Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77164
I.77.164 “ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO FORO MEDIO AMBIENTAL (FOMEA) C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES -MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S/INCONSTITUCIONALIDAD 1) ORDENANZA MUNICIPAL NRO. 9949/19, DECRETO NRO. 1576/19 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO.1298/19”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, dijeron:
I. El Foro Medio Ambiental (FOMEA), a través de su apoderado, promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de: a) la ordenanza 9949/19 sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Nicolás, que establece un nuevo Código Urbano Ambiental (CUA) en el mencionado partido; b) el decreto de promulgación municipal 1298/19 y c) la resolución 1298/19 de convalidación emitida por el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ello, por considerar que las normas puestas en crisis vulneran los derechos y garantías consagrados en los arts. 1, 11, 12 inc. 1, 3 y 4, 15, 28, 44 y 57 de la Carta local, 41 de la Constitución nacional, como así también, los principios de orden público establecidos en la ley 25.675.
II.1. Comienza explicando que representa a una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto principal es precisamente la protección y cuidado del medioambiente en general. Así, sostiene que la titularidad indiferenciada y la afectación común, que distinguen a las situaciones de incidencia colectiva de otras con notas de exclusividad, modelan una habilitación adjetiva a favor de toda persona que invoque una disfunción ambiental, siempre que sus alcances y consecuencias indeterminadas ofrezcan un daño susceptible de particularizarse en ella como miembro del grupo afectado.
II.2. Luego, como antecedente, la actora relata que la comuna impulsó la sanción de un nuevo ordenamiento urbano mediante la ordenanza 9339/16, la que fue controvertida en el marco de los autos caratulados “Asociación Civil Foro Medio Ambiental c/ Municipalidad de San Nicolás s/ amparo” (expte. 114747/2017), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Junín.
A su vez, manifiesta que contra aquella norma efectuó una serie de oposiciones formales ante la Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial, previo a que se procediera a su convalidación por parte de la Provincia, formándose el expediente n° 2423-6579/2017.
Sin embargo, afirma que el municipio no solo desoyó las objeciones por ese entonces realizadas, sino que también aprobó sobre tablas la ordenanza 9949/19, la cual aparenta tener una regulación distinta a su proyecto antecesor, pero en verdad replica íntegramente su contenido. Bajo tal entendimiento, puntualiza una serie de irregularidades en el procedimiento llevado adelante por la demandada que invalidarían los preceptos aquí impugnados.
Así, señala que el nuevo Código se dictó sin la debida participación ciudadana y sin brindar la pertinente información pública, pese a lo expresado por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbano en las actuaciones administrativas arriba mencionadas.
Al mismo tiempo, destaca que el CUA es netamente regresivo, toda vez que sustrae un amplio territorio del Parque “Rafael de Aguiar” al desmembrar en cinco zonas -C/PP5, C/PP6, R/PP7, U/PP1 y U/CPa1- lo que antes constituía una unidad de conservación ambiental y que desconoce la normativa preexistente, que estructuraba una serie de rígidas prohibiciones de carácter protectorio y otorgaba el carácter de reserva natural al predio.
Puntualiza que la derogación implícita -por introducir una regulación “en blanco”- de las ordenanzas 14/59, 2576/89, 3629/94, 3691/94, 4350/97, 4493/98, 5131/00, 5192/00, 5276/01, 5627/02 y 8235/12 permite avanzar y modificar el ecosistema de la reserva, cuya alteración antrópica privará de los servicios ecosistémicos que ésta ofrecía, afectará directamente lo que se conoce como “corredores biológicos” y transformará el paisaje nativo privando de su goce a las generaciones futuras.
Formula una consideración semejante en relación a los usos del suelo. En este sentido, arguye que si bien en el punto 4 del CUA (“Patrimonio”) se menciona al parque en cuestión como un área de interés ambiental, la descripción genérica de su valor y la falta de formas de preservación concretas conduce a estimar que sólo se trata de un enunciado de buenos propósitos, carente de contenido actual.
En otro orden, manifiesta que existen numerosas contradicciones e inconsistencias entre las delimitaciones de zonas trazadas en el texto del ordenamiento y los planos adjuntos, lo que se traduce en notorios cercenamientos del real territorio que conformaba la antigua reserva.
Específicamente, hace referencia -entre otras cuestiones- a: i] la zona C/PP5 que vulnera la preservación del patrimonio natural al permitir construcciones que antes se prohibían y al establecer que su uso podrá variar ante la mera solicitud de la Municipalidad o de los propietarios de las parcelas, en contraposición a lo dispuesto en las ordenanzas 4493/98, 5627/02 y 8235/12; ii] las zonas C/PP5, C/PP6, U/CPa1 y U/PP1, en donde se suprime la restricción de la edificación establecida en la ordenanza 5192/00, desprotegiéndose así las barrancas; iii] la descripción de la demarcación del predio que ocupa el Club de Regatas, cuyo límite se fija en el Río Paraná, ocupando una superficie que pertenecía al Parque “Rafael de Aguiar”; y iv] la zona U/PP1 que, al extenderse hasta la costa del Río Paraná, incorpora parte del sector insular a su diseño, pudiendo realizarse allí edificaciones en donde antes era la reserva.
Por otra parte, se agravia de la falta de zonas de amortiguación que separen y protejan a la población de las áreas industriales y/o portuarias. Al respecto, asevera que en los espacios disponibles al efecto se estableció una franja de Reserva de Interés Urbano -R/IU-, que autorizará en un futuro ampliar el sector portuario y/o industrial hasta las zonas residenciales densamente pobladas.
En efecto, estima que estas discordancias darán lugar a especulaciones inmobiliarias que degradarán los ecosistemas y el paisaje nativo que anteriormente se encontraba tutelado.
Aduce también que en cuanto a la instalación de establecimientos calificados como de tercera categoría, el CUA determina una irrisoria distancia de seguridad de 200 metros de los centros educativos, de salud, de esparcimiento y/o residenciales, mientras que estudios científicos demuestran que la distancia mínima de protección debe estimarse alrededor de los 1.000 metros.
A lo expuesto, añade la ausencia de previsión de instancias de participación ciudadana en la nueva normativa para todos los futuros actos administrativos de ordenamiento territorial. De esta manera, a su parecer, se estaría incurriendo en una doble vulneración de este derecho. Cita como ejemplo de ello, lo establecido en el punto 6.11.3 del código en relación a los Estudios de Impacto Urbano Ambiental.
Concluye, en consecuencia, que los vicios de inconstitucionalidad del actual Código Urbano Ambiental del Partido de San Nicolás van desde defectos formales en el proceso de elaboración de la ordenanza 9949/19 hasta materiales o de “contenido regulatorio”, por la desarticulación del área que pertenecía al Parque “Rafael de Aguiar”, protegida anteriormente como reserva natural.
Todo esto, pese a que el código se redacta bajo el título de “ambiental”, siendo notable la ausencia de previsiones concretas y eficaces que garanticen la efectividad del art. 28 de la Constitución provincial; falencia que -a su modo de ver- se plasma en el hecho de no incluirse siquiera alguna mención sobre el tema dentro del catálogo de “objetivos”.
Respecto de la resolución 1298/19 de convalidación emitida por el Ministro de Gobierno de la Provincia, alega que invade las facultades delegadas al Estado nacional por derogar implícitamente los presupuestos mínimos de no regresión y de congruencia establecidos en el art. 4 de la ley 25.675.
II.3. Por último, solicita que se ordene a título cautelar la suspensión de los efectos de la ordenanza 9949/19 y la restitución de la vigencia de la ordenanza 2590/89. Subsidiariamente, peticiona la suspensión de la creación de las zonas C/PP5, C/PP6, R/PP7, U/CPa1, U/PP1 y R/UE8, que desmembraron la reserva natural del Parque “Rafael de Aguiar” y lo dispuesto en torno a la posibilidad de radicar industrias calificadas como de tercera categoría a una distancia de 200 metros de los centros educativos, deportivos, asistenciales o residenciales, elevando aquella brecha a 1.000 metros. Todo ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos.
III. Con fecha 25 de junio de 2021 comparece el apoderado de la Municipalidad de San Nicolás, contesta demanda y se opone al dictado del remedio preventivo requerido.
IV. A su turno, el día 30 de junio de 2021 el Asesor General de Gobierno se presenta y refuta el cuestionamiento constitucional esgrimido.
V. Luego, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), los señores Damián Voglino y Jorge Liotta y la señora Beatriz Giacosa se presentan espontáneamente al proceso y solicitan que se los autorice a participar en calidad de Amigos del Tribunal, conforme lo establecido en la ley 14.736 y el Acuerdo SCBA 3977/20 (v. escritos electrónicos de fechas 4-VIII-2021 y 10-IX-2021).
VI.1. Encontrándose los autos para resolver la medida precautoria requerida, se presenta la parte actora y denuncia -como hecho nuevo, en los términos del art. 363 del Código Procesal Civil y Comercial- la sanción de la ordenanza 10.397/21, que crea el denominado “Ecoparque San Nicolás”.
En línea con su argumentación principal, sostiene que este precepto consuma parte de las ilegalidades incurridas con la entrada en vigencia del nuevo código de ordenamiento urbano aquí controvertido y que, además, resulta regresiva en materia ambiental. En particular, arguye que se ha excluido de la zona de protección a las barrancas del Río Paraná, circunstancia que encuentra plasmada -según su parecer- en lo dispuesto en el art. 1° de la mentada norma.
