Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80042
I.80.042 "GONZALEZ NAVARRO, ABRIL Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA MUNICIPAL N°6552/24"
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, dijeron:
I. Abril González Navarro, Laura Verónica Krayeski y Hugo Luis Pristupa, todos vecinos del partido de Berazategui, promueven la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de la ordenanza 6.552/24 dictada por el Concejo Deliberante comunal -promulgada por decreto 1.595/24-, por considerar que vulnera los arts. 1, 11, 12 incs. 1 y 3, 28, 36 inc. 8 y 57 de la Carta local.
Al respecto, relatan que mediante la norma impugnada se modifica el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) –aprobado por ordenanza 6.426/23- y se crea el denominado Distrito Eco-Urbano, habilitándose la construcción de comercios, oficinas, servicios y hoteles de hasta 5 plantas en parcelas de hasta 6 mil metros cuadrados; viviendas unifamiliares en el área más extensa y, por último, edificios de 10 pisos para usos de vivienda y comercios en el predio más cercano al río. Todo ello, en tierras que estaban catalogadas como Zona de Reserva Ambiental o Zona de Reserva Ambiental Ribereña (AC-B-ReAr).
Además, arguyen que se destinan dos franjas a “paseos públicos” en los terrenos linderos al Río de La Plata, donde se encuentran los bosques nativos protegidos por la ley 14.888.
II. Puntualmente, manifiestan que en el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial –también aprobado por ordenanza 6.426/23- se describe a las costaneras del partido como un “área con características particulares que articula bosque nativo – selva marginal – humedal – río, en forma interdependiente: cualquier alteración tiene consecuencias sobre las actuales áreas protegidas y por sobre la población existente, ya que esa zona baja, actúa como fuelle de protección ante sudestadas” y que “en la Costanera Norte, se propone contener el crecimiento urbano y propiciar actividades que no generen impactos ambientales negativos” (v. págs. 7 y 8).
Continúan argumentando que es sobre esa base que el COUT tipifica y regula la mayor parte de la costa local como Zona de Reserva Ambiental o Reserva Ambiental Ribereña -AC-ReAm/ReAr que incluye dos tipos de áreas naturales: las que cuentan con un régimen de protección especial (como la Reserva de Punta Lara) y aquellas parcelas que no cuentan con una tutela normativa específica, pero que el Código protege al excluirlas expresamente de los procesos de urbanización.
En ese contexto, exponen que en los considerandos de la norma en crisis se sostiene que el área en cuestión presenta “condiciones adecuadas para una posible ampliación del área urbana” por estar zonificada como Área Complementaria (AC). No obstante, destacan que esto no implica per se que pueda autorizarse tal ampliación, en tanto entienden que es la calificación de la “zona” lo que determina sus características en cuanto a los usos del suelo.
A su vez, denuncian la ausencia de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la falta de una instancia de participación ciudadana como recaudos previos a la sanción de la norma atacada. Luego, reparan en las características del lugar y resaltan que existe un complejo entramado de procesos biológicos dentro del ecosistema donde pretende emplazarse el Distrito Eco–Urbano.
A título cautelar, requieren que se ordene la suspensión de las normas impugnadas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos.
Por último, solicitan que se conceda el beneficio de gratuidad o de litigar sin gastos por cada uno de los actores y que, en consecuencia, se los exima de prestar caución o, a todo evento, se ordene que ésta sea juratoria.
III. Con fecha 13 de junio de 2025 comparece la Municipalidad de Berazategui y contesta demanda.
En su escrito defensivo, se opone a la admisibilidad de la pretensión incoada. De un lado, arguye que al momento de interponerse la acción ya se había extinguido la competencia originaria del Tribunal en los términos del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, por reputar que en la especie resultaba aplicable el plazo de caducidad de 30 días allí establecido. De otro, sostiene que la ordenanza 6.552/24 no se encuentra vigente dado que la Provincia de Buenos Aires aún no la ha convalidado (conf. art. 83, dec. ley 8912/77), por lo que se trataría de un mero acto preparatorio. Además, indican que la vía intentada no procede si lo que pretenden los demandantes es que se declare que la norma impugnada contradice lo establecido en la ordenanza 6.426/23.
Afirma que no se ha configurado un caso o controversia apto para ser abordado judicialmente y que los actores carecen de legitimación para promover este juicio. En este sentido, destaca que los actores se domicilian en Hudson y asevera que “de la lectura del escrito de demanda no surge la personería invocada, ni la afectación a un interés directo, ni tampoco explican los actores cuál es su posición jurídica en relación a la normativa cuestionada, de allí que tendremos que dar por presupuesto que se trata de un mero interés difuso”.
Subsidiariamente, efectúa una extensa negativa de rigor, refuta el planteo de inconstitucionalidad esgrimido y reafirma la legitimidad de la norma bajo examen.
Tras esto, desconoce la prueba documental acompañada y solicita que se rechace el remedio precautorio requerido y el beneficio de gratuidad peticionado.
VI. Sustanciadas las defensas deducidas como de previo y especial pronunciamiento, el día 30 del mismo mes y año, los demandantes presentan su réplica y manifiestan que en la especie deviene aplicable lo previsto en el art. 685 del ordenamiento de rito, toda vez que se hallan en juego derechos no patrimoniales y que la acción se ha deducido con carácter preventivo.
En cuanto a lo expuesto en torno a las localidades donde habitan, aclaran que, si bien las señoras González y Krayeski tienen domicilio en Hudson, el señor Pristupa reside en el centro de Berazategui. Añaden que, de todos modos, los tres forman parte de organizaciones sociales que bregan por la defensa del ambiente y la protección de la costa berazateguense.
Alegan que los argumentos vertidos en contra del pedido cautelar no se alinean con el principio preventivo que rige la materia y que el municipio ni siquiera indica el estado de avance del procedimiento instado ante la Provincia, por lo que se desconoce la inminencia de la entrada en vigencia de la norma atacada.
Respecto del pedido de denegación del beneficio de litigar sin gastos, exponen que la gratuidad de los procesos judiciales relativos al ambiente encuentra fundamento en la ley 25.675 y el Acuerdo de Escazú, que determinan el acceso irrestricto a la jurisdicción e impiden la imposición de vallas procesales, impositivas o económicas a quienes promuevan acciones de esa índole.
Finalmente, se expiden sobre los informes adjuntos a la contestación de demanda y denuncian que esa información no fue puesta a disposición de la población antes de la sanción de la ordenanza en crisis.
VII. El 9 de febrero de 2026 la parte actora amplía los fundamentos del peligro en la demora en su momento invocado y denuncia -como hecho nuevo, en los términos del art. 363 del Código Procesal Civil y Comercial- que se habría dado comienzo a la ejecución de las obras autorizadas por la ordenanza impugnada.
VII.1. En su presentación, expone que se están realizando enormes trabajos de movimientos de suelo en la zona como aperturas de calles, cavado de canteras, alteo del terreno y desmonte sobre 150 hectáreas, siendo una zona protegida bajo la categoría de “Reserva Ambiental Ribereña” por el Código de Ordenamiento Urbano municipal.
Si bien aduce que las tareas son visibles incluso desde la Autopista Buenos Aires – La Plata, acompaña imágenes tomadas el día 2 de febrero del corriente año, que demostrarían que las canteras que se están cavando coinciden con las áreas diseñadas para las lagunas en el proyecto. Además, refiere que, aunque se había previsto en la propuesta del Distrito una franja de bosque nativo de 200 metros, actualmente ese espacio no supera los 50 metros.
También menciona que efectuó ante la Municipalidad de Berazategui (nota N°1.539) y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (que dio origen al expediente administrativo N°EX2026-03907200-GDEBA-DGAMAMGP) una denuncia y un pedido de información para obtener datos que no han sido proporcionados a la comunidad de los trabajos iniciados.
Remata diciendo que la conducta desplegada por la comuna se contradice con su afirmación de que la norma cuestionada no es más que “un acto preparatorio”, pues ya se estaría aplicando su contenido.
VII.2. Corrido el pertinente traslado, el 18 de febrero de 2025, la apoderada de la demandada se opone a su procedencia.
Para empezar, sostiene que lo denunciado no reviste carácter novedoso, pues “la actora había alegado desde el inicio la existencia de movimientos de suelo en el predio, limitándose ahora a reiterar esa afirmación bajo mayor dramatización retórica”. Además, aduce que lo manifestado se sustenta exclusivamente en apreciaciones subjetivas derivadas de una constatación unilateral y de registros obtenidos mediante un dron, carentes de respaldo técnico independiente, pericial judicial o constatación administrativa que otorgue objetividad al relato.
A todo evento, indica que aun en la hipótesis de tener por ciertos los trabajos descriptos, ellos no alteran el marco normativo cuya constitucionalidad se debate, ni constituyen elementos decisivos para redefinir la litis.
Objeta la idea de que se haya agravado el peligro en la demora invocado originalmente por los demandantes, en tanto: no se ha demostrado daño actual irreparable, no se acreditó que las tareas observadas excedan intervenciones preliminares o estudios técnicos y no se probó su irreversibilidad.
En otro orden, refiere que las actividades que se están llevando a cabo fueron autorizadas por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, en el marco de los autos caratulados “Global Urbanization Group SA c/ Municipalidad de Berazategui s/ Medida cautelar autónoma o anticipada – otros juicios” (expte. N° 52.324), que actualmente se encuentran reservados.
En este sentido, explica que el 3 de octubre de 2025 se hizo lugar al pedido preventivo formulado por la empresa para que se le permita realizar en las parcelas de su propiedad, donde se emplazará el Distrito Eco – Urbano Berazategui Norte, las “tareas de saneamiento, destinadas a la fijación de los límites físicos, construcción de cercados y las obras que, de resultar necesarias, deban ser ejecutadas, debiendo atender la protección del medio ambiente y, en particular, de las especies de flora y fauna existentes en el área afectada, con expresa prohibición de tala o desmonte de árboles y arbustos, pudiendo, en caso de ser necesario, realizar tareas de movimiento de suelos en cuanto no se afecten áreas protegidas cercanas a la zona costera; y toda otra tarea necesaria para preservar el dominio pleno del predio, con expresa prohibición de comercializar acerca del proyecto inmobiliario, mientras la aprobación final del mismo permanezca pendiente por parte de la autoridad de aplicación”.
Para culminar, desconoce la documentación acompañada por la parte demandante y ofrece prueba en respaldo de su posición.
VII.3. En virtud de lo último anoticiado y pudiendo guardar dichos obrados alguna relación con el objeto de este proceso, el 20 de febrero del corriente, se requirió al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes la inmediata remisión a este Tribunal de las actuaciones que se ventilaban ante sus estrados, para su consulta y consideración.
Esta manda fue cumplida el 24 de febrero del corriente año.
VIII. Así las cosas, corresponde comenzar con el tratamiento de los planteos obstativos al progreso de la demanda impetrada.
IX. En primer lugar, es fácil advertir que en autos se presenta un supuesto de excepción (art. 685, CPCC) a la vigencia del plazo para la articulación de la demanda de inconstitucionalidad (art. 684, CPCC).
En efecto, de la simple lectura del escrito inaugural se evidencia que el objeto litigioso carece de contenido patrimonial, en tanto persigue la tutela de un bien colectivo como es el ambiente. A la luz de tales términos, es claro que aquí el interés procesal excede el puramente individual de cualquier sujeto que promueve un litigio de sustancia económica y se proyecta o compromete el de la comunidad en su conjunto.
En consecuencia, el planteo de extemporaneidad formulado por la Municipalidad de Berazategui debe ser rechazado (arts. 684 y 685, CPCC).
X. Despejada esa cuestión, es dable recordar que esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un interés real (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; I. 73.782, cit.). Es decir, que exista un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 342:853; e.o.) y que, aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que con posterioridad se torne abstracta (doctr. causa I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento (F.E.B.)", sent. de 29-II-2012 y sus citas).
En el caso de la acción originaria regulada en los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial se ha precisado que, si bien tiene como finalidad el dictado de una sentencia declarativa, tal declaración viene engarzada en un contexto fáctico determinado por el caso; con lo cual, tras la proclamación de inconstitucionalidad del precepto reputado lesivo de las normas superiores se ordena su inaplicabilidad a la situación de hecho en que se encuentra el actor.
La necesidad, entonces, de la configuración de un caso como requisito para entrar a conocer acerca del mérito o fondo de la cuestión propuesta es de la esencia de la función jurisdiccional en general y de esta acción originaria de inconstitucionalidad en especial, pues es a partir de su existencia que la pretensión constitucional cobra sentido.
Y, precisamente, existe caso en la materia bajo análisis si la petición excede el carácter simplemente consultivo y no comporta una indagación meramente especulativa, sino que corresponde a una controversia que busca enervar los efectos de las normas reputadas inconstitucionales (cfr. arts. 161 inc. 1 y 171, Const. prov., 34 inc. 4, 163 inc. 6, primera parte, 684, 685, 687 y 688, CPCC; doctr. causa I. 70.273, "Torres", resol. de 28-V-2010).
Ello así, en tanto la cuestión constitucional a dirimir debe presentarse como un instrumento idóneo para superar el obstáculo que deriva de la norma impugnada y lograr el reconocimiento o restablecimiento del derecho invocado por el litigante (conf. causas I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-V-1995; I. 1.985 "Gaspes", sent. de 26-V-2005; I. 70.273, “Torres”, resol. de 28-V-2010; I. 76.630, “Gil Quinterno”, resol. de 19-III-2021; I. 75.440, “Mancebo”, resol. de 21-X-2020; I. 75.687, “Asociación Protección del Mercado Común del Sur (PROCONSUMER)”, resol. de 20-XII-2022 e I. 77.485, “Zacarías”, resol. de 31-VII-2023, e.o.).
X.1. Conforme lo anterior, no deben perderse de vista dos circunstancias que revisten particular interés en este pleito y que dilucidan el punto bajo examen:
De un lado, el art. 685 del código ritual expresamente establece que esta acción podrá ejercitarse con una finalidad preventiva, disponiendo que en tales supuestos no operará el plazo de caducidad previsto en el art. 684 de aquel cuerpo normativo. Por tanto, se encuentra habilitada la posibilidad de entablar este tipo de demandas aun cuando no exista un daño actual y concreto.
De otro, en autos se alega un daño ambiental potencialmente irremediable, extremo que llama a la aplicación de los principios preventivo y precautorio, propios de la materia ambiental, ínsitos en la cláusula del art. 28 de la Carta local y consagrados expresamente en el art. 4 de la ley 25.675. Y es justamente en este terreno que la prevención tiene una importancia superior a la que se otorga en otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente se manifiesta en hechos que pueden provocar por su mera consumación un deterioro cierto e irreversible, de tal modo que permitir su avance y prosecución puede conllevar una degradación perceptible de la calidad de vida de los seres humanos (arts. 28, Const. prov.; 41, Const. nac.; 4, ley 25.675; doctr. causas I. 71.446, “Fundación Biosfera”, resol. de 24-V-2011; I. 70.249, “Bornic”, resol. de 29-VI-2016; I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 28-X-2015; I. 75.709, “Verón”, resol. de 5-X-2020 e I. 77.164, “Asociación Civil sin fines de lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA)”, resol. de 12-V-2023; CSJN Fallos: 332:663; 333:1849; 338:811; 339:142).
X.2. En este punto, es necesario señalar que el planteo introducido por la comuna mediante el cual pretende equiparar la norma atacada con un mero acto preparatorio no es de recibo.
Tal como la propia demandada alega en su contestación, en franca contradicción con aquella postura defensiva, la sanción de la ordenanza 6.552/24 supone el ejercicio del poder de policía que, en materia urbanística, tienen atribuidos los municipios según la Ley Orgánica de las Municipalidades. Ello, claro está, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias con las autoridades provinciales, a los efectos de verificar el grado de concordancia del precepto con los objetivos y estrategias definidos por el gobierno local y con el marco legal pertinente (conf. arts. 70 y 83, dec. ley 8.912/77).
X.3. Así pues, a la luz del carácter preventivo de la pretensión incoada, cuya viabilidad no queda subordinada a la comprobación de un daño concreto ya acaecido y provocado, sino a la situación de peligro o daño potencial que habilita una protección inmediata, la defensa previa deducida por la Municipalidad de Berazategui debe ser desestimada (arts. 28 y 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y 685, CPCC).
XI. Adentrándonos en el tratamiento de la excepción de falta de legitimación activa opuesta, es útil mencionar que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
En lo que aquí concierne, este Tribunal también ha distinguido aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva, se admite la legitimación de cualquier afectado, de un grupo o clase de personas o de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluriindividual (cfr. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs. Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003;
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