Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76842
I.76.842 “DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE TANDIL C/MUNICIPALIDAD DE TANDIL S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA N° 16.993 /2020”
I. La Defensora del Pueblo de la ciudad de Tandil promueve acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de la ordenanza 16.993/20 sancionada por el Concejo Deliberante comunal y del decreto 3750/20 dictado por el Presidente de dicho cuerpo.
Al respecto, alega que las normas impugnadas transgreden los límites impuestos en los arts. 86 de la Constitución de la Nación y 55 de la Carta provincial y, en consecuencia, vulneran la autonomía funcional, política y financiera del organismo que representa, al mismo tiempo que atentan contra su independencia.
Sostiene que el criterio restrictivo adoptado respecto de las funciones, competencias y atribuciones de la Defensoría deviene contrario al principio de progresividad y al de prohibición de regresividad establecidos en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
II. En virtud de ello, efectúa un análisis pormenorizado del articulado de la ordenanza 16.993/20 contraponiéndolo con lo prescripto en las ordenanzas 15.971/17 -mediante la cual se creó la figura institucional del Defensor del Pueblo en el ámbito municipal- y 16.830/18 -por la que se aprobó el Reglamento interno de la Defensoría del Pueblo comunal-, a las cuales modifica y que, a su entender, se ajustaban adecuadamente a las previsiones contenidas en la ley 13.834.
Así, se agravia de la disposición contenida en el art. 1° de la ordenanza 16.993/20 por cuanto suprime el vocablo “independiente” establecido en el art. 1° de la ordenanza 15.971, en consonancia con lo receptado en el art. 86 de la Carta nacional.
En igual sentido, cuestiona la eliminación de los términos “nacionales, provinciales… que comprometan los referidos derechos e intereses” del art. 2 de la ordenanza 15.971/17 y la incorporación de la frase “no se encuentran alcanzados los meros intereses simples”. En este punto, estima que la autonomía funcional reconocida constitucionalmente a la Defensoría del Pueblo se halla comprometida, dado que la función o misión institucional del ombudsman quedaría circunscripta a la protección y/o contralor de la administración y servicios públicos, obviándose la faz de promoción y protección de los derechos de los habitantes del Partido de Tandil.
Impugna también que el art. 3 de la ordenanza 16.993/20 quite las nociones de “errores administrativos y deficiencias”, toda vez que estos asuntos se encuentran expresamente contemplados en el art. 55 de la Constitución provincial.
Respecto de las modificaciones introducidas al texto anterior de los arts. 4 y 5 de la ordenanza 15.971/17, afirma que atentan contra la autonomía funcional e independencia del ente, al suprimirse facultades o atribuciones anteriormente otorgadas.
Por otra parte, arguye que la determinación de los plazos para remitir informes y antecedentes y para la realización de diligencias de neto carácter procedimental efectuada en el art. 8, violenta igualmente su autonomía funcional, al impedir que la propia Defensoría fije términos distintos a los normados, en atención a las particularidades del caso, tal como se recepta en el art. 26 del Reglamento Interno del organismo.
A su vez, considera errónea la eliminación del término “funcionario” como sujeto pasivo de la comisión de faltas graves y/o sanciones del art. 9, limitando tal penalidad a los agentes y/o personal de la Administración Pública municipal.
En cuanto al límite de “hasta un 7% del presupuesto del H.C.D.” prescripto en el art. 10, alega que afecta ostensiblemente el desarrollo y proyección de la Defensoría del Pueblo comunal y podría, incluso, tornar inviable su funcionamiento y autonomía financiera.
Menciona que la incorporación en el art. 11 de que “ningún reglamento interno tendrá prevalencia por sobre la presente ordenanza y decreto reglamentario, y en lo que se opusiese regirá la presente”, hace extensivos los efectos de la norma impugnada a la ordenanza 16.380/18. Aquí, puntualiza que las reformas incorporadas a la última norma citada por la ordenanza 16.993/20 restringen las potestades inherentes al rol del Defensor del Pueblo e infringen las disposiciones del art. 55 de la Carta local.
Luego, analiza las disposiciones del decreto 3750/20, modificatorio del decreto 3449/18. En particular, señala que la supresión en el art. 19 de la frase “en este supuesto, se prorrogará automáticamente el mandato del Defensor del Pueblo en ejercicio hasta la designación de su sucesor”, acomete contra la propia constitución de la Defensoría del Pueblo, al dejarla acéfala por un lapso indeterminado.
Señala que las condiciones exigidas por el art. 22 del citado decreto contradicen los principios rectores para la postulación a cargos públicos, cimentados en criterios de idoneidad, que prevén los arts. 16 de la Constitución nacional y 103 inc. 12 de la Carta local. Resalta que en dicho precepto se añaden exclusiones para la designación a cargos públicos una vez finalizado el mandato de Defensor del Pueblo, al contemplar que quien se desempeñe en aquella función deberá “suscribir un compromiso ante el Honorable Concejo Deliberante que no se presentará para ningún cargo Ejecutivo y/o Legislativo a la finalización de su mandato y por el plazo de cinco (5) años”. En este sentido, manifiesta que dicha restricción resulta netamente arbitraria, violatoria de la forma republicana y democrática de gobierno y carente de un sustento jurídico que lo fundamente.
Objeta, de igual manera, la eliminación del requisito de que el Defensor del Pueblo Adjunto deba “ser abogado matriculado en caso que el titular no lo sea”, alegando que deberá acudirse a la asistencia letrada de terceros para cumplimentar los imperativos procesales para intervenir en causas judiciales, menoscabando con ello la autonomía funcional e independencia del organismo.
Plantea, asimismo, que las causales de “mal desempeño en las funciones” junto a la negligencia en el cumplimiento de los deberes y de “remoción” para el cese en el cargo introducidas en el art. 43 del decreto en crisis atentan contra la estabilidad en el cargo de Defensor del Pueblo.
En suma, manifiesta que las normas en pugna vulneran tanto la autonomía funcional y política con que debe contar la Defensoría del Pueblo por mandato constitucional y legal. A esto, añade que las disposiciones en crisis importan un avasallamiento de la independencia del organismo que representa.
Por último, a título cautelar, solicita se suspendan los efectos de la ordenanza 16.993/20 y del decreto 3750/20, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones.
III. Corrido el pertinente traslado, se presenta la Municipalidad de Tandil, a través de su apoderado, y opone excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, como así también, de incompetencia.
Comienza afirmando, con apoyo en lo establecido en el art. 2 de la ordenanza 15.971 –modificada por la norma aquí cuestionada–, que la capacidad procesal de la Defensora del Pueblo de la ciudad de Tandil para promover acciones judiciales se encuentra acotada única y exclusivamente al contralor del ejercicio de las funciones administrativas públicas, mas no a la promoción de la descalificación constitucional de la norma que le da origen. A la par, destaca que la normativa sólo le reconoce una legitimación procesal que denomina “representativa”, dado que se ejerce en nombre de los habitantes del partido de Tandil, mas no le otorga una aptitud para actuar en interés propio.
Tras ello, argumenta que el Intendente, en su carácter de jefe del Departamento Ejecutivo municipal, no resulta ser titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión esgrimida. En esta línea, sostiene que toda vez que las normas atacadas emanaron del Concejo Deliberante comunal, la demanda interpuesta debió sustanciarse contra dicho órgano.
En tercer orden, plantea la “incompetencia” de la Defensora del Pueblo municipal para cuestionar la actividad legislativa del Departamento Deliberativo, manifestando que de ninguna manera puede presumirse que el ejercicio de su facultad de control recaiga sobre el organismo dentro de cuya órbita se desempeña.
En la misma presentación contesta la demanda, ofrece prueba y hace reserva del caso federal (v. presentación electrónica de fecha 15-III-2021).
IV. Sustanciadas las defensas previas opuestas por el municipio, la parte actora las resiste bajo los siguientes argumentos: a) la jurisprudencia y legislación vigente otorga capacidad procesal para ser parte al Defensor del Pueblo, con alcance amplio y flexible; b) la presente acción tiene como destinatario a la Municipalidad de Tandil, en su carácter de persona jurídica pública; y c) los municipios son autónomos para crear su propia Defensoría del Pueblo, pero deben respetar la normativa institucional provincial -en el caso, la ley 13.834-, pudiendo ampliar atribuciones y competencias, pero no restringir ni suprimir la autonomía funcional del órgano.
V. Pasados los autos al acuerdo, se deben abordar y decidir en primer término las excepciones articuladas por la comuna, pues de su suerte dependerá la necesidad de resolver o no la medida cautelar solicitada.
VI.1. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
En reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha sostenido que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Alvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1.457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003; e.o.), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; I 3.202, cit.; e.o.), de lo que se sigue que en este proceso incumbe a quien lo promueve poner de relieve que las disposiciones legales impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial e inconstitucional, sobre su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento (doctr. causa I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019).
Ha destacado también esta Corte que el carácter de "parte interesada" da cuenta de una cualidad en el impugnante que exige, a la vez, una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; doctr. causas B. 16.203, sent. de 31-X-1933; I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; e.o.).
VI.2. Dejando de lado aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva, se admite la legitimación de cualquier afectado o bien -por un grupo o clase de personas- de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluriindividual (conf. arts. 43, Const. nac.; 20 inc. 2 y concs., Const. prov.; doctr. causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.), en los demás es necesario invocar la presencia en modo objetivo de aquel gravamen (al que se ha hecho mención supra , pto. VI.1.); desde que no cabe en principio a los tribunales dar curso a acciones solo ejercidas en resguardo de la legalidad, desvinculadas de algún tipo de lesión actual o inminente al círculo de intereses de quien reclama (arg. arts. 1, 15, 161 inc. 1, 171 y concs., Const. prov.). Se trata, en definitiva, de determinar las condiciones para la existencia de un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772, cit.; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
VI.3. En atención a las consideraciones precedentes, es posible concluir que la aquí demandante, en su carácter de Defensora del Pueblo de la Municipalidad de Tandil, exhibe un interés suficiente que conduce a reconocerle capacidad procesal para entablar la presente controversia. En este sentido, la aptitud legitimante en el proceso constitucional que supone una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca, aparece cristalizada en el caso.
Es que, si bien es cierto que las atribuciones legalmente conferidas al Defensor del Pueblo lo son para tutelar los derechos de los habitantes de la comuna, no puede soslayarse que de las características del conflicto traído a conocimiento del Tribunal, el tenor de los preceptos que se impugnan, así como el tipo de agravio invocado, permiten vislumbrar la existencia de un nexo o vinculación jurídica entre la función pública aducida al demandar y el interés alegado que se procura satisfacer, lo que acredita la calidad de legitimada como parte interesada de quien promueve la pretensión.
En efecto, la actora sostiene que los preceptos en pugna coartan y restringen el objeto y las atribuciones del organismo que representa, las cuales tienden a cumplir la misión que le fuera encomendada, por lo que alega ser la primera afectada por las reformas introducidas. Asimismo, argumenta que al reclamar por el resguardo de la institución a su cargo, protege indirectamente los derechos y garantías de los habitantes del Partido de Tandil.
Así pues, la línea argumental ensayada se centra en cuestionar en concreto las modificaciones introducidas por las normas atacadas, en tanto alterarían o impedirían el cometido funcional de la Defensoría a su cargo y esto habilita tener por configurada la vinculación subjetiva necesaria para el acceso jurisdiccional en esta litis (conf. art. 15, Const. prov.).
Por las razones que anteceden, la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Municipalidad de Tandil debe ser desestimada.
VII. Despejada dicha cuestión, corresponde abocarse al tratamiento de la segunda defensa de previo y especial pronunciamiento interpuesta, referida a la falta de legitimación pasiva de la demandada para estar en juicio.
Al respecto, cabe recordar que el art. 683 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial establece que de la demanda originaria de inconstitucionalidad se dará traslado a los representantes legales de las municipalidades, cuando los preceptos cuestionados emanen de esas entidades.
Pues bien, siendo esto así, la mencionada norma debe ser interpretada junto con lo dispuesto en los incs. 11 y 12 del art. 108 del decreto ley 6769/58, en cuanto determinan que constituyen atribuciones y deberes en general del Departamento Ejecutivo comunal “representar a la Municipalidad en sus relaciones con la Provincia o terceros” y “hacerse representar ante los tribunales como demandante o demandado, en defensa de los derechos o acciones que corresponden a la Municipalidad”, respectivamente.
De lo reseñado se desprende con claridad que el representante legal de una comuna es el Intendente municipal, por lo que la excepción bajo examen tampoco puede ser de recibo (conf. causa I. 2213, “El Popular SAIC”, resol. de 3-V-2000).
VIII. En relación a la incompetencia planteada por la demandada en el punto VIII.2.A. de su contestación, es dable señalar que los argumentos esbozados se dirigen, en parte, a cuestionar la facultad de la Defensora del Pueblo comunal para incoar una pretensión constitucional contra el Concejo Deliberante a fin de fiscalizar -a su entender- la actividad legislativa, asunto que ha sido abordado al resolver la excepción de falta de legitimación activa opuesta, por lo que cabe remitir a los fundamentos allí expuestos.
De otro lado, se advierte que las restantes manifestaciones vertidas por ambas partes en este punto versan sobre la procedencia de la pretensión deducida y no así respecto a la admisibilidad de la acción originaria regulada en el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, motivo por el cual es dable diferir su consideración para la etapa procesal oportuna.
IX. Corresponde, entonces, pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria articulada por la demandante.
Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016 e I 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020, e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si e
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