Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80465
I.80.465 "DAMM, LUCIA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA N°26.732/25 Y DECRETO 1.647/25"
I. Lucila Teresa Damm, Nora Álvarez, Roberto Germán Gispert, Luz Delorenzini, María Emilia Criado, Gerardo Satzkoi, Diego Martini, Gladys Edith Aragón, Sonia Camaño, Estanislao Arpone, Claudia García, Guadalupe Insausti, Susana Pirez González, Victoria Braga, Emiliano Marcello, Luciano Leguizamón, Andrés Burgos, María Inés Mur, Eduardo Allende, Ezequiel Bruno, Facundo Soto, Hernán Fernández, todos vecinos del partido de General Pueyrredon y habitantes de la comunidad costera de Chapadmalal, promueven la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de la ordenanza 26.732/25 dictada por el Concejo Deliberante comunal —promulgada por decreto 1.647/25—, por considerar que vulnera los arts. 1, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 28, 31, 35, 36, 43, 44, 56, 57, 190, 191, 192, 194, 195, 198 y 199 de la Carta local.
Al respecto, relatan que mediante la norma impugnada se autoriza la concesión para uso y explotación comercial de la “Playa Dorada” —también conocida como “Paradise”—, afectando tanto al patrimonio natural y sociocultural como a la biodiversidad al permitir el aprovechamiento privado de un bien que integra el dominio público. En este sentido, explican que el área en cuestión ha sido clasificada como Reserva Turística Forestal Paseo Costanero Sur, protegida por las ordenanzas 5.383/82, 9.129/93, 10.011/95, 19.11/09 y 25.850/22 y que al mismo tiempo fue reconocida como "Yacimiento paleontológico excepcional de valor inestimable" a través de la ordenanza 22.325/15.
II.1. Al comenzar su embate, los actores procuran brindar un contexto detallado de donde se desenvuelve el conflicto planteado. De este modo, reseñan los antecedentes históricos de la zona, para continuar con una descripción minuciosa de su población e identidad colectiva, una caracterización social y afectiva del territorio y un detalle de las antiguas concesiones y permisos otorgados.
Luego, explican que la franja costera ha experimentado a lo largo de un siglo, una sucesión de transformaciones jurídicas que acompañaron el crecimiento de la ciudad y los intereses económicos vinculados al turismo. Hacen hincapié en el hecho de que, más recientemente, se ha consolidado el paradigma ambiental y el principio de acceso público a las playas, que en un inicio fue protegido por normativa provincial, antes de la cesión decretada a favor del municipio demandado.
Afirman que la evolución de su marco legal —dispersa entre leyes nacionales, provinciales, decretos y ordenanzas— refleja los vaivenes de la relación entre el Estado, el sector privado y la población local. Así, agrupan los hitos que —a su juicio— revelan el devenir de la zona:
i) Décadas de 1920-1930: las primeras intervenciones estatales con la construcción de la Ruta Provincial N°11 y la ley 4.739;
ii) Décadas de 1950-1970: proclamación de bien común con el decreto 9.195/50, inicio del proceso de municipalización del litoral y áreas costeras con la sanción del decreto 9.945/57 y reconocimiento como propiedad privada de un sector del borde marítimo a través de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa iniciada por los herederos de Patricio Peralta Ramos;
iii) Década de 1960: restricción para la extracción de arena por debajo de la línea de ribera dispuesta por el decreto 12.055/65;
iv) Década de 1970-1980: prohibición de la extracción comercial de arena y la devastación de médanos establecida por decreto 8.072/73 —autorizada únicamente a organismos estatales por decreto 4.666/73—, reafirmación de las prohibiciones y previsión de sanciones para garantizar la conservación y protección de los bienes de dominio público mediante el decreto 8.758/77, aprobación del Convenio de Transferencia de la administración, explotación, uso y goce de unidades turísticas a la Municipalidad de General Pueyrredon por decretos 4.916/76 y 9.347/79 y transferencia del dominio por decreto 541/80;
v) Décadas de 1990-2009: consolidación del Paseo Costanero del Sud como ámbito de gestión territorial y ambiental mediante las ordenanzas 5.383/82 y 9.129/93, determinación del área como “Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur” por ordenanza 10.011/95, creación de la Comisión Coordinadora de Manejo de la Reserva y designación de los representantes de las dependencias municipales que la integrarían a través de los decretos 1.210/96 y 1.122/97.
Aquí también hacen referencia a la constitución de una Comisión Técnica encargada de coordinar acciones, estudiar propuestas y asesorar a las distintas áreas municipales sobre los alcances del “Plan de Manejo de la Reserva Costera” por el decreto 2.965/02 y la sanción de la ordenanza 19.111/09 que, finalmente, aprueba el “Plan Integral de Mano de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur” y que califica al área como “Zona de Restauración” para su remediación y recomposición ambiental, de conformidad con lo previsto en la leyes 25.675 y 11.723;
vi) Años 2010-2013: presentación del “Plan de Acción. Mar del Plata Sostenible” en línea con las bases del Ordenamiento Territorial y Ambiental federal y provincial, que fue fruto del esfuerzo conjunto del municipio y la iniciativa Ciudades Emergentes Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo y aprobación del “Plan de Gestión Territorial” por ordenanza 19.730/10, “como herramienta de planificación, previo a cualquier modificación del Código de Ordenamiento Territorial, al desarrollo de ampliaciones de infraestructura urbana o de proyectos de alto impacto urbanístico y ambiental”.
Cierran este repaso resaltando la categorización como Yacimiento Paleontológico Excepcional de valor “inestimable” de gran parte de la Reserva Turística y Forestal sobre los acantilados de Chapadmalal efectuada por la ordenanza 22.325/15, donde se establece como autoridad de aplicación de la norma al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).
II.2. Frente a ese escenario, los actores manifiestan que la norma controvertida constituye un acto incongruente e incoherente con el propio ordenamiento jurídico municipal y con el bloque constitucional y convencional. Así las cosas, alegan que el modelo concesional aprobado implica una cesión prácticamente gratuita de la renta pública que confiere un privilegio a un privado para explotar un inmueble que no podría adquirir en el mercado y, con ello, generar ganancias extraordinarias; a la par que supone la renuncia a la custodia estatal de un bien común afectado de manera directa al interés general.
Exponen que la planificación territorial, ambiental y social constituye una de las expresiones más concretas del Estado de Derecho en su dimensión distributiva, ecológica y cultural. A la vez, aseguran que el principio de progresividad de los derechos, la función social de la propiedad y la tutela del patrimonio cultural y natural configuran un marco jurídico que obliga al Estado a planificar en forma congruente, con equidad, sostenibilidad y participación ciudadana, cuestiones que han sido avasalladas en el presente conflicto.
II.3. En otro orden, endilgan una serie de vicios formales al trámite de sanción de la ordenanza 26.732/25.
Primero, arguyen que durante el procedimiento que culminó con la sanción de la norma en crisis se presentaron solicitudes formales de acceso a la información pública y de habilitación de la denominada “Banca 25”, numerosas impugnaciones y denuncias ante defensorías públicas, todas las cuales fueron ignoradas o desestimadas sin fundamentos.
A su vez, exponen que no se le ha dado intervención previa a la Comisión Interdisciplinaria de Manejo de Reservas, la Unidad de Gestión creada por el decreto 1.596/20, el Consejo Municipal del Medio Ambiente, la autoridad de aplicación del Plan de Manejo Costero, la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante, la Oficina de Vinculación Científica Legislativa, el Consejo Comunitario del Plan Estratégico, el Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” y la Comisión del Arbolado Público; organismos y unidades técnicas cuya actuación —insisten— resultaba obligatoria, según el orden público vigente de la propia comuna.
En línea con ello, aseveran que no se realizó la evaluación de impacto ambiental prevista en el art. 11 de la ley 11.723, ni la Evaluación ambiental Estratégica requerida por la ordenanza 25.850/22.
Adunan que el Plano de Mensura de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Dorada agregado al expediente licitatorio carece de visado por parte de la Autoridad del Agua y prescinde de la anotación marginal sobre restricciones dominiales de acuerdo a lo normado en los arts. 18 y 142 del Código de Aguas y la ley 6.253. Por último, refieren que se omitió fijar la franja de protección de 20 metros desde la calzada de la Ruta Provincial 11 (ribera), en infracción a la ley 6.312 y a los preceptos de la Dirección de Vialidad de la Provincia, que habría intimado al municipio por ello (IF-2025-20081503-GDEBA-DPTCONDV).
II.4. En lo que al planteo constitucional estrictamente respecta, profundizan que la ya mencionada ordenanza 22.325/15 es, a su modo de ver, “la reglamentación progresiva desde el artículo 41 CN, la ley federal N°25.743, la Ordenanza N°9.147/94, en el Partido de General Pueyrredon. Es decir, nuestro patrimonio cultural fue adquiriendo congruente y progresivo reconocimiento jurídico positivo hasta la sanción de la ordenanza N°26.732, que autoriza al privado, entre otras cosas, a que el acantilado, yacimiento paleontológico excepcional, sitio geológico de millones de años, sea un estacionamiento”.
Añaden que la tensión entre la rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental exige una revisión profunda de las políticas públicas, donde se redefina el desarrollo desde una ética del cuidado, la equidad intergeneracional y el respeto por la creación.
En consonancia con esto, recuerdan que la ordenanza 25.850/22 obliga al municipio a “garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas para la adaptación y mitigación al cambio climático” (art. 3 inc. f) y que es contundente al determinar que, en caso de duda, toda decisión debe resolverse favoreciendo la protección del ambiente (art. 5 inc. d).
En apoyo de su postura, invocan los derechos y garantías consagradas en los arts. 41 de la Constitución nacional, en diversos tratados internacionales, las leyes nacionales 25.675, 25.743 —Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico—, 27.250 —Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, 26.118 -Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial—, los arts. 2, 10, 11, 12 inc. 3, 14, 28, 44, 57 y 192 inc. 6 de la Carta local, las leyes provinciales 11.723, 12.257, 5.965, 15.395, 13.056 y 13.688, como así también en el decreto ley 8.912/77.
II.5. A título cautelar, requieren que se ordene la suspensión de toda obra o actividad vinculada a la aplicación de la norma cuestionada, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos.
II.6. Dice acompañar profusa prueba documental, que incluye lo que identifican en el punto XIV.2 de su demanda como “Instrumental” y Anexos individualizados al final de su postulación como notas al pie.
II.7. Finalmente, solicitan que se produzca prueba anticipada para que la Municipalidad de General Pueyrredon, la Autoridad del Agua dependiente del Ministerio de Infraestructura, la Subsecretaría de Turismo y el Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Dirección de Museos y Preservación Patrimonial de la Provincia de Buenos Aires brinden información sobre una extensa serie de puntos que detallan.
III. Con fecha 26 de noviembre de 2025 se le requirió a la parte actora, previo a todo trámite, que adjuntara de forma clara y ordenada la documentación individualizada en su escrito inaugural, denunciara los domicilios reales de los demandantes e individualizara a los niños y niñas menores de edad que decía representar.
III.1. El día 27 de aquel mes y año, el letrado patrocinante de los actores, haciendo uso de la facultad prevista en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial proporcionó un link de acceso a Google Drive donde constaría la totalidad de los documentos detallados en la demanda.
A su vez, denunció como hecho nuevo la noticia del fallecimiento de una joven de la localidad de Tres Arroyos, cuando visitaba los acantilados, lo que atribuye al abandono del área por las concesiones turísticas anteriores, no saneadas.
III.2. El 5 de diciembre de 2025 declaran los domicilios reales de las personas que conforman el litisconsorcio activo y desisten de la representación de los hijos menores de edad aludidos inicialmente en su demanda, a fin de preservar su intimidad e integridad.
No obstante, requieren que se dé intervención al Ministerio Público para que participe de manera genérica por “el universo comprendido por niños, niñas, adolescentes y personas por nacer, afectados hasta aquí, y en lo sucesivo de prosperar la concesión contra derecho de la ordenanza 26.732”.
III.3. Con fecha 15 del mismo mes y año, ratifican lo actuado por el letrado patrocinante y acompañan una copia de la norma impugnada y su decreto de promulgación.
Incorporan, al mismo tiempo, otra circunstancia sobreviniente. En esta oportunidad, indican que el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se pronunció en el marco del expediente administrativo N°EX-2025-36374249-GDEBA-DSTAMGGP en respuesta al pedido formulado por los vecinos y vecinas de Chapadmalal y manifestó que el municipio no remitió ese informe con carácter previo ni posterior a la ordenanza 26.732/25 y el decreto 1.647/25 para el análisis y eventual convalidación de la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial. Aclaran que allí el organismo ordenó distintas medidas que la comuna debe cumplir.
III.4. El 2 de febrero de 2026 el letrado patrocinante de la parte actora solicitó una prórroga del plazo otorgado para agregar los elementos documentales faltantes, atento los problemas informáticos que estarían dificultando esta tarea.
