Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77164
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al pedido formulado por la Municipalidad de San Nicolás de modificación de la medida cautelar oportunamente decretada (art. 203, CPCC).
I.77.164 "ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO FORO MEDIO AMBIENTAL (FOMEA) C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES -MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA MUNICIPAL NRO. 9949/19, DECRETO NRO. 1576/19 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO.1298/19"
I. Con fecha 20 de diciembre de 2024, el apoderado de la Municipalidad de San Nicolás solicita el levantamiento de lo dispuesto en el punto II de la medida cautelar dictada el 11 de mayo de 2023, en cuanto –según afirma- afecta el normal uso y disfrute de la zona insular del denominado “Ecoparque San Nicolás”.
Para fundar su petición, alega que la comuna compareció ante el Ministerio de Ambiente a fin de regularizar la situación de las playas y los accesos que conducen a ellas, lo que dio inicio al expediente administrativo Ex-2022-22638980-GDEBA-DGAMAMGP. Luego, explica que en dichas actuaciones se presentó el Plan de Manejo y Recomposición Ambiental de la zona insular afectada por actividades antrópicas y se comprometió a elaborar un Plan de Manejo y Recomposición Ambiental con proyección a diez años de toda el área protegida.
Relata, asimismo, que el 18 del mismo mes y año se llevó a cabo una reunión entre representantes de la demandada y del mencionado organismo provincial, donde “éste ha aceptado que el municipio efectúe una presentación, -basado en el compromiso asumido por la Municipalidad de continuar con las gestiones necesarias-, para obtener la habilitación temporaria desde el mes de enero hasta marzo de 2025 de las actividades desarrolladas en la zona insular del Ecoparque. Este compromiso incluye la presentación de un Plan de Manejo y recomposición a 10 años de toda la zona del Ecoparque, acciones de monitoreo ambiental continuo con contralor del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, educación ambiental para visitantes y garantía de acceso responsable a la zona insular” y precisa que “todo queda supeditado a que dichas actividades no ocasionen un impacto ambiental que ponga en riesgo la integridad ecosistémica del área”.
En otro orden, sostiene que el remedio preventivo “impide el acceso de miles de nicoleños y visitantes al Ecoparque, afectando negativamente el turismo local, las actividades recreativas y la educación ambiental”. Afirma, entonces, que la modificación a la manda precautoria requerida generará un impacto positivo en la economía regional, enfatizando que existe “un consenso social unánime en ese sentido”.
II. Del pedido articulado por la Municipalidad, ese día, se dio traslado a la parte actora y al señor Asesor General de Gobierno, quienes lo contestaron el 27 de diciembre de año pasado.
II.1. La actora, a su turno, se opone al acogimiento de lo pretendido por la demandada.
En primer lugar, arguye que la demandada invoca un supuesto “compromiso institucional” con el Ministerio de Ambiente que únicamente involucra un Plan de Recomposición Ambiental del bosque nativo, pero que nada prevé respecto de las demás zonas protegidas, tales como los extensos humedales. A su vez, aduce que de hacerse lugar a lo peticionado en los términos en que ha sido propuesto, se permitiría el ingreso de máquinas pesadas a la zona insular y esto, de por sí, constituiría una seria amenaza para la protección y conservación de la reserva natural.
Por otro lado, manifiesta que el eventual “compromiso institucional” asumido para la supuesta recomposición del bosque nativo en nada conmueve las condiciones bajo las cuales se dictó la tutela preventiva, dado que el daño ambiental causado en el “Parque Rafael de Aguiar” y su recomposición no son objeto de este proceso. En línea con esto, recuerda que esos extremos se ventilan en la causa caratulada “Asociación Civil Foro Medio Ambiental c/ Municipalidad de San Nicolás s/ acción de recomposición ambiental" (expte. 13.959), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás.
Señala que el municipio no acompaña ningún documento que acredite sus afirmaciones y que la mera mención a las presentaciones efectuadas en sede administrativa resulta inhábil para modificar la interdicción de autos, en tanto ni siquiera se indica si el Plan de Manejo y Recomposición ha sido aprobado mediante el correspondiente acto administrativo.
Por último, niega que el turismo de San Nicolás dependa de lo que se decida acerca del pedido incoado, toda vez que la localidad cuenta con el Balneario Municipal y las playas recientemente inauguradas llamadas “La Rycsa” y “Molino Santa Clara”.
II.2. El Asesor General de Gobierno Adjunto, por su parte, se limita a expresar que acompaña “distintos informes emitidos por dependencias del Ministerio de Ambiente de la Provincia, a través de los cuales se han expedido con relación a la aludida pretensión en responde”.
III. Al respecto, cabe señalar que las notas de provisionalidad, flexibilidad y mutabilidad que caracterizan a las medidas cautelares permiten que en todo proceso sea factible decretar la modificación de las providencias precautorias ya dispuestas o su levantamiento, atendiendo a aquellas circunstancias sobrevinientes o que no han podido ser valoradas al momento de dictarlas (doctr. causa I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 10-IV-2019” e I. 75.471, “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 9-IV-2021). Así pues, el Código Procesal Civil y Comercial expresamente establece que “las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron” y que “en cualquier momento en que estas cesaren se podrá requerir su levantamiento” (art. 202).
En el caso bajo análisis, las alegaciones vertidas por la demandada en nada alteran las circunstancias que determinaron el dictado del remedio provisional cuyo levantamiento ahora se pretende. Es que, tal como lo expresa el Foro actor, el municipio no arrima ninguna constancia documental que permita acreditar la base de su postulación ni cotejar la veracidad de sus dichos. Pues bien, los eventuales “compromisos institucionales” asumidos –cuyos términos y alcances tampoco se desprenden de la documentación presentada- no constituyen elementos de prueba dirimentes que permitan reexaminar las condiciones contempladas a la luz de los principios preventivo y precautorio para otorgar la manda cautelar en este pleito.
Dicho ello, es necesario destacar que frente a tal orfandad probatoria resulta insuficiente la documentación acompañada por el Asesor de Gobierno Adjunto para tener por acreditados los extremos fundantes del planteo, en tanto de los informes agregados solo se extrae que “el Municipio de San Nicolás presentó documentación tendiente a cumplimentar la resolución 523/19 con el fin de obtener la aprobación del Plan de Manejo y Recomposición Ambiental, el cual se encuentra en proceso de evaluación. A su vez, dicha evaluación también se encuentra enmarcada bajo la Ley 14.888” y que “desde las áreas técnicas de este Ministerio se comenzaron a realizar intercambios técnicos con el Municipio de San Nicolás desde el mes de Mayo, en las cuales ambas partes hemos mostrado una actitud proactiva para solucionar el conflicto planteado” (v. nota N° NO-2024-45829238-GDEBA-SSPAMAMGP).
Esa simple expectativa no alcanza para que este Tribunal revea la decisión preventiva adoptada, en especial, frente a la naturaleza del bien tutelado con ella.
Por las razones expuestas, el requerimiento formulado por la Municipalidad de San Nicolás debe ser rechazado (arg. art. 202, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar al pedido formulado por la Municipalidad de San Nicolás de modificación de la medida cautelar oportunamente decretada (art. 203, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2025 12:53:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/02/2025 11:15:42 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2025 10:01:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2025 16:05:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2025 09:05:03 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/02/2025 09:06:55 hs. bajo el número RR-60-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia