Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77164
I.77.164 “ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO FORO MEDIO AMBIENTAL (FOMEA) C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA MUNICIPAL NRO. 9949/19, DECRETO NRO. 1576/19 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO.1298/19”
I. Con fecha 12 de mayo de 2023, esta Suprema Corte dispuso -entre otras medidas- la suspensión con carácter cautelar de los puntos 8.6.2.5.1, 8.6.2.5.2, 8.6.3.5.1, 8.6.1.2.7 y 8.6.1.7.1 del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9.949/19 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos (arts. 204, 230, 232, y concs., CPCC) y la clausura de las obras ejecutadas y que se estén ejecutando en los sitios alcanzados por la tutela allí adoptada; se afirmó que ello incluía los puentes de acceso vehicular a la zona insular y los caminos vehiculares que conducen a las playas “Barranquitas” y “El Arenal”. Asimismo, se ordenó que se retiren del espacio determinado en los artículos cuya vigencia se suspendía todas las máquinas viales, automóviles, camiones y cualquier clase de equipamiento afectado a las labores interdictas. Se dejó a salvo de la prohibición el tránsito peatonal autorizado a circular dentro del parque, de conformidad con lo precisado en el punto XIV.1.b. de esa resolución (arts. 34 inc. 5, 135 inc. 5, 198 y 232, CPCC).
Es así que, luego de que la demandante prestara caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que el remedio otorgado pudiese ocasionar, se hizo efectiva la medida decretada y se notificó lo decidido a la comuna para su debido cumplimiento (v. presentación electrónica y oficio electrónico, de fecha 15-V-2023 y 16-V-2023, respectivamente).
II.1. El día 24 de mayo de 2023, se presenta el apoderado de la Asociación Civil sin Fines de Lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA), denuncia el incumplimiento de la tutela cautelar oportunamente ordenada y, por consecuencia, solicita que se aplique el apercibimiento establecido en la citada resolución.
Acompaña, en respaldo de sus manifestaciones, una serie de fotografías de la zona afectada, una nota del diario “El Norte”, publicada el 18 de mayo del corriente año, titulada “El puente vehicular ahora funciona como cruce peatonal” y una impresión de pantalla del sitio web oficial del Ministerio de Ambiente, que representa el área involucrada.
Aduce que el Intendente municipal desoye abiertamente la orden de clausura de las obras ejecutadas y que se estén ejecutando en los sitios alcanzados por la tutela precautoria y afirma que tampoco se han retirado las maquinarias viales, automóviles, camiones y cualquier clase de equipamiento afectado a las labores interdictas.
En esta línea, sostiene que “lo único que se cumple actualmente es la prohibición del cruce automotor al sector islas”. No obstante, arguye que el puente vehicular permanece operativo y que por allí circulan vehículos municipales y provinciales; hecho que, según su parecer, posibilita que clandestinamente ingresen máquinas al sector insular y se “ejecuten obras en zonas que no son visibles desde los caminos existentes”.
En función de ello, requiere que se intime a la demandada al cese de toda obra municipal emplazada en las zonas comprendidas en la medida ordenada en esta litis y se apliquen astreintes.
II.2. El 31 de mayo de 2023, comparece de manera espontánea el apoderado de la Municipalidad de San Nicolás y contesta la denuncia formulada.
Expone que, contrariamente a lo sostenido por FOMEA, el municipio se encuentra cumpliendo el remedio cautelar ordenado. Así pues, expresa que se ha prohibido el tránsito vehicular en las islas y que se ha cerrado el puente construido para tal cometido. Respecto de las fotografías adjuntas por la contraria, manifiesta que sólo evidencian la permanencia en el lugar de un tractor y una maquinaria, como equipamiento necesario para efectuar regado y tareas de mantenimiento.
Bajo tal entendimiento, solicita que se rechace la denuncia efectuada.
III.1. Con fecha 2 de junio del corriente, la asociación civil actora presenta nuevas imágenes y videos que respaldarían el incumplimiento por ella alegado. A su vez, resalta que la comuna no ha negado que se estén realizando trabajos en la Costanera Alta y que las obras llevadas a cabo no sólo se emplazan en la "corona de barranca", sino que bajan hasta el pie de ésta y continúan a nivel del suelo.
III.2. Por su parte, el día 5 del mismo mes y año, el municipio se resiste al nuevo planteo esgrimido por FOMEA. Como en anteriores oportunidades, relata que al recobrar vigencia la ordenanza 2.590/89, también han resurgido las normas de zonificación allí establecidas, que no impiden la realización de los trabajos señalados por la actora.
En otro orden, explica que la nueva Costanera Alta generará un gran beneficio a la circulación vehicular, descongestionará arterias de la zona y brindará mayor seguridad a los vecinos con una iluminación de avanzada.
Remata su oposición expresando que “la parte resolutiva de la medida cautelar dictada, no refiere específicamente a obras llevadas a cabo en la Costanera Alta, sino que otorga especificidad únicamente al tránsito vehicular y obras de la zona insular, cosa que ha sido acatada por el Departamento Ejecutivo municipal”.
IV.1. El 21 de junio del corriente, la actora refuerza la denuncia articulada y manifiesta que "los nuevos hechos se integran con el avance de obras en la zona Costanera Alta y la convocatoria a licitación pública para obras recreativas en la Laguna Esmeralda"; a esto adunó que "los sectores que denunciamos en nuestra anterior presentación donde se observaba el inicio de obra con movimientos de suelo y desmonte hoy ya se encuentran pavimentadas, construido el cordón de cuneta y construida una ancha vereda de cemento donde antes había bosque nativo categoría rojo conforme OTBN de la ley 14.888".
Asimismo, destaca que resultaba revelador el reconocimiento expreso de la parte demandada de que efectivamente se estaban realizando tareas en la Costanera Alta.
Alega también que se ha realizado una denuncia ante el Ministerio de Ambiente el día 16 de junio pasado, con motivo del desmonte del bosque nativo, que tramita por el expediente administrativo N° EX-2023-25334775-GDEBA.DGANANGP.
Por último, pone en conocimiento de este Tribunal el llamado a Licitación Pública N°19/23 realizado por el municipio, cuyo objeto es la obra de fabricación y montaje recreativo del entorno Laguna Esmeralda en el corazón del "Parque Rafael de Aguiar", zona que comprende la medida cautelar.
IV.2. El día 29 del mismo mes, la asociación civil refiere que la comuna ya ha dado inicio a las obras en la zona aledaña a la Laguna Esmeralda. A la par, denuncia la presencia de máquinas viales a la vera del Arroyo Yaguarón dentro del Parque y movimiento de suelos, aunque aclara que desconoce el motivo por el cual se hallan allí.
V.1. A su turno, con fecha 14 de julio del corriente, el apoderado de la Municipalidad de San Nicolás arrima a la causa una solicitud efectuada por el Club de Regatas local, donde requiere a la comuna que arbitre los medios necesarios para conectar el camino principal existente en la Isla Ballesteros con el campo de deportes y la caleta que la entidad deportiva posee en la zona insular.
Junto a ello, acompaña una nota del Jefe de Bomberos de San Nicolás, Luciano Stampone, dirigida al señor Intendente municipal, mediante la cual describe la problemática asociada a los incendios registrados en la zona de islas pertenecientes al Club de Regatas. En ese marco, destaca la necesidad de contar con un camino e infraestructura adicional que permita combatir eficazmente el posible avance del fuego en dicho sector.
Así pues, entiende que lo peticionado encuadra dentro de la permisión concedida por esta Corte, en anteriores oportunidades, para efectuar cierto tipo de trabajos que tiendan específica y únicamente a garantizar la seguridad de las personas. De esta manera, con lo que pareciera ser una intención meramente informativa, se limita a comunicar que las tareas pretendidas "cumplen con los lineamientos trazados en las diferentes resoluciones dictadas referentes a asegurar la seguridad de los usuarios de la isla".
V.2. El 31 de julio de 2023 se presenta de manera espontánea la parte actora y desarrolla su réplica a la presentación formulada por la demandada.
En primer lugar, acompaña el expediente administrativo N°EX-2022-25600989-GDEBA-DPTLMIYSPGP, del que se extrae -según su parecer- que la totalidad de los caminos terraplenes construidos por el municipio son ilegales porque no cuentan con la autorización de la Autoridad del Agua (ADA), órgano competente en la materia. Al mismo tiempo, destaca que la autoridad de aplicación en el dictamen IF-2023-03252169-GDEBA-DPTGRADA clasificó a la obra de "clandestina" y ordenó a la Municipalidad a "restituir el terreno a su estado natural"
En otro orden de ideas, indica que se ha anoticiado de que el "Parque Rafael de Aguiar" se halla inscripto en el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), que se constituyó en el año 2003 mediante un acuerdo suscripto entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la por entonces Secretraría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMA).
Sobre este punto, resalta el hecho de que la incorporación del "Parque Rafael de Aguiar" al mencionado sistema como "reserva natural" y como "reserva natural municipal" -esto, de acuerdo a las constancias obrantes en el sitio web oficial del SiFAP- fue impulsada voluntariamente por la Municipalidad de San Nicolás. Siendo esto así, asevera que dicha circunstancia evidencia que el tratamiento normativo y fáctico actual sobre el "Parque Rafael de Aguiar" por parte de la propia comuna es netamente regresivo y representa un daño ambiental de enorme magnitud.
Acto seguido, recalca que la Municipalidad anunció la instalación de una mega estructura recreativa de nueve metros de alto y cincuenta metros de largo junto a la Laguna Esmeralda, apuntando que "se trata de un elemento disonante en plena reserva natural donde el paisaje es un valor ambiental per se " y que el emplazamiento tampoco cuenta con un estudio de impacto ambiental ni fue habilitada ninguna instancia de participación ciudadana previa al comienzo de su ejecución.
En último término, se opone a que se lleven a cabo los trabajos en la zona insular donde se ubica el Club de Regatas, que fueran anunciados por el municipio. En esta parcela de su postulación, sostiene, de un lado, que este Tribunal "no es el órgano natural para autorizar obras" y, de otro, que "el planteo realizado por ese club no solo es un planteo completamente ajeno a este expediente, sino que además es falaz".
VI. El 31 de julio del corriente, también, se desestimó la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la Municipalidad de San Nicolás, decisión que fue notificada a las partes.
VII.1. El 9 de agosto del corriente la comuna acompaña una publicación realizada en la red social Facebook del historiador local Ricardo Dario Primo, que describiría "la recuperación ambiental que diversos gobiernos municipales han efectuado en el Ecoparque" y en donde podría observarse que en la mencionada zona antes existía un basural a cielo abierto.
VII.2. La asociación civil demandante refuta las manifestaciones allí vertidas y explica que el "Parque Rafael de Aguiar" cuenta con una superficie de 1.700 hectáreas y que el aludido basural -que fue erradicado hace treinta años- sólo ocupó el 1% de la extensión total de la reserva. Así, insiste en que lejos de "recuperar" o "mejorar" en términos ambientales dicho sector, el gobierno municipal produjo daños irreparables, al llevar a cabo una deforestación masiva a la par de realizar movimientos de suelo y cuerpos de agua (v. presentación electrónica de fecha 16-VIII-2023).
VIII.1. El municipio, luego, comunica a este Tribunal que debe ejecutar tareas de mantenimiento en las playas y otros espacios públicos situados en la zona insular del Ecoparque, tendientes a garantizar la seguridad de los visitantes de la zona. Precisa que, para ello, deberán utilizarse palas mecánicas y máquinas niveladoras que serán retiradas una vez finalizadas las tareas (v. escrito electrónico de fecha 18-VIII-2023).
VIII.2. Esta nueva postulación, también es rebatida por la actora, quien apunta que la Municipalidad no explica ni fundamenta la existencia de algún factor puntual y concreto de la inseguridad invocada, que torne indispensable adoptar aquellas medidas. Se detiene, especialmente, en el hecho de que los equipamientos descriptos por la contraria generarán un perjuicio directo al ecosistema de bosque nativo y humedales existente en el área. Además, esgrime que tales artefactos violan lo dispuesto en el art. 2 de la ordenanza 5.627/03 (v. presentación electrónica de fecha 23-VIII-2023).
IX.1. El 31 de agosto del corriente, la asociación civil denuncia un nuevo incumplimiento. En esta ocasión, expone que el municipio ha ingresado una retroexcavadora y realizado movimientos de suelo en la zona de bosques nativos, donde en un solo día se habría construido un muelle ilegal para el acceso de vehículos y maquinarias. En este sentido, sostiene que las obras que se estarían ejecutando estarían vedadas por la tutela precautoria otorgada en autos y que, además, no contarían con ninguna habilitación administrativa provincial y/o evaluación de impacto ambiental que las apruebe. En respaldo de sus dichos, acompaña una serie de fotografías.
Ante este panorama, recalca que es la notoria conducta reticente y delictual de los funcionarios comunales la que impide que en este juicio pueda alcanzarse una tutela judicial efectiva; circunstancia que ameritaría adoptar "una actitud más enérgica en la decisión judicial". Por esta razón, pide que la multa contenida en el apercibimiento sea modificada y ampliada a un monto que realmente pueda considerarse coercitivo.
De similar tenor es la presentación de la actora de fecha 8 de septiembre del corriente, por medio de la cual niega que el municipio esté realizando tareas de mantenimiento o destinadas a la seguridad de la población sino que -a su juicio- constituye un nuevo incumplimiento de la medida cautelar oportunamente dispuesta.
IX.2. El municipio contesta de manera espontánea a este último planteo y se resiste a su acogimiento. En esencia, sostiene que este Tribunal ha sido informado de los trabajos de mantenimiento que tiene en miras realizar y que "demasiadas veces ya ha sido repetido en esta causa que es obligación legal del Departamento Ejecutivo Municipal velar por la seguridad de la personas que hacen uso de la isla, ya que es el espacio público más importante de la ciudad, máxime cuando se acerca la primavera y el verano, épocas en la cual los nicoleños y otros visitantes de la ciudad se vuelcan al disfrute de dichos espacios públicos" (v. presentaciones electrónicas de fechas 5-IX-2023 y 11-IX-2023).
X. Tal como fuera dicho en la resolución cuya inobservancia se acusa, se ordenó, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, “suspender los puntos 8.6.2.5.1, 8.6.2.5.2, 8.6.3.5.1, 8.6.1.2.7 y 8.6.1.7.1 del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9.949/19”, como así también “proceder, sin dilaciones, a la clausura de las obras ejecutadas y que se estén ejecutando en los sitios alcanzados por la tutela que se dispone en la presente; lo que incluye los puentes de acceso vehicular a la zona insular y los caminos vehiculares que conducen a las playas ‘Barranquitas’ y ‘El Arenal’. Asimismo, se deberá retirar del espacio determinado en los artículos cuya vigencia se suspende por la medida que aquí se ordena todas las máquinas viales, automóviles, camiones y cualquier clase de equipamiento afectado a las labores interdictas. Ello es sin perjuicio del tránsito peatonal autorizado a circular dentro del parque”.
Lo expuesto implica que, a partir de la notificación de la resolución en cuestión, la Municipalidad de San Nicolás debía dejar de aplicar provisoriamente los referidos preceptos como así también detener las actividades u obras que se hubieren autorizado o se estuvieran emprendiendo bajo el amparo de las normas de aquel cuerpo normativo cuyos efectos fueron suspendidos.
Como puede apreciarse, una vez más, la orden cautelar es precisa en sus términos y alcances, por lo que mal podría proponerse una interpretación distinta de la que se desprende de las propias palabras de aquel resolutorio.
XI.1. Resulta entonces que, de las numerosas constancias arrimadas a esta causa por la actora -en especial toda la serie de fotografías adjuntas, que no fueran desconocidas por la contraria- y las manifestaciones vertidas por el propio municipio, surge que la demandada ha desoído la protección preventiva adoptada por este Tribunal con fecha 12 de mayo de 2023 (notificada electrónicamente el día 16-V-2023), en tanto ha permitido la prosecución de trabajos en zonas tuteladas por la decisión adoptada en este pleito. Sin perjuicio de esto, cabe decir que resulta razonable lo argüido por el municipio en punto a la presencia de un equipamiento mínimo siempre y cuando se halle destinado exclusivamente al mantenimiento del lugar y a garantizar la seguridad de los ciudadanos que circulen en el área.
Ahora bien, este Tribunal en anteriores oportunidades ya ha precisado -aunque en el ámbito precautelar (v. resol. de fecha 10-VIII-2022)- que la paralización de las obras o actividades que han sido autorizadas tras la sanción del Código Urbano Ambiental –so pretexto de su presunta vigencia- constituye una consecuencia natural de haberse admitido un remedio tutelar que tiene por objeto suspender los efectos de una norma reputada inconstitucional en el proceso.
En este sentido, la especial referencia a la cuestión relativa a “los puentes de acceso vehicular a la zona insular y los caminos vehiculares que conducen a las playas ‘Barranquitas’ y ‘El Arenal’” en la resolución dictada, responde a la necesidad de contraponer aquella situación a la autorización del tránsito peatonal para circular dentro del parque y de ningún modo implica que no se haya prohibido la realización de obras en la totalidad de la superficie abarcada por los puntos 8.6.2.5.1, 8.6.2.5.2, 8.6.3.5.1, 8.6.1.2.7 y 8.6.1.7.1 del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9.949/19.
XI.2. Dicho esto, cabe señalar que tanto los planteos relativos a la eventual clandestinidad de las obras realizadas sin la autorización previa correspondiente como aquellos que giran en torno a la habilitación de un camino de acceso al Club de Regatas (introducidos en autos por la parte actora y por la demandada en sus presentaciones de fechas 29-VI-2023 -reiterado el 31-VII-2023- y 14-VII-2023, respectivamente) exceden el objeto de este litigio y, por tanto, el ámbito de conocimiento de este Tribunal. Por este motivo, sólo podrán ser evaluados como elementos coadyuvantes a las postulaciones formuladas en torno a la pretensión principal -es decir, la inconstitucionalidad de la ordenanza 9.949/19-.
Precisando lo anterior, es dable mencionar respecto a la denuncia efectuada por la presunta ejecución de obras hidráulicas no autorizadas (un terraplén de 600 metros y una alcantarilla) en el predio identificado catastralmente como Sección VI, Fracción 1a de titularidad de la Municipalidad demandada ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos -que diera inicio al expediente administrativo N°EX-2022-25600989-DPTLMIYSPGP-, constituye un asunto propio de la órbita de la competencia de aquel órgano y ha dado curso al procedimiento establecido en la resolución MIVSP N°229/02. En consecuencia, la petición frente a un posible incumplimiento de la orden de "restitución del terreno a su estado natural" en caso de que el municipio no acompañe la documentación solicitada por la Autoridad del Agua, deberá articularse por la vía -administrativa o judicial- que estime corresponder, más no en el marco de las p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.