Habiéndose conferido una extensión del término de cinco (5) días, el 5 de aquel mes y año culminó la carga de las restantes piezas.
En esta ocasión, aprovechan para reiterar que “ante la vulneración flagrante del Sistema de Protección Integral de Derechos de niños, niñas y personas por nacer en el presente caso, solicitamos a V.E ordene la intervención oficial al Ministerio Público Tutelar a fin de que acuda al proceso en representación de los derechos y garantías de la población de menores afectada hasta aquí, al verse desplazados por la política de privatización del bien de dominio público del cuál gozaban, generando valores culturales distantes a los cultivados por sus mayores en la comunidad que habitan”.
IV. Con fecha 20 de abril de 2026, los demandantes amplían demanda.
IV.1. Allí, exponen que tras acudir al Fiscal de Estado para que tome conocimiento e intervenga en la privatización y concesión de uso y explotación de la UTF "Playa Dorada", se dio inicio al expediente EX-2025-30521336-GDEBA-FDE, donde se requirió al Departamento de Hidrología y Sistemas de Información Georreferenciada de la Dirección Provincial de Planes Hídricos, Monitoreo y Alerta de la Autoridad de Agua (ADA) que proporcione datos del área en estudio y provea información indispensable para definir, delimitar y demarcar la cota o poligonal de la línea de ribera.
En función de eso, explican que la mencionada Dirección determinó que "la línea de ribera se deberá ser fijada y demarcada en el borde superior del acantilado (Resolución AdA N° 405/2011). A su vez, se establecerá una restricción al dominio que como mínimo será de 150m, sobre la cual queda prohibido el loteo y la edificación, no pudiendo alterarse, en consecuencia, su morfología natural, según art. 142 del Código de Aguas".
A su vez, relatan que el 16 de abril del corriente año, las autoridades provinciales de la Fiscalía de Estado y la ADA concurrieron a la Playa Dorada para poner en marcha las tareas de demarcación de la línea de ribera.
Para finalizar, anuncian que ya comenzó la ejecución del Proyecto de Extensión Universitaria que fuera referido en el capítulo XI.H.6 del escrito inaugural.
IV.2. El 30 de abril del corriente, formulan una nueva ampliación donde ponen en conocimiento de este Tribunal la sentencia dictada en los autos caratulados "Criado, María Emilia c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Materia a categorizar - otros juicios", en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Al respecto, explican que el titular del órgano acogió favorablemente la acción de amparo por acceso a la información pública ambiental promovida por un grupo de vecinos, a fin de que se les facilite una copia completa y ordenada del expediente N°1420-D-2025, vinculado con la adjudicación de la licitación pública para la explotación de la UTF "Playa Dorada".
V. En primer lugar, es útil mencionar que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
En lo que aquí concierne, este Tribunal también ha distinguido aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva, se admite la legitimación de cualquier afectado, de un grupo o clase de personas o de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluriindividual (cfr. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs. Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; I. 80.042, "González Navarro", resol. de 17-III-2026, e.o.).
Frente a tales premisas, se advierte que existe una discrepancia entre los domicilios denunciados de los coactores Lucila Teresa Damm, Luz Delorenzini, María Emilia Criado, Gerardo Satzkoi, Diego Martini, Gladys Aragón, Sonia Lucila Camaño, Estanislao Arpone, Claudia García, Guadalupe Insausti, Emiliano Marcello, María Inés Mur, Ezequiel Bruno, Facundo Soto y Hernán Fernández en el escrito del día 5 de diciembre de 2025 a las 08:27:43 horas y aquellos que figuran en los documentos nacionales de identidad acompañados en la presentación electrónica de fecha 29 de diciembre de 2025 a las 09:58:33 horas.
Ahora bien, toda vez que esta información resulta relevante a los fines de la adecuada constitución del presente proceso, se deberá intimar a los interesados para que, en el plazo de cinco (5) días, aclaren esta cuestión y, en su caso, acompañen los pertinentes instrumentos que respalden sus manifestaciones. Ello, bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados (arts. 34 inc. 5 ap. “b” y 150, CPCC).
VI. Ingresando ahora al examen de la admisibilidad de los hechos nuevos denunciados por los actores, es necesario recordar que en los procesos de conocimiento ordinario que disciplina el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, esencialmente gobernados por el principio dispositivo, les corresponde a las partes determinar el alcance del conflicto a dirimir de acuerdo a los hechos alegados y
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