Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 2396
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 2.396, "Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/Municipalidad de Avellaneda s/Inconstitucionalidad Ordenanza N° 15.857", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, Kogan.
La firma Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. (en adelante, Shell C.A.P.S.A.), por intermedio de su apoderado, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial contra la Municipalidad de Avellaneda y la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del segundo párrafo de la cláusula cuarta del Convenio suscripto el día 22 de noviembre de 2001 por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y el municipio demandado, de la ordenanza 15.857 y del decreto 359/02 de esa comuna (v. fs. 32/52 vta.).
Impugna el acuerdo en el entendimiento de que, al suscribirlo, la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires cedió facultades impositivas indelegables, de las que tampoco resultaba titular.
Sostiene que la ordenanza 15.857, en cuanto crea y regula la Tasa por Servicios Especiales de Fiscalización y Control Ambiental, violenta los arts. 14, 17, 19 y 28 de la Constitución nacional y 10, 28, 31, 51, 56, 57, 103 inc. 1, 192 y 193 de la Constitución provincial. Postula que ese tributo se superpone con la tasa de aptitud ambiental prevista en el art. 25 de la ley 11.459 y que resulta irrazonable y confiscatoria. Manifiesta que la ordenanza 15.857 y el decreto municipal 359/02 vulneran el principio de legalidad tributaria.
Corrido el traslado de ley, la representante de la Municipalidad de Avellaneda y el señor Asesor General de Gobierno contestaron la demanda y pidieron su rechazo (v. fs. 100/107 vta. y 108/111 vta., respectivamente).
Agregada la documentación acompañada al escrito de inicio, los cuadernos de prueba de las partes actora, demandada y codemandada, habiendo alegado la empresa accionante y la Municipalidad de Avellaneda -no así la Provincia de Buenos Aires-, oído el señor Procurador General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La actora pretende la declaración de inconstitucionalidad del segundo párrafo de la cláusula cuarta del Convenio suscripto el día 22 de noviembre de 2001 entre la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda, de la ordenanza 15.857 y del decreto 359/02 del mismo municipio.
En aquel acuerdo se establece un "...programa especial para la preservación y optimización de la calidad ambiental, a través del monitoreo y control de emisiones gaseosas, efluentes líquidos y suelos de origen industrial, cuyo ámbito de aplicación será el Partido de Avellaneda, Polo Petroquímico y Área Portuaria del mismo distrito, al tiempo que hace operativa la delegación de facultades dispuesta por la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario 1.741/96" (encabezado del convenio de fecha 22 de noviembre de 2001).
En el tramo del acuerdo objetado por la actora se estipula que "La Municipalidad de Avellaneda, conforme lo autoriza el art. 74 del Decreto 1.741/96, podrá si correspondiere implementar, una tasa municipal retributiva de los servicios de control y monitoreo de la calidad del ambiente y cuyo pago estará a cargo de las industrias alcanzadas por sus disposiciones".
Por su parte, la ordenanza 15.857 dispone:
"Artículo 1°- Créase la 'Tasa por Servicios Especiales de Fiscalización y Control Ambiental' por los servicios especiales de fiscalización, inspección, Control, Empadronamiento y prevención periódicos previstos en la Ley Provincial 11.459 y su reglamentación -Decreto 1.741/96- que preste la Municipalidad de Avellaneda con arreglo al Convenio de Delegación Suscripto por el Departamento ejecutivo y la Secretaría de Política Ambiental [refiere al de fecha 22-XI-2001].
Esta Tasa no comprende los servicios de expedición del Certificado de Aptitud Ambiental e inspección de verificación de funcionamiento del establecimiento que deba realizarse como consecuencia de la comunicación exigida por el artículo 11° de la Ley Provincial 11.459 para el perfeccionamiento del certificado de Aptitud Ambiental, a los que se refiere el art. 37 de la Ley Provincial 12.576 - Ley Impositiva de la Provincia- o el que lo reemplace, los que se abonarán de acuerdo a esta última disposición.
Artículo 2°- Son contribuyentes de esta Tasa los titulares de establecimientos industriales y actividades clasificadas de tercera (3°) Categoría de acuerdo a la clasificación establecida en la Ley Provincial 11.459 y su reglamentación, instalados o que se instalen en el Partido de Avellaneda.
Artículo 3°- La base imponible de este gravamen estará constituida por el Nivel de Complejidad Ambiental del establecimiento o actividad por el que se deba contribuir este tributo, con arreglo a la clasificación establecida en la Ley 11.459 y su reglamentación.
Artículo 4°- Esta Tasa se abonará mensualmente y su monto, relacionado con el Nivel de Complejidad Ambiental, surgirá de una fórmula polinómica que establecerá el Departamento Ejecutivo en la reglamentación conforme lo prescripto en el artículo precedente, fijándose como monto máximo de este gravamen la suma de Pesos sesenta mil ($ 60.000) mensuales."
El decreto 359/02, por otro lado, establece:
"Artículo 3°- El monto mensual de la Tasa por Servicios Especiales de Fiscalización y Control Ambiental, que en ningún caso podrá superar los sesenta mil pesos ($60.000) se determinará por aplicación de la siguiente fórmula polinómica:
T=2B*(NCA*R)
100
Donde:
B: Es el monto Base expresada en moneda de curso legal determinada en virtud de "E". "E" surgirá de la escala que se incluye en el Anexo I.
NCA: Es el Nivel de Complejidad Ambiental -expresado en una escala de puntos- asignado por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires o por la Municipalidad de Avellaneda, de conformidad con las normas de la Ley N° 11.459 y, consecuentemente, de la Ordenanza N° 15.018.
C) R: Es el factor de Riesgo Total -expresado en puntos- resultante de la sumatoria de los ítems consignados en el Apéndice II que se hubiera asignado al contribuyente."
La actora sostiene, en síntesis, que el párrafo segundo de la cláusula cuarta del Convenio de fecha 22 de noviembre de 2001 coloca en cabeza de la comuna una potestad provincial que no es susceptible de delegación. Postula que también quebranta el principio de legalidad tributaria toda vez que la Secretaría de Política Ambiental -que suscribió el acuerdo por la Provincia- no podría válidamente ceder aquella atribución que corresponde al Poder Legislativo de manera exclusiva.
Por otro lado, expresa que la Municipalidad de Avellaneda se ha excedido en sus atribuciones al crear la Tasa por Servicios Especiales regulada en las normas objeto de demanda pues la institución de tal gravamen es, a su criterio, de resorte exclusivo de la Provincia.
Agrega que la ordenanza 15.857 sólo estaría habilitada a reglamentar servicios idénticos a aquellos que justifican el cobro de la tasa provincial establecida en el art. 25 de la ley 11.459, pues se trata de las prestaciones que corresponden al desenvolvimiento de las funciones y facultades emergentes de esa ley supralocal (v. fs. 44 vta.).
Sostiene que ello es así, además, porque la ley 11.459 y el decreto 1.741/96 restringen la competencia municipal a la fiscalización de las industrias clasificadas como de primera y segunda categoría. También, debido a que la excluyen en ámbitos portuarios como aquel en el que, dentro del ejido de la Municipalidad de Avellaneda, se hallan los establecimientos de su titularidad sobre los que podría recaer una fiscalización comunal.
Con carácter subsidiario plantea que la ordenanza 15.857 y el decreto 359/96 vulneran los principios de legalidad tributaria, de no confiscatoriedad y de razonabilidad.
En ese sentido, sostiene que la ordenanza no define con adecuada precisión el elemento cuantitativo del tributo e importa una delegación prohibida de facultades al Poder Ejecutivo. A la par, expresa que el decreto avanza con sus previsiones en la definición de ese aspecto estructural del hecho imponible por fuera de las pautas que, aunque insuficientes, fueron fijadas por la ordenanza creadora de la tasa.
Estima también que el tributo cuestionado carece de causa en razón de responder, en todo caso, a servicios que ya son retribuidos mediante el cobro de su análogo provincial. Manifiesta que, por tal razón, resulta confiscatorio e irrazonable.
Asevera que el carácter confiscatorio de la tasa deriva, además, de la ausencia de proporcionalidad entre lo recaudado en su concepto y el costo global del servicio en el que la demandada pretender justificar su cobro.
Se agravia adicionalmente de la falta de publicación tanto de la ordenanza como del decreto impugnados.
Cita los arts. 1, 10, 28, 31, 51, 56, 57, 103 inc. 1, 192 y 193 de la Constitución provincial en respaldo de sus objeciones.
II. En su contestación de la demanda, la Municipalidad de Avellaneda sostiene que no se registra la superposición de prestaciones provinciales y municipales alegada por la actora, pues el objeto de la tasa de aptitud ambiental establecida en el art. 25 de la ley 11.459 difiere del que corresponde a la Tasa por Servicios Especiales prevista en su jurisdicción.
Explica que el convenio suscripto entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda el día 22 de noviembre de 2001 tuvo dos objetivos: el primero, establecer un programa especial para preservar y optimizar la calidad ambiental a través del monitoreo y control de emisiones gaseosas, efluentes líquidos y suelos de origen industrial en el Partido de Avellaneda, en el polo petroquímico y en el área portuaria de ese mismo distrito; el segundo, operativizar la delegación de facultades a los municipios que autorizan la ley 11.459 y el decreto 1.741/96, entonces vigente (derogado por el decreto 531/19).
Sostiene que los servicios municipales que sirven de causa a la tasa impugnada son los dirigidos al cumplimiento del primero de los propósitos enunciados y conforman un programa especial creado al amparo del art. 77 inc. "d" del decreto 1.741/96, entonces vigente. Refiere que ello es así pues, según ese precepto, para la concreción de las tareas de evaluación y fiscalización del cumplimiento de la ley 11.459, la respectiva autoridad de aplicación provincial puede "Implementar tareas conjuntas con los Municipios para la realización de evaluaciones ambientales que comprendan seguimiento, control, monitoreo, y cualquier otra acción que [...] se considere conveniente".
Por otro lado, aduce que la delegación de funciones al municipio es la razón de ser de la coparticipación parcial de lo recaudado por la Provincia en concepto de la Tasa por Aptitud Ambiental establecida en el art. 25 de la ley 11.459 (cláusula cuarta, primer párr.).
Manifiesta que la correspondencia de las tasas provincial y municipal a prestaciones públicas diferenciadas surge también de la ordenanza 15.857, en tanto prevé de modo expreso que el tributo allí contemplado no comprende los servicios de expedición del certificado de aptitud ambiental (art. 25, ley 11.459). Destaca, al mismo tiempo, lo normado por el art. 74 del decreto 1.741/96 en cuanto dispone que "La tasa creada a partir de la Ley 11.459 [refiere a la prevista en el art. 25 de esa norma], no invalida la existencia de otras vigentes en las esferas municipales y cuyo objeto de imposición difieran [sic] de la presente" (cláusula cuarta, segundo párr.).
Resiste el planteo referido a la violación del principio de legalidad tributaria alegando que el elemento cuantitativo del gravamen se encuentra suficientemente previsto en la ordenanza objetada.
En cuanto al carácter pretendidamente confiscatorio del tributo, sostiene que la parte actora se limita a expresar especulaciones carentes de respaldo probatorio.
III. En su contestación de la demanda, el señor Asesor General de Gobierno comienza por puntualizar que se limitará a defender la constitucionalidad de la cláusula cuarta, segundo párrafo, del convenio de fecha 22 de noviembre de 2001. Explica que ello es así por no corresponderle la defensa de la ordenanza 15.857 y del decreto 359/01, en razón de haber sido emitidos por autoridades comunales.
Puntualiza que en el precepto impugnado relativo a su incumbencia no se perfecciona una delegación de facultades al municipio para la creación de una tasa, sino que sólo se "...ratifica o -si se quiere- complementa o precisa" (fs. 109 vta.) la norma del art. 74 del decreto 1.741/96 -entonces vigente- que refiere tal autorización.
Expresa que la concreta previsión del respectivo tributo se encuentra condicionada a que efectivamente exista potestad tributaria en cabeza de la comuna para crearlo y a que no se superponga con una incumbencia exclusivamente provincial. Manifiesta que esta última limitación no se registra en materia de poder de policía ambiental, ya que se trata de una potestad concurrente cuya regulación administrativa fue ejercida a través de la suscripción del acuerdo atacado.
Sostiene que los servicios por los que se prevé el pago de la tasa provincial del art. 25 de la ley 11.459 son diferentes a aquellos a los que refiere la cláusula cuarta del convenio. Puntualiza que ello es así pues los primeros se vinculan con la fiscalización y control para la extensión del certificado de aptitud ambiental -requerido para el desarrollo de la actividad industrial-, mientras que los segundos consisten en el control y monitoreo de la calidad del ambiente una vez que la actividad se está desarrollando.
IV. Reseñadas las posiciones de las partes, conviene comenzar por precisar que el establecimiento de la actora que justifica su interés en la declaración de inconstitucionalidad requerida en la demanda se encuentra ubicado en la zona del Puerto de Dock Sud -circunstancia que no ha sido controvertida en autos (v. fs. 39 y 108 vta.)-.
En términos generales, considero que resulta jurídicamente posible el ejercicio de facultades tributarias concurrentes entre la Provincia y una municipalidad. Esta Corte ha dicho también que, tratándose puntualmente de una zona portuaria transferida de la Nación a la Provincia de Buenos Aires, no se ha pretendido crear áreas de exclusión y exclusividad provincial en esos enclaves -en desmedro de la autonomía municipal- sino de proveer lo conducente a la más efectiva funcionalidad de un establecimiento que en su momento fue de utilidad nacional (doctr. causa B. 60.709, "Ford Argentina S.A.", sent. de 27-VI-2012).
Entonces, corresponde abordar el caso partiendo de la premisa según la cual el hecho de tratarse de jurisdicción portuaria no invalida per se las normas tributarias municipales que contemplen como hipótesis de incidencia hechos o actos perfeccionados dentro de sus límites.
Cabe agregar a lo anterior que este Tribunal viene adoptando una perspectiva similar en materia de poder de policía ambiental, también respecto de zonas portuarias.
En efecto, ha definido que, como regla, en materia medioambiental las distintas esferas de gobierno -nacional, provincial y municipal- revisten potestades normativas y de gestión concurrentes -bien que, sobre aspectos diferenciados, correspondiendo al Estado federal disponer los presupuestos o contenidos mínimos y a las provincias y los municipios aquellos necesarios para complementarlos- (doctr. causas I. 1.982, "YPF S.A.", sent de 31-X-2001 e I. 1.983, "Copetro S.A.", sent. de 20-II-2002).
Ello así en línea con la previsión contenida en el art. 286 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58), según la cual "...el poder de policía por parte de las Municipalidades, en materia de sus competencias y aquellas en que ejercieran facultades concurrentes y en la forma que corresponda en las que actúen por delegación de la Nación o la Provincia, de acuerdo a la Constitución y las leyes, se extiende a todo el ámbito de sus respectivos territorios, sin excepciones de ninguna especie".
Debe señalarse que, a la vez, esta Suprema Corte precisó que el control comunal vinculado a la seguridad e higiene de los establecimientos industriales resulta improcedente si se registra una completa identificación -y consecuente superposición- con respecto a las actividades que la normativa supralocal coloque a cargo de un especial organismo provincial (doctr. causa B. 74.083, "Municipalidad de San Nicolás", sent. de 6-II-2019).
V. Para decidir el planteo de la actora, referido a la pretendida incompetencia municipal, corresponde analizar, entonces, si las prestaciones a las que se halla vinculada la Tasa por Servicios Especiales son de exclusiva incumbencia provincial o si importan la duplicación de una tarea que ya desarrolla la Provincia.
V.1. En esa línea debe ponderarse que la ley 11.459 sobre habilitación y radicación de industrias regula la exigencia de que los establecimientos industriales instalados o que se instalen dentro de la Provincia de Buenos Aires obtengan un certificado de aptitud ambiental (art. 3, primer párr.). Dispone, asimismo, que "Por el concepto de habilitación sanitaria exigida por la presente ley [refiere al certificado de aptitud ambiental ya mencionado] se abonará una tasa especial cuyo monto, en el caso de establecimientos de tercera categoría, será fijado por la Ley impositiva..." (art. 25, texto vigente al momento de sanción de la ord. 15.857 impugnada en autos).
Asimismo, clasifica a las industrias en tres categorías según la índole del material que manipulen, elaboren o almacenen (art. 15), de acuerdo a la cual asigna a la Provincia la potestad de expedir el certificado referido en los casos en que los establecimientos hubieran sido calificados como de tercera categoría y a los municipios para aquellos que correspondan a la primera o segunda categoría (art. 3, segundo párr.).
De acuerdo al decreto 1.741/96 -reglamentario de la ley 11.459-, cuando los establecimientos estuviesen ubicados en zonas portuarias, el Certificado de Aptitud Ambiental será siempre expedido por la autoridad de aplicación provincial (arts. 28 y 42).
La norma reglamentaria prevé que esa autoridad realizará una permanente evaluación y fiscalización del cumplimiento de la ley 11.459, pudiendo "...implementar tareas conjuntas con los Municipios para la realización de evaluaciones ambientales, que comprendan seguimiento, control, monitoreo, y cualquier otra acción que [...] considere conveniente" (art. 77, inc. "d").
Prescribe también que esa misma autoridad podrá delegar en los municipios las tareas de contralor de los establecimientos industriales. Tal descarga de funciones sólo podrá ser parcial cuando los establecimientos fuesen de tercera categoría y su ejecución deberá llevarse a cabo de manera coordinada. Establece que, para esos casos, "...deberán celebrarse los correspondientes Convenios" (art. 78).
El mismo decreto dispone, a su vez, que "La tasa creada a partir de la ley 11.459 [refiere a la establecida en el art. 25 de esa ley], no invalida la existencia de otras vigentes en las esferas municipales y cuyo objeto de imposición difieran [sic] de la presente" (art. 74, párr. segundo).
En ese contexto normativo, la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda celebraron el acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2001 (aprobado por resol. 119/01 del referido organismo provinc
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