Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77164
Lo que resolvió el tribunal
I. Tener por notificado personalmente al actual Intendente de la Municipalidad de San Nicolás, Santiago Passaglia, de la medida cautelar dictada el día 12 de mayo de 2023 (arg. arts. 131 y 135, CPCC).
II. Desestimar la denuncia de incumplimiento de la medida cautelar efectuada por FOMEA en su presentación del día 8 de febrero de 2024 (arts. 34 inc. 5, 198 y 202, CPCC).
III. Dejar sin efecto las astreintes fijadas en la resolución de fecha 18 de septiembre de 2023, a la luz de los informes elevados por el Ministerio de Ambiente los días 29 de diciembre de 2023 y 22 de febrero de 2024 (art. 37, CPCC).
IV. No hacer lugar al pedido de modificación de la medida cautelar decretada formulado por la Municipalidad de San Nicolás (art. 203, CPCC).
V. Dejar sentado que el Tribunal ha tomado conocimiento del hecho informado por la parte actora en el punto III del escrito de fecha 8 de febrero de 2024 (arg. arts. 34 inc. 5 y 36, CPCC).
I.77.164 "ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO FORO MEDIO AMBIENTAL (FOMEA) C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA MUNICIPAL NRO. 9949/19, DECRETO NRO. 1576/19 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO.1298/19"
I. Con fecha 8 de febrero de 2024, la parte actora, el Foro Medio Ambiental (en adelante FOMEA), solicita que se notifique la medida cautelar dispuesta en autos al nuevo Intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, dado que el actual jefe comunal se encontraría ejecutando obras en zonas alcanzadas por la interdicción dispuesta cautelarmente y habría anunciado un plan de trabajo en diversos sectores del Parque "Rafael de Aguiar" protegidos por la mentada tutela.
Al respecto, explica que la obra que se estaría realizando en una zona alcanzada por la restricción impuesta sería la apertura y pavimentación de la calle Gerónimo Costa que, con su nueva traza, llegaría hasta la bajada del denominado "Ecoparque". Así, precisa que, si bien los trabajos comenzarían en la zona U/RMD3, no alcanzada por la medida preventiva, culminarían en la zona U/CPa1 que sí la integra. Para probar tal alegación, dice acompañar una publicación del día 2 de febrero de 2024 del medio de comunicación "El Informante", la que -sin embargo- no forma parte de la documentación adjunta.
Luego, refiere que los anuncios de obras futuras cuya puesta en marcha importaría un incumplimiento de la medida cautelar decretada, comprenden la construcción de nuevos balnearios y/o playas en la Isla Ballesteros. En soporte de sus afirmaciones, arrima un extracto de una publicación del diario local "El Norte" junto con capturas de pantalla de un video que habría sido publicado en la red social Instagram del Intendente municipal.
De este modo, concluye que resulta necesario efectuar una nueva notificación al actual Intendente de San Nicolás para que acate la manda preventiva concedida, toda vez que los antecedentes de desobediencia constatados en este pleito y las manifestaciones vertidas por el nuevo jefe comunal generan un claro escenario de riesgo ambiental.
Seguido a esto, pone en conocimiento de este Tribunal que el 29 de noviembre de 2023 inició una acción de cese de daño ambiental y recomposición contra la Municipalidad de San Nicolás que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás bajo la carátula "Asociación Civil Foro Medio Ambiental c/ Municipalidad de San Nicolás s/acción de recomposición" (exp. n°13.959/23) y transcribe su pretensión en los siguientes términos: "Venimos a interponer formal demanda de cese de daño ambiental colectivo, recomposición e indemnización sustitutiva en los términos de la ley 25.675 contra la Municipalidad de San Nicolás, por la grave afectación de la calidad ambiental de la Isla Ballestero, sus costas y cuerpos de agua que la conforman, en razón de la tala indiscriminada de bosque nativo llevado a cabo en la mencionada isla, la construcción de la nueva playa del “Arenal”, la nueva playa "Barranquitas" y diversos sectores de esa isla, como así también por los movimientos de suelo desplegados por el municipio demandado sin previa autorización provincial de las obras de construcción del terraplén de 6 km de extensión que corta el paso y unión de las lagunas “El Saco” y “La Quebrada”, todo ello exclusivamente por el daño ambiental colectivo que generan en la Isla Ballestero. Acudimos ante el Poder Judicial a efecto de que en su momento se declare procedente la acción impetrada, con el objeto de que en la sentencia a dictarse en autos: 1) Se prohíba ejecutar todo tipo de obra en la Isla Ballestero que no cumpla con el bloque normativo ambiental de orden público y que no encuadren en los objetivos establecidos en el “Plan de Manejo del Parque Rafael de Aguiar”, 2) se condene a la Municipalidad de San Nicolás a la recomposición ambiental del daño causado en la Isla Ballestero por la tala indiscriminada de bosque nativo y la afectación de los humedales circundantes, todo ello con control judicial y ciudadano; 3) en lo que no sea factible de recomposición se condene a la demandada a abonar la indemnización sustitutiva que prevé el art. 28 de la Ley 25.675”.
