Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77164
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar el requerimiento formulado por la Municipalidad de San Nicolás el día 14 de octubre de 2025 (arts. 202 a 204, CPCC).
II. Como medida para mejor proveer (art. 36 inc. 2, CPCC), requerir al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires que, en el plazo de diez (10) días de notificada la presente, acompañe una copia digital del expediente N°EX2022-22638980-GDEBA-DGAMAMGP, que incluya sus antecedentes, la disposición N°DISPO-2025-21-GDEBA-DBOSMAMGP junto con el Anexo I (IF-2025-34049219-GDEBA-DEBOSMAMGP) y todos los actos posteriores dictados en su consecuencia.
I.77.164 "ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO FORO MEDIO AMBIENTAL (FOMEA) C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES -MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA MUNICIPAL NRO. 9949/19, DECRETO NRO. 1576/19 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO.1298/19"
I. Con fecha 14 de octubre de 2025, el apoderado de la Municipalidad de San Nicolás acompaña la disposición N°DISPO-2024-21-GDEBA-DBOSMAMGP, mediante la cual la Dirección de Bosques dependiente del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires aprobó el Plan de Conservación del bosque nativo del Ecoparque de San Nicolás y sus zonas colindantes.
Al respecto, explica que con la propuesta presentada la comuna ha cumplido con lo previsto en la ley 14.888 y en la resolución 523/19 del ex Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
En consecuencia, solicita el levantamiento de la medida cautelar dictada el 11 de mayo de 2023, debido a que -a su entender- las actuaciones administrativas adjuntas evidencian el apego a los estándares establecidos en las leyes 25.675 y 11.723, por lo que considera que se habría garantizado la preservación de los recursos naturales y la seguridad de los visitantes al área involucrada, tornándose innecesaria la continuidad de la tutela precautoria otorgada en autos.
II. Del pedido articulado por el municipio, ese día, se dio traslado a la parte actora, quien lo contestó el 22 de octubre del corriente y al señor Asesor General de Gobierno, quien guardó silencio.
II.1. La actora, a su turno, se opone al acogimiento de lo pretendido por la demandada argumentando que “la medida en cuestión no se dictó solo por el ilegal desmonte, sino que sus fundamentos van más allá y estriban también en la modificación del suelo y la topografía que genera la ejecución de obras con máquinas pesadas y el daño ambiental que se verificó no solo en el bosque nativo sino también en los humedales, en las lagunas y en definitiva en el régimen hidrológico del Río Paraná”.
A esto, añade que la comuna no explica de qué forma la aprobación del Plan tiene incidencia directa y suficiente en todas las cuestiones ambientales y técnicas que fueron valoradas por el Tribunal al pronunciarse sobre el remedio preventivo. En este sentido, esgrime que con lo planteado solo se aborda una supuesta solución de la problemática de bosques nativos, pero nada se dice sobre la protección de extensos humedales y destaca que “ni siquiera menciona el municipio la declaración de ilegalidad que realizó la ADA sobre el terraplén construido sobre las lagunas y la orden de remoción que impartió esa autoridad”.
En otro orden, alega que la documental acompañada por la contraria es notoriamente irregular dado que alude a la existencia de un Anexo que no solo no se adjunta, sino que tampoco se encuentra publicado en el Boletín Oficial.
Finalmente, señala que en la disposición no se determina con claridad la ubicación y extensión de los espacios involucrados y denuncia que la falta de participación ciudadana de forma previa a la aprobación del Plan constituye una violación directa al art. 17 de la ley 14.888.
III. Al respecto, cabe señalar que las notas de provisionalidad, flexibilidad y mutabilidad que caracterizan a las medidas cautelares permiten que en todo proceso sea factible decretar la modificación de las providencias precautorias ya dispuestas o su levantamiento, atendiendo a aquellas circunstancias sobrevinientes o que no han podido ser valoradas al momento de dictarlas (doctr. causa I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 10-IV-2019” e I. 75.471, “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 9-IV-2021).
Así pues, el Código Procesal Civil y Comercial expresamente establece que “las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron” y que “en cualquier momento en que estas cesaren se podrá requerir su levantamiento” (art. 202).