Asimismo, afirma que también se han cometido ciertas irregularidades en el trámite seguido para su sanción, como la falta de respuesta a la oposición formulada ante el Concejo Deliberante y la ausencia de participación ciudadana.
Por otro lado, acusa que se estarían llevando a cabo grandes obras turísticas con fines urbanísticos y especulativos que alterarían significativamente el ecosistema que antes se hallaba protegido.
En base a ello, a fin de alcanzar la inmediata protección del “Parque Rafael de Aguiar”, circunscribe su petición cautelar a la suspensión de la creación de las zonas C/PP5, C/PP6, R/PP7, U/CPa1 y U/PP1, que de acuerdo a su punto de vista han desmembrado la reserva natural. A su vez, solicita la suspensión de los efectos de la ordenanza 10.397/21 y la ejecución de cualquier obra dentro del territorio delimitado por la ordenanza 8235/12.
VI.2. Corrido el traslado correspondiente, el día 11 de marzo de 2020 el apoderado de la Municipalidad se resiste a la incorporación del hecho nuevo traído por la demandante, aduciendo que el código atacado en autos brinda un marco normativo que sirve de herramienta estratégica para desarrollar gestiones y acciones en un contexto urbano-ambiental cambiante.
De esta manera, esgrime que, tal como se explica en los considerandos de la ordenanza 10.397/21 ahora en pugna, se debían modernizar las disposiciones que regulaban las distintas zonas y usos de la reserva natural de San Nicolás para adecuarlos a las nuevas necesidades de la comuna, máxime cuando dicha reserva se ha convertido en el principal centro de recreación y turismo para sus habitantes y visitantes.
Recuerda que mediante la ley 6.073 y sus modificatorias, la Provincia de Buenos Aires transfirió al municipio, en carácter de donación y afectándolo a su jurisdicción, el dominio del grupo de islas situadas frente a la ciudad cabecera del Partido con cargo específico de destinarlas para el parque forestal botánico, así como para recreo y esparcimiento público y demás fines de interés general (art. 2).
Remata exponiendo que, toda vez que el actual ordenamiento urbano ambiental requiere la definición específica de la zonificación como así también la determinación de límites espaciales y tipos de uso de suelo según los objetivos asignados a cada sector, la ordenanza 10.397 -cuyo texto completo se adjunta- pretende instrumentar la integración de la zona de reserva a la ciudad con criterios de sustentabilidad y protección de las áreas de interés ecosistémico especial.
VI.3. Por su parte, el señor Asesor General de Gobierno, pese a estar debidamente notificado, guardó silencio.
VII. Con fecha 12 de julio del corriente año, estimando que resultaba necesario contar con mayores elementos de juicio que permitan analizar acabadamente el remedio preventivo solicitado por la actora y las restantes cuestiones suscitadas en la controversia, este Tribunal ordenó como medida para mejor proveer la remisión de una serie de informes a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, a la Municipalidad de San Nicolás y al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Ínterin, atento la naturaleza de los derechos en juego, se dispuso la suspensión con carácter precautelar de la aplicación y efectos de los puntos 8.6.2.5.1, 8.6.2.5.2, 8.6.3.5.1, 8.6.1.2.7 y 8.6.1.7.1 del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9949/19.
VII.1. Contra dicho pronunciamiento, el municipio demandado dedujo recurso de revocatoria (v. presentación electrónica de fecha 3-VIII-2022), el cual fuera sustanciado en virtud de lo dispuesto en los arts. 198 y 240 del Código Procesal Civil y Comercial y contestado por la parte actora el día 17 del corriente mes y año.
VII.2. Por su parte, la asociación demandante denunció el incumplimiento de la tutela precautelar referida (v. presentación electrónica de fecha 4-VIII-2022), lo que motivó el dictado de la resolución de fecha 10 de agosto de 2022, mediante la cual se intimó a la comuna a dar inmediato cumplimiento a aquella, aclarando que ello suponía la paralización de las obras o trabajos que se ejecuten como consecuencia de lo previsto en los puntos 8.6.2.5.1, 8.6.2.5.2, 8.6.3.5.1, 8.6.1.2.7 y 8.6.1.7.1 del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9949/19, cuya vigencia y aplicación se encuentra provisoriamente suspendida.
VII.3. Dicha decisión provocó la interposición por la demandada de un nuevo recurso de reposición, en donde reiteró los términos del primer remedio incoado. Allí, manifestó que –a su entender- no se hallaban reunidos los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora necesario para la concesión de la medida decretada.
VII.4. En cumplimiento del requerimiento efectuado, el 16 de agosto del corriente, la Municipalidad de San Nicolás acompañó la documentación peticionada el 1° de agosto de 2022, mediante oficio. Atento el volumen de los elementos remitidos y siendo que las presentaciones por medio de las cuales se adjuntan los respectivos archivos no contienen texto, por el buen orden del proceso y previo a su incorporación, se ordenó que el municipio confeccionara, en el plazo de cinco (5) días, un índice que permita la correcta individualización y localización de toda la documental arrimada a juicio (v. proveído de fecha 16-VIII-2022).
Es así que la parte demandada dio cumplimiento nuevamente a lo solicitado. Luego, se presentó espontáneamente y objetó las alegaciones vertidas por la actora en su réplica al primer recurso de reposición deducido (v. presentaciones electrónicas de fechas 17-VIII-2022 y 19-VIII-2022, respectivamente).
VII.5. Posteriormente, la actora contestó el traslado conferido del segundo planteo recursivo esbozado por el municipio (v. escrito electrónico de fecha 21-VIII-2022).
VIII. En este estado de cosas, pasan los autos al Acuerdo.
Corresponde entonces abocarse al tratamiento de: a) la admisibilidad del hecho nuevo denunciado por FOMEA, atento su eventual incidencia en la pretensión principal y, en particular, en el remedio preventivo perseguido; b) los recursos de reposición interpuestos por la demandada los días 3 y 12 de agosto de 2022 y, si resulta oportuno, la solicitud de tutela precautoria articulada por la demandante y c) las peticiones formuladas por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el señor Damián Voglino y la señora Beatriz Giacosa.
IX.1. En los procesos de conocimiento ordinario que disciplina el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, esencialmente gobernados por el principio dispositivo, les corresponde a las partes determinar el alcance del conflicto a dirimir de acuerdo a los hechos alegados y controvertidos en sus escritos postulatorios.
Es por ello que la modificación o ampliación de la demanda -y, por tanto, la prueba que corresponda acompañar u ofrecer, según el caso, para respaldar los hechos invocados- solo puede formularse, en principio, antes de la notificación de la demanda (cfr. primero y segundo párrafo del art. 331, CPCC).
Sin embargo, si la ampliación se fundare expresa o implícitamente en hechos posteriores a la traba de la litis o estos fueran anteriores, pero hubieran sido conocidos por las partes luego del referido estadio procesal, podrán ser denunciados en el juicio como hechos nuevos (cfr. tercer párrafo del art. 331, CPCC). El ordenamiento de rito establece que serán admitidos siempre que tuvieran relación con la cuestión controvertida, pudiendo ser alegados hasta cinco días después de dictado el auto de apertura a prueba (art. 363, CPCC), etapa procesal que todavía no se ha decretado en la causa.
A esto cabe añadir que, en el proceso especial de la acción originaria de inconstitucionalidad, la Suprema Corte ha considerado -aun de oficio- las modificaciones legislativas que incidieron sobre la vigencia de las normas controvertidas por esta vía (cfr. causas I. 2.284, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 21-XII-2012; I. 71.858, "Figueroa Alcorta", sent. de 6-VIII-2018; I. 2.033, "Ferro", resol. de 19-XII-2014; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 69.020, "Intendente Municipal de Brandsen", sent. de 21-XI-2018; I. 73.059, "Liminal", sent. de 20-III-2019, e.o.).
Cierto es que la valoración de tales elementos, con potenciales implicancias en el derecho invocado en el curso del pleito, no autoriza a exceder los términos de la relación procesal ni a decidir acerca de cuestiones respecto de las cuales las partes no hayan podido ejercer su derecho de defensa. En ese sentido, ante el cambio normativo que altera sustancialmente el objeto de la pretensión, la Suprema Corte también ha considerado la falta de petición expresa de la parte interesada en perseguir la impugnación de la nueva norma, limitándose a declarar inoficioso el pronunciamiento relativo a la validez de la que ha dejado de regir, pero sin avanzar sobre aquella que la reemplaza y no ha sido oportunamente controvertida en el proceso (cfr. causas I. 3.089, "Formatos Eficientes S.A.", sent. de 9-XII-2009; I. 2.264, "Aguas de la Costa S.A.", sent. de 28-XII-2010; I. 2.364, "Emaco SRL" e I. 2.248, "Emaco SRL", ambas sents. de 27-VI-2012; e.o.).
IX.2. Bajo estas premisas cabe ponderar, de un lado, que la ordenanza 10.397/21 ha sido promulgada el día 29 de diciembre de 2021; esto es, con posterioridad a la promoción de la presente demanda de fecha 31 de mayo de 2021. Y de otro, que su objeto se vincula de manera directa con la presente controversia, al introducir una nueva regulación en una de las zonas presuntamente afectadas tras la sanción del Código de Ordenamiento Urbano impugnado. A lo dicho se suma que ambas partes coinciden en que el dictado del referido precepto responde a los parámetros es
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