Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 69624
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Kogan, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 69.624, "Stampi Sanguineti S.A. contra Municipalidad de San Fernando s/Inconstitucionalidad ordenanza municipal 8383/04, ordenanza fiscal 8384/04, decreto 1867/05. Demanda de Inconstitucionalidad".
La firma "Dagnino y Sanguineti S.A." -luego "Stampi Sanguineti S.A."-, por intermedio de su apoderada, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161, inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Municipalidad de San Fernando, impugnando los arts. 14, 15 y 123 inc. "b" de la ordenanza 8.383/04 y la ordenanza 8.384/04 de la misma comuna. En apoyo de su planteo, sostiene que aquellas disposiciones, en cuanto prevén y regulan la categoría de grandes contribuyentes a los efectos de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (en adelante, TISeH), infringen la Constitución de la Provincia, el art. 31 de la Constitución nacional, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 13 de agosto de 1994, la Ley de Coparticipación Federal n° 23.548, el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008) y los principios de legalidad y razonabilidad. Expresa también que se configura en la especie una confiscación de bienes.
Corrido el traslado de ley, el municipio de San Fernando contesta la demanda y pide su total rechazo.
Agregados los cuadernos de prueba de las partes, glosado el alegato de la actora, oída la entonces Procuradora General, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Reúne la demanda los requisitos de admisibilidad?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Dado que compete a esta Suprema Corte realizar, aún de oficio, el análisis de admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, y no habiéndolo realizado in limine litis , cabe efectuarlo al momento de dictar sentencia (doctr. causas I. 1.191, "Empresa Hipódromo de La Plata S.A.", sent. de 5-III-1991; I. 1.579, "Miño", sent. de 10-XII-1992; I. 1.329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1.502, "Castilla", sent. de 30-III-1993; I. 1.465, "Las Totoras S.R.L.", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga S.A.I.C.I.F.", sent. de 17-X-1995; I. 1.617, "El Libertador S.R.L.", sent. de 16-VIII-1996; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 3.135, "Salvatierra", sent. de 7-VII-2010; I. 2.201, "Search Org. de Seguridad S.A.", sent. de 22-VI-2016; e.o.).
I.1. Conforme lo dispone el art. 161, inc. 1 de la Constitución provincial, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver "...acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y se controvierta por parte interesada" de lo cual se infiere que el objetivo de esta acción y, por ende, el ámbito de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto.
Así este Tribunal ha señalado que en la acción originaria de inconstitucionalidad resultan improcedentes los planteos que no consisten en la validez constitucional de una norma general y abstracta, sino que versan sobre la aplicación de ella al interesado, pues si bien la actuación concreta de un precepto puede afectar principios constitucionales, ello nada tiene que ver con la validez en abstracto, que es lo único que puede discutirse mediante la mencionada acción (conf. causas I. 1.308, "Abasto Mar del Plata S.A.", sent. de 28-VI-1994; I. 1.616, "Marsiglia", sent. de 8-IX-1998; I. 2.171, "Bayón", resol. de 2-V-1999; e.o.), de manera que en la ponderación de la validez constitucional de una norma no resultan atendibles los agravios que sólo constituyen una consecuencia de su aplicación y no de su contenido en abstracto (conf. causas I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de mayo S.R.L.", resol. de 21-X-2005; I. 2.179, "Jaroslavsky", sent. de 30-XI-2011; I. 72.580, "Florentin", resol. de 8-V-2013; I. 74.293, "Suárez", resol. de 7-IX-2016; e.o.).
En definitiva, el objeto primario de la instancia prevista por el art. 161, inc. 1 de la Constitución provincial reside en la verificación de la validez de la norma considerada en sí misma , sin que ello importe -obvio es reconocer-, que deban desatenderse por completo los perjuicios derivados de la lesión a los derechos de la parte interesada y que resulten ser consecuencia de su inminente o efectiva aplicación. De lo contrario, no habría "caso" ni "legitimación", requisitos estos que se infieren a partir de la situación fáctica en que se enmarca la pretensión (conf. art. 683 y sigs., CPCC; y causa I. 72.580, cit.).
Y si bien en otras oportunidades se ha logrado por vía indirecta u oblicua la anulación del acto atacado cuando el precepto general es inconstitucional (causas I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 71.541, "Propuesta Republicana", sent. de 22-VI-2011; e.o.) observo que en este caso puntual, conforme surge del escrito de demanda de fs. 42/46, se cuestionan específica y concretamente las consecuencias derivadas de la aplicación de la norma.
I.2. Las disposiciones normativas cuya constitucionalidad se controvierte son los arts. 14, 15 y 123 inc. "b" de la ordenanza 8.383/04 y las normas concordantes de la ordenanza 8.384/04, ambas del municipio de San Fernando. Según surge del escrito inicial, aquellos preceptos establecerían la categoría de grandes contribuyentes en relación con la TISeH y dispondrían las consecuencias tributarias de la calificación como tal de un sujeto pasivo de ese tributo.
I.2.a. En primer lugar, debe ponerse de resalto que no obran en el expediente constancias que permitan conocer con exactitud el contenido de los preceptos cuya declaración de inconstitucionalidad es reclamada.
Ante esta particular circunstancia cabe recordar que, con relación a las normas dictadas por los municipios con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.491 (B.O., 27-II-2013), este Tribunal tiene dicho que el principio según el cual los jueces deben conocer el derecho — iura novit curia— no se extiende a la totalidad de las reglamentaciones locales que, al igual que el derecho extranjero, les resulta imposible conocer (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", sent. de 5-III-2003; B. 55.010, "Chaina", resol. de 12-XI-2003; B. 69.722, "Porretti", resol. de 15-X-2008; B. 59.803, "Ochandio", sent. de 29-X-2014; B. 67.078, "Galli", sent. de 24-VI-2015; B. 65.185, "Y.P.F. S.A.", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
La omisión de acompañar tales normas en respaldo de su pretensión comporta una falta insoslayable a poco que se repare en que la demandante es quien debe aportar elementos de convicción que permitan tener por acreditados los hechos que invoca, en tanto no actúa en simple instancia recursiva, sino en proceso de conocimiento y, en tal sentido, debe cumplir con la carga que impone el onus probandi (art. 375, CPCC y conf. doctr. causas B. 49.793, "Bianco", sent. de 13-X-1987; B. 55.353, "Cobos", sent. de 21-VI-2000; B. 50.926, "Bintana", sent. de 29-X-2003; B. 60.905, "Diez", sent. de 22-XII-2004; B. 58.170, "Álvarez", sent. de 13-IX-2006; B. 54.695, "Vigani", sent. de 4-X-2006; B. 66.884, "Yacomo", sent. de 27-V-2015; e.o.).
I.2.b. Ahora bien, como se adelantó e independientemente de lo expuesto en el apartado precedente, lo cierto es que los planteos de la sociedad actora no residen en la validez de las disposiciones referidas, sino que su embate se dirige, en todo caso, a la aplicación que pudo haberse hecho de ellas. En efecto, al describir el objeto de su demanda alude a la declaración de inconstitucionalidad del decreto municipal 1.867/05 y de una pretendida determinación oficiosa de la TISeH. Así expresa que "...promediando el año 2005 [...] fue notificado de que se lo categorizaba en forma arbitraria como un Gran Contribuyente a los efectos del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene" (fs. 42 vta.); y que "...Se ha tomado como base de imposición un monto arbitrario que surgiría de la totalidad de las ventas [...] No se ha descontado el acuerdo suscripto con dicho Municipio [sic.][...] Se ha ignorado que el accionante está exento al pago del Impuesto a los Ingresos Brutos" (fs. 43 vta.).
A partir de las aseveraciones transcriptas conviene destacar también que, aunque la actora sostiene que la Administración municipal emitió un acto de determinación de oficio que identifica como dictado el día 10 de abril de 2008, en la causa -incluyendo los expedientes administrativos a ella incorporados- no obra constancia de su existencia. Solo se halla una pieza en la que consta la fecha apuntada, pero se trata del acta de notificación a la accionante de una "prevista" de diferencias detectadas por la comuna respecto de una tasa no identificada y en la que expresamente se consigna que "...su reconocimiento evitará el procedimiento determinativo de Oficio" (fs. 186/187, en particular fs. 186).
Asimismo, la actora expresa que "...ante la amenaza de la violación de sus derechos patrimoniales, siendo confiscatoria la interpretación y aplicación de dicha tasa, con fecha 27 de setiembre de 2005, se procedió a la interposición de una acción de Amparo y Medida de No Innovar que quedara radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de San Isidro que [...] decidió rechazar la acción so pretexto de existir otras vías más idóneas, entre las que cita justamente la que este estadio [sic.] se intenta, criterio este ratificado por las diferentes instancias a las que accedió como consecuencia de las reiteradas apelaciones formuladas" (fs. 42 vta.). Frente a tal afirmación, debe observarse que en la sentencia de fecha 7 de abril de 2006 emitida en los autos "Dagnino y Sanguineti S.A. c/ Municipio de San Fernando s/ Amparo", causa n° 7.149, para fundar el rechazo in limine de la demanda, el juez de primera instancia no indicó a la acción de inconstitucionalidad prevista en el art. 161, inc. 1 de la Constitución provincial como el medio judicial más idóneo al que debió acudir la actora en lugar de la vía del amparo. Por el contrario, hizo referencia al proceso contencioso administrativo con cita de los arts. 2 de la ley 7.166 y 2, 12 y 22 del Código Contencioso Administrativo (v. fs. 68/69 vta. del referido expte. n° 7.149 que corre por cuerda al principal), criterio que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones mediante decisión de 8-VIII-2006 (v. fs. 83/85).
