Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77173
I.77.173 “SAFI, AMALIA ROCÍO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA N° 37/2021”
I. Amalia Rocío Safi, Denis Gabriel Martuccio, Anabela Pintos Domínguez, Cristian Adrián Octavio, Matías Miguel Reynoso, Claudia María Parets, Elizabeth Melina Rex, Noelia Jorgelina Flores, Andrés Martín Vicent, Luis Alberto Laino y Cecilia Estela Carbone, todos vecinos del partido de Mar Chiquita, promueven la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de la ordenanza 37/21 dictada por el Concejo Deliberante comunal.
Alegan que mediante la norma impugnada el municipio efectuó una rezonificación que desafecta, por un lado, del área complementaria 3 (C3) -definida por ordenanza 796/79- al predio individualizado catastralmente como Circunscripción IV, Parcelas FK y 22FH y, por otro, de la “zona residencial 2” (R2) -definida por ordenanza 838/80- al predio identificado catastralmente como Circunscripción IV, Sección K, Manzanas 12, 15, 20, 27, 28, 37, 38, 145, 146, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163 y 164.
Al respecto, sostienen que la modificación de la normativa urbanística, aparte de aprobarse sin una consulta previa a los vecinos y al Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera, vulneraría lo dispuesto en los arts. 10, 11, 12, 25, 28, 31, 38, 44, 57 y 192 inc. 4 de la Constitución de la provincia, 10 y 18 de la ley 11.723 y 19 de la Ley General del Ambiente n°25.675.
A título cautelar, requieren que se ordene la suspensión de las normas impugnadas, hasta tanto se dé intervención al mencionado Comité de Gestión y se garantice la participación ciudadana -por ejemplo, a través de la celebración de una audiencia pública- en el procedimiento de rezonificación del territorio y habilitación de actividades antrópicas riesgosas.
Como medida interina o provisionalísima, solicitan que la demandada se abstenga de dictar cualquier tipo de acto que pudiera alterar la zonificación del lugar, de emitir autorizaciones provisorias, definitivas y/o condicionales respecto al emplazamiento de nuevos núcleos urbanos en el lugar delimitado por la ordenanza controvertida. Ello, a la espera de: a) la remisión de una copia certificada del expediente administrativo por el cual tramitó la sanción de la disposición cuestionada y del libro de actas del Comité de Gestión de la Reserva Biosfera Mar Chiquita; b) la realización de un Estudio de Impacto Ambiental de las nuevas actividades habilitadas en la zona y c) la producción de una Declaración de Impacto Ambiental.
En este punto, teniendo en consideración el extenso sector del suelo que abarca la nueva distribución territorial y que ésta excede el espacio sobre el cual se pretende construir el emprendimiento “Lagos del Mar” -emplazado en la Parcela 22FH-, afirman que la medida cautelar decretada en los autos "Fraga, Juana Ester c/ Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Mar Chiquita, Fideicomiso Lagos de Mar y otros s/ amparo ley 25.675" resulta ineficaz e insuficiente, debiendo ordenarse un remedio preventivo complementario que permita tutelar adecuadamente los derechos presuntamente conculcados.
También, peticionan que se ordene al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que se inhiba de dictar o, en su caso, de publicar, el acto administrativo de aprobación o convalidación de la ordenanza 37/21, hasta tanto se subsanen los vicios que se atribuyen en la demanda al procedimiento seguido para la formación y sanción de la norma atacada.
Por último, solicitan se disponga la inscripción del presente litigio en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (Ac. SCBA 3660).
II. Tras repasar los antecedentes de la controversia y recordar las decisiones adoptadas en diversos procesos judiciales que se entablaron a propósito de una primigenia ordenanza de similar objeto -al menos, parcialmente- a la aquí tachada de inconstitucional, denuncian que la municipalidad impulsó la sanción de esta última con el fin de avanzar definitivamente y, a su entender, de modo irregular con la construcción de barrios privados a gran escala -entre los cuales mencionan los conjuntos inmobiliarios “Lagos del Mar” y “Costa del Sol”- en la zona costera de la laguna de Mar Chiquita, declarada Reserva Mundial de Biosfera por la Unesco y reserva natural integral y protegida por el decreto 1581/89, la ley provincial 12.270, la ley nacional 23.919 y la ordenanza 169/90.
En particular, destacan que el Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera “Parque Atlántico de Mar Chiquita” comenzó a funcionar en virtud de la sentencia recaída en la causa “Fraga” ya citada y que constituye un ámbito de participación, gestión y concertación de los asuntos atinentes a los intereses de los habitantes y productores del lugar y al desarrollo local sustentable. Agregan que, conforme lo previsto en el art. 7 de la ordenanza 29/04 que la crea, sus decisiones tendrán carácter vinculante para el órgano de gobierno que corresponda al momento de tomar determinaciones en la materia. Así, se agravian por la falta de intervención previa del mencionado Comité en el procedimiento de reforma de la zonificación.
A la par, arguyen que la modificación operada carece de fundamentos o causa, toda vez que no se han explicitado las razones que condujeron a efectuar la significativa ampliación de la urbanización preexistente y esto, a su modo de ver, contraría el principio de racionalidad que debe observarse en estos temas (conf. art. 3, dec. ley 8912/77).
Por otra parte, enfatizan que el derecho a la participación ciudadana debe garantizarse no sólo en el procedimiento de organización del territorio (conf. arts. 2, ley 11.723 y 2, dec. ley 8912/77), sino también en el estudio de impacto ambiental de las actividades riesgosas que se quieran ejecutar en el área (conf. arts. 18, ley 11.723 y 19, ley 25.675). Sin embargo, alegan que en la especie no se ha permitido que la comunidad local ejerza cabalmente este derecho.
Continúan explicando que a través de la norma impugnada se autoriza la construcción de nuevas viviendas familiares (100 por hectárea), lo que importa un cambio demográfico sustancial. En atención a esto, resaltan la gravedad de la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental o de la realización de la huella ecológica, que permitan evaluar la potencialidad de generación de daño que las nuevas actividades provocarían.
Concluyen, en suma, que el esquema regulatorio diseñado es regresivo e introduce alteraciones significativas abruptas y no graduales que se oponen a la voluntad de los habitantes de la zona y a todo el marco legal protectorio del sitio.
Enuncian, finalmente, una serie de efectos perjudiciales o adversos que podrían ocasionarse sobre el conjunto de los ecosistemas involucrados y su propia salud, que abarcan cuestiones relativas a la alteración del viento, a los efluentes cloacales y al crecimiento vegetativo demográfico.
III. Con posterioridad, se presentan Julián Troilo, María Beatriz Andreolli, Rubén Cayetano Boyko, Elsa Inés García; Juan Carlos Borges Niño, Maria Julia Verón, Horacio José Amestoy M., Raúl Alfredo Guerrero, María Gimena Hernández, Fernando Javier Druetta, Mariana del Sol Addino, Luisa Beatriz Llano; María Valeria Viglianchino, Carlos Fischer, Manuel Boiffier Viglianchino, Claudia Griselda Forace, Claudio Vincent, José Manuel Ambres, María Noel Leomagno, Silvia Liliana Ricardi, Florencia Guzmán, Andrés Carlos Ersinger, Liliana Pozos, Hugo Daniel Gianni, Olga Beatriz Petrucci F., Gloria Marina Togni, Carla Bicoff, Milagros Montone, Mariano Villafines, María Lucrecia Gutiérrez, Federico A. Vinciguerra, García Carla Maria López, Ignacio Garrido, Camila Bravo, Néstor Gregorio Capalvo, Juan Martin Saenz Saralegui, Angie Marina Requena Etcheverria, Leopoldo Raverta, Walter Carlos Raverta, María Isabel Szuplak, Juan Martin Romero Masobrio, Carlos Otero, Ana Paula Catalina Amigorena, María Jimena Ahumada, Carmen Elvira Martha Birabent, Juan Pablo Aramburu, Roque Macri, Mariano Elliker, Stefania Maria Alessandra Tomasetti, Miriam Renee Manacorda, Graciela Molina, Mariana Bolgieri, Milca Chagalj, Natalia Martínez Curci, Federico Sebastián Barbano, Guadalupe Allemand, Javier Ricardo Negre, Gabriel Rainone, Arturo Oscar Falasco, Claudia Rosana Alonso, Johanna Marlen García, Alberto Muruaga, Florencia Algañaraz, Ariel Facundo Robuschi, Laura Espinosa, Laura Formica Muro, Sandra Damboriana Gisela Tsotsous, Guillermo Christian Corrado Souto, Dolores Micaela Etchegaray, Laura Isabel Van Der Weyden, Carla Mariana López, Ximena Sofia Cedrón, Romina Cinthia Mayol Zambon, Verónica Taglioretti, Diego Sebastián Rodríguez, Nicolás Fogolini, María Inés Capurro, Matías Luciano Taglioretti y María Vanesa Morán.
Explican que son vecinos del partido de Mar Chiquita y que residen en forma permanente en el lugar, por lo que consideran que sus derechos a gozar de un ambiente sano, a proteger su salud y la vida se hallan directamente afectados y puestos en riesgo con la sanción de la norma cuestionada.
Por ese motivo, peticionan ser tenidos como parte actora en el presente pleito, adhiriendo en cuanto al objeto, los hechos, derechos y prueba ofrecida en la demanda primigeniamente incoada (v. presentaciones electrónicas de fechas 10-VI-2021 y 11-VI-2021).
IV. Del material de la causa no surge si se ha iniciado y, en su caso, concluido el trámite para la entrada en vigencia de la norma cuestionada en autos -mediante el pertinente acto por parte del Poder Ejecutivo provincial-, tal como se señala en el párrafo decimoctavo de la ordenanza 37/21 al precisar que “deberá gestionarse su aprobación a nivel provincial en el marco de lo establecido en el artículo 83 del decreto ley 8912/77, en el que dictaminarán en forma integral los organismos provinciales competentes, la Autoridad del Agua (ADA), el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT), situación previa a que la normativa pueda aplicarse”.
En dichas condiciones, frente a la potencialidad de un riesgo objetivo de afectación a los principios y derechos amparados por el art. 28 de la Constitución provincial, prima facie configurativo de los recaudos inherentes al despacho cautelar (art. 230, CPCC) y, toda vez que de la lectura del precepto impugnado -analizado de manera provisional- se observa que parte de la zona presuntamente afectada por la nueva zonificación asignada no se encontraría alcanzada por la tutela otorgada en la causa “Fraga” citada, incumbe al Tribunal la adopción de disposiciones precautorias adecuadas hasta tanto se cuente con la información necesaria para analizar acabadamente la medida anticipada peticionada por los coactores (doctr. causas I. 70.249, “Bornic”, resol. de 29-VI-2016 e I. 75.709, "Verón", resol. de 4-XII-2019).
A ello debe adunarse que tampoco se cuenta con una copia -en formato digital- de las actuaciones administrativas que dieran origen a la norma en pugna. Tal circunstancia impide abordar en esta instancia liminar el tratamiento de las irregularidades denunciadas que se habrían cometido durante el procedimiento de su sanción a la luz de lo establecido el art. 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, no sólo en orden a establecer su procedencia como argumentos coadyuvantes en el marco de conocimiento reservado a la acción originaria regulada en el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, sino también respecto de la incidencia que tales vicios podrían tener en el examen de los presupuestos necesarios para el otorgamiento del remedio preventivo que los actores reclaman.
V. En consecuencia, con suspensión del pase al Acuerdo ordenado el 9 de junio de 2021 y como medida para mejor proveer (art. 36 inc. 2, CPCC), líbrese por Secretaría oficio: 1) al Intendente municipal de Mar Chiquita para que en el término de cinco (5) días: a) remita copia, en formato digital, de los antecedentes que dieran origen a la ordenanza 37/21 y toda otra actuación administrativa vinculada a la norma en cuestión, con particular referencia a los mecanismos de participación ciudadana que hubieran precedido al dictado de la norma; b) ponga en conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia si, en relación con la rezonificación dispuesta por la ordenanza 37/21 y a la luz de lo referido en los considerandos de dicha norma, la comuna ha instado solicitud de aprobación del Poder Ejecutivo provincial contemplada en el decreto ley 8912/77 (art. 83) y, en su caso, si en dicho procedimiento se ha dictado algún decreto en consecuencia (arts. 20, 21, 83 y concs., dec. ley 8912/77; conf. causas I. 71.446, “Fundación Biosfera”, resol. de 11-VI-2014; I. 72.267, “Mitchell”, resol. de 17-X-2018 e I. 75.709, cit.); c) informe si han tomado intervención y dictaminado la Autoridad del Agua (ADA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) -hoy Ministerio de Ambiente-, y d) diga si en la especie se ha previsto el sistema de participación en la renta urbana contemplado en el art. 46 de la ley 14.449 y, en todo caso, si existe ordenanza reglamentaria de este mecanismo en el partido; y 2) al Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera “Parque Atlántico Mar Chiquito” para que informe, en el plazo de cinco (5) días, si ha tomado intervención -de acuerdo a lo previsto en la ordenanza 29/16- en el procedimiento de sanción de la ordenanza 37/21 y, en caso afirmativo, acompañe la documentación respaldatoria que tenga en su poder.