III.1. De las constancias arrimadas a la causa se observa -tal como refiere la demandada- que la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente dio por concluido el trámite instado por la Municipalidad para la aprobación del “Plan de Conservación del Bosque Nativo del Ecoparque de San Nicolás y sus zonas colindantes” para el manejo del área alcanzada por el régimen tuitivo de bosques nativos.
A su turno, de la lectura de los considerandos de la disposición N°DISPO-2025-21-GDEBA-DBOSMAMGP adjunta se desprende que se han observado las previsiones del decreto 366/17E, la resolución 523/19 del ex OPDS y se ha seguido el reglamento de procedimientos generales de la ley 26.331 según lo establecido en la resolución 427/20 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Asimismo, allí se da cuenta que mediante disposición N°DISPO-2022-365-GDEBA-DPCYFMAMGP se convalidó la clausura total impuesta en la fiscalización al espacio recreativo municipal denominado “Playa El Arenal” y otra segunda zona dentro de la isla.
Por último, se deja constancia de que se ha emitido el correspondiente informe técnico y legal y que ha tomado intervención la Asesoría General de Gobierno.
III.2. Ahora bien, tal como lo sostiene la parte actora, los antecedentes reseñados no bastan para hacer lugar al levantamiento pretendido.
Es que, contrariamente a lo manifestado por la demandada en relación a que “la autorización formal de la autoridad ambiental provincial neutraliza el fundamento de la medida cautelar, pues desaparece la presunción de ilegalidad de las obras”, lo cierto es que en la resolución dictada el día 15 de mayo de 2023 se han ponderado diversos elementos de peso -vinculados a las inconsistencias en el cuerpo del texto normativo y a los aparentes retaceos de los sistemas tuitivos específicos de las áreas naturales y humedales, entre otros fundamentos a los que cabe remitirse por razón de la brevedad- para tener por configurados los recaudos inherentes al remedio preventivo concedido, que no son considerados por la comuna en su exposición y que lejos quedan de ser desvirtuados con la prueba arrimada en esta ocasión.
Siendo esto así, toda vez que ni las alegaciones vertidas ni la documentación acompañada por la Municipalidad resultan suficientes para conmover las circunstancias que determinaron el otorgamiento de la manda precautoria cuyo levantamiento ahora se pretende, el pedido efectuado por la demandada debe ser desestimado (arg. art. 202, CPCC).
IV. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que puede ser útil contar con mayor información acerca del trámite que dio origen a la decisión adoptada por la Dirección de Bosques en el ámbito de su competencia, de allí que -como medida para mejor proveer (arts. 36 inc. 2 y 202 a 204, CPCC)- se deberá requerir al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires que, en el plazo de diez (10) días de notificada la presente, acompañe una copia digital del expediente N°EX2022-22638980-GDEBA-DGAMAMGP, que incluya sus antecedentes, la disposición N°DISPO-2025-21-GDEBA-DBOSMAMGP junto con el Anexo I (IF-2025-34049219-GDEBA-DEBOSMAMGP) y todos los actos posteriores dictados en su consecuencia.
Esto, en tanto la actuación del organismo provincial en sede administrativa -en especial, la vinculada con la aludida clausura- y la posterior colaboración prestada en estos obrados ameritan indagar si lo ahora resuelto posee potencial para incidir -aun de forma coadyuvante o parcial- en los términos o alcances de las medidas que se tomen en el marco de esta causa (arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Desestimar el requerimiento formulado por la Municipalidad de San Nicolás el día 14 de octubre de 2025 (arts. 202 a 204, CPCC).
II. Como medida para mejor proveer (art. 36 inc. 2, CPCC), requerir al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires que, en el plazo de diez (10) días de notificada la presente, acompañe una copia digital del expediente N°EX2022-22638980-GDEBA-DGAMAMGP, que incluya sus antecedentes, la disposición N°DISPO-2025-21-GDEBA-DBOSMAMGP junto con el Anexo I (IF-2025-34049219-GDEBA-DEBOSMAMGP) y todos los actos posteriores dictados en su consecuencia.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2025 14:03:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2025 09:55:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 13:42:32 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 01/12/2025 15:18:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2025 15:29:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/12/2025 15:33:23 hs. bajo el número RR-948-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia