Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77164
I.77.164 "ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO FORO MEDIO AMBIENTAL (FOMEA) C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA MUNICIPAL NRO. 9949/19, DECRETO NRO. 1576/19 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO.1298/19"
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. Con fecha 4 de diciembre de 2025, el apoderado de la Municipalidad de San Nicolás solicita el levantamiento provisorio de la medida cautelar dispuesta el 12 de julio de 2022, por encontrarse plenamente satisfechos los aspectos ambientales, técnicos y jurídicos que motivaron su dictado. Lo que se acreditaría, según su entender, con la aprobación del Plan de Manejo y Conservación elaborado por la comuna mediante la disposición n°21/25 de la Dirección de Bosques dependiente del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
En este sentido, arguye que el mantenimiento actual de la manda preventiva -en los términos en que ha sido otorgada- afecta de manera directa el uso público y recreativo de espacios naturales y balnearios del Partido de San Nicolás, cuya explotación y utilización intensiva se concentra históricamente en el período comprendido entre los meses de diciembre y marzo.
En apoyo de su solicitud, alega que el Plan cuenta con un relevamiento de 2.145 hectáreas, inventario florístico, diagnóstico ecosistémico, mapeo de áreas degradadas, Plan Operativo Anual, cronograma decenal y medidas correctivas y de conservación específicas para la zona de pastizales, bosque deltaico y playas.
Luego, detalla cada uno de los argumentos esgrimidos para sostener el remedio precautorio y explica el modo en que se ha dado cumplimiento a cada una de las omisiones y defectos advertidos en la actuación desplegada por el municipio en este asunto. Particularmente, indica que las medidas de protección del bosque nativo (categorías I y II) propuestas resultan suficientes para garantizar su persistencia, de acuerdo a lo manifestado por la autoridad de aplicación. Además, se ha previsto un plan de restauración hídrica, se han prohibido expresamente las modificaciones topográficas en zonas críticas y se ha acordado un programa de monitoreo hidrológico continuo. Respecto a los cuestionamientos sobre el puente flotante, expone que se ha realizado un diagnóstico del área de cruce e ideado mecanismos para evitar el impacto sobre flujos de agua, anegamientos y erosiones, estableciendo espacio de tránsito permitido y prohibido.
En otro orden, aclara que las clausuras administrativas impuestas a través de las disposiciones n°sDISPO-2021-17 y DISPO-2022-365 fueron dejadas sin efecto, toda vez que la comuna subsanó y observó todos los recaudos exigidos por el Ministerio de Ambiente.
Por todo ello, ante este cambio significativo de circunstancias, requiere el levantamiento provisorio y sujeto a fiscalización por parte de la autoridad ambiental competente de la medida concedida.
Finalmente, ofrece prueba testimonial para que se cite a los Ingenieros Forestales Mariano H. Clausi y Julián Salimbeni, miembros de la Consultora Ambiente y Territorio SA, para que esclarezcan todas las cuestiones que este Tribunal estime necesarias para comprender cabalmente el trabajo elaborado.
II.1. Del pedido articulado por la demandada, se dio traslado a la parte actora, quien lo contestó el día 11 del mismo mes y año y al señor Asesor General de Gobierno, quien guardó silencio.
II.2. La asociación civil actora se resiste al acogimiento del pedido efectuado por la comuna, alegando que esta nueva petición es insuficiente, regresiva e ilegítima.
Funda su rechazo en que: 1) la propuesta del municipio no revierte el daño ambiental causado (desmontes, caminos, terraplenes ilegales sobre humedales); 2) ignora los motivos que sustentaron el remedio cautelar, en tanto que para su concesión se ponderó no solo el desmonte ilegal, sino también las modificaciones introducidas al suelo y la topografía del lugar; 3) no brinda explicaciones acerca de la necesidad de autorizar la entrada de maquinarias pesadas y ejecución de obras en la zona insular; 4) omite garantizar la participación ciudadana prevista en la Ley de Bosques Nativos, por lo que el Plan adolecería de un vicio de nulidad; y 5) reduce la protección establecida en el anterior “Plan de Manejo de Parque Aguiar”.
Tras detallar una serie de observaciones técnicas que sus asesores habrían formulado al Plan presentado por el municipio, solicita que se desestime lo requerido y se mantenga la manda preventiva tal como fuera concedida.
III. El día 29 de diciembre de 2025, el Ministerio de Ambiente informa que mediante resolución DISPO-2025-21-GDEBA-DBOSMAMGP efectivamente se ha aprobado el Plan en cuestión, adjuntando una copia de esta y del Anexo I, identificado bajo el n°IF 2025-34049219-GDEBA-DBOSMAMGP.
IV. Con fecha 20 de febrero de 2026, la parte actora realiza una nueva presentación, en la cual -en lo que a este proceso concierne- insiste en que el pedido formulado por la demandada debe ser desestimado.
V. Si bien las medidas cautelares se caracterizan por su provisionalidad, flexibilidad y mutabilidad y el art. 202 del Código Procesal Civil y Comercial contempla su subsistencia mientras duren las circunstancias que las determinaron, lo cierto es que en controversias ambientales tales notas no pueden ser aplicadas con criterio meramente formal o desatendiendo la naturaleza del bien jurídico comprometido. En causas vinculadas con la tutela de un ambiente sano —derecho de jerarquía constitucional (arts. 41, Const. nac.; 28, Const. prov.)— rige un estándar de protección reforzado, informado por los principios preventivo y precautorio (art. 4, ley 25.675), por el deber de progresividad y no regresión y por la exigencia de tutela judicial efectiva de bienes colectivos. Desde esa perspectiva, la flexibilización —aunque sea parcial y temporario— de una manda preventiva requiere la demostración clara de un cambio relevante de circunstancias y, sobre todo, la acreditación – prima facie - de que la flexibilización dispuesta no incrementará el riesgo de daño ni consolidará hechos consumados de difícil o imposible reversión.
En el caso particular de autos, no advierto que la demandada haya satisfecho esa carga. Para verificarlo, resulta imprescindible recordar cuáles fueron los presupuestos que motivaron el dictado de la tutela preventiva reforzada dispuesta el 11 de mayo de 2023, pues es a la luz de esos riesgos —y no de un fragmento aislado— que corresponde evaluar si han cesado o sido razonablemente mitigados, ceñido –claro está- al limitado ámbito de análisis propio del instituto cautelar.
En dicha oportunidad, el Tribunal tuvo por configurada, con el grado de verosimilitud propio de la materia, la concreta probabilidad de vulneración del art. 28 de la Constitución provincial a partir de un cuadro compuesto, entre otros elementos, por: i) la falta de claridad del marco normativo impugnado respecto del nivel vigente de protección del Área Natural Protegida Municipal Parque “Rafael de Aguiar”, con formulaciones ambiguas e imprecisas y con remisiones a una futura normativa “a definir”, lo que fue valorado como un posible “desconocimiento, retaceo o supresión del sistema integral de tutela” del área; ii) la verosímil regresividad de las modificaciones normativas, en tanto se advirtió la reducción de estándares de protección previamente logrados y la omisión de la condición de “reserva natural” en el área ahora denominada “Eco Parque”, así como variaciones que se exhibían, al menos liminarmente, injustificadas; iii) la “difícil identificación” de la zona específica sobre la que debía recaer la protección legal, con el correlativo riesgo de que la determinación ambigua habilitara el avance del fraccionamiento y urbanización en sectores donde existen extensos humedales potencialmente merecedores de resguardo; iv) la constatación de obras que podrían impactar negativa e irreversiblemente en el ambiente, con especial atención al camino elevado en la Isla Ballesteros que dividía espejos de agua y comprometía, por su sola presencia, la unidad ecosistémica del humedal, así como la presencia de maquinaria vial pesada en sectores relevantes; v) la verificación administrativa de hechos consistentes con la habilitación de la zona insular con circulación y estacionamiento de automóviles, en un contexto en el que se discutía precisamente el impacto ambiental de tal modalidad de acceso; vi) la ausencia de respaldo técnico suficiente en manos de la demandada para sostener, siquiera preliminarmente, la inocuidad o reversibilidad de las intervenciones, destacándose que no había cumplido con la carga de acompañar la documentación técnica requerida; y vii) un dato institucional particularmente significativo: la comprobada inobservancia de mandas judiciales previas y la conducta reticente a observar la tutela decretada, lo que llevó no sólo a reforzar medidas (clausuras, retiro de maquinaria, testimonios al Ministerio Público Fiscal, astreintes), sino también a fundamentar la decisión en deberes de lealtad, probidad, buena fe y colaboración en procesos de incidencia colectiva, con expresa mención del Acuerdo de Escazú y del art. 32 de la Ley General del Ambiente.
VI. Confrontado ese cuadro de fundamentos con la petición actual del municipio, entiendo que los riesgos determinantes de la cautelar no han sido verosímilmente disipados.
En primer lugar, subsiste —y no se ha demostrado con un grado de apariencia suficiente su superación— el problema estructural relativo a la falta de diafanidad del régimen normativo impugnado y, correlativamente, la amenaza de regresión. La petición se apoya centralmente en un “Plan” aprobado por la autoridad administrativa de bosques nativos para el manejo del área alcanzada por ese régimen específico; sin embargo, la cautelar de mayo de 2023 no reposó exclusivamente en la ausencia de un plan para bosques nativos, sino también en inconsistencias y ambigüedades del propio entramado normativo local que afectaban la identificación del área protegida y habilitaban, prima facie , transformaciones territoriales de amplio alcance. En otras palabras, un instrumento sectorial —aun relevante— no despeja por sí mismo el riesgo que el Tribunal vinculó a la estructura misma de la regulación impugnada, ni satisface, en esta etapa, la exigencia de una justificación global y razonable de los cambios normativos que se juzgaron –en el acotado marco cautelar- como regresivos.
En segundo término, permanece vigente la preocupación por la afectación de humedales, del suelo y de la topografía, y por los impactos de las infraestructuras de acceso y circulación en la Isla Ballesteros. El fundamento de la cautelar atendió especialmente al camino elevado que dividía espejos de agua y al consiguiente riesgo de alteraciones del humedal, así como a la circulación y presencia masiva de automóviles y a la necesidad de impedir el ingreso de maquinaria pesada, extremos todos que fueron considerados potencialmente irreversibles o, cuando menos, de reparación dificultosa. La autorización temporal del uso recreativo, aun condicionada a aforo, registración y transporte público, se asienta en una valoración de razonabilidad, pero no demuestra —con el rigor que exige el estándar precautorio para revertir la medida cautelar— que el entorno ya intervenido no seguirá sufriendo alteraciones acumulativas, ni que la modalidad autorizada evitará consolidar la transformación del área insular en un esquema de uso intensivo que el propio Tribunal consideró, previamente, susceptible de agravar el daño.
En tercer lugar —y esto resulta decisivo para apreciar la subsistencia del peligro en la demora—, la medida cautelar de mayo de 2023 no se limitó a prevenir nuevos impactos, sino que se inscribió en una lógica de tutela urgente propia del derecho ambiental, orientada a evitar la consolidación de hechos consumados y a preservar la eficacia práctica de la sentencia definitiva. En ese entendimiento, adquirió relevancia la necesidad de recomposición o restauración efectiva de los componentes del ecosistema afectados por las intervenciones constatadas. Pues bien, lo invocado por la demandada no acredita, al menos con un grado de probabilidad suficiente, la existencia de un programa concreto, verificable y exigible de recomposición ambiental de las áreas degradadas, con metas cuantificables, cronogramas, indicadores de seguimiento y mecanismos idóneos de auditoría pública. La parte actora sostiene —y la lectura liminar de los elementos aportados no permite descartar— que el Plan presentado se basa en gran medida en formulaciones generales, sin traducirse en acciones de restauración específicas sobre humedales y topografías, ni en compromisos operativos que permitan inferir que la degradación ya producida se revertirá o, cuando menos, no se profundizará con la reapertura del uso recreativo.
En materia ambiental, no basta la invocación de un instrumento de gestión para tener por mitigados los riesgos que motivaron una tutela preventiva reforzada. La eficacia de tales instrumentos debe ser apreciada en términos de implementación real y resultados esperables, y no como una mera referencia formal. Menos aun cuando el propio precedente cautelar puso de relieve la insuficiencia de respaldo técnico en cabeza de la demandada para justificar la inocuidad o reversibilidad de lo actuado, y cuando se verificó —en diversas oportunidades— una conducta reticente a observar mandas judiciales. En ese contexto, la ausencia de una recomposición efectivamente demostrada o, al menos, seriamente encauzada mediante medidas concretas, controlables y exigibles, impide considerar que han cesado las circunstancias que determinaron la interdicción de obras, el retiro de maquinaria y el cierre de accesos vehiculares.
En cuarto lugar, la actora ha planteado objeciones relevantes vinculadas a la participación ciudadana en la elaboración y aprobación del Plan. Sin necesidad de expedirme con carácter definitivo sobre ese extremo —propio del conocimiento ulterior del proceso—, lo cierto es que, si existieran déficits participativos relevantes, el Plan invocado perdería aptitud como elemento legitimante para levantar una cautelar ambiental, habida cuenta de que, en este campo, la participación pública no constituye una formalidad accesoria sino un componente sustantivo del debido proceso ambiental y de la gobernanza democrática de los bienes colectivos, en los términos de la normativa interna y del Acuerdo de Escazú.
Tampoco puede soslayarse el componente institucional que subyace a la cautelar originaria: el Tribunal ponderó expresamente las denuncias comprobadas de incumplimiento de mandas judiciales previas y la conducta reticente de la demandada, lo que justificó reforzar la tutela mediante clausuras, retiro de equipamiento, apercibimientos con astreintes y remisión de testimonios al Ministerio Público Fiscal. Ese antecedente, valorado a la luz de los deberes de colaboración y buena fe procesal, exige una prudencia adicional al momento de flexibilizar la protección.
Finalmente, el argumento relativo al derecho de la población al uso recreativo del espacio —atendible en abstracto— no puede, en esta etapa liminar y frente a un escenario de riesgo ambiental ya identificado como potencialmente irreversible, desplazar el criterio rector que guió la tutela de mayo de 2023: evitar que la prosecución de obras, accesos vehiculares y usos intensivos consoliden un estado de cosas que torne ilusoria la sentencia definitiva y que comprometa, por su mera consumación, la integridad del ambiente y la calidad de vida de la comunidad. La propia resolución cautelar distinguió nítidamente entre el tránsito peatonal —considerado compatible— y el tránsito vehicular y obras con maquinaria, respecto de los cuales ordenó clausuras y retiro, precisamente para prevenir deterioros y efectos irreversibles. En ese encuadre, autorizar el uso recreativo de playas en el área insular durante el período de mayor presión antrópica, aun con restricciones, importa un apartamiento del enfoque de cautela reforzada que justificó originariamente la manda, máxime cuando no se encuentra acreditado un proceso de recomposición ambiental serio y verificable que permita asumir que la habilitación no agravará la afectación existente.
VII. Por lo expuesto, considero que no se ha demostrado la cesación de las circunstancias que determinaron el dictado de la medida cautelar ni que los riesgos que le dieron origen —ambigüedad y regresividad normativa, indefinición del perímetro protegido con amenaza sobre humedales, constatación de obras e infraestructura con impacto potencialmente irreversible, circulación vehicular en la zona insular, falta de respaldo técnico suficiente, ausencia de recomposición efectiva y antecedentes de inobservancia de mandas judiciales— hayan sido razonablemente mitigados.
En consecuencia, corresponde rechazar el pedido de levantamiento parcial y provisorio formulado por la Municipalidad de San Nicolás y mantener la tutela preventiva en los términos oportunamente dispuestos, sin perjuicio de que, con mayores elementos técnicos, administrativos y participativos debidamente acreditados, el Tribunal pueda reexaminar la cuestión en el futuro.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. Debo disentir de la solución propiciada por mi distinguido colega.
I.1.a. En la postura de cuyos términos y sentido me aparto, la denegatoria del pedido de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos parece guiarse por el entendimiento —ya desacreditado— de que el Parque “Rafael de Aguiar” constituye una reserva o monumento natural (conf. ley 10.907), el que pudo haberse generado por el requerimiento formulado mediante la resolución de fecha 12-VII-2022. En este acto se dispuso oficiar al Ministerio de Ambiente para que informase si el parque gozaba de aquel elevado estatus de protección ambiental (conf. arts. 10, 11, 20 y sigs., ley cit.) y, en el ínterin, se dispuso una cautelar claramente provisoria y, luego, la definitiva el 12-V-2023.
I.1.b. La respuesta negativa de la autoridad ministerial confirma que el área mencionada, eje del litigio de autos, lejos está de representar un espacio no susceptible de actividades antrópicas, preferentemente inaccesible; una suerte de «intangible natural», sustraído del tráfico social y reservado a unos pocos guardaparques o a esporádicos científicos, con fines exclusivamente conservacionistas o de investigación. El hoy denominado “Ecoparque San Nicolás” (ordenanza 10.397/21) siempre fue un área valorada para el uso responsable de la comunidad nicoleña, íntimamente vinculada a su cultura y la identidad local, a los hábitos recreativos de la generalidad de la población, al estrecho contacto con la naturaleza, y al devenir histórico de la ciudad.
Por eso, a estas alturas del proceso luce disfuncional y desproporcionada la continuidad de una restricción erga omnes que priva de disfrute social a una porción esencial de aquel bien colectivo. Medida que, al tiempo que perpetúa la limitación, desplaza la consideración de otras alternativas menos lesivas que, sin levantar in totum los cuidados debidos, incorpore una serie de pautas regulatorias —en el plano sustancial y temporal— basadas en criterios de sustentabilidad mientras dure el proceso.
I.2. En el régimen de la ordenanza 8.235/12 —incontrovertida por la actora y que sirve de línea de base para evaluar la supuesta regresividad de la ordenanza 9.949/19 impugnada en autos (conf. doctr. causa I. 72.669, “Picorelli”, resol. de 24-IX-2014)–, el Parque “Rafael de Aguiar” era sin lugar a dudas un sitio asequible para la población. Dicha norma —hoy reemplazada por la ordenanza 10.397, que mantiene un criterio semejante—, entre sus “áreas temáticas” preveía la existencia de un “Área de recreación y turismo”, a fin de “lograr que el Parque Aguiar sea incorporado en la oferta recreativa local, y considerado como valioso recurso turísti
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.