Ínterin, se ordena a la Municipalidad de Mar Chiquita que, hasta tanto se brinde la información requerida y este Tribunal se pronuncie acerca de la medida cautelar peticionada en autos, se abstenga de dictar actos de aplicación de la ordenanza 37/21 o autorizar acciones materiales sobre las parcelas identificadas por dicha ordenanza (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 66.578, “EcoSystem SA”, resol. de 24-IX-2003). A ese efecto, se deja sentado que los actores ya han prestado en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
VI. Ahora bien, teniendo en consideración que la rezonificación efectuada por el precepto cuestionado podría comprometer la zona de la albufera y del humedal activo declarada como Reserva Mundial de Biosfera -que la hace un ecosistema único, el cual cuenta con amplia protección legal- y con el propósito de evitar la consolidación de un gravamen de difícil reparación ulterior, corresponde extender la medida precautelar dispuesta a la Provincia de Buenos Aires, a fin de que el Gobernador se inhiba –de no haberlo hecho ya— de dictar o publicar el acto administrativo de aprobación de la ordenanza 37/21, hasta tanto se dé cumplimiento a lo requerido supra y este Tribunal se expida respecto del remedio preventivo peticionado en autos. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de continuar impulsando el trámite preparatorio del acto final de convalidación, previsto como requisito esencial para el perfeccionamiento de la normativa local de planeamiento urbanístico en el art. 83 del decreto ley 8912/77 (conf. doctr. causas I. 71.446, "Fundación Biósfera", resol. de 13-VII-2011 e I. 72.267, "Mitchell", sent. de 27-VIII-2020).
Es que en materia precautelar cobra particular relevancia la evaluación del peligro en la demora, sopesando este aspecto incluso con mayor énfasis que en el marco de una petición cautelar clásica, por lo que deviene preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo, como -y en relación con- aquel que resultaría de su paralización temporal, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión. Tal balance, en la especie, arroja un resultado favorable al acogimiento del remedio precautelar peticionado por la parte actora en este punto (doctr. causa B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
Lo dispuesto es bajo su responsabilidad, habiéndose ya prestado en la postulación inaugural la pertinente caución juratoria (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
VII. Finalmente, atento la naturaleza de la pretensión esgrimida, dado que los actores en su calidad de vecinos de la ciudad representan adecuadamente a quienes invocan la defensa de la juridicidad urbanística y, por tanto, de los derechos de incidencia colectiva a ella ligados frente a la autoridad –y en la esfera- local, motivos de buen orden procesal aconsejan establecer que no será necesaria la sucesiva intervención en autos de otras personas que revistan el mismo carácter de la clase ya conformada, como tampoco su adhesión a la demanda originariamente incoada, salvo que medien excepcionales razones que así lo justifiquen.
En virtud de lo expuesto, deberá comunicarse al Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva el inicio de este pleito, para que proceda a efectuar la respectiva inscripción (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3660).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Como medida para mejor proveer (art. 36 inc. 2, CPCC), librar por Secretaría oficio:
1. al Intendente municipal de Mar Chiquita para que, en el término de cinco (5) días:
a) Remita copia, en formato digital, de los antecedentes que dieran origen a la ordenanza 37/21 y toda otra actuación administrativa vinculada a la norma en cuestión, con particular referencia a los mecanismos de participación ciudadana que hubieran precedido al dictado de la norma;
b) Ponga en conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia si, en relación con la rezonificación dispuesta por la mentada ordenanza 37/21 y en virtud de lo referido en los considerandos de dicha norma, la comuna ha instado solicitud de aprobación del Poder Ejecutivo provincial contemplada en el decreto ley 8912/77 (art. 83) y, en su caso, si en dicho procedimiento se ha dictado algún decreto en consecuencia (arts. 20, 21, 83 y concs., dec. ley 8912/77);
c) Informe si en ese marco han tomado intervención y dictaminado la Autoridad del Agua (ADA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) -hoy Ministerio de Ambiente-; y
d) Diga si en la especie se ha previsto el sistema de participación en la renta urbana contemplado en el art. 46 de la ley 14.449 y, en todo caso, si existe ordenanza reglamentaria de este mecanismo en el partido.
2. al Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera “Parque Atlántico Mar Chiquito” para que informe, en el plazo de cinco (5) días, si ha tomado intervención -de acuerdo a lo previsto en la ordenanza 29/16- en el procedimiento de sanción de la ordenanza 37/21 y, en caso afirmativo, acompañe la documentación respaldatoria que tenga en su poder.
II. Ordenar a título precautelar que, hasta tanto se sustancie el requerimiento de información y este Tribunal se pronuncie en punto a la medida cautelar solicitada en autos:
a) La Municipalidad de Mar Chiquita se abstenga de dictar actos de aplicación de la ordenanza 37/21 o de autorizar acciones materiales sobre las parcelas identificadas por dicha norma; y
b) El señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se inhiba -si todavía no lo hizo- de dictar o publicar el acto administrativo de aprobación de la ordenanza 37/21.
Ello, bajo responsabilidad de la parte actora, quien ya prestó en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
III. Tener a las personas mencionadas en el punto III como presentadas por parte, sin que en principio —y por innecesario— corresponda admitir nuevas presentaciones en tal carácter.
IV. Inscribir el presente litigio en el Registro Público de Procesos de I
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