Resulta entonces que, aunque del texto de la demanda pueda extraerse que la actora invoca una lesión de índole constitucional relacionada con los principios de legalidad y de razonabilidad, su planteo se origina esencialmente en el gravamen que, en todo caso, le provocarían el decreto 1.867/05 del Departamento Ejecutivo del municipio de San Fernando que la incluyó en el "...Padrón de Grandes Contribuyentes, de la Ordenanza Fiscal N° 8383/04" (fs. 130) y un pretendido acto determinativo de oficio (v. fs. 43 y 45 del escrito de demanda).
En definitiva, el perjuicio que aquí se expone no deriva de los preceptos normativos impugnados sino del empleo que se ha hecho de ellos.
Debo decir que no es esta la oportunidad de juzgar la pertinencia de la medida adoptada ni tampoco la de evaluar el alcance con que fue aplicada en los procedimientos administrativos particulares referidos por la parte actora, sino la de establecer si se está en presencia o no de la materia reservada a esta específica vía de impugnación constitucional.
La respuesta negativa se impone por resultar plenamente aplicable al caso la inveterada doctrina del tribunal a que se hizo referencia al inicio del acápite.
Entonces, toda vez que lo cuestionado en el proceso no es la constitucionalidad de una norma en abstracto sino la validez del modo como la Administración la interpretó y aplicó en el supuesto particular, la pretensión entablada resulta inadmisible (art. 161, inc. 1, Const. prov. y su doctrina antes citada).
II. A mayor abundamiento, conviene destacar que es doctrina de este Estrado que corresponde rechazar la demanda de inconstitucionalidad que se limita a enunciar genéricamente la Constitución provincial sin siquiera demostrar que, en cualquier medida, esa invocación se adecua a las circunstancias del caso y sin poner de manifiesto el modo en que las disposiciones cuestionadas lesionan garantías del orden superior que la accionante podría invocar (causas I. 1.610, cit.; I. 68.490, "Sociedad Rural de Pergamino", sent. de 28-X-2015; y sus citas).
Aquel temperamento también obliga a descartar la admisibilidad de la demanda de autos pues allí no se identifican concretamente las disposiciones de la Constitución provincial en que pretende apoyarse la incompatibilidad denunciada. Ese déficit de fundamentación, por lo demás, no puede verse superado por la mención de los principios de legalidad y razonabilidad que formula la accionante, pues su invocación resulta en extremo lábil por genérica.
En el mismo orden cabe recordar que este Tribunal ha decidido de manera constante que un planteo de inconstitucionalidad debe contar necesariamente con un sólido desarrollo argumental que exprese una crítica razonada de la disposición impugnada. Y, en ese sentido, es indispensable la clara indicación del derecho o garantía que se dice agraviados, la exposición precisa del modo en que la norma quebranta las cláusulas constitucionales y la demostración de la relación directa que los une (conf. doctr. causas A. 68.418, "Asenjo", sent. de 15-IV-2009; B. 59.979, "M., H.A.", sent. de 28-XI-2007; B. 65.011, "Taiven S.A.", sent. de 29-III-2017; e.o.).
III. Finalmente corresponde destacar que, en el marco de una acción como la aquí entablada, sólo cabe pronunciarse, en su caso, sobre la consistencia o contrariedad de las disposiciones objetadas frente a la Constitución de la Provincia. Por esa razón, como principio, deben descartarse aquellos planteos que, de modo directo o indirecto, remitan al tratamiento de cuestiones de índole federal (conf. doctr. causas I. 1.992, "Aguas Argentinas", sent. de 7-III-2005; I. 2.340, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 5-III-2008; I. 2.070, "Video Cable Comunicación S.A.", sent. de 28-V-2010; I. 3.051, "YPF S.A.", sent. de 22-VI-2016; e.o.). Por ese motivo, deben rechazarse por improponibles los planteos de la actora en cuanto alegan la violación del art. 31 de la Constitución nacional.