II. Corrido el pertinente traslado, el día 19 del mismo mes y año, el apoderado de la Municipalidad de San Nicolás resiste el planteo articulado.
Afirma que la actora pretende introducir cuestiones ajenas a este proceso, toda vez que hace mención a la apertura de una calle emplazada por fuera del área restringida por la medida cautelar dictada en autos.
Tras ello, sostiene que FOMEA busca tergiversar las alegaciones del actual Intendente municipal vertidas en las notas periodísticas que acompaña. Así pues, explica que la intención del Departamento Ejecutivo es buscar una solución junto con el gobierno provincial para garantizar a los nicoleños la posibilidad de acceder y disfrutar de las playas locales.
Culmina asegurando que la comuna se encuentra acatando el remedio preventivo dispuesto y que, por ende, el pedido debe ser desestimado.
III. El 1° de marzo del corriente se confirió vista, de manera personal, al señor Intendente de la Municipalidad de San Nicolás de la presentación efectuada por la parte actora (v. constancia adjunta al trámite “cédula diligenciada – acompaña” de fecha 4-III-2024).
IV. Posteriormente, el apoderado de la demandada requiere que se modifique la medida cautelar decretada, en cuanto ordena el retiro de la zona insular del Ecoparque de toda maquinaria, camiones y demás equipamiento afectado a las labores interdictas (v. escrito electrónico de fecha 12-III-2024).
En este sentido, alega que es necesario realizar trabajos de mantenimiento en los caminos de acceso a la zona de playas, que resultarían indispensables para garantizar tanto la conservación del Parque “Rafael de Aguiar” como también la seguridad de los transeúntes, atento los daños que habría producido la inusual bajante del Río Paraná. Para fundar su petición, explica que la constante variación de altitud del curso de agua ocasiona erosiones en los senderos que conducen a las playas y crea una situación de permanentes derrumbes que ponen en peligro la integridad física de las personas.
A esto aduna que el tipo de tareas que pretenden ejecutarse se encuentra expresamente autorizado por el art. 11 inc. "a" de la ley 14.888.
Finalmente, dice acompañar: un documento del cual “se desprende que es necesaria y urgente la intervención de dicha zona para evitar nuevos derrumbes, agrietamiento de caminos, los que al día de la fecha se han agravado”; un informe de la Secretaría de Obras Públicas que detalla los trabajos y equipamientos requeridos para esa labor; una serie de fotografías del lugar; y una nota de la Secretaría de Servicios al Vecino.
Al constatar que no se había adjuntado toda la documentación allí indicada, el 13 de marzo de 2024 se le requirió al municipio que subsane dicha deficiencia, lo que fue parcialmente cumplimentado el día 20 de aquel mes y año.
V. Del pedido articulado por la Municipalidad y la documentación arrimada a la causa, se dio traslado a la parte actora y al señor Asesor General de Gobierno (v. proveído de fecha 22-III-2024).
VI. Mientras que la Provincia de Buenos Aires guardó silencio, el 3 de abril del corriente, FOMEA se opone al acogimiento de lo pretendido por la demandada.
Niega que exista un riesgo de daño a la vida y a la integridad de los visitantes del Ecoparque y, menos aún, que éste deba solucionarse mediante el ingreso de maquinaria pesada a la Isla Ballesteros. Arguye, también, que las fotografías acompañadas datan del año 2020 y que el sector del camino retratado fue reparado hace más de tres años. Así pues, entiende que no se cuenta con ninguna prueba cierta de los daños alegados.
En otro orden, desconoce el valor probatorio del informe elaborado por la Secretaría de Obras Públicas. Esto mismo, dado que -a su entender- carece de carácter “técnico”, no cuenta con sello de recibo de alguna dependencia interna del municipio, ni se encuentra glosado a algún expediente administrativo. Por lo que concluye que se trata de un documento irregular, confeccionado ad hoc para intentar justificar en este pleito un pedido desprovisto de fundamentos atendibles.
Por último, sostiene que los trabajos en cuestión deberían -a todo evento- ser sometidos a consideración de la Autoridad del Agua (ADA) y del Ministerio de Ambiente, a fin de que las autoridades de aplicación realicen la respectiva evaluación de impacto ambiental y determinen la viabilidad de las obras en curso.
VII. En estas condiciones, pasan los autos al acuerdo.
VIII. En primer lugar, cabe señalar que con el emplazamiento cursado al actual Intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, mediante oficio librado con fecha 29 de febrero y notificado el 1° de marzo de 2024, el requerimiento formulado por la demandante ha quedado suficientemente abastecido (v. constancia de fecha 4-III-2024).
Ello, sin perjuicio de que el art. 683 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial debe ser interpretado junto con lo dispuesto en los incs. 11 y 12 del art. 108 del decreto ley 6.769/58, en cuanto determinan que constituyen atribuciones y deberes en general del Departamento Ejecutivo comunal “representar a la Municipalidad en sus relaciones con la Provincia o terceros” y “hacerse representar ante los tribunales como demandante o demandado, en defensa de los derechos o acciones que corresponden a la Municipalidad”, respectivamente (conf. causas I. 2213, “El Popular SAIC”, resol. de 3-V-2000 e I. 76.482, "Defensoría del Pueblo de la ciudad de Tandil", resol. de 13-IX-2022).
Por lo que, al ser el Intendente el representante legal de la comuna, todo acto estatal que emane de la exteriorización de voluntad de este funcionario, antes que imputable individual y directamente a él, es en realidad atribuible al órgano que por su intermedio actúa. Esto es así, en tanto se trata de la propia voluntad de la Administración (doctr. causas Ac. 67.882, “Irisarri", sent. de 14-III-2001; B. 60.708, "Bibiloni", sent. de 30-VI-2009 y B. 63.368, "Unión Transitoria de Empresas", sent. de 8-IX-2010).
IX. Saldada la anterior cuestión, cabe adelantar que la denuncia de la presunta ejecución de trabajos en algunas de las zonas interdictas por la manda provisional recaída en esta litis , deslizada sucintamente por FOMEA en su escrito del 8 de febrero de 2024, debe ser desestimada.
Es que pese las manifestaciones vertidas por la reclamante, no se ha acompañado elemento alguno que demuestre de manera inequívoca la inobservancia de la medida cautelar dictada en autos, razón por la cual no queda abastecida la carga de probar los presupuestos fundantes de su planteo (arg. art. 375, CPCC). Antes bien, la actora se limita, de un lado, a mencionar que un extremo de la obra en ejecución se aproxima a un área tutelada por la disposición cautelar concedida y, de otro, a reproducir las supuestas intenciones del Intendente municipal de realizar en el futuro otros trabajos que estarían vedados.
Así las cosas, momentáneamente el Tribunal no se halla en condiciones de expedirse sobre el planteo con el debido rigor, lo cual impone su rechazo (arg. art. 198, CPCC).
X. Por el contrario, de las constancias obrantes en la causa surge que la Municipalidad de San Nicolás se encuentra actualmente acatando la medida cautelar.
Para arribar a tal afirmación, es necesario recordar que mediante resolución del día 22 de diciembre de 2022 se le encomendó al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires el seguimiento y control del cumplimiento de las órdenes dispuestas en autos por este Tribunal. Así fue que el mencionado organismo remitió informes periódicos, dando cuenta tanto del estado de situación y los cambios operados en la zona interdicta, como así también, de los trabajos que se estuvieran ejecutando en el área. De la documentación acompañada surgen los siguientes elementos relevantes para la constatación del cumplimiento del decreto judicial:
X.1.a. El oficio recibido el 29 de diciembre de 2023 pone en conocimiento de esta Corte los relevamientos realizados los días 22 de septiembre, 11 de octubre, 3 y 15 de noviembre y 4 y 26 de diciembre por la Dirección de Fiscalización Especial provincial. De las constancias adjuntas, se desprende que “no se verifican variaciones respecto a las ya relevadas en informes anteriores, no se verifica la realización de obras nuevas, se constatan tareas de mantenimiento general, cortado de pasto fundamentalmente”. Asimismo, se hace saber que la zona de la isla está restringida –no pudiendo, por ende, acceder a ella- y se arriman fotografías tomadas in situ .
X.1.b. En el oficio receptado con fecha 22 de febrero de 2024, se reflejan las observaciones recabadas los días 15 de enero y 2 de febrero del corriente. Se verifican idénticas condiciones a las antes informadas y se deja asentado que “la situación del Río Paraná sigue con niveles de altura elevados, motivo por el cual la zona de islas está inundada, imposibilitando naturalmente el ingreso vehicular y peatonal a la misma”. A su vez, se acompañan registros fotográficos de las áreas relevadas.
X.2. De ello se sigue que el municipio ha cesado en la conducta reticente que sirviera de fundamento y motivara la aplicación de una multa al señor Intendente de San Nicolás en la suma equivalente a dos (2) Jus por cada día de retardo en el cumplimiento de la decisión adoptada por el Tribunal con fecha 12 de mayo de 2023, a partir de su notificación el día 16 del mismo mes (v. resol. de 18-IX-2023).
Siendo ello así, considerando que las astreintes tienden a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial cuando este es resistido por el obligado -mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga lo debido- y que, por ello, pueden ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste si el mismo desiste de su resistencia y justifica totalmente su proceder (doctr. causas Ac. 90.941, “Sociedad de Fomento Cariló”, sent. de 8-III-2006 y A. 68.857, “Asociación Civil Nuevo Ambiente – Centro Vecinal Punta Lara”, resol. de 30-XI-2011), corresponde -ante las circunstancias referenciadas- hacerlas cesar (art. 37, CPCC).
XI. En lo tocante al pedido de modificación del remedio preventivo formulado por la Municipalidad de San Nicolás, cabe recordar que las notas de provisionalidad y variabilidad que caracterizan a este tipo de medidas permiten que en todo proceso sea factible disponer la modificación de las providencias precautorias ya ordenadas o su levantamiento, atendiendo a aquellas circunstancias sobrevinientes o que no han podido ser valoradas al momento de dictarlas (conf. arts. 202 a 204, CPCC; doctr. causas B. 68.580, "Barros", resol. de 22-IX-2021; I. 74.251, "Calvi", resol. de 2-XII-2021, e.o.).
No obstante lo cual, se advierte rápidamente que el planteo esgrimido por la comuna no constituye un verdadero pedido de modificación –en los términos previstos en el art. 202 del ordenamiento de rito- de la manda judicial, sino que, antes bien, la postulación se dirige a obtener una autorización para llevar adelante tareas de mantenimiento en los caminos de acceso a la zona insular, en virtud de los derrumbes y malas condiciones en las que encuentran dichas vías y que, en principio, estarían alcanzadas por la permisión concedida por esta Corte al momento de decretar la tutela cautelar para efectuar cierto tipo de trabajos que tiendan -específica y únicamente- a garantizar la seguridad de las personas.
En esa línea, el Tribunal ya se ha expedido -en el marco de estas actuaciones- respecto de una solicitud semejante a la aquí postulada. Es así que, en la resolución del día 18 de septiembre de 2023, se dijo que este cuerpo carece de atribuciones para autorizar o aprobar la ejecución de cualquier obra en la comuna (v. consid. XI.3). Asimismo, es útil recordar que la mera presentación de las solicitudes efectuadas por la Secretaria de Servicios al Vecino y el Secretario de Obras Públicas y Planificación para que el Intendente municipal arbitre las medidas necesarias para que se autorice la realización de obras de mantenimiento en la zona insular que han sido sucintamente enumeradas en el segundo de los pedidos referenciados, sin los pertinentes informes técnicos que detallen las tareas y el equipamiento necesario y que hubieran seguido el procedimiento correspondiente ante los organismos competentes en la materia, no resultarían razones suficientes que justifiquen -por sí- una eventual excepción al estricto cumplimiento de la tutela preventiva recaída en autos.
Esto por cuanto pesa sobre quien alega un hecho la carga de probar los extremos fundantes de su planteo y, por consiguiente, recae en la demandada el deber de aportar elementos de convicción suficientes que permitan constatar de manera cierta las alegaciones por ella vertidas (arg. art. 375, CPCC).
Por las razones expuestas, el requerimiento formulado por la Municipalidad de San Nicolás debe ser desestimado (arg. art. 202, CPCC).
XII. Por último, se deja sentado que este órgano ha tomado conocimiento del hecho informado por la parte actora en el punto III de la presentación de fecha 8 de febrero de 2024 (arg. arts. 34 inc. 5 y 36, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Tener por notificado personalmente al actual Intendente de la Municipalidad de San Nicolás, Santiago Passaglia, de la medida cautelar dictada el día 12 de mayo de 2023 (arg. arts. 131 y 135, CPCC).
II. Desestimar la denuncia de incumplimiento de la medida cautelar efectuada por FOMEA en su presentación del día 8 de febrero de 2024 (arts. 34 inc. 5, 198 y 202, CPCC).
III. Dejar sin efecto las astreintes fijadas en la resolución de fecha 18 de septiembre de 2023, a la luz de los informes elevados por el Ministerio de Ambiente los días 29 de diciembre de 2023 y 22 de febrero de 2024 (art. 37, CPCC).
IV. No hacer lugar al pedido de modificación de la medida cautelar decretada formulado por la Municipalidad de San Nicolás (art. 203, CPCC).
V. Dejar sentado que el Tribunal ha tomado conocimiento del hecho informado por la parte actora en el punto III del escrito de fecha 8 de febrero de 2024 (arg. arts. 34 inc. 5 y 36, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:49:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 11:35:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:40:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:43:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 10:30:14 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/05/2024 10:40:48 hs. bajo el número RR-431-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia