Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77164
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al pedido de levantamiento parcial de la medida cautelar dictada en autos, efectuado por la Municipalidad de San Nicolás el día 6 de octubre de 2023 (art. 202, CPCC).
I.77.164 "ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO FORO MEDIO AMBIENTAL (FOMEA) C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES -MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA MUNICIPAL NRO. 9949/19, DECRETO NRO. 1576/19 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO.1298/19"
I. Con fecha 12 de mayo de 2023, esta Suprema Corte dispuso -entre otras medidas- la suspensión con carácter cautelar de los puntos 8.6.2.5.1, 8.6.2.5.2, 8.6.3.5.1, 8.6.1.2.7 y 8.6.1.7.1 del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9.949/19 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos (arts. 204, 230, 232, y concs., CPCC) y la clausura de las obras ejecutadas y que se estén ejecutando en los sitios alcanzados por la tutela allí adoptada; se afirmó que ello incluía los puentes de acceso vehicular a la zona insular y los caminos vehiculares que conducen a las playas “Barranquitas” y “El Arenal”. Asimismo, se ordenó que se retiren del espacio determinado en los artículos cuya vigencia se suspendía todas las máquinas viales, automóviles, camiones y cualquier clase de equipamiento afectado a las labores interdictas. Se dejó a salvo de la prohibición el tránsito peatonal autorizado a circular dentro del parque, de conformidad con lo precisado en el punto XIV.1.b. de aquella resolución (arts. 34 inc. 5, 135 inc. 5, 198 y 232, CPCC).
II. Luego, ante la denuncia de la inobservancia de la tutela cautelar formulada por la asociación civil actora, el día 18 de septiembre del corriente se intimó a la Municipalidad de San Nicolás para que dé inmediato cumplimiento con la medida preventiva dictada en autos, se decretó la clausura de las obras ejecutadas y que se estuvieran ejecutando en los sitios alcanzados por dicha manda y se impuso una multa al señor Intendente de San Nicolás en la suma equivalente a dos (2) Jus por cada día de retardo en el acatamiento del remedio precautorio.
III. En este contexto, el apoderado de la comuna solicita el levantamiento parcial de la suspensión ordenada provisionalmente y la consecuente habilitación del cruce de vehículos personales en la zona insular (v. escrito electrónico de fecha 6-X-2023).
Para fundar su petición, primero, refiere que la candidata a Intendente municipal por la oposición a la actual gestión, quien presuntamente guardaría una relación cercana con las autoridades provinciales del Ministerio de Ambiente, declaró que habilitará las playas en caso de ser electa. Esta afirmación quedaría acreditada –según su parecer- con las notas periodísticas que acompaña a su presentación.
Tras ello, explica que la prohibición del paso vehicular decretada ha generado malestar en el pueblo de San Nicolás y en los visitantes que utilizaban el espacio público de las islas y playas, además de provocar grandes pérdidas laborales en el sector turístico de la zona. En este sentido, menciona –citando el denominado “Informe Bruntland”- que el desarrollo sostenible permite que “todos los pueblos del planeta accedan a un nivel satisfactorio de desarrollo social, económico, de realización humana y cultural en una tierra cuyos recursos serían utilizados razonablemente, preservando las especies y los medios”.
En otro orden, arguye que debe tenerse en consideración la seguridad de las personas en la época estival, dado que un traslado por tierra resulta mucho más seguro que uno por río, que en ocasiones se vuelve extremadamente peligroso. Concluye sosteniendo que “al no tener San Nicolás una costa directa sobre el Río Paraná, los ciudadanos deben trasladarse con altísimas temperaturas y recorrer varios kilómetros para llegar a las playas, las que de lo contrario se tornan inaccesibles para las personas que no poseen embarcaciones”.
IV. A su turno, el día 11 de octubre de 2023, la actora contesta espontáneamente el pedido articulado por la contraria y se opone al planteo.
Para fundar su postura, esboza dos líneas argumentales: de un lado, manifiesta que la demandada no ha aportado ningún elemento nuevo que justifique su petición y que se limita a reeditar postulaciones ya examinadas por este Tribunal; de otro, asevera que no es cierto que las playas “Barranquitas” y “El Arenal” sean las únicas a las que puedan concurrir los vecinos y visitantes de la zona, en tanto el municipio también cuenta con el histórico “Balneario municipal”, que si bien no se encuentra emplazado en la Isla Ballesteros si está dentro de una zona del Ecoparque no prohibida para tal uso.
V. Cabe recordar que las notas de provisionalidad, flexibilidad y mutabilidad que caracterizan a las medidas cautelares permiten que en todo proceso sea factible decretar la modificación de las providencias precautorias ya dispuestas o su levantamiento, atendiendo a aquellas circunstancias sobrevinientes o que no han podido ser valoradas al momento de dictarlas (doctr. causa I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 10-IV-2019” e I. 75.471, “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 9-IV-2021). Así pues, el Código Procesal Civil y Comercial expresamente establece que “las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron” y que “en cualquier momento en que estas cesaren se podrá requerir su levantamiento” (art. 202).
En el caso bajo análisis, pese a las alegaciones vertidas por la demandada en sentido contrario, los documentos incorporados al proceso –es decir, las notas periodísticas adjuntas- en nada alteran las circunstancias que determinaron el dictado del remedio provisional cuyo levantamiento ahora pretende la comuna demandada. En este sentido, es claro que las especulaciones en cuanto a la presunta vinculación de la candidata a Intendente con la asociación actora y el supuesto “trasfondo político de la presente causa” no constituyen elementos de prueba dirimentes que permitan reexaminar las condiciones contempladas para dictar el remedio preventivo en virtud de la naturaleza de los derechos en juego. A su vez, es claro también que tales postulaciones escapan al objeto de esta litis , en tanto exceden el debate centrado en el escrutinio constitucional de la norma puesta en crisis en este pleito.
Por otro lado, las declaraciones relativas a la dificultad de los vecinos y visitantes para acceder a la Isla Ballesteros al haber dispuesto la prohibición del tránsito vehicular en la zona insular, prima facie no revisten el peso suficiente para que este Tribunal revea –por factores de mera conveniencia- la decisión preventiva adoptada, en especial, frente a la naturaleza del bien tutelado con ella.
Finalmente, tal como fuera señalado en anteriores oportunidades, es necesario recordar que no basta para autorizar la realización de tareas o actividades en las áreas protegidas la simple invocación de “cuestiones de seguridad” desprovistas de informes técnicos que así lo avalen, ya que sabido es que -en principio- pesa sobre quien alega un hecho la carga de probar los extremos fundantes de su planteo (arg. art. 375, CPCC; v. punto XI.3 de la resol. de 18-IX-2023).
VI. Sobre tales bases, toda vez que los argumentos ensayados por la Municipalidad de San Nicolás para pedir el levantamiento de la medida precautoria decretada reproducen -en su mayoría- alegaciones ya incorporadas y consideradas durante el trámite del proceso, ellas no resultan idóneas a los fines propuestos y, en consecuencia, corresponde denegar la petición en los términos en que ha sido articulada (art. 202, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar al pedido de levantamiento parcial de la medida cautelar dictada en autos, efectuado por la Municipalidad de San Nicolás el día 6 de octubre de 2023 (art. 202, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/10/2023 14:11:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/10/2023 18:32:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2023 11:18:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:28:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:42:38 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/11/2023 09:06:19 hs. bajo el número RR-971-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia