frente a la ciudad cabecera del Partido entre el cauce principal del Río Paraná Guazú y el Arroyo Yaguarón, efectuada mediante la ley 6.073, con el cargo especifico de destinarlas para un Parque Forestal botánico.
De este modo, la eliminación de la mención del área como “reserva natural” y la aparente supresión del sistema integral de tutela del que gozaba la
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