La apuntada regla pudo haber cedido si las postulaciones de la demanda hubiesen encontrado apoyo en una argumentación suficientemente fundada en la vulneración del art. 1 de la Constitución provincial (causas I. 1.631, cit.; I. 2.051, "Cámara Argentina de Supermercados", sent. de 11-X-2006 e I. 2.340, cit.). Sin embargo, ese esfuerzo argumental no se registra en el caso, concurriendo como una razón adicional que sella la suerte adversa de la admisibilidad de la demanda.
La misma pauta impone rechazar también la pretensión de autos en cuanto busca sustento en la violación de normativa de carácter intrafederal, como son la Ley de Coparticipación Federal n° 23.548 y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (causas I. 2.340 e I. 3.051, cits.; e.o.) a las que se hace referencia en el acápite "B" del escrito de inicio (v. fs. 44).
IV. Por lo fundamentos expuestos, juzgo que la demanda debe ser rechazada.
Voto por la negativa .
En atención al sentido de mi voto, entiendo que es innecesario que me expida respecto de la segunda cuestión planteada.
Costas a la actora, por su objetiva condición de vencida (art. 68, CPCC).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Coincido con el razonamiento que elabora el señor Juez doctor de Lázzari. Ello en la medida en que la postulación actoral se limita a exhibir un cuestionamiento en concreto de la norma cuya constitucionalidad se requiere.
II. Añado que es indispensable precisar de qué modo la norma impugnada ha quebrantado o quebrantará las garantías constitucionales cuya tutela se procura (cfr. causa I. 1.270, "Casa Blanco", sent. de 18-IV-1989) y se ha impuesto, a la vez, que exista una relación directa entre aquélla y éstas (cfr. causas I. 1.516, "Aguas Minerales" e I. 1.517, "Lactona S.A.", ambas sents. de 27-VI-1995). También se ha exigido que la actora "acredit[e] [...] que el ejercicio de algunos de [los] derechos constitucionales se halla afectado debido a la aplicación de la ley [...] cuya constitucionalidad se controvierte (cfr. causa I. 1594, 'Procuración Gral. de la Suprema Corte', res. de 09-03-93), o demuestre de qué manera y con qué alcance la norma produce una afectación a una garantía constitucional (cfr. causas I. 1246 'Ondarcuhu', sent. de 07-06-88; I. 1287 'Ilid', sent. de 28/03/89)".
En ese escenario, advierto que la demanda controvierte en forma genérica artículos de las ordenanzas 8.383/04 y 8.384/04 aduciendo que los mismos violan sus derechos constitucionales, pero sin precisar de qué modo estos resultan quebrantados, circunstancia que obsta a la admisibilidad de la demanda.
Ello en tanto la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional requiere la exposición precisa del modo en que las normas que son censuradas vulneran las garantías constitucionales cuya tutela procura, sin que dichas deficiencias argumentales puedan ser suplidas por el Tribunal (doctr. causas I. 1.320, resol. de 16-II-1988; I. 1.287, sent. de 28-III-1988; I. 1.273; I. 1.275 e I. 1.277, sents. de 18-IV-1989).
La exposición efectuada en el escrito inicial no resulta hábil para concretar un caso de índole constitucional que pueda ventilarse por este andarivel procesal.
Tales pautas interpretativas encuentran su razón de ser en la necesidad de circunscribir la labor judicial a la resolución de contiendas, evitando desbordes que al contravenir la manda del art. 171 de la Constitución provincial, la sitúen más cerca de la función consultiva que dentro de la propiamente jurisdiccional.
III. La inobservancia de tales exigencias, me conducen a concluir que la demanda no puede prosperar.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Los argumentos brindados por el colega que inicia el acuerdo en el punto I de su exposición, resultan suficientes para abastecer la solución que propicia para el caso de autos. Por tal motivo, presto mi adhesión a dicha parcela de su voto y doy el mío también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la entonces señora Procuradora General, se rechaza la demanda.
Costas a la parte actora, en su objetiva condición de vencida (art. 68, CPCC).
Intímase a la parte actora a que, en el plazo de quince (15) días, estime el monto del juicio e integre en consecuencia las diferencias en concepto de tasa de justicia que pudieran corresponder conforme lo dispuesto a fs. 63 (arts. 337 ap. "a", 338 ap. "a" y concs., Cód. Fiscal, t.o. resol. 39/2011; 155 ap. 2 y 330, CPCC).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad en que se haya cumplido con lo ordenado en el párrafo pre
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