Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77164
I.77.164 “ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO FORO MEDIO AMBIENTAL (FOMEA) C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES -MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA MUNICIPAL NRO. 9949/19, DECRETO NRO. 1576/19 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO.1298/19”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Carral dijeron :
I. Con fecha 18 de octubre de 2022, se presenta el apoderado de la Asociación Civil sin Fines de Lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA) denuncia un nuevo incumplimiento de la medida precautelar dictada por este Tribunal el día 12 de julio de 2022 y solicita que se articulen las acciones correspondientes para que la Municipalidad de San Nicolás se ajuste a la manda recaída en autos y paralice todas las obras en ejecución en las áreas protegidas.
Al respecto, cabe recordar que, ante un pedido similar al presente, el 10 de agosto del corriente se intimó a la comuna a acatar de manera inmediata el remedio preventivo decretado. Asimismo, el día 31 de aquel mismo mes, se desestimaron los recursos de revocatoria interpuestos por el municipio contra lo oportunamente ordenado.
II. En esta ocasión, la asociación actora manifiesta que la demandada no solo continuó ejecutando las obras que estarían alcanzadas por la medida dispuesta en autos, sino que se han colocado incluso más maquinarias en la zona y se dio inicio a nuevos trabajos en otros puntos del Parque Rafael de Aguiar.
A su vez, alega que la Municipalidad continuó con el desmonte del bosque nativo -categoría I, de acuerdo a lo establecido en la ley 14.888- sobre el terreno emplazado en la intersección del Arroyo del Medio y el Arroyo Yaguarón, que se ubica dentro de la reserva natural. Explica que donde antes había bosque nativo, hoy se han colocado "árboles de lata" y que los movimientos de suelo provocan que los cuerpos de agua se rellenen.
Finalmente, acompaña fotografías y videos en respaldo de los hechos descriptos.
III. El 20 de octubre de 2022, comparece de manera espontánea el apoderado de la parte demandada y contesta la denuncia formulada.
Expone que, contrario a lo sostenido por FOMEA, el municipio se encuentra cumpliendo la medida precautelar ordenada. Así pues, relata que al recobrar vigencia la ordenanza 2.590/89, también han resurgido las normas de zonificación allí establecidas, que no impiden la realización de los trabajos señalados por la actora.
En otro orden, insiste que cualquier intervención que la comuna efectúe o pueda llevar a cabo en la zona del "Ecoparque" es para garantizar la seguridad de las personas que utilizan el parque con fines de esparcimiento o recreación y minimizar cualquier daño que pueda producirse en el área.
IV. El día 11 de noviembre del corriente año, frente a las reiteradas denuncias de incumplimiento de la medida precautelar adoptada por el Tribunal y lo expuesto por la Municipalidad demandada al contestarlas, se dispuso, con suspensión del pase al acuerdo decretado, la realización de un reconocimiento judicial del estado del lugar objeto de controversia, a fin de recabar los elementos necesarios para decidir las cuestiones planteadas en este pleito (arts. 36 inc. 2 y 477 inc. 1, CPCC).
De esta manera, se requirió a la Dirección General de Asesoría Pericial, que comunique el nombre de los profesionales que intervendrían en la diligencia, resultando designado el perito arquitecto Eduardo Pena y la perito agrimensora Verónica Gigante (v. oficio electrónico y su respuesta, ambos de fecha 17-XI-2022).
En ese contexto, la asociación civil efectúo una serie de presentaciones, mediante las cuales reiteró la denuncia de incumplimiento ya realizada, acusó a la comuna de estar retirando la maquinaria del lugar antes de que se lleve a cabo la constatación judicial y, asimismo, adjuntó fotografías y videos tomados en aquella zona (v. escritos electrónicos de fechas 16-XI-2022 y 17-XI-2022)
V. Practicado el reconocimiento ordenado, se labró la correspondiente acta, que fue suscripta por el Secretario de Demandas Originaria y Contencioso Administrativo de esta Corte con fecha 22 del mismo mes y año.
VI. Aquel día, la actora puso en conocimiento de este órgano nuevos hechos de inobservancia de la medida precautelar y acompañó prueba en respaldo de sus dichos. Así, manifestó que "los días 19, 20 y 21, luego de la ejecución de la medida para mejor proveer, en la zona de ingreso a la Isla Ballesteros se registraron movimientos frenéticos de descarga y transporte de escoria al sector islas para continuar allí con la ejecución de obras prohibidas". En atención a esto, solicitó el inmediato retiro de toda maquinaria pesada y camiones de carga del ámbito del "Parque Rafael de Aguiar".
Por su parte, el 24 de noviembre pasado, la Municipalidad contestó espontáneamente las alegaciones vertidas por el apoderado de FOMEA. En su presentación, explica que las obras en ejecución "corresponden a una obligación del Departamento Ejecutivo Municipal respecto a garantizar la seguridad de los visitantes, ya que aseguran un correcto traslado a la zona de playa", dado que, por la morfología del lugar y por la cantidad de usuarios que lo visitan, se hace riesgoso su traslado en barcazas. Luego, insiste en que la ordenanza 2.590/89, que establecía el anterior régimen de zonificación y que habría recobrado su vigencia ante la suspensión preventiva de los puntos del nuevo ordenamiento territorial que fueran oportunamente identificados, no impide la realización de los trabajos plasmados en las imágenes agregadas por la demandante.
Acto seguido, la parte actora aduce que "los días 22 y 23 de noviembre de 2022 la Municipalidad de San Nicolás continuó con la ejecución de obras que se encuentran prohibidas por la medida precautelar, en esta oportunidad instalaron un puente fijo de grandes dimensiones ubicado en la vera del Arroyo Yaguarón". A la par, en contraposición con lo expuesto por el municipio, arguye que las obras impulsadas generan un mayor riesgo para la población nicoleña (v. presentación electrónica de fecha 24-XI-2022 a las 08:21:10 y 09:39:42 a.m.).
Estos argumentos fueron inmediatamente resistidos por la comuna, quien sostuvo que los trabajos de acondicionamiento y puesta en funcionamiento de los balnearios en la ribera del Río Paraná coinciden con la actitud adoptada por los gobiernos de otras ciudades como Corrientes, Ituzaingó, Rosario, Encarnación y Piedras Blancas, que buscan proveer a sus habitantes de un espacio de esparcimiento seguro. En este sentido, culminó su exposición afirmando que "la intervención realizada por el Departamento Ejecutivo en pos de ello representa el 1,5 % de la superficie sin hacer grandes obras que dañen el medioambiente" (v. presentación electrónica de fecha 24-XI-2022 a las 09:50:29).
Finalmente, refuerza su posición afirmando que las tareas que se estarían desarrollando en lo que anteriormente fue delimitado como zona de esparcimiento por la ordenanza 2.590/89 no violan la medida precautelar dictada, en tanto el mencionado precepto permite la instalación de cualquier tipo de elementos, señalándose como único requisito que la obra se ejecute bajo la supervisión municipal. A su vez, insiste en que la actora ha equivocado su reclamo, ya que no se condice con las medidas por ella solicitadas, excediendo estas el marco legal de la acción entablada (v. presentación electrónica de fecha 28-XI-2022).
VII. El 24 de noviembre de este año, además, el Agente Fiscal Titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 13 del Departamento Judicial de San Nicolás -en el marco de la I.P.P. N° PP-16-00-013530-22/00 caratulada: "Municipalidad, San Nicolás - Fernández Ana Beatriz (Denunciante). Abuso de autoridad", requirió la remisión de la constancia de notificación de la resolución de fecha 12 de julio del año en curso recaída en la presente causa, como así también un informe detallado del estado del expediente y de toda actuación posterior al mencionado resolutorio. Requisitoria que fuera evacuada al día siguiente de recibirla.
VIII. Finalmente, los expertos intervinientes en el pleito presentaron su informe pericial el 25 de noviembre pasado.
IX. En estas condiciones, pasan los autos al acuerdo, con el fin de resolver las nuevas denuncias de incumplimiento de la medida precautelar decretada con fecha 12 de julio de 2022 y su posterior ratificación.
X. Del acta del relevamiento realizado y las imágenes fotográficas adjuntas, surgen una serie de datos relevantes para dilucidar el conflicto suscitado en la especie. Veamos.
En primer lugar, en la bajada náutica emplazada sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, a simple vista se pudo observar la existencia de huellas de maquinarias pesadas. Asimismo, se dejó constancia que se trataba del mismo sitio registrado en los archivos de video adjuntados por la parte actora a su presentación del 17 del corriente, supuestamente tomados ese mismo día, en el que se ve maniobrar en esa explanada a una máquina retroexcavadora. También se verificó que, en la orilla opuesta del arroyo Yaguarón, había grandes montículos de material de color gris oscuro (v. fotos 1, 2, 3 y 4 del acta de fecha 22-XI-2022).
Luego, que el camino construido en la Isla Ballesteros que parte desde lo que fue identificado como un arco hecho con troncos, con la leyenda "San Nicolás", se encuentra elevado con relación al terreno circundante, que su superficie, en parte del trayecto, está consolidada con un material semejante al apilado a la vera del mencionado arroyo y que en algunos tramos divide dos espejos de agua, pudiendo sostenerse que de no existir esta obra se mantendrían unidos o conformarían un humedal (v. fotos 10, 11 y 12 del acta de fecha 22-XI-2022).
En otro orden, en las dos playas ubicadas en la Isla Ballesteros -una de ellas, denominada "El Arenal"- se visualizó la construcción de paradores, levantados con chapas, en donde había operarios trabajando (v. fotos 15 a 23 del acta de fecha 22-XI-2022).
Finalmente, se constató la presencia de máquinas viales y más personal realizando diversas tareas en la parte conocida como "costanera alta", que culmina con la salida del "Eco Parque San Nicolás" en el tramo comprendido entre las calles Gil Medina y Marconi, conforme lo previsto en el Plano N°2 del Código de Ordenamiento Urbano.
XI. Del dictamen pericial elaborado por los expertos intervinientes en autos, por su parte, también se desprende -en detalle- que las tareas realizadas en el camino costero del Ecoparque lindero al Río Yaguarón y en la zona costera de la isla frente al puente flotante del mencionado curso de agua fueron ejecutadas con posterioridad al dictado de la medida precautelar y de la resolución del 10 de agosto de 2022 que intimaba a su cumplimiento. Precisamente se trata de la zona que va desde el camino que conecta el lugar en donde se halla el mencionado puente hasta la playa localizada sobre el Río Paraná Guazú y en la propia playa.
Vale aclarar que frente a la imposibilidad de establecer de manera precisa la antigüedad de las obras, en tanto los expertos explican que no existe un método científico que permita su determinación con exactitud, se tuvieron en consideración no solo los elementos recabados en el relevamiento in situ , sino también la prueba documental ofrecida por las partes y las imágenes satelitales que ofrece el programa Google Earth registradas en distintas fechas como puntos de referencia.
XII. En este estado de cosas, de los elementos arrimados a la causa, del reconocimiento judicial llevado a cabo el día 18 de noviembre de 2022, del informe pericial confeccionado por los expertos y del material fotográfico y audiovisual acompañado por la parte actora, se encuentra comprobado que el municipio demandado, pese a haber sido fehacientemente notificado de la manda y habérsele intimado para que proceda a su debido cumplimiento (v. oficio electrónico del día 15-VII-2022 y notificación electrónica librada con fecha 10-VIII-2022), ha desoído la protección preventiva adoptada por este Tribunal con fecha 12 de julio de 2022, con la aclaración formulada en la resolución del 10 de agosto del mismo año, en donde se establece expresamente que la medida precautelar dispuesta supone la paralización de las obras o actividades que han sido autorizadas tras la sanción del Código Urbano Ambiental, lo que constituye una consecuencia natural de haberse admitido un remedio precautorio que tiene por objeto suspender los efectos de una norma cuya constitucionalidad se debate en el presente proceso.
Incluso, a la luz de las manifestaciones recientemente vertidas por el municipio en la presentación electrónica del 28 de noviembre pasado, en donde luego de negar expresamente que hubiere incumplido la manda, expone que "toda vez que al suspenderse la aplicación de esos cinco puntos de CUA, cobra vigencia la aplicación de la anterior Ordenanza de Zonificación 2.590, la cual no impide la realización de los trabajos plasmados en la imágenes agregadas por la parte actora", se advierte que ni siquiera resulta un hecho controvertido el avance y continuación de las obras en cuestión, sino que tal accionar quedaría -a su modo de ver- justificado de acuerdo a la interpretación que procura otorgarle a la ordenanza 2.590/89, que regulaba antiguamente el área en estudio.
No obstante, una correcta inteligencia de la tutela recaída en la litis, junto con los principios preventivo y precautorio imperantes en materia ambiental, conllevan a afirmar que mal podría interpretarse que las obras ejecutadas por la Municipalidad, que han nacido al amparo de los puntos del Código de Ordenamiento Urbano que se encuentran actualmente suspendidos, se podrían continuar desarrollando ante el eventual e hipotético caso de no encontrarse tales tareas presuntamente prohibidas por la ordenanza 2.590/89 (arg. arts. 41 y 75 inc. 22, Const. nac.; 28, Const. prov.; 4 y 32, ley 25.675).
Al respecto, de la lectura de la ordenanza 2.590/89 surge que para los apartados que regulan el uso del suelo en las zonas identificadas como "E" -zona de esparcimiento- y "ReE" -bañados e islas- (que presuntamente coincidirían con las áreas resguardadas por la suspensión precautelar decretada por este Tribunal), se prevé que las construcciones deben ser "asimilables al entorno natural". De las constancias reunidas en el expediente no resulta concluyente que todas ellas cumplan, prima facie , con esa condición, ni el municipio se ha esforzado en acreditarlo.
A lo que cabe agregar que la ordenanza 5.627/02 define el alcance de la zona indicada como "ZRN Zona de Reserva Natural" -conforme lo previsto en la ordenanza 5.131/00-, sobre el concepto que en la ley 10.907 se encuadra como "Zona de Uso Extensivo". Allí, específicamente, se dispone que "no estará permitida la modificación de niveles topográficos ni rellenado artificial de ninguno de los cuerpos de agua. La calidad de los cuerpos de agua deberá supervisarse periódicamente con el fin de detectar alteraciones que resultaren de la actividad humana, y que pudieren interferir con la conservación del ambiente o poner en riesgo la salud de las personas. En la zona de islas caracterizada como zona de reserva natural, se prohíbe la circulación de vehículos terrestres motorizados" (art. 2).
De esta manera, con la provisionalidad inherente a esta instancia liminar del proceso, puede deducirse que la línea argumental seguida por la Municipalidad en esta parcela de su defensa no resulta de recibo.
XIII. Siendo esto así, las nuevas denuncias de incumplimiento de la medida cautelar dictada en autos efectuadas por la actora, deben ser admitidas (conf. arts. 34 inc. 5, 198 y 202, CPCC).
Corresponde pues que la Municipalidad demandada cumpla de inmediato la aludida determinación judicial, debiendo -por consiguiente- paralizar todas las obras o trabajos que se ejecuten como consecuencia de lo previsto en los puntos 8.6.2.5.1, 8.6.2.5.2, 8.6.3.5.1, 8.6.1.2.7 y 8.6.1.7.1 del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9.949/19 y en las zonas allí comprendidas, a excepción de aquellas ya comenzadas y que propendan estrictamente a garantizar la seguridad de las personas que transitan por dichos espacios públicos (arts. 34 inc. 5, 135 inc. 5, 198 y 202, CPCC).
Dado lo verificado, deberá remitirse una copia de la presente resolución, certificada por el Secretario de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo del Tribunal, a la Unidad Funcional de Instrucción N°13 del Departamento Judicial de San Nicolás, por encontrarse interviniendo en el marco de la IPP N° PP-16-00-013530-22/00 caratulada: "Municipalidad, San Nicolas - Fernández, Ana Beatriz (Denunciante). Abuso de autoridad", a sus efectos.
Asimismo, se encomendará al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas dispuestas en autos por esta Suprema Corte (conf. ptos. 1, 2 y 10, ap. "Acciones - Dirección de Asuntos Contenciosos", Anexo II, decr. 89/22).
Finalmente, a los fines de informar acerca del estado de situación y avanzar propuestas tendientes a la implementación de un plan de manejo sustentable del área natural, atendiendo a los bienes ambientales así como a los intereses de la comunidad local implicados, se convocará a audiencia por Presidencia (art. 125 y concs., CPCC).
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a los fundamentos expuestos por los colegas que me preceden, sin perjuicio estimo que no abastecen en forma eficaz la tutela judicial que el derecho a un ambiente sano requiere (conf. arts. 28 de la Const. Provincial, arts. 41 y 43 de la Const. Nacional; arts. 4, 7, 32 y 35 de la Ley 25.675 y 8 del Acuerdo de Escazú -ratif. Ley 27.566).
Asimismo, quisiera agregar que en materia ambiental el paso del tiempo consume el derecho, por lo tanto, la dilación en la toma de medidas expeditivas, protectorias y cautelares o su incumplimiento, una vez ordenadas, perjudica no sólo a la generación actual sino a las venideras en detrimento de la protección del ambiente y de la salud de la sociedad.
II. En orden a esto y al incumplimiento reiterado a la orden expedida por la máxima autoridad judicial de la provincia, dados a conocer en el voto que antecede, estimo necesario que junto con las acciones propuestas -las que comparto-, sea dispuesta la clausura inmediata de las obras ejecutadas y que se estén ejecutando en los sitios alcanzados por la tutela otorgada y retirar inmediatamente del espacio determinado en los artículos cuya vigencia se encuentra suspendida todas las máquinas viales, vehículos, camiones y cualquier clase de equipamiento afectado a las labores interdictas por la medida precautelar decretada en este proceso (arts. 34 inc. 5, 135 inc. 5, 198 y 232, CPCC). Una vez cumplido con ello, el municipio deberá arbitrar los medios que estime corresponder para garantizar la seguridad de las personas que transitan por dichos espacios públicos.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Kohan dijo:
En oportunidad de desempeñarme como Juez del Tribunal en lo Criminal N°5 del Departamento Judicial de San Isidro, me expedí en el marco del expediente "Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida C/EIDICO SA s/amparo", con fecha 12 de mayo de 2008. Allí dejé sentada mi posición -que mantengo-, sobre la perspectiva desde la cual deben abordarse y juzgarse las cuestiones ambientales. Por razón de brevedad, me remito a lo dicho en esa oportunidad.
Por tal motivo, ratificando el compromiso que supe suscribir en aquella resolución, entiendo que se debe actuar en consecuencia, velando por los intereses que en este caso están en juego. Es por ello que presto mi adhesión a la propuesta decisoria del doctor Torres, por sus fundamentos, entendiendo además que resulta necesario reafirmar la imperiosidad que tiene el acatamiento de las decisiones de esta Corte, lo que me lleva a compartir en un todo el sufragio del aludido Magistrado